Sudán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Sudán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Omar Hasán Ahmed al Bashir
Pena de muerte
retencionista
Población
42,3 millones
Esperanza de vida
57,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
117/104 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
60,9 por ciento

El gobierno y los grupos armados continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos de manera generalizada. El conflicto de Darfur fue menos intenso que en años anteriores, pero continuó, y entre las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes hubo ataques contra civiles y contra convoyes de ayuda humanitaria. Se mató a centenares de civiles. La violencia contra las mujeres, incluida la violación, siguió siendo un fenómeno generalizado, que se daba en particular durante ataques contra pueblos y cerca de los campos de personas desplazadas internamente. En Sudán del Sur se intensificaron los enfrentamientos armados y los conflictos étnicos, lo que provocó más de 2.500 muertes y el desplazamiento de más de 350.000 personas. En marzo, la Corte Penal Internacional dictó orden de detención contra el presidente Omar al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A raíz de ello, el gobierno intensificó la represión de las actividades de defensa de los derechos humanos, la oposición política y la sociedad civil y decretó el cierre y la expulsión de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Se condenó a muerte a más de 60 personas, a 54 de ellas en tribunales especiales antiterroristas, y se ejecutó al menos a nueve hombres. Hubo numerosos informes de tortura y otros malos tratos. Persistió el uso de penas crueles, inhumanas y degradantes; se sometió a flagelación al menos a 12 mujeres a las que la policía había detenido principalmente por llevar pantalones.

Información general

Aumentó la tensión entre el Partido del Congreso Nacional, grupo político gobernante, y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán, partido gobernante en Sudán del Sur, particularmente por cuestiones relativas a reformas jurídicas y a la demarcación de las fronteras de Abyei que había definido en julio la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya. La Corte había decidido que los campos petrolíferos de Heglig y Bamboo pertenecían a Sudán del Norte, pero el Movimiento de Liberación Popular de Sudán no estaba de acuerdo.

También continuaron las disputas entre ambos partidos por algunos aspectos del Acuerdo General de Paz de 2005 y el proyecto de ley de referéndum sobre el sur de Sudán, que se aprobó en diciembre.

Las elecciones nacionales previstas para abril se aplazaron hasta abril de 2010. El proceso de registro de votantes, desarrollado desde noviembre hasta diciembre, se vio obstaculizado por varios factores, como la falta de acceso a centros de registro.

En junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió no renovar el mandato de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán y sustituirlo por el de un experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán. El 2 de octubre fue nombrado para el nuevo mandato Mohamed Chande Othman, ex juez de Tanzania.

Bajo los auspicios del gobierno de Qatar y en colaboración con el mediador principal conjunto de la Unión Africana y la ONU para Darfur, Djibril Bassole, se celebraron en Doha consultas preliminares para examinar las posibilidades de establecer un nuevo acuerdo de paz para Darfur. En febrero, el gobierno de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad, uno de los principales grupos armados de oposición de Darfur, firmaron un “acuerdo de fomento de la buena voluntad y la confianza” tras una semana de negociaciones en Doha. Ambas partes se comprometieron a buscar una solución pacífica al conflicto. El acuerdo contenía disposiciones sobre el intercambio de personas capturadas en el conflicto, incluidas las detenidas tras el ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Jartum de mayo de 2008, así como sobre el cese de las detenciones de personas desplazadas y el acceso de éstas a la ayuda humanitaria. El acuerdo se rompió tras dictar la Corte Penal Internacional la orden de detención contra el presidente Al Bashir y negarse el gobierno a entregar a centenares de personas detenidas tras el ataque a Jartum de 2008.

Justicia internacional

El 4 de marzo, la Corte Penal Internacional dictó orden de detención contra el presidente Al Bashir por dos cargos de crímenes de guerra y cinco de crímenes de lesa humanidad. La Unión Africana y la Liga de los Estados Árabes expresaron su apoyo al presidente y solicitaron al Consejo de Seguridad que suspendiera la causa en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La solicitud se rechazó.

