Tailandia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Tailandia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Tailandia is now live »

Jefe del Estado
rey Bhumibol Adulyadej
Jefe del gobierno
Abhisit Vejjajiva
Pena de muerte
retencionista
Población
67,8 millones
Esperanza de vida
68,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
13/8 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
94,1 por ciento

La libertad de expresión sufrió un importante retroceso en 2009 con el bloqueo de decenas de miles de sitios web tailandeses por presunta difamación de la familia real y con la detención de algunas personas. El gobierno apenas avanzó en la resolución del conflicto en el sur, que se vio sacudido por la violencia durante todo el año. Aumentó la brutalidad empleada por los insurgentes musulmanes, que atacaron tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil. Por sexto año consecutivo no se llevaron a cabo procesamientos satisfactorios por las violaciones de derechos humanos perpetrados por las autoridades, que continuaron gozando de impunidad. Personas refugiadas y solicitantes de asilo de Myanmar y Laos fueron devueltas a sus países de origen, donde corrían peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Información general

Por primera vez en ocho años, el Partido Demócrata encabezó el nuevo gobierno de coalición, que permaneció en el poder durante todo 2009. Continuó el conflicto que polarizó la nación en 2008 entre el partido monárquico y conservador Alianza Popular por la Democracia y el Frente Nacional Unido de Democracia contra la Dictadura, que estaba vagamente vinculado al depuesto primer ministro Thaksin Shinawatra. En abril, las autoridades se acogieron por primera vez a la Parte II de la Ley de Seguridad Interna cuando las manifestaciones convocadas por el Frente Nacional Unido de Democracia contra la Dictadura desembocaron en actos violentos mientras se celebraba en Tailandia la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). A lo largo del año volvieron a invocar la ley en otras cinco ocasiones, en zonas como el sur, donde sustituyó a la Ley Marcial allí vigente. Durante la cumbre de la ASEAN, la policía utilizó fuego real e hirió gravemente a varias personas, tras lo cual las autoridades suspendieron la cumbre. Ese mismo mes, atacantes no identificados intentaron asesinar a Sondi Limthongkul, dirigente de la Alianza Popular por la Democracia, disparando más de 100 balas a plena luz del día.

El conflicto interno en el sur continuó a lo largo del año, y el número total de muertes durante los últimos seis años ascendió a casi 4.000. Los diversos intentos del gobierno de reducir la participación de las fuerzas armadas en las decisiones políticas y económicas no hicieron que disminuyese la violencia. En junio, seis atacantes no identificados abrieron fuego en la mezquita de Al Furquan, en la provincia de Narathiwat, y mataron a 10 fieles musulmanes e hirieron gravemente a otros 12 hombres.

Libertad de expresión

En enero, el Senado creó una subcomisión para supervisar las acciones legales emprendidas contra quienes se consideraba que habían violado la ley relativa a los delitos de lesa majestad. Esta ley prohibía todo acto o palabra que difamase, insultase o amenazase a la familia real. Ese mismo mes, el gobierno creó un sitio web que permitía a los ciudadanos denunciar supuestas violaciones de la ley. A lo largo del año, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en colaboración con el Real Ejército Tailandés, bloqueó decenas de miles de sitios web por violar presuntamente la Ley de Delitos Informáticos de 2007 al hacer comentarios sobre la monarquía. En marzo, la policía efectuó un registro en las oficinas del diario online Prachatai y detuvo a su director durante un breve periodo. Tres personas fueron condenadas a penas de entre 3 y 18 años de prisión por infringir la ley de delitos de lesa majestad, elevando a 4 el número total de condenas durante los últimos dos años.

  • El 3 de abril, un tribunal condenó a Suwicha Thakhor a 10 años de cárcel por material publicado en su blog que se consideró difamatorio para la monarquía.
  • El 28 de agosto, un tribunal condenó a Darunee Chanchoengsilapakul a 18 años de cárcel por comentarios que había hecho durante una concentración en 2008.

