Siria - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Árabe Siria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Siria is now live »

Jefe del Estado
Bachar el Asad
Jefe del gobierno
Mohamed Naji al Otri
Pena de muerte
retencionista
Población
21,9 millones
Esperanza de vida
74,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
21/16 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
83,1 por ciento

Continuó la intolerancia del gobierno con la disidencia. Se detuvo a personas que se mostraban críticas, defendían los derechos humanos o parecían hacer oposición al gobierno, entre otras; a menudo estuvieron recluidas por largos periodos, y en algunos casos fueron condenadas a prisión en juicios injustos. La tortura y otros malos tratos seguían siendo comunes y se cometían con impunidad; se produjeron varias muertes controvertidas bajo custodia. El gobierno no aclaró las circunstancias de los homicidios de reclusos cometidos en la prisión militar de Sednaya en 2008, y, una vez más, no tomó tampoco medidas para dar cuenta de la suerte de los millares de personas sometidas a desaparición forzada de años anteriores. Las mujeres sufrían discriminación jurídica y de otras clases, así como violencia. La minoría kurda continuó siendo objeto de discriminación, y, en la práctica, millares de personas pertenecientes a ella eran apátridas. Se ejecutó al menos a ocho presos.

Información general

Continuaron mejorando las relaciones entre Siria y Líbano, pero se produjo un acusado deterioro de las relaciones con Irak. Se renovaron las conversaciones sobre la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea.

En noviembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que no había podido investigar si unas instalaciones destruidas por las fuerzas aéreas israelíes en 2007 habían sido utilizadas con fines de desarrollo nuclear, pues el gobierno no se había mostrado dispuesto a cooperar.

Represión de la disidencia

Siria continuó bajo el estado de excepción vigente ininterrumpidamente en todo el país desde 1963, que llevaba años utilizándose para reprimir y castigar incluso la disidencia pacífica. Esta tendencia se mantuvo a lo largo de 2009. Se sometió a detención arbitraria a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, autores de blogs, activistas de la minoría kurda y otras personas que criticaban al gobierno o sacaban a la luz violaciones de derechos humanos; a menudo fueron recluidos durante largos periodos o condenados a prisión en juicios injustos ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, manifiestamente deficiente, o ante tribunales militares y penales. Entre ellos había presos de conciencia. A otras personas, incluidas algunas que habían estado detenidas anteriormente, se les prohibió viajar.

  • Muhannad al Hassani, destacado abogado de derechos humanos detenido en julio, se hallaba en prisión en espera de juicio al final del año, acusado de varios delitos, entre ellos los de “debilitar el sentimiento nacionalista” y difundir “noticias falsas”, cargos utilizados normalmente para procesar a quienes se mostraban críticos con el gobierno, y que en su caso tenían su origen en el hecho de que hubiera publicado en Internet informes sobre juicios ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Se hallaba recluido en la prisión de Adra, cerca de Damasco, y si era declarado culpable podía ser encarcelado durante 15 años. El 10 de noviembre, el Colegio de Abogados decidió prohibirle ejercer la profesión por haber acusado públicamente al Tribunal Supremo de Seguridad del Estado de no hacer valer el derecho de defensa y a un juicio justo de los acusados.
  • Haytham al Maleh, de 78 años, veterano abogado de derechos humanos y crítico con el gobierno, detenido en octubre, se enfrentaba también a un juicio, acusado de “debilitar el sentimiento nacionalista”, difundir “noticias falsas” y “difamar a un órgano del gobierno” por unos comentarios que había hecho en septiembre en una entrevista telefónica con un canal de televisión por satélite radicado en Europa. Si era declarado culpable podía ser condenado a cumplir hasta 15 años de prisión.
  • Meshal al Tammo, portavoz del partido político no autorizado Corriente del Futuro Kurdo en Siria, fue condenado en mayo a tres años y medio de prisión por el Tribunal Penal de Damasco, tras ser declarado culpable de “debilitar el sentimiento nacionalista” y difundir “noticias falsas”. En noviembre, el mismo tribunal condenó a Sadun Sheikhu y a otros dos miembros de la organización no autorizada Partido Azadi Kurdo de Siria a tres años de prisión por “debilitar el sentimiento nacionalista” y “provocar luchas sectarias o raciales o conflictos entre sectas y varios miembros de la nación”. Los cargos parecían tener su origen en unos artículos del periódico del partido en los que se criticaba la discriminación de la minoría kurda siria.
  • Kareem Arabji, autor de un blog, fue condenado en septiembre a tres años de prisión por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado tras ser declarado culpable de difundir “noticias falsas” y “debilitar el sentimiento nacionalista”. Antes de su detención, en junio de 2007, moderaba el foro de jóvenes de Internet www.akhawia.net. Según informes, fue torturado y sometido a otros malos tratos durante su reclusión prolongada en régimen de incomunicación.
  • Habib Saleh, activista partidario de la reforma, fue condenado en marzo a tres años de prisión por el Tribunal Penal de Damasco por “debilitar el sentimiento nacionalista” y difundir “noticias falsas”. Los cargos guardaban relación con varios artículos con críticas al gobierno que había escrito y publicado en Internet antes de su detención, el 7 de mayo de 2008.
  • Khaled Kenjo, miembro de la minoría kurda, fue detenido en septiembre, 12 días después de haber sido devuelto a Siria desde Alemania, donde se había rechazado su solicitud de asilo. En Siria fue acusado formalmente de “emitir en el extranjero noticias falsas que podían menoscabar la reputación del Estado”. Al parecer, la acusación estaba relacionada con su participación, durante su estancia en Alemania, en actividades destinadas a promover los derechos de la minoría kurda en Siria. El 30 de diciembre, el Tribunal Militar de Qamishli ordenó su puesta en libertad sin retirar los cargos. Khaled Kenjo afirmó que lo habían torturado bajo custodia.
  • Aktham Naisse, activista de derechos humanos, fue uno de los al menos 11 defensores de los derechos humanos y activistas políticos a los que se impidió viajar al extranjero en 2009.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las personas sospechosas de ser islamistas o partidarias de la Hermandad Musulmana, organización que seguía prohibida en Siria, estaban expuestas a ser detenidas, recluidas por tiempo prolongado y sometidas a juicios injustos, principalmente ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Las que eran declaradas culpables de pertenecer a la Hermandad Musulmana eran condenadas habitualmente a muerte para conmutarles a continuación la pena por 12 años de prisión. Se creía que en la prisión militar de Sednaya y otras cárceles había centenares de presuntos islamistas y otras personas acusadas de delitos contra la seguridad, sometidos a regímenes de reclusión de extrema dureza.