La orden contra el presidente Al Bashir era la tercera dictada por la Corte en relación con Darfur. El gobierno sudanés se negaba a cooperar o a entregar a los acusados. Según informes, Ali Kushayb, uno de los antiguos líderes de los yanyawid, milicia aliada con el gobierno, contra quien la Corte había dictado orden de detención en 2007, seguía en libertad. Ahmed Haroun, ex ministro de Estado para Asuntos Humanitarios, contra quien la Corte había dictado también orden de detención en 2007, fue nombrado gobernador de Kordofan Meridional en mayo.

El 7 de mayo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte dictó orden secreta de comparecencia contra Bahar Idriss Abu Garda, presunto coautor de tres crímenes de guerra en el ataque de Haskanita de 2007 contra fuerzas para el mantenimiento de la paz de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). Bahar Idriss Abu Garda compareció voluntariamente ante la Corte el 18 de mayo.

En marzo, la Unión Africana formó un grupo de alto nivel sobre Darfur, encabezado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, para buscar el modo de conseguir paz, justicia y reconciliación en la región. En su informe, presentado en octubre a la Unión Africana, el grupo pidió, entre otras cosas, la creación de un tribunal mixto, formado por jueces sudaneses y jueces de otros países designados por la Unión Africana, para iniciar enjuiciamientos por los delitos más graves cometidos en Darfur. El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana refrendó posteriormente el informe.

Conflicto armado en Darfur

A pesar de la disminución de los ataques y del regreso de algunas personas desplazadas a sus pueblos, el conflicto de Darfur persistió. La población civil siguió siendo la más afectada por los combates, que causaron la muerte de centenares de personas. Los ataques contra pueblos provocaron el desplazamiento de millares de civiles.

También continuaron los ataques contra trabajadores y convoyes de ayuda humanitaria y contra la Operación Híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (UNAMID). Según información publicada en septiembre por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU, en los ocho primeros meses del año murieron 3 miembros del personal de la UNAMID, y 7 del personal humanitario nacional, y resultaron heridos 12 de éste y 10 de aquélla. La UNAMID seguía careciendo de equipo esencial y distaba mucho de contar con los 26.000 soldados uniformados prometidos que necesitaba para cumplir su mandato de proteger a los civiles.

  • En enero, el Movimiento Justicia e Igualdad entró en Muhajeria, localidad del sur de Darfur controlada anteriormente por la facción de Minni Minawi del Ejército de Liberación de Sudán, único grupo armado de oposición de Darfur que había firmado el Acuerdo de Paz de Darfur de 2006 con el gobierno sudanés. Ambos bandos entablaron combates en zonas civiles y las atacaron, y los aviones del gobierno bombardearon la ciudad, matando a decenas de civiles e hiriendo a centenares más y provocando el desplazamiento de la mayor parte de la población. En febrero, alrededor de 6.000 personas buscaron refugio en torno a la base de la UNAMID en Muhajeria. El gobierno pidió a la UNAMID que abandonara la ciudad, pero ésta se negó a hacerlo.

Acceso a la ayuda humanitaria

El 4 de marzo, nada más dictar la Corte Penal Internacional su orden de detención contra el presidente Al Bashir, el gobierno expulsó a 13 organizaciones humanitarias internacionales y cerró tres organizaciones de derechos humanos y humanitarias nacionales. Dijo que algunas de ellas no tenían la documentación en orden y acusó a otras de proporcionar información a la Corte.

Las expulsiones supusieron la salida de Sudán del 40 por ciento de los trabajadores de ayuda humanitaria y amenazaron con tener terribles efectos en la situación humanitaria de Darfur, las zonas de transición (Abyei, el Nilo Azul y Kordofan Meridional) y el este de Sudán, regiones donde vivían gran número de personas vulnerables, que dependían de la ayuda humanitaria.

En junio, el gobierno anunció que iba a autorizar la entrada y el registro de nuevas organizaciones y de su personal. No obstante, no se permitió volver a abrir a las tres organizaciones de derechos humanos y humanitarias cerradas –el Centro de Jartum para los Derechos Humanos y el Desarrollo Ambiental, la Organización para el Desarrollo Social de Sudán (conocida como SUDO) y el Centro Amal para la Rehabilitación de Víctimas de Trauma Físico y Mental, de Jartum–, por lo que quedó un considerable vacío en los servicios humanitarios y la observación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en Darfur y Sudán en general. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional sometió a hostigamiento al personal de estas organizaciones, registró sus oficinas y congeló sus activos.

