Tailandia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino de Tailandia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Tailandia is now live »

Jefe del Estado: rey Bhumibol Adulyadej
Jefe del gobierno: Surayud Chulanont (sustituyó a Thaksin Shinawatra en octubre)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Tras el golpe de Estado militar del 19 de septiembre, los líderes golpistas derogaron la Constitución de 1997 y promulgaron decretos que establecían la ley marcial y restringían los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. En diciembre se levantó la ley marcial en 41 provincias, pero continuó vigente en 35 provincias fronterizas. La violencia continuó en las provincias meridionales mayoritariamente musulmanas. Miembros de las fuerzas de seguridad y civiles budistas y musulmanes, entre los que había monjes y profesores, fueron víctimas de atentados con explosivos, decapitaciones y disparos a manos de grupos armados. Las autoridades realizaron detenciones arbitrarias y no investigaron abusos contra los derechos humanos. Dos defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio, y otras personas, especialmente en el sur, corrieron peligro de sufrir intimidación, amenazas y ataques. Continuaron recibiéndose informes de tortura y malos tratos. Casi 900 personas permanecían condenadas a muerte. No se tuvo noticia de que se hubiera llevado a cabo ninguna ejecución. Los trabajadores y trabajadoras migrantes no podían ejercer sus derechos laborales básicos. Las autoridades devolvieron a Laos a solicitantes de asilo de la etnia hmong.

Información general

En febrero comenzaron a celebrarse en Bangkok manifestaciones masivas contra el gobierno del primer ministro Thaksin Shinawatra que continuaron durante varios meses. Los manifestantes condenaban las presuntas irregularidades financieras generalizadas cometidas durante su gobierno. En abril, Thaksin Shinawatra convocó elecciones, que ganó su partido, Thai Rak Thai; los principales partidos de la oposición las boicotearon. El Tribunal Constitucional anuló los resultados en mayo, y se fijó la celebración de nuevas elecciones para noviembre. En septiembre, el Consejo para la Reforma Democrática, órgano militar dirigido por el comandante en jefe del ejército Sondhi Boonyaratkalin, protagonizó un golpe de Estado incruento y depuso a Thaksin Shinawatra mientras éste se encontraba en el extranjero. La Constitución de 1997 fue derogada y en octubre se promulgó una provisional, con disposiciones para la redacción de una nueva Constitución y la celebración de un referéndum y elecciones. Cuatro funcionarios del gobierno derrocado permanecieron detenidos durante un breve periodo después del golpe de Estado.

En octubre, el Consejo para la Reforma Democrática nombró primer ministro provisional al general Surayud Chulanont y adoptó el nuevo nombre de Consejo de Seguridad Nacional, conservando competencias clave sobre la toma de decisiones con respecto a los nombramientos para formar el gobierno, incluida la Asamblea Legislativa Nacional (órgano legislativo provisional), y en el proceso de redacción de la Constitución.

En diciembre, una serie de atentados con bomba perpetrados de forma coordinada en Bangkok y cuya autoría nadie reivindicó causaron la muerte de tres personas y lesiones a otras 40.

Novedades en el ámbito jurídico

El artículo 3 de la Constitución Provisional establecía que se protegerían «la dignidad humana, los derechos, las libertades y la igualdad, [?] así como las actuales obligaciones internacionales contraídas por Tailandia», pero no especificaba de qué derechos se hablaba ni cómo se iban a proteger. El Anuncio 10 del Comité para la Reforma Democrática impuso restricciones a los medios de comunicación; se cerraron alrededor de 300 emisoras de radio locales y algunos sitios web de Internet fueron bloqueados. El Anuncio 15 prohibió que los partidos políticos mantuvieran reuniones o realizasen otras actividades políticas. El Anuncio 7 prohibió las reuniones políticas de más de cinco personas. En noviembre, el gobierno anunció que levantaría la prohibición, pero no quedó claro si ésta se revocó oficialmente. Las fuerzas de seguridad no actuaron contra los manifestantes.

El Decreto de Emergencia promulgado por el consejo de ministros en julio de 2005 continuó vigente en las tres provincias meridionales mayoritariamente musulmanas. Sus disposiciones incluían la detención sin cargos ni juicio durante periodos de hasta 30 días, otras formas de detención administrativa y la utilización de centros de detención no oficiales.

Conflicto en el sur

En los últimos tres años, alrededor de 1.900 personas habían muerto a causa de la violencia que persistía en las provincias meridionales de Songkla, Pattani, Yala y Narathiwat. A lo largo del año, y casi diariamente, grupos armados que no se identificaron fueron responsables de atentados con explosivos, decapitaciones y disparos efectuados desde vehículos en marcha. El nuevo gobierno anunció un importante cambio político para solucionar la crisis pacíficamente. Sin embargo, los insurgentes continuaron cometiendo actos violentos.

En enero se anunció el descubrimiento de los cadáveres de 300 personas no identificadas en tumbas sin nombre, en medio de denuncias de que algunas podrían haber sido sometidas a desaparición forzada. Según las declaraciones forenses preliminares, algunas de esas personas no habían muerto por causas naturales. Al finalizar el año aún no había concluido la identificación forense de los cadáveres.

En junio presentó su informe final la Comisión para la Reconciliación Nacional, nombrada por el gobierno de Thaksin Shinawatra en 2005 para ayudar a resolver la crisis en el sur. Las recomendaciones incluían convertir el dialecto local bahasa, que hablaban los musulmanes, en lengua de trabajo.