  • Nabil Khlioui y otros ocho presuntos islamistas, en su mayoría de Deir al Zour, detenidos en agosto de 2008 continuaron recluidos en régimen de incomunicación en un lugar desconocido.
  • Dos mujeres –Bayan Saleh Ali y Usra al Hussein– quedaron en libertad en abril y julio, respectivamente, tras haber pasado meses recluidas en régimen de incomunicación, al parecer por haberse puesto en contacto con una organización internacional para hablar del esposo de Usra al Hussein, recluido en Guantánamo por las autoridades estadounidenses desde 2002.
  • Ziad Ramadan, ex compañero de trabajo de uno de los presuntos autores del asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri, continuó recluido sin juicio, aunque el Tribunal Especial para el Líbano informó a las autoridades sirias de que no veía motivos para su reclusión. Se encontraba privado de libertad desde julio de 2005.

Tortura y otros malos tratos

Según informes, la tortura y otros malos tratos eran comunes en las comisarías de policía, los centros de detención de los cuerpos de seguridad y las prisiones, y se cometían con impunidad. El Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y otros tribunales continuaron dictando sentencias condenatorias basadas en “confesiones” que los acusados afirmaban haber hecho bajo tortura estando recluidos en régimen de incomunicación durante su prisión preventiva.

Se tuvo noticia de siete muertes ocurridas bajo custodia en circunstancias controvertidas, pero, al parecer, las autoridades no tomaron medidas para investigarlas ni para examinar tampoco denuncias de tortura hechas por detenidos.

  • Según informes, Jakarkhon Ali, miembro de la minoría kurda, fue sometido a tortura por agentes de los servicios de Seguridad Militar, que lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo obligaron a permanecer de pie hasta 20 horas diarias mientras se hallaba recluido en régimen de incomunicación tras su detención, el 20 de junio. Quedó en libertad sin cargos el 3 de octubre.
  • Yusuf Jabouli y Mohammed Amin al Shawa murieron bajo custodia de los servicios de Seguridad Militar en enero, el primero tras varios días de reclusión y el segundo cuando llevaba ya más de cuatro meses recluido. No se permitió a sus familias examinar los cadáveres, y a sus funerales asistieron agentes de los servicios de Seguridad Militar. Según fuentes no oficiales, ambos murieron a causa de torturas. Las autoridades no revelaron ninguna información, y no se tuvo noticia de que investigaran las muertes.