Violencia contra las mujeres

Siguieron cometiéndose de manera generalizada violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres durante ataques a pueblos y en las inmediaciones de los campos para personas desplazadas internamente, en especial cuando las mujeres se aventuraban a salir de ellos. Las organizaciones que prestaban servicios de protección, en particular a supervivientes de violencia sexual, en Darfur se vieron gravemente afectadas por las expulsiones y cierres de organizaciones humanitarias.

Conflicto armado en Sudán del Sur

Continuaron los enfrentamientos armados entre distintas comunidades étnicas. Según informes, fueron víctimas de homicidio más de 2.500 personas y se vieron desplazadas más de 350.000. La violencia afectó principalmente a las zonas remotas. El estado que más sufrió fue Jonglei, donde según cálculos de la ONU mataron al menos a 2.000 personas.

Aumentaron los ataques contra civiles del Ejército de Resistencia del Señor, grupo armado originario del norte de Uganda. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, los ataques que este grupo llevó a cabo en Sudán del Sur –27 confirmados entre diciembre de 2008 y marzo de 2009– podrían constituir crímenes de guerra.

El aumento de la violencia en todo el sur de Sudán se vio exacerbado por la falta de lluvia, lo que provocó una grave situación humanitaria. La reducción del cultivo y la falta de acceso a los campos, así como las dificultades de las agencias humanitarias para viajar, aumentaron la inseguridad alimentaria, y se calculaba que la amenaza de hambruna afectaba a 1,5 millones de personas.

Detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional continuó deteniendo a personas y recluyéndolas en régimen de incomunicación, particularmente en Jartum y Darfur, tras haber dictado la Corte Penal Internacional la orden de detención contra el presidente Al Bashir. Sus agentes registraron las oficinas de varias ONG sudanesas, se llevaron de ellas archivos y detuvieron a algunos de sus empleados. También detuvieron a personal de organizaciones humanitarias internacionales que el gobierno consideraba que podían proporcionar información a la Corte Penal Internacional. Los defensores de los derechos humanos se vieron especialmente afectados por la oleada de detenciones, y muchos huyeron del país.

En virtud de un nuevo proyecto de ley de Seguridad Nacional aprobado por el Parlamento en diciembre, se mantuvieron las atribuciones del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional para recluir a una persona sin cargos cuatro meses y medio y se conservó la inmunidad penal de los agentes de seguridad.

  • El 21 de octubre, Adam Suleiman Sulman, una de las 103 personas condenadas a muerte por tribunales especiales antiterroristas (véase infra), murió en un hospital de la policía de Jartum adonde lo habían trasladado dos días antes desde la prisión de Kober. Todavía estaba inmovilizado con grilletes, y había sido torturado durante su reclusión. Adam Suleiman Sulman sufría un trastorno mental que, según informes, se había agravado a causa de su reclusión y tortura. Murió de tuberculosis, y en prisión se le había negado la debida atención médica pese a haber advertido su abogado que necesitaba recibir tratamiento con urgencia.

Juicios injustos: tribunales especiales

Entre julio de 2008 y junio de 2009 fueron condenadas a muerte por tribunales especiales antiterroristas 103 personas. Sometidas a juicios carentes de garantías, habían sido declaradas culpables colectivamente de delitos relacionados con su presunta participación en el ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Jartum de mayo de 2008. Los tribunales especiales se habían establecido tras el ataque en aplicación de la Ley Antiterrorista de 2001. Las “confesiones” de la mayoría de los acusados se habían obtenido presuntamente mediante tortura, y los tribunales las habían admitido como prueba principal para declararlos culpables. Muchos de los acusados sólo tuvieron acceso a un abogado una vez comenzado el juicio. Todos, excepto uno que murió bajo custodia (véase supra), estaban a la espera del resultado de sus apelaciones al final del año.