Impunidad

En enero, el primer ministro pidió una investigación sobre tres casos de hombres y niños de la minoría étnica rohingya a los que las fuerzas de seguridad tailandesas habían obligado a volver a alta mar (véase infra). Sin embargo, nadie fue procesado. Ese mismo mes, el primer ministro se comprometió públicamente a solucionar el caso de la desaparición forzada del abogado Somchai Neelapaijit, pero no se registraron avances ni se inició un nuevo procesamiento. En abril, a pesar de que previamente se había concluido que las fuerzas de seguridad tailandesas habían hecho un uso desproporcionado de la fuerza al matar a 32 hombres en la mezquita de Krue-Se en 2004, y de que la investigación forense había identificado a tres oficiales de alto rango como responsables de los homicidios, el gobierno anunció que no habría procesamientos. En mayo, una investigación forense sobre lo ocurrido en Tak Bai en 2004, cuando 78 hombres murieron bajo custodia, no reconoció las circunstancias que causaron las muertes, frenando así cualquier futuro procesamiento. Al finalizar el año –transcurrido un año desde que una investigación forense determinara que la muerte de Yapha Kaseng se había debido a un traumatismo causado por un objeto contundente mientras estaba bajo custodia–, el gobierno no había iniciado el procesamiento de los agentes de seguridad responsables de su tortura y homicidio en el sur.

Conflicto armado interno

En 2009 se produjo en el sur un aumento en la cantidad y brutalidad de los ataques de insurgentes musulmanes contra fuerzas de seguridad tailandesas y civiles que supuestamente cooperaban o colaboraban con las autoridades. Otros ataques fueron indiscriminados y causaron un gran número de muertos y heridos. Al menos ocho hombres fueron decapitados por los insurgentes. La violencia se intensificó durante el mes sagrado del ramadán, en el que, según informes, se produjeron al menos 32 ataques que causaron la muerte de 35 personas y heridas a más de 80.

  • El 12 de marzo, Laila Paaitae Daoh, defensora de los derechos humanos, murió abatida por disparos efectuados a plena luz del día en la provincia de Yala. Era el cuarto miembro de su familia víctima de homicidio en el sur y sólo le sobrevivieron sus tres hijos de corta edad.
  • El 27 de abril, 9 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en cinco ataques distintos perpetrados en la víspera del quinto aniversario de los hechos ocurridos en la mezquita de Krue-Se.
  • El 15 de junio, un sangrador de caucho de la provincia de Yala murió apuñalado y luego fue decapitado. Posteriormente quemaron su cadáver, lo abandonaron en la plantación y su cabeza fue hallada en las cercanías clavada en el mango de una pala.
  • El 25 de agosto, 20 personas resultaron heridas en la explosión de una bomba colocada en un automóvil en la provincia de Narathiwat.

Personas refugiadas y migrantes

En enero, las autoridades tailandesas metieron a 200 hombres y niños de la minoría étnica rohingya procedentes de Myanmar y Bangladesh en un barco al que se le había retirado el motor y los enviaron de nuevo a alta mar sin un destino claro y con pocas provisiones. Antes habían permanecido varias semanas detenidos en una isla y se les había negado el acceso al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Al menos dos hombres murieron posteriormente. Con esto, el número total de personas refugiadas y migrantes obligadas a internarse en el mar durante los dos meses anteriores ascendió a aproximadamente 1.200. Ese mismo mes, las autoridades interceptaron otro barco con 78 rohingyas, a los que tuvieron detenidos durante todo el año. Se permitió al ACNUR hablar con ellos, pero dos hombres murieron, según informes, debido a la falta de asistencia médica.

A lo largo del año, las autoridades tailandesas continuaron devolviendo a grupos de laosianos de etnia hmong, entre ellos solicitantes de asilo, que residían en un campo de la provincia de Phetchabun. Se temía que su regreso no fuera voluntario. A finales de diciembre, las autoridades tailandesas repatriaron por la fuerza a todos los laosianos hmongs de Phetchabun (unos 4.500), así como a 158 refugiados reconocidos que permanecían recluidos en la provincia de Nong Khai desde noviembre de 2006. No se había permitido al ACNUR acceder al grupo más numeroso. Por su parte, las otras 158 personas habían obtenido la condición de refugiadas y varios países habían accedido a reasentarlas, pero se les negó la salida de Tailandia. Entre ellas había 87 menores de edad, algunos nacidos en reclusión.

En julio comenzó un proceso nacional de comprobación de trabajadores y trabajadoras migrantes. Sin embargo, el gobierno tailandés no dio a conocer ni explicó el proceso a los migrantes, y funcionarios y agentes no oficiales aprovecharon la consiguiente falta de conocimientos de éstos para obtener beneficios económicos.

Pena de muerte

En agosto, las autoridades ejecutaron mediante inyección letal a dos narcotraficantes, Bundit Charoenwanich y Jirawat Phumpruek. Eran las primeras ejecuciones llevadas a cabo en Tailandia desde 2003.

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