Siria - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República árabe Siria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Siria is now live »

Jefe del Estado : Bachar el Asad
Jefe del gobierno : Mohamed Naji al Otri
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 20 millones
Esperanza de vida : 73,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 20/16 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 80,8 por ciento

El Estado de excepción, en vigor desde 1963, seguía otorgando a las fuerzas de seguridad amplios poderes de detención y reclusión. Las libertades de expresión y asociación estaban severamente restringidas. Centenares de personas fueron detenidas, y cientos seguían encarceladas, por motivos políticos. Entre ellas había presos de conciencia y otras personas condenadas en juicios injustos. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento y persecución. Las mujeres y la minoría kurda eran objeto de discriminación en la ley y en la práctica. La tortura y otros malos tratos se cometían con impunidad. Se reanudaron las ejecuciones públicas.

Información general

Siria contaba con una población refugiada iraquí de hasta 1,4 millones, entre la que había muchas personas que habían entrado en el país durante 2007, además de aproximadamente 500.000 refugiados palestinos considerados residentes a largo plazo en el país. Decenas de miles de sirios permanecían desplazados internamente debido a la permanente ocupación de los Altos del Golán por parte de Israel.

Siria ratificó en febrero la Carta árabe de Derechos Humanos.

El 6 de septiembre, aviones de la Fuerza Aérea Israelí bombardearon un edificio al noreste de Siria. La información difundida por los medios israelíes sugería que el objetivo había sido una instalación nuclear; el presidente Bachar el Asad declaró que se trataba de un edificio militar no utilizado. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica criticó a Israel por «tomarse la justicia por su mano» y manifestó que las autoridades israelíes no habían aportado prueba alguna de que el objetivo fuera una instalación nuclear secreta.

En noviembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por la ONU para examinar la cuestión del asesinato del ex primer ministro de Líbano Rafiq Hariri en 2005 publicó su noveno informe, en el que señalaba que había podido sacar «conclusiones preliminares más precisas» y reiteraba que contaba con la cooperación del gobierno sirio.

Detención arbitraria

Personas detenidas por motivos políticos

Unas 1.500 personas, según los informes, fueron detenidas a lo largo del año por motivos políticos. Entre ellas había personas a las que Amnistía Internacional consideraba presas de conciencia. Seguían privadas de libertad centenares de personas detenidas en años anteriores. A la mayoría de las más de 170 personas condenadas en 2007 en juicios claramente injustos celebrados ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, el Tribunal Penal o el Tribunal Militar se les imputaba ser islamistas.

  • El 11 de marzo, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado declaró culpables a 24 hombres del área de Qatana, próxima a Damasco, de pertenencia a un «grupo establecido con el objeto de cambiar el estatus económico o social del Estado» y de «menoscabar los sentimientos nacionalistas». Parece ser que la declaración de culpabilidad se basó únicamente en «confesiones» que, según los hombres denunciaron, habían sido obtenidas mediante tortura. El Tribunal los condenó a penas de entre 4 y 12 años de prisión. Los 24 habían sido detenidos entre mayo y noviembre de 2004, y habían estado sometidos a régimen de incomunicación durante más de un año en la Sección Palestina de los Servicios de Información Militar en Damasco, conocida porque en ella se practican la tortura y otros malos tratos. El Tribunal no investigó las denuncias de tortura que formularon los hombres.
  • El 10 de mayo, el Tribunal Penal declaró culpable a Kamal al Labwani de «confabularse con un país extranjero, o de comunicarse con un país para incitarlo a iniciar una agresión contra Siria», y lo condenó a 12 años de prisión. El cargo estaba relacionado con una visita que había realizado en 2005 a Europa y Estados Unidos durante la que mantuvo reuniones con organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales y abogó por la reforma pacífica y democrática en Siria. Kamal al Labwani ya había pasado tres años en prisión por su participación en la «Primavera de Damasco», movimiento reformista pacífico de los años 2000-2001.
  • El 13 de mayo, El Tribunal Penal declaró culpable a Michel Kilo y a Mahmoud Issa de «menoscabar los sentimientos nacionalistas» y los condenó a tres años de cárcel. Ambos figuraban entre las 10 personas detenidas en mayo de 2006 en relación con la «Declaración Beirut-Damasco», petición firmada por 300 ciudadanos sirios y libaneses en pro de la normalización de las relaciones entre los dos países.
  • Al finalizar el año permanecían sometidos a régimen de incomunicación siete de las aproximadamente 40 personas detenidas por asistir el 1 de diciembre a una reunión de la agrupación no autorizada Consejo Nacional de la Declaración de Damasco por el Cambio Nacional Democrático.

Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria

En febrero se anunció que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había declarado en mayo de 2006 que la detención de Riad Drar al Hamood había sido arbitraria porque no se habían observado las normas para la celebración de un juicio justo y porque había sido condenado por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En abril de 2006, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado había condenado a Riad Drar al Hamood a cinco años de prisión por los cargos de pertenencia a una «organización secreta», «publicación de noticias falsas» e «incitación a conflictos sectarios». Los cargos estaban relacionados con un discurso que había pronunciado en el funeral de un destacado estudioso del islam de etnia kurda, sheij Muhammad Mashuq al Khiznawi, que había sido víctima de secuestro y homicidio.

En junio de 2007, el Grupo de Trabajo determinó que Ayman Ardenli, recluido sin cargos durante tres años en Siria, había sido privado arbitrariamente de libertad y que su detención no podía justificarse con «ningún fundamento jurídico». El Grupo de Trabajo estableció también que Muhammad Zammar, recluido durante casi cinco años sin cargos y luego condenado el 11 de febrero por el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado a 12 años de cárcel, estaba siendo arbitrariamente privado de libertad porque no se habían observado las normas para la celebración de un juicio justo (véase infra).

Libertad de expresión

La libertad de expresión seguía sometida a controles estrictos.

  • El 17 de junio, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado declaró culpables de «realizar acciones o declaraciones escritas u orales que pudieran poner en peligro al Estado o dañar sus relaciones con un país extranjero, o ponerlo en peligro de sufrir actos hostiles» a Maher Isber Ibrahim, Tareq al Ghorani, Hussam Ali Mulhim, Diab Siriyeh, Omar Ali al Abdullah, Allam Fakhour y Ayham Saqr, por su participación en la organización de un grupo juvenil de debate y por publicar artículos en favor de la democracia en Internet. Maher Isber Ibrahim y Tareq al Ghorani fueron además declarados culpables de «difundir noticias falsas» y recibieron penas de siete años de cárcel. A los otros cinco se les impusieron penas de cinco años. Todos ellos habían sido detenidos por agentes de los Servicios de Información de la Fuerza Aérea a principios de 2006 y, según los informes, estuvieron sometidos a régimen de incomunicación hasta noviembre de ese año. Los hombres repudiaron las «confesiones» que habían realizado en prisión preventiva porque, aseguraron, habían sido obtenidas mediante tortura y coacción. Pese a ello, el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado no investigó esas denuncias y aceptó las «confesiones» como prueba inculpatoria.
  • El 31 de diciembre, el Tribunal Penal declaró culpable a Faeq al Mir, uno de los dirigentes del Partido Demócrata Popular, de «difundir información falsa lesiva para la nación». Al parecer, este cargo estaba relacionado con una llamada telefónica que Faeq al Mir había realizado a un político libanés para expresarle sus condolencias por el asesinato de un ministro del gobierno de Líbano. Fue condenado a 18 meses de prisión.
  • Kareem Arabji fue detenido el 7 de junio por agentes de los Servicios de Información Militar en Damasco, al parecer por moderar el foro juvenil de Internet www.akhawia.net. Al finalizar el año todavía estaba sometido a régimen de incomunicación.

Tortura y otros malos tratos

Las personas detenidas seguían siendo sometidas a tortura u otros malos tratos; cinco murieron, según los informes, posiblemente a consecuencia de ello. Las autoridades no adoptaron medida alguna para investigar las denuncias de tortura.

  • Aref Dalilah, de 64 años de edad, continuaba sometido a régimen de aislamiento en una pequeña celda de la prisión de Adra, cumpliendo una pena de 10 años de cárcel por su participación en la «Primavera de Damasco». Padecía diabetes, hipertensión y las secuelas de un derrame cerebral, pese a lo cual se le negó acceso a atención médica adecuada.
  • Según los informes, el 4 de julio fue devuelto a su familia en Areeha el cuerpo sin vida de Abd al Moez Salem. El cadáver fue enterrado en presencia de agentes de los Servicios de Información Militar, que no permitieron que los familiares lo vieran ni lo prepararan para su inhumación. Al parecer, Abd al Moez Salem había pasado hasta dos años sometido a régimen de incomunicación, entre otros lugares, en la Sección Palestina de los Servicios de Información Militar.
  • Aref Hannoush, de 16 años de edad, se encontraba entre los hasta nueve jóvenes que fueron presuntamente torturados o sometidos a otros malos tratos durante su detención en Damasco en agosto. Los jóvenes aseguraron que habían sido recluidos en condiciones degradantes y de hacinamiento, que los habían privado del sueño o el acceso a letrinas, y que les habían dado palizas, como el dulab (meter a la víctima en una cubierta de rueda de automóvil y golpearla).

«Guerra contra el terror»

  • Muhammad Zammar, detenido en Marruecos y trasladado a Siria en diciembre de 2001 al parecer como parte del programa de entregas extraordinarias dirigido por Estados Unidos, fue sometido en febrero a un juicio injusto en el que se lo declaró culpable de cuatro cargos, entre ellos el de pertenecer a la ilegalizada organización siria Hermandad Musulmana. En el juicio no se presentó prueba alguna de tal pertenencia, y la propia Hermandad Musulmana negó que Muhammad Zammar hubiera sido nunca miembro suyo o que hubiera tenido ningún tipo de vínculo activo con ella o alguno de sus miembros.