Pena de muerte

Además de las personas condenadas a muerte por los tribunales especiales, al menos seis personas fueron condenadas a muerte por tribunales ordinarios y nueve fueron ejecutadas.

  • Nueve hombres acusados del asesinato del director de periódico Mohamed Taha, que había aparecido decapitado en septiembre de 2006, fueron ejecutados en abril tras confirmar el Tribunal Supremo sus condenas de muerte. Aunque los nueve se habían retractado de sus “confesiones” ante el tribunal alegando que las habían hecho bajo tortura, el Tribunal de Apelación las admitió como prueba contra ellos. Los nueve eran de Darfur.
  • En junio, el Tribunal de Primera Instancia de Jartum condenó a muerte a cuatro hombres por el homicidio del empleado de USAID John Granville y de su chófer, Abdel Rahman Abbas, el 1 de enero de 2008. La familia de este último los indultó, ejerciendo su derecho a hacerlo según la ley islámica vigente en Sudán, por lo que el Tribunal de Apelación devolvió la causa al Tribunal de Primera Instancia, que confirmó de nuevo las condenas de muerte el 12 de octubre. Tres de los acusados denunciaron que habían hecho sus “confesiones” bajo tortura.

Desapariciones forzadas y detención en régimen de incomunicación

Alrededor de 200 de las aproximadamente 1.000 personas detenidas tras el ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Jartum de mayo de 2008 se hallaban en paradero desconocido, según un informe de junio de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán. Al final de 2009, el gobierno no había comunicado aún los nombres de los detenidos, aclarado su condición ni su paradero ni permitido el acceso a ellos de sus familias y abogados.

Libertad de expresión: libertad de prensa

Los medios de comunicación impresos estuvieron sujetos a una fuerte censura durante los nueve primeros meses del año. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional iba todos los días a visitar los periódicos y censuraba los artículos que le parecían perjudiciales para el gobierno o el partido gobernante o que trataban cuestiones delicadas, como la Corte Penal Internacional o Darfur. Esta actuación suscitó protestas de periodistas y propietarios de medios de comunicación, que llegaron incluso a suspender voluntariamente la publicación de éstos. En virtud de una nueva ley de prensa aprobada en junio se mantuvieron las restricciones impuestas a los periodistas, entre ellas la imposición de multas a profesionales y publicaciones por presuntos delitos de prensa, así como las atribuciones del Consejo Nacional de Prensa y Publicaciones para cerrar periódicos. El 27 de septiembre, el presidente Al Bashir suprimió la censura, impuesta 18 meses antes por el Servicio de Inteligencia y Seguridad, y el gobierno pidió a los directores de periódicos que, a cambio, se adhirieran a un “código ético” periodístico cuyas disposiciones podían comportar que no trataran cuestiones que se habrían censurado anteriormente.

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional continuó intimidando y deteniendo a periodistas. Se sometió a hostigamiento y se expulsó a periodistas extranjeros, según informes por escribir artículos sobre cuestiones delicadas o perjudiciales para Sudán.

  • El 2 de marzo fue expulsado, tras haber pasado tres días bajo custodia del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional, Zouhir Latif, periodista tunecino que trabajaba también para el Programa Mundial de Alimentos. Había informado de sucesos ocurridos en Darfur, como una batalla librada en Muhajeria en febrero.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Continuaron imponiéndose y ejecutándose penas crueles, inhumanas y degradantes, incluidas condenas de flagelación.

  • En julio se detuvo en un restaurante de Jartum a 13 mujeres, entre ellas la periodista Lubna Ahmed Hussein, por llevar pantalones, vestimenta que los agentes de la policía de orden público que las detuvieron consideraron “indecente o inmoral”. Diez de ellas fueron condenadas a recibir cada una 10 latigazos en aplicación del artículo 152 de la Ley Penal. La condena se ejecutó. Lubna Hussein presentó su caso ante un tribunal ordinario, que en septiembre la declaró culpable y le impuso una multa. La periodista emprendió una campaña pública contra el artículo 152 y anunció que iba a apelar la sentencia condenatoria.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Cómo puedes ayudar