Tanzania - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Unida de Tanzania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Tanzania is now live »

Jefe del Estado
Jakaya Kikwete
Jefe del gobierno
Mizengo Peter Pinda
Jefe del gobierno de Zanzíbar
Amani Abeid Karume
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
43,7 millones
Esperanza de vida
55 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
112/100 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,3 por ciento

En algunas zonas del país se continuaba matando a personas albinas y la respuesta general del gobierno seguía siendo inadecuada. Miles de personas refugiadas de Burundi se quejaron de los intentos del gobierno de obligarlas a regresar a su país pese al temor a ser perseguidas a su regreso. La violencia contra mujeres y niñas estaba muy extendida, y la mayoría de los autores de actos de esta índole no rendían cuentas.

Información general

No se reanudaron las conversaciones, rotas en 2008, entre el Partido de la Revolución (Chama Cha Mapinduzi), en el gobierno, y el opositor Frente Cívico Unido sobre el reparto del poder y las reformas jurídicas y electorales en el territorio semiautónomo de Zanzíbar. Esta situación hacía temer que pudiera brotar la violencia política en Zanzíbar durante la campaña electoral de las elecciones generales previstas para 2010.

Discriminación: ataques contra personas albinas

Continuaron los homicidios y mutilaciones de personas albinas, impulsados por creencias culturales según las cuales determinadas partes del cuerpo de una persona albina tenían el poder de hacer rica a la gente. Los informes indicaban que más de 20 personas albinas fueron asesinadas en 2009, con lo que el total superaba las 50 en dos años. Aunque se detuvo a decenas de sospechosos de implicación en el asesinato y mutilación de personas albinas, sólo dos casos concluyeron en los tribunales. El primero, en septiembre, declaró culpables de asesinato a tres hombres; el segundo, en noviembre, declaró culpables a cuatro hombres. Las investigaciones policiales sobre este tipo de casos seguían siendo lentas, y la actuación general del gobierno para impedir los ataques contra personas albinas era inadecuada.

Escrutinio internacional

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio a conocer sus observaciones finales tras examinar el cuarto informe periódico presentado por Tanzania en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité expresó su preocupación por la continuidad de la elevada prevalencia de la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar, y por la falta de medidas eficaces y concretas para combatir la mutilación genital femenina; la escasa financiación de la institución nacional de derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos y Buen Gobierno; los malos tratos de personas detenidas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y la falta de reconocimiento y protección de los derechos de las minorías y los pueblos indígenas, incluidas las repercusiones negativas de proyectos como las reservas de caza sobre el modo de vida tradicional de esas comunidades. El Comité señaló también que el gobierno no había hecho efectivas sus recomendaciones anteriores.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Más de 36.000 personas de origen burundés, refugiadas en el campo de Mtabila, en el oeste de Tanzania, corrían el riesgo de ser devueltas a su país. Muchas de las familias refugiadas habían perdido sus viviendas al ser incendiadas éstas por personas que actuaban siguiendo instrucciones de las autoridades tanzanas o habían sido amenazadas con correr esa suerte. Pese a los indicios de varios intentos de devolver a su país a las personas refugiadas, las autoridades negaron el uso de la coerción y afirmaron que el proceso de retorno era voluntario como parte del acuerdo tripartito suscrito por los gobiernos de Tanzania y Burundi y el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. El gobierno anunció que tenía el compromiso de cerrar el campo y hacer regresar a sus lugares de origen a las personas refugiadas antes de terminar el año. Sin embargo, muy pocas de estas personas se registraron para la operación de repatriación voluntaria. No existían procedimientos para evaluar las quejas individuales de las personas refugiadas y solicitantes de asilo sobre temores auténticos y bien fundados de sufrir persecución una vez de regreso en su país de origen.

Libertad de expresión

El gobierno levantó la prohibición que había impuesto en octubre de 2008 al semanario MwanaHALISI. Con todo, algunos periodistas, tanto en el territorio continental de Tanzania como en Zanzíbar, denunciaron amenazas y se quejaron de hostigamiento en relación con informaciones publicadas sobre políticos de alto rango.

Al terminar el año no se había publicado ni remitido al Parlamento la nueva redacción del proyecto de ley sobre Servicios de los Medios de Comunicación, que regulaba los medios de comunicación e incluía aportaciones de la sociedad civil a un proyecto de ley de 2007.

Violencia contra mujeres y niñas

Los informes sobre violencia contra mujeres y niñas, incluidas la violencia intrafamiliar, la violación conyugal y el matrimonio de niñas a edad temprana, seguían siendo generalizados. Continuaba practicándose la mutilación genital femenina, incluso en algunas zonas urbanas.

Organizaciones locales de la sociedad civil constataron un ritmo muy lento en los procesamientos de los autores de actos de violencia por motivos de género.

Derecho a la salud

La mortalidad materna seguía siendo alta: entre 8.000 y 13.000 mujeres morían cada año, según los informes. Esto se atribuía sobre todo a la grave escasez de instalaciones de atención de la salud y de profesionales de la medicina cualificados, especialmente en las zonas rurales.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión –tanto en el territorio continental como en Zanzíbar– seguían siendo duras, y hubo informes de tortura y otros malos tratos. Grupos locales de derechos humanos constataron una disminución mínima del hacinamiento en las cárceles y señalaron que el problema se debía ante todo a demoras en la resolución de las causas judiciales y al uso inadecuado por los tribunales de las penas no privativas de libertad. Según el Centro Jurídico y de Derechos Humanos y el Centro de Servicios Jurídicos de Zanzíbar, casi la mitad de la población reclusa estaba formada por personas detenidas en espera de juicio.

Pena de muerte

Los tribunales seguían imponiendo la pena de muerte. En mayo, el gobierno afirmó que había 292 presos condenados a la pena capital.

Seguía pendiente de resolución ante el Tribunal Superior una petición presentada en 2008 por tres organizaciones de la sociedad civil, en la que cuestionaban la constitucionalidad de la pena de muerte.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

  • Un delegado de Amnistía Internacional visitó el territorio continental de Tanzania en octubre.
  • Tanzania: Cuatro tanzanos condenados a muerte por el homicidio de un hombre albino, 3 de noviembre de 2009
  • Tanzania: Los refugiados burundeses no deben ser obligados a regresar a su país, 29 de junio de 2009

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