En virtud de las disposiciones del Decreto de Emergencia, decenas de personas permanecieron detenidas sin cargos ni juicio durante 30 días en el Centro de Instrucción Policial de Yala y en campamentos militares. No se les permitía el acceso a asistencia letrada y algunas fueron torturadas o sometidas a otros malos tratos durante los interrogatorios. En noviembre, las autoridades anunciaron que dejarían de utilizar la «lista negra» que se había usado como base para detener a personas u obligarlas a ir a campos de internamiento en recintos militares durante periodos que oscilaban entre una y cuatro semanas, lo que equivalía a detención arbitraria.

En octubre, el gobierno volvió a poner en marcha el Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del Sur, que Thaksin Shinawatra había cerrado en 2002, para coordinar las iniciativas gubernamentales destinadas a acabar con la violencia en esa zona.

A comienzos de noviembre, el nuevo primer ministro, general Surayud Chulanont, se disculpó públicamente por la muerte de 85 musulmanes causada por las fuerzas de seguridad durante la manifestación que se celebró en octubre de 2004 ante la comisaría de policía de Tak Bai, en la provincia meridional de Narathiwat. Sin embargo, ningún miembro del personal de seguridad fue procesado en relación con las muertes. El fiscal general anunció que se retirarían las causas contra 58 manifestantes acusados de reunirse ilegalmente y provocar disturbios públicos tras la manifestación, y un tribunal falló que se ofrecería una indemnización a las familias de los 78 manifestantes que habían muerto aplastados mientras eran transportados en camiones del ejército desde el lugar de la protesta. Sin embargo, los familiares firmaron un acuerdo que les comprometía a no recurrir a otras formas legales de obtener resarcimiento. Al finalizar el año continuaba pendiente de resolución otro juicio sobre indemnizaciones entablado por las familias de las otras siete víctimas.

En octubre, Muhammad Dunai Tanyeeno, dirigente vecinal de Narathiwat que ayudaba a las víctimas de los incidentes de Tak Bai en 2004 (véase supra) a obtener justicia, murió a causa de los disparos efectuados contra él tras intentar que algunas de las víctimas se reunieran con el jefe de la Cuarta Región Militar.

Abusos perpetrados por grupos armados

En septiembre, cinco personas murieron a causa de la explosión de varias bombas colocadas por insurgentes en Hat Yai, provincia de Songkla. En octubre, los insurgentes decapitaron a un trabajador migrante birmano en la provincia de Pattani, y en diciembre mataron a tiros a dos profesores y quemaron sus cadáveres.

En noviembre, tras el homicidio de un vecino y una vecina y el incendio de varias casas, obra, según los informes, de los insurgentes, más de 200 civiles mayoritariamente budistas procedentes de los distritos de Bannag Sata y Than Tho, en la provincia de Yala, buscaron refugio en un templo budista. También en noviembre, algunos monjes budistas de la provincia de Narathiwat suspendieron el recorrido que hacían por los pueblos para pedir limosna por temor a los ataques. Las escuelas de numerosos distritos del sur fueron cerradas por motivos de seguridad.

Tortura y malos tratos

Según los informes, Charnchai Promthongchai murió bajo custodia en la provincia de Mae Hong Son en diciembre tras haber sido golpeado hasta la muerte por soldados.

Impunidad

El artículo 17 del Decreto de Emergencia concedía inmunidad frente a la responsabilidad civil y penal, así como frente a las medidas disciplinarias, a los funcionarios que actuasen en aplicación de dicho Decreto. No se llevó a cabo ningún procesamiento por uso excesivo de la fuerza y posibles ejecuciones extrajudiciales en relación con los incidentes de abril de 2004, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra grupos musulmanes armados y mataron a más de un centenar de personas. Los disparos fueron en represalia por el ataque de grupos armados contra edificios gubernamentales, en el que murieron cinco miembros de las fuerzas de seguridad. El artículo 37 de la Constitución Provisional concedía inmunidad legal a los dirigentes del Comité para la Reforma Democrática y a quienes impusieran «castigos y otros actos administrativos» bajo sus órdenes.

En enero, un agente de policía fue declarado culpable de obligar a Somchai Neelapaijit, abogado musulmán de derechos humanos, a subir a su automóvil en Bangkok en marzo de 2004. Desde aquel momento no se volvió a ver a Somchai Neelapaijit ni se tuvieron noticias de él. El agente de policía fue condenado a tres años de cárcel; sin embargo, quedó en libertad bajo fianza y regresó a su trabajo.

La policía no investigó adecuadamente las desapariciones forzadas de más de 20 personas que se produjeron tras la escalada de violencia en el sur. En noviembre, el Ministerio de Justicia anunció que investigaría algunos de los homicidios de más de 2.500 personas perpetrados durante la «guerra contra la droga» de 2003, y pidió a las familias de las víctimas que presentasen demandas judiciales.

Personas refugiadas y migrantes

En noviembre, 53 solicitantes de asilo de la etnia hmong fueron devueltos a Laos desde la provincia de Nong Khai. Alrededor de 7.000 solicitantes de asilo laosianos de la etnia hmong permanecían en un campo de la provincia de Phetchabun cuyas condiciones eran deficientes, y en torno a 400, entre los que se encontraban menores, estaban recluidos en diversos centros de detención en condiciones también precarias.

En los campos de la frontera entre Tailandia y Myanmar había alrededor de 150.000 personas refugiadas. Desde 2004, más de 24.000 refugiados birmanos habían sido reasentados en terceros países. En torno a 740.000 trabajadores migrantes birmanos renovaron su inscripción en el registro oficial para obtener permiso de trabajo, pero había decenas de miles trabajando ilegalmente.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

• Thailand: «If you want peace, work for justice» (Índice AI: ASA 39/001/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Tailandia en julio y diciembre.

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