Impunidad

Las autoridades no aclararon las circunstancias de los homicidios de al menos 17 reclusos y 5 personas más cometidos, según informes, en la prisión militar de Sednaya en julio de 2008. No se tuvo noticia de ninguna investigación sobre ello. En julio, las autoridades permitieron algunas visitas de familiares a la prisión por primera vez desde los sucesos de julio de 2008, pero al menos a las familias de 43 presos no se les permitió visitarlos ni tener ningún contacto con ellos, lo que hizo temer aún más que se encontraran entre los que mataron en julio de 2008.

  • En febrero, el ministro de Defensa cerró una investigación sobre los homicidios de Sami Matouq y Joni Suleiman, cometidos el 14 de octubre de 2008, aparentemente por agentes de los servicios de Seguridad Militar, pero no estaba claro que se hubiera tomado alguna medida contra los agentes presuntamente responsables de las muertes. Según informes, dos testigos de los homicidios, Hussam Mussa Elias y Qaher Deeb, y un abogado, Khalil Matouq, fueron objeto de hostigamiento e intimidaciones al insistir en que se pidieran responsabilidades.

Derechos de las mujeres

Se siguió negando a las mujeres la igualdad con los hombres ante la ley, especialmente con respecto a la Ley de la Condición Personal, que regulaba el derecho al matrimonio y los derechos de herencia, y el Código Penal, que prescribía penas más leves de lo normal por asesinato y otros delitos violentos contra mujeres si se consideraba factor atenuante la defensa del “honor” de la familia. El 1 de julio, el presidente Bachar el Asad dictó el Decreto Legislativo 37, por

el que, en sustitución del artículo 548 del Código Penal, que eximía de toda pena a los autores de delitos cometidos en nombre del “honor”, se condenaba con al menos dos años de cárcel a los hombres declarados culpables de matar o causar lesiones a mujeres de su familia por motivos de “honor”. No obstante, no se reformaron otros artículos del Código Penal que prescribían condenas reducidas si se consideraba que el delito se había cometido en nombre del “honor”.

Al menos 13 mujeres y un hombre fueron víctimas, según informes, de homicidio en nombre del “honor”.

  • En octubre, un tribunal de Zablatani, cerca de Damasco, declaró a Fayez al Ezzo, detenido en 2007, culpable de haber matado a puñaladas a su hermana Zahra, de 16 años, en enero de ese año porque había sido secuestrada y violada por un amigo de la familia. El tribunal determinó que el homicidio se había cometido por motivos de “honor”, por lo que impuso una condena de sólo dos años y medio de prisión. Quedó en libertad inmediatamente porque ya había pasado ese tiempo en la cárcel en espera de conocer el fallo. En noviembre, el esposo de Zahra al Ezzo recurrió la sentencia ante la máxima instancia de apelación para solicitar una pena más dura. El tribunal no se había pronunciado al final del año.

Discriminación: minoría kurda

La minoría kurda, que constituía hasta el 10 por ciento de la población y vivía en su mayor parte en el noreste del país, continuó sufriendo discriminación por motivo de su identidad, incluidas restricciones al uso de su lengua y cultura. Miles de sus miembros eran en la práctica apátridas, a los que se negaba por ello el acceso igualitario a los derechos sociales y económicos.

  • Suleiman Abdelmajid Osso, del Partido Yekiti Kurdo de Siria, y otros 15 hombres estuvieron recluidos durante casi dos meses en régimen de incomunicación tras haber celebrado pacíficamente el festival kurdo de Noruz en marzo. Todos fueron acusados de “provocar conflictos sectarios” y de participar en una reunión pública. Todos quedaron en libertad bajo fianza en mayo y junio, y al final de 2009 se encontraban en espera de juicio.
  • Jamal Sadoun y otros tres miembros de una banda se hallaban en espera de juicio acusados de “provocar conflictos sectarios” por cantar canciones kurdas en la celebración de una boda en Derek, cerca de la ciudad de Al Hassaka.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Seguía habiendo en Siria centenares de miles de refugiados iraquíes, muchos de los cuales se enfrentaban a problemas económicos y a otras dificultades por no tener derecho a trabajar o carecer de visados válidos, debido a lo cual estaban expuestos a ser devueltos a Irak. No se permitía la entrada a refugiados palestinos que llevaban mucho tiempo viviendo en Irak, y algunos se encontraban en un desolado campo de acogida de Al Tanf, en la frontera entre Irak y Siria.

Los solicitantes de asilo ahwazíes (árabes iraníes) continuaban expuestos a ser devueltos a Irán.

Pena de muerte

Se condenó a muerte al menos a 7 hombres declarados culpables de asesinato, y se ejecutó al menos a 8 presos, a 4 de ellos en la prisión central de Alepo en agosto. El verdadero número de ejecuciones probablemente fuera más alto, pues las autoridades raras veces revelaban información sobre ellas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

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