Violencia y discriminación contra las mujeres

Según los informes, en enero la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo declaró ilegal a la Asociación de Mujeres de Siria, que llevaba funcionando desde 1948. En febrero, la ministra ordenó la disolución de otro grupo de derechos de la mujer, la Organización de Iniciativa Social, y en septiembre negó la licencia a cinco ONG, entre ellas la Organización para el Apoyo a las Mujeres y a las Víctimas de Violencia Doméstica.

En febrero, el gran muftí de Siria, sheij Ahmed Badreddin Hassoun, declaró que estaba mal cometer delitos en nombre del «honor», que para probar un delito de adulterio hacían falta cuatro testigos, y que había pedido al ministro de Justicia que constituyera un comité para reformar la legislación relativa a los delitos cometidos por motivos de «honor».

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a las autoridades sirias que adoptaran medidas para mejorar la situación de la mujer. El Comité exhortó a Siria, entre otras cosas, a que enmendase o derogase toda legislación discriminatoria, incluidas las disposiciones discriminatorias de la Ley de Estado Civil, el Código Penal y la Ley de Nacionalidad; a que la violación dentro del matrimonio quedase tipificada como delito; a que los autores de delitos de «honor» no quedasen exonerados ni se les redujesen las penas; a que estableciese centros de acogida y otros servicios para las mujeres víctimas de la violencia; y a que velase por que las organizaciones de la sociedad civil y las ONG de mujeres pudieran funcionar independientemente del gobierno.

Discriminación contra la minoría kurda

La población kurda de Siria siguió sufriendo discriminación por motivos de identidad, como restricciones en el uso de la lengua y la cultura kurdas. Decenas de miles de kurdos seguían siendo apátridas en la práctica y continuaban privados de acceso igualitario a los derechos económicos y sociales.

  • Según informes difundidos en marzo, el artista kurdo Salah Amr Sheerzad fue detenido y sometido a malos tratos en dependencias de los organismos de seguridad en Alepo tras su participación en un concierto.
  • Según los informes, el 5 de abril fueron detenidos ocho kurdos que estuvieron recluidos durante 10 días en dependencias de los Servicios de Seguridad Política en Damasco. Al parecer, fueron detenidos por llevar pulseras con los colores de la bandera kurda.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron activas varias organizaciones de derechos humanos no autorizadas, aunque sus miembros corrían el riesgo de ser acosados y detenidos y de que se les prohibiera viajar al extranjero.

  • El 24 de abril, Anwar al Bunni, abogado y director del Centro Sirio de Investigación y Estudios Jurídicos, fue declarado culpable por el Tribunal Penal de «difundir información falsa lesiva para la nación» y condenado a cinco años de prisión en relación con una declaración que había realizado en abril de 2006 sobre la muerte bajo custodia de Muhammad Shaher Haysa, al parecer a consecuencia de malos tratos que podrían haber constituido tortura. El 25 de enero, guardias de la prisión propinaron una fuerte paliza a Anwar al Bunni. Amnistía Internacional consideró que se trataba de un preso de conciencia.
  • El 1 de noviembre, las autoridades impidieron viajar a Egipto a los abogados de derechos humanos Muhannad al Hasani, Khalil Maatouq, Mustafa Osso, Radif Mustafa y Hasan Masho. Pretendían asistir a un taller organizado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos.

Pena de muerte

La pena de muerte seguía en vigor como castigo para numerosos delitos. Al menos siete personas fueron ejecutadas, según los informes, en público. Habían sido condenadas a muerte en un juicio claramente injusto celebrado ante el Tribunal Militar de Campo, contra cuyas decisiones no cabía recurso, y en el que los acusados no tenían acceso a representación letrada.

  • El 25 de octubre se ahorcó en público a cinco presos: Radwan Abd al Qadr Hassan Muhammad, Kheiro Khalif al Fares, Abd al Hai Faisal Abd al Hai, Saleh Youssef Mahmoud y Hassan Ahmed Khallouf. Los dos últimos no tenían más de 18 años en el momento de ser ejecutados. Según los medios de comunicación estatales sirios, los ejecutados habían cometido «varios asesinatos y robos a mano armada y habían aterrorizado a ciudadanos inocentes».

Desapariciones forzadas

Seguía sin conocerse la suerte de más de 17.000 personas, en su mayoría islamistas, que habían sido víctimas de desaparición forzada tras su detención a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, y de cientos de libaneses y palestinos detenidos en Siria o secuestrados en Líbano por las fuerzas sirias o por milicias libanesas y palestinas.

Informe y visita de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar