Sudán

Human Rights in República de Sudán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Omar Hasán Ahmed al Bashir
Pena de muerte retencionista
Población 39,4 millones
Esperanza de vida 57,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 110/96 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 60,9 por ciento

El conflicto que se libraba en Darfur no remitió, y aumentaron los ataques y las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes enfrentadas. Un ataque lanzado contra la ciudad de Omdurmán en mayo por un grupo armado de oposición con base en Darfur precipitó una oleada de ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales, tortura y otros malos tratos a manos del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad y la policía, cuyas víctimas fueron en su mayoría personas originarias de Darfur y miembros del grupo étnico zaghawa. También en mayo, los enfrentamientos armados en Abyei, en la frontera entre el norte y el sur de Sudán, provocaron el desplazamiento de más de 50.000 personas y la destrucción total de la ciudad. El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió que se emitiera una orden de detención contra el presidente Omar al Bashir por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Siguió empleándose la pena capital y los tribunales impusieron condenas de muerte a hombres, mujeres y personas menores de 18 años. Los servicios de seguridad impusieron restricciones severas a la prensa y a profesionales del periodismo.

Información general

En enero comenzó el despliegue de las fuerzas de la Operación Híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (UNAMID), pero al concluir el año sólo habían llegado al país la mitad de los 26.000 efectivos de mantenimiento de la paz prometidos. Además, la fuerza no estaba equipada suficientemente.

En abril se realizó el primer censo después de más de 20 años. El censo, uno de los pilares del Acuerdo General de Paz que había puesto fin al conflicto que durante decenios se desarrolló en Sudán del Sur, y una medida esencial para llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur en 2011, suscitó una gran controversia, ya que no permitía la representación de todas las comunidades sudanesas, entre ellas la de Darfur y la de Sudán del Sur.

El 10 de mayo, un grupo armado de oposición con base en Darfur, el Movimiento Justicia e Igualdad, llevó el conflicto de Darfur a Jartum al lanzar un ataque sobre Omdurmán, ciudad hermana de la capital. El ataque fue repelido por las fuerzas sudanesas.

"Los ataques contra pueblos aumentaron significativamente, causando el desplazamiento de entre 270.000 y 300.000 personas..."

En junio, Djibril Yipènè Bassolé fue nombrado nuevo mediador principal conjunto de la Unión Africana y la ONU, en sustitución de los enviados especiales para Darfur de la Unión Africana y de la ONU, Salim Ahmed Salim y Jan Eliasson.

En julio, el gobierno adoptó una nueva ley electoral. También anunció que las próximas elecciones presidenciales tendrían lugar en julio de 2009, otro paso importante hacia el referéndum de 2011.

El Parlamento sudanés debatió el anteproyecto de una nueva ley penal que incluía delitos de derecho internacional, pero al concluir 2008 la ley no había sido promulgada.

A finales de octubre, el presidente y el partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional, convocaron una reunión destinada a buscar una solución al conflicto de Darfur. La Iniciativa del Pueblo de Sudán, como se la denominó, generó una gran controversia y fue boicoteada por 13 grupos de oposición. Sus resultados debían allanar el camino para las negociaciones de paz en Doha, propuestas por Qatar. Al concluir 2008 continuaban las negociaciones para persuadir a los principales grupos armados de oposición, como el Movimiento Justicia e Igualdad, de que tomaran parte en ella.

Justicia internacional

El 14 de julio, el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo presentó una petición a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte para que emitiera una orden de detención contra el presidente Omar al Bashir. En la petición se incluían 10 cargos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio presuntamente cometidos por «órdenes directas» del presidente Omar al Bashir.

El anuncio de la petición coincidió con un ataque contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la UNAMID, que las puso en estado de alerta y causó el traslado temporal de personal no esencial de la ONU y de las ONG que operaban en Darfur.

La petición hizo que varios Estados de la Unión Africana, de la Liga de los Estados Árabes y de la Organización de la Conferencia Islámica reaccionaran solicitando el aplazamiento de la causa en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En octubre, el gobierno anunció que había detenido a Ali Kushayb, ex dirigente de las milicias yanyawid –contra el que la Corte Penal Internacional había dictado orden de detención en 2007–, para ser enjuiciado ante un tribunal especial en El Geneina, en Darfur Occidental. A pesar de que se anunció que el juicio contra Ali Kushayb comenzaría en octubre, al concluir el año la causa no había comenzado. Se recibieron informes sin confirmar que indicaban que el detenido seguía viajando con libertad entre los estados de Darfur.

Ahmed Haroun, contra el que la Corte Penal Internacional también había dictado orden de detención en 2007, siguió ocupando el cargo de ministro de Estado para Asuntos Humanitarios.

El 20 de noviembre, el fiscal pidió que se emitiesen órdenes de detención contra tres jefes de grupos armados de oposición que operaban en Darfur. El fiscal no hizo públicos sus nombres. Se los acusó de crímenes de guerra en relación con un ataque contra la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) en diciembre de 2007, en el que perdieron la vida 12 integrantes de la fuerza de mantenimiento de la paz.

