Taiwán impuso más condenas a muerte en 2011 que en ningún otro año del último decenio,
pese a sus afirmaciones de que su objetivo a largo plazo era la abolición de la pena
de muerte. Continuaron las restricciones a la libertad de reunión y no se registraron
avances que apuntasen a una relajación de la estricta legislación vigente. Las autoridades
apenas hicieron nada para proteger el derecho a la vivienda de familias campesinas
de toda la isla que fueron desalojadas y en ocasiones actuaron en connivencia con
los responsables de su desalojo.
En 2009, Taiwán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A pesar de
que se aprobó una Ley de Aplicación que obligaba al gobierno a reformar la legislación
y los reglamentos, ordenanzas y medidas administrativas para que fuesen conformes
a los pactos antes del 10 de diciembre de 2011, al final del año Taiwán no había
modificado ni abolido casi ninguna de las disposiciones que no se ajustaban a ellos.
Cinco hombres fueron ejecutados el 4 de marzo; justo un mes antes, el presidente Ma
se había disculpado por la ejecución de un hombre inocente en 1997. En noviembre había
55 presos con condenas a muerte confirmadas.
El 28 de julio, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación final presentado
por Chiou-Ho-shun contra su condena a muerte. El 25 de agosto, el fiscal general
rechazó una solicitud de recurso extraordinario para la celebración de un nuevo juicio.
Chiou Ho-shun había sido condenado a muerte por robo, secuestro, chantaje y asesinato
en 1989. No se presentaron pruebas sustanciales, y la declaración de culpabilidad
se basó en confesiones que, según afirmaron tanto él como otros acusados, se habían
obtenido mediante tortura. Su causa llevaba más de 20 años pasando del Tribunal Superior
al Tribunal Supremo y viceversa.
En junio, en una medida destinada a garantizar la independencia y transparencia judicial,
la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la Judicatura, que facilitaba la destitución
de jueces que actuasen de forma incompetente o corrupta.
A pesar de que la opinión pública continuaba demandando que el gobierno pusiese en
marcha su propuesta de reforma de la Ley de Reuniones y Manifestaciones, no hubo avances
en este sentido. La Ley permitía que la policía dispersase por la fuerza protestas
pacíficas e imponía otras restricciones a las manifestaciones pacíficas.
Funcionarios públicos permitieron que promotores inmobiliarios desalojasen a agricultores
de todo el país, e incluso les prestaron su ayuda, sin que mediase el debido proceso,
ni ofrecer siquiera alojamiento alternativo ni una indemnización adecuada.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes carecían de libertad para cambiar de empleador.
Los migrantes que trabajaban como cuidadores o en el servicio doméstico se veían a
menudo obligados a trabajar sin gozar del descanso necesario. Los medios de comunicación
pusieron al descubierto abusos y explotación de trabajadores migrantes por parte de
funcionarios públicos y personas famosas.
