Información general

El presidente Kikwete fue reelegido para un mandato de cinco años en las elecciones generales celebradas a finales de octubre. El principal candidato opositor, Willibrod Slaa, y su formación política, Partido por la Democracia y el Progreso (CHADEMA), denunciaron irregularidades electorales y cuestionaron la validez de los resultados de las elecciones presidenciales y algunos de las parlamentarias.

En julio se aprobó en referéndum la formación de un gobierno nacional de unidad en Zanzíbar. La consulta pretendía zanjar desacuerdos políticos surgidos en el pasado entre el Partido de la Revolución (CCM), en el gobierno, y el opositor Frente Cívico Unido (CUF), que habían desembocado en actos de violencia entre partidarios de ambas formaciones políticas en Zanzíbar.

Las elecciones generales y el referéndum en Zanzíbar fueron pacíficos en líneas generales. Sin embargo, las demoras en el anuncio de algunos resultados electorales propiciaron un aumento de la tensión pública y protestas en algunas zonas.

Libertad de expresión

En el periodo previo a las elecciones generales el gobierno amenazó con prohibir o revocar el registro de dos periódicos, Mwananchi y MwanaHALISI. Autoridades gubernamentales remitieron cartas a los periódicos en las que afirmaban que los diarios publicaban materiales con la intención de “incitar al caos y romper la paz” en el país. Las cartas no especificaban ningún artículo concreto que el gobierno considerase ofensivo. Al terminar el año el gobierno no había prohibido ni revocado el registro de ninguno de los dos periódicos.

Varios periodistas se quejaron de actos de intimidación y hostigamiento por parte de algunos cargos gubernamentales y funcionarios públicos por haber criticado la actuación de estas autoridades o las políticas y prácticas del gobierno.

Impunidad

El gobierno no abrió investigaciones sobre presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por policías y guardias de seguridad privados en julio de 2009 en Loliondo, distrito de Ngorongoro, en el norte de Tanzania. Según informes, agentes de policía y guardias violaron a un número desconocido de mujeres, separaron a las familias y desalojaron por la fuerza a unas 3.000 personas de la comunidad de pastores masai. Estos presuntos abusos se cometieron en el contexto de una operación dirigida a desalojar a estas personas de sus hogares y tierras de pastoreo, aparentemente para conservar una zona de protección de la fauna.

Durante todo el año hubo noticias de homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos cometidos por la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante operaciones de seguridad en diferentes partes del país. No se llevaron a cabo investigaciones sobre estas denuncias, y no se puso a disposición judicial a los responsables.

Violencia contra las mujeres

La violencia sexual y otras formas de violencia de género seguían siendo generalizadas, especialmente la violencia intrafamiliar. Pocos autores de este tipo de actos comparecieron ante la justicia.

A pesar de una ley que prohibía la mutilación genital femenina, esta práctica seguía siendo habitual en ciertas zonas, como la región de Dodoma, en el centro de Tanzania. De acuerdo con la ONG local Centro Jurídico y de Derechos Humanos, la aplicación de la ley que prohibía la mutilación genital femenina se veía obstaculizada por el desconocimiento generalizado de la ley, la persistencia de las creencias tradicionales y la falta de confianza pública en el proceso de justicia penal.

Discriminación: ataques contra personas albinas

No se recibieron durante el año noticias de homicidios de personas albinas cometidos para amputarles partes del cuerpo, aunque hubo hasta ocho intentos de homicidio, que incluyeron dos mutilaciones. Algunos defensores de los derechos humanos que trabajaban para promover los derechos de los albinos denunciaron amenazas e intimidación por parte de presuntos autores de abusos contra los derechos humanos de estas personas.

La policía se demoraba a la hora de investigar estos casos de abusos, y apenas se tomaban medidas para responder a las amenazas contra los defensores de los derechos humanos. En general, los esfuerzos del gobierno para prevenir este tipo de abusos fueron insuficientes.

Personas refugiadas y migrantes

En noviembre, unos 38.000 refugiados procedentes de Burundi permanecían en el campo de refugiados de Mtabila, en el oeste de Tanzania, pese a la postura oficial del gobierno, que consideraba cerrado el campo. Los esfuerzos oficiales para promover la repatriación voluntaria entre los refugiados burundeses habían impulsado la repatriación de unas 6.500 personas del campo desde enero de 2009. Los refugiados afectados alegaban como motivos de su renuencia a regresar posibles litigios de tierras en Burundi y temores relacionados con el proceso electoral de 2010 en el país. Algunos afirmaban que tenían un temor auténtico y bien fundado de persecución si regresaban. No se introdujeron procedimientos para evaluar si la repatriación era una opción válida para algunos refugiados.

Condiciones de reclusión

Se recibieron informes de condiciones de hacinamiento e insalubridad en varias prisiones. En algunas cárceles, el número de reclusos duplicaba su capacidad. También era motivo de preocupación el hecho de que menores de edad estuvieran encarcelados con presos adultos.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo la pena de muerte por delitos en que este castigo era preceptivo. El gobierno no adoptó medidas formales para abolir la pena capital. Siguió pendiente de resolución ante el Tribunal Superior una petición judicial presentada en 2008 por tres organizaciones de la sociedad civil locales, en la que cuestionaban la constitucionalidad de la pena de muerte.