Conflicto armado en Darfur

El conflicto que se libraba en Darfur se intensificó con un incremento en los ataques y violaciones del derecho internacional humanitario por todas las partes enfrentadas.

Los ataques contra pueblos aumentaron significativamente, causando el desplazamiento de entre 270.000 y 300.000 personas durante el año. Siguieron produciéndose violaciones de derechos humanos generalizadas a pesar del despliegue de la UNAMID.

El contingente de las fuerzas de la UNAMID era insuficiente y su equipamiento militar inadecuado. Con una dotación total de personal uniformado de 11.415 efectivos, apoyados por 721 funcionarios civiles de contratación internacional, 1.393 funcionarios civiles de contratación nacional y 246 voluntarios de la ONU a 31 de octubre, la UNAMID no era capaz de cumplir con eficacia su mandato en Darfur. La falta de helicópteros de ataque y de unidades de transporte pesado mermó su capacidad para proteger a los civiles y a sus propios efectivos. A lo largo del año, 17 miembros de la fuerza resultaron muertos en distintos ataques. La UNAMID no pudo intervenir en varias ocasiones en las que se estaba atacando a civiles de Darfur.

Los ataques a convoyes de ayuda humanitaria se multiplicaron en 2008, lo que redujo a la mitad el suministro de ayuda a Darfur del Programa Mundial de Alimentos. Entre enero y octubre, 11 miembros del personal humanitario perdieron la vida. Este acusado incremento de los ataques contra trabajadores de ayuda humanitaria, junto al secuestro de vehículos y de personas, limitaba la capacidad de acción de las agencias de ayuda humanitaria y de las ONG y su acceso a las comunidades más vulnerables de Darfur.

  • En enero, las Fuerzas Armadas Sudanesas intentaron recuperar el control del corredor septentrional de Darfur Occidental, en manos del Movimiento Justicia e Igualdad. En el curso de la operación se atacaron las poblaciones de Abu Suruj, Saraf Jidad, Silea y Sirba, en Darfur Occidental. El ejército, apoyado por las milicias yanyawid, utilizó bombardeos aéreos para apoyar sus ofensivas terrestres. Toda la región permaneció inaccesible a las organizaciones humanitarias y a la ONU desde mediados de diciembre de 2007 hasta marzo de 2008. Los ataques causaron el desplazamiento de unas 30.000 personas, muchas de ellas a zonas de difícil acceso para las agencias de ayuda humanitaria. Los ataques fueron indiscriminados, y las fuerzas y los servicios de seguridad del gobierno saquearon e incendiaron pueblos a su paso. Los daños a las propiedades civiles fueron generalizados y al menos 115 civiles resultaron muertos en los ataques. En Sirba se denunciaron violaciones ocurridas durante y después de los ataques.
  • El 25 de agosto, fuerzas del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad intentaron entrar en el campo de Kalma, en el sur de Darfur, en busca de drogas y armas ilegales. Con una población de 90.000 habitantes, era el mayor campo para personas desplazadas internas de Darfur. Cuando sus habitantes se negaron a permitir la entrada de las fuerzas del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, éstas lo rodearon, abrieron fuego y, según los informes, bombardearon el campo. Se impidió la entrada y la salida de personas, incluso de heridos y miembros del personal de las agencias humanitarias. Más de 47 civiles perdieron la vida. La UNAMID no intervino.

Violencia contra mujeres y niñas

Continuaron registrándose actos de violencia de género, entre ellos violación y otras formas de violencia sexual.

El gobierno siguió imponiendo restricciones a las actividades de un gran número de ONG internacionales que trabajaban para poner fin a la violencia contra las mujeres. Según los informes, aumentó el grado de interferencia de la Comisión de Ayuda Humanitaria, organismo gubernamental encargado de supervisar y coordinar el trabajo humanitario en Darfur. Amnistía Internacional también recibió informes dignos de crédito según los cuales a lo largo del año el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad acosó a trabajadores de organizaciones que se oponían a la violencia sexual basada en el género.

En un intento desesperado de alejarlos del conflicto, los hombres seguían enviando a sus esposas, hijos e hijas a la capital, donde terminaban viviendo en campos para desplazados internos alrededor de la ciudad, a menudo en medio de una pobreza extrema.

Abyei, Sudán del Sur

La implementación del Acuerdo General de Paz se vio dificultada por los problemas entre el partido gobernante, el Partido del Congreso Nacional, y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Los desacuerdos se produjeron en temas como la demarcación de la frontera norte-sur, el censo y el retorno de personas originarias del sur desde Jartum a Sudán del Sur.

En los meses previos a mayo, las fuerzas del gobierno de Sudán del Sur y las Fuerzas Armadas Sudanesas concentraron tropas alrededor de Abyei, localidad situada en una región rica en petróleo, en la frontera entre el norte y el sur.

En mayo, ambas fuerzas se enfrentaron provocando el desplazamiento de más de 50.000 personas y la destrucción total de la ciudad.

El 8 de junio, el Partido del Congreso Nacional y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán firmaron la Guía para el Regreso de los Desplazados Internos y la Aplicación del Protocolo de Abyei, acuerