Suazilandia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Suazilandia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Suazilandia is now live »

Jefe del Estado : rey Mswati III
Jefe del gobierno : Absalom Themba Dlamini
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 1 millón
Esperanza de vida : 40,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 144/126 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 79,6 por ciento

Más de dos tercios de la población de Suazilandia vivía en la pobreza, y más de la cuarta parte estaba infectada de VIH. Sólo recibía tratamiento antirretroviral el 28 por ciento de las personas que lo necesitaban, y los niños y niñas huérfanos y otros menores vulnerables sólo tenían acceso limitado a la educación. Mejoró el acceso a la justicia gracias a nuevos nombramientos judiciales. Siguió aumentando el número de informes sobre violencia sexual, y se demoró la introducción de reformas jurídicas que afectaban a los derechos de las mujeres. La policía continuó haciendo uso excesivo de la fuerza contra presuntos delincuentes y contra manifestantes pacíficos.

Cambios jurídicos y constitucionales

La independencia del poder judicial y la capacidad de los jueces del Tribunal Superior para ver causas, en particular las relacionadas con cuestiones constitucionales, se vieron afectadas por la tardanza en realizar los nombramientos judiciales necesarios y por el uso constante de contratos temporales. El Tribunal Superior quedó reducido a un solo juez permanente en febrero. En marzo, el Colegio de Abogados de Suazilandia vio satisfactorios signos de mejora al confirmar el rey el nombramiento con contrato permanente de dos jueces para el Tribunal Superior y de uno para el Tribunal Industrial. En junio, el juez malawiano retirado Richard Banda prestó juramento como presidente de la judicatura con carácter temporal.

En noviembre, el Tribunal Superior rechazó una solicitud presentada en 2006 por la Asamblea Nacional Constitucional, junto con dirigentes sindicales y otros, para impugnar la validez de la Constitución. La vista se había demorado por falta de jueces. Al final de año, el Tribunal Superior no se había pronunciado aún sobre la legalidad de la inscripción de partidos políticos según la Constitución. Miembros de la policía y los servicios penitenciarios que intentaron fundar sindicatos encontraron la oposición de las autoridades. Al concluir el año, el Tribunal Superior no había dictado aún su fallo sobre una solicitud presentada por Khanyakweze Mhlanga y el Sindicato de Policía de Suazilandia para que confirmara por orden judicial la constitucionalidad de la inscripción del sindicato.

Expertos de la Commonwealth visitaron Suazilandia con objeto de ayudar a examinar y reformar las leyes incompatibles con la Constitución y las normas internacionales. También contribuyeron a impulsar el proceso de establecimiento de una comisión de derechos humanos, como requería la Constitución.

Al final del año no se había promulgado aún la legislación concebida para hacer efectivas las disposiciones sobre igualdad de género de la Constitución de 2006, como el anteproyecto de Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica y el anteproyecto de Ley del Matrimonio.

Violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

La policía continuó haciendo uso excesivo de la fuerza contra presuntos delincuentes y contra manifestantes pacíficos, incluidos miembros de sindicatos y organizaciones políticas. No se llevó ante la justicia a agentes que cometieron violaciones de derechos humanos.

  • El 11 de agosto, agentes de la Unidad para Delitos Graves mataron a tiros a Ntokozo Ngozo, quien una semana antes había dicho a un periodista que la policía quería matarlo. Según testigos, los agentes le dijeron que saliera de la casa donde estaba, en la zona de Makhosini, y, cuando lo hizo, desnudo de la cintura para arriba y con las manos en alto, dispararon contra él a corta distancia, alcanzándolo en el muslo, el abdomen y la espalda. Tardaron en llevarlo al hospital. La declaración inicial de la policía, según la cual le habían disparado cuando huía corriendo, no coincidía con los datos médicos. Los testigos denunciaron haber sido agredidos por la policía; entre ellos se encontraba Nsizwa Mhlanga, quien estuvo detenido hasta el 16 de agosto sin que lo llevaran ante un tribunal. Al final quedó en libertad bajo fianza, en espera de posibles cargos. Al final de año no se había anunciado ninguna investigación sobre el homicidio de Ntokozo Ngozo.
  • En abril, la policía dispersó por la fuerza a partidarios del grupo de oposición Movimiento Democrático Popular Unido que se habían congregado en pasos fronterizos de Suazilandia con motivo del aniversario de un decreto de 1973 por el que estaban prohibidos los partidos políticos. Los manifestantes que se negaban a dispersarse fueron introducidos por la fuerza en vehículos y retirados de allí. A uno de ellos, George Hleta, lo agarraron cinco agentes armados, uno de los cuales casi lo estrangula antes de meterlo a empujones en un furgón. Seis miembros del grupo detenidos fueron acusados de sedición, aparentemente por los lemas de sus pancartas, y estuvieron recluidos durante 12 días. Cinco de ellos quedaron en libertad sin cargos tras pagar una multa por «cruzar la calzada imprudentemente» como admisión de culpabilidad. Sin embargo, Sicelo Vilane estuvo recluido tres semanas más antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Al concluir 2007 no había sido aún juzgado por el cargo de sedición. En el momento de su detención estaba recibiendo aún tratamiento médico por unas lesiones y otros problemas de salud resultantes de agresiones que había sufrido bajo custodia policial en 2006.

