Tanzania
Jefe del Estado
Jakaya Kikwete
Jefe del gobierno
Mizengo Peter Pinda
Jefe del gobierno de Zanzíbar
Ali Mohamed Shein
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
46,2 millones
Esperanza de vida
58,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
107,9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,9 por ciento

Las personas refugiadas procedentes de Burundi seguían viviendo bajo la amenaza de repatriación forzosa. No se puso a disposición de la justicia a policías ni a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acusados de cometer violaciones de derechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimos. Continuó la impunidad de los autores de actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Información general

En noviembre se aprobó la Ley de Revisión de la Constitución 2011, por la que se establecía una comisión encargada de dirigir el proceso de revisión de la Constitución. La aprobación se produjo entre protestas de los miembros de la oposición minoritaria en el Parlamento, que sostenían que la consulta pública sobre la nueva ley había sido inadecuada. Los representantes del opositor Partido por la Democracia y el Progreso (CHADEMA) siguieron reclamando la revisión de la ley, en particular las disposiciones que concedían al presidente poderes exclusivos para designar a los miembros de la comisión.

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Personas refugiadas y migrantes

Después de una reunión celebrada en mayo entre representantes de los gobiernos de Tanzania y Burundi y el ACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados–, el gobierno de Tanzania anunció su intención de cerrar, para final de diciembre de 2011, el campo de Mtabila, donde vivían unas 38.000 personas refugiadas de nacionalidad burundesa. Tanzania anunció también su intención de suprimir la protección a los refugiados acogiéndose a la cláusula de desaparición de las circunstancias incluida en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. Aunque el gobierno esperaba que unas 20.000 personas refugiadas regresaran voluntariamente a Burundi, los refugiados afectados seguían mostrándose reacios a regresar. El gobierno anunció en septiembre que estaba manteniendo entrevistas con las personas refugiadas afectadas para determinar sus necesidades en materia de protección; sin embargo, seguía sin haber procedimientos para evaluar si la repatriación era una opción válida. Las personas refugiadas afectadas seguían sintiendo miedo de ser devueltas a Burundi.

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Impunidad

Se tuvo noticia de homicidios ilegítimos y de torturas y otros malos tratos a manos de policías y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante operaciones de seguridad en algunas partes del país. Más de 20 personas, según los informes, murieron por heridas de bala durante el año, tras usar la policía medios letales para reprimir manifestaciones o para impedir el acceso ilegal a zonas mineras.

  • En enero, al menos tres personas murieron en la ciudad de Arusha tras usar la policía fuego real para dispersar a simpatizantes de partidos opositores que protestaban por la elección de un candidato del gobernante Partido de la Revolución, a la alcaldía local. Al terminar el año no se habían llevado a cabo investigaciones adecuadas sobre estos homicidios ni se había puesto a disposición de la justicia a los responsables.
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Violencia contra mujeres y niñas

La violencia sexual y otras formas de violencia de género seguían siendo práctica generalizada, especialmente la violencia intrafamiliar. Rara vez se llevaba ante la justicia a los autores de este tipo de actos. La práctica de la mutilación genital femenina seguía estando muy extendida en algunas zonas del país.

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Libertad de expresión

Continuaba en vigor legislación como la Ley de Prensa, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Servicios de Radiodifusión, que facultaba a las autoridades para restringir el trabajo de los medios de comunicación sobre la base de disposiciones amplias y poco definidas, como el “interés público”, los “intereses de la paz y el buen orden” y los “intereses de la seguridad nacional”. Al terminar el año, el gobierno seguía sin adoptar formalmente dos anteproyectos de ley propuestos –el proyecto de Ley de Libertad de Información, de 2006, y el proyecto de Ley de Servicios de Medios de Comunicación, de 2007– y sin incorporar al proyecto de Ley de Libertad de Información los motivos de preocupación expresados por representantes de la sociedad civil. En caso de ser promulgadas, las dos leyes reconocerían el derecho a acceder a la información y revocarían leyes que permitían restricciones ilegítimas a la libertad de prensa.

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Discriminación: ataques contra personas albinas

No trascendieron durante el año más casos de homicidios de personas albinas, a las que se daba muerte para amputarles partes del cuerpo, aunque sí hubo al menos cinco intentos de homicidio. Los esfuerzos del gobierno para impedir abusos contra los derechos humanos de las personas albinas seguían siendo inadecuados.

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Condiciones de reclusión

Continuó recibiéndose información sobre hacinamiento e insalubridad y condiciones de vida precarias en las prisiones. La ONG local de derechos humanos Centro Jurídico y de Derechos Humanos informó de que había más de 38.000 reclusos en las cárceles del territorio continental de Tanzania, pese a que su capacidad era de unos 27.653. La organización atribuía el problema del hacinamiento y las precarias condiciones de vida a la ineficacia del sistema judicial, la falta de infraestructuras físicas adecuadas y la insuficiente dotación de personal en las prisiones del país.

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Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena capital por delitos punibles con la muerte; sin embargo, no se llevaron a cabo ejecuciones durante el año. Seguía pendiente de resolución ante el Tribunal Superior una demanda judicial presentada en 2008 por tres organizaciones de la sociedad civil locales contra la constitucionalidad de la pena de muerte.

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Informes

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó el territorio continental de Tanzania en noviembre.