En septiembre, el primer ministro recibió el informe de una investigación que el gobierno había encargado a una comisión unipersonal tras ordenarle el Tribunal Superior en marzo de 2006 que examinara las denuncias de tortura formuladas por 16 personas acusadas de traición. Al final del año, el gobierno no había publicado las conclusiones de la investigación.

Violaciones del derecho a un juicio justo

Al concluir el año no se había juzgado aún a 16 personas acusadas en 2006 de traición y otros delitos. Todavía no se había visto una apelación que el Estado había interpuesto por cuestiones de procedimiento contra la decisión de dejarlas en libertad condicional bajo fianza, tomada por el Tribunal Superior en marzo de 2006. Todas ellas se hallaban sometidas a restrictivas condiciones de libertad bajo fianza.

Salud: personas que vivían con VIH/sida

Más de una de cada cuatro personas de entre 15 y 49 años (el 26 por ciento de la población) estaban infectadas con el VIH, según información publicada en junio por la Oficina Central de Estadística sobre la base de las conclusiones de una encuesta de demografía y salud realizada entre julio de 2006 y febrero de 2007. El 49 por ciento de las mujeres de entre 25 y 29 años estaban infectadas, mientras que entre los hombres la tasa más alta de infección, el 45 por ciento, se daba en el grupo de edad de entre 35 y 39 años.

En octubre, un informe publicado por el Consejo Nacional de Respuesta de Emergencia sobre el VIH/sida, junto con un organismo sudafricano, reveló que de casi un cuarto de millón de personas que vivían con el VIH, sólo el 28 por ciento de las que necesitaban clínicamente tratamiento antirretroviral lo recibían.

Cerca del 40 por ciento de la población de Suazilandia necesitaba ayuda humanitaria alimentaria, y el número de personas que no ingerían ningún alimento en todo el día había aumentado con respecto a 2006. Al menos el 69 por ciento de la población vivía en la pobreza. Ésta, junto con el acceso limitado a una alimentación diaria adecuada, continuaba impidiendo a las personas que vivían con el VIH y el sida acceder a servicios de salud y seguir un tratamiento.

Las organizaciones de defensa y humanitarias continuaron presionando al gobierno y a los donantes para que se destinaran recursos a abordar la crisis. En noviembre, miembros del Parlamento y de la Red Nacional de Personas que Viven con el VIH y el Sida de Suazilandia instaron al gobierno a que concediera subsidios mensuales para mejorar el acceso al tratamiento y la atención del VIH/sida.

Derechos de los menores

La encuesta de demografía y salud realizada entre julio de 2006 y febrero de 2007 reveló que el 35 por ciento de los menores eran huérfanos o estaban clasificados como «vulnerables» por enocntrarse sus progenitores o las personas a cuyo cargo estaban enfermos o al borde de la muerte y carecer de acceso seguro a la atención de la salud, la educación, la comida, la ropa, la atención psicosocial o el alojamiento. A algunos se los clasificaba como «vulnerables» porque estaban expuestos a sufrir abusos sexuales o físicos.

La Asociación Nacionalde Educadores de Suazilandia había apelado en 2006 al Tribunal Superior para que obligara al gobierno a pagar a las escuelas para que los huérfanos y demás menores vulnerables tuvieran acceso a la educación. Ahora le preocupaba que los pagos se hicieran tarde y fueran insuficientes. En noviembre, el gobierno informó al Parlamento de que había pagado fondos a 187 escuelas para que se educara a huérfanos y otros menores vulnerables.

Violencia contra las mujeres

El número de casos registrados de violación y otras formas de violencia de género continuó aumentando. El director general de la Policía informó en enero de que en 2006 había aumentado un 15 por ciento con respecto al año anterior. Al concluir el año, la superintendente Leckinah Magagula, directora de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Abusos a Menores, informó de que este organismo había tenido noticia de 707 casos de violación de menores y 463 de violación de mujeres en 2006 y 2007. La organización proveedora de servicios Grupo de Acción contra los Abusos de Suazilandia comunicó en abril que había recibido 2.414 denuncias de abusos el año anterior, incluidos abusos emocionales, económicos, físicos y sexuales.

En septiembre, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) publicó los resultados preliminares de un estudio sobre violencia contra niñas y jóvenes de entre 13 y 24 años. De acuerdo con ellos, una de cada tres entrevistadas había sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años. Asimismo, una de cada seis niñas de entre 13 y 17 años y una de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 habían sufrido violencia sexual el año anterior.

En abril, organismos de la ONU y la agrupación de ONG Consorcio sobre Género, junto con el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, lanzaron una campaña de un año de duración contra la violencia de género.

Hubo continuas mejoras de la respuesta policial a los delitos de violencia sexual por medio del trabajo especializado de la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Abusos a Menores, en cooperación con el Grupo de Acción contra los Abusos de Suazilandia. Sin embargo, el acceso de las supervivientes a la justicia se veía todavía obstaculizado por la falta de formación de los profesionales de la salud, el hecho de que no se hubieran reformado los sistemas de documentación médico forense y la demora de la reforma del marco jurídico y los procedimientos en los juicios por violación.

Pena de muerte

Suazilandia se abstuvo en una votación celebrada en diciembre en la Asamblea General de la ONU sobre una resolución en que se pedía declarar una moratoria mundial de las ejecuciones.

Aunque la Constitución de 2006 permitía el uso de la pena capital, no se llevaban a cabo ejecuciones desde julio de 1983. Tampoco se impuso en 2007 ninguna condena de muerte nueva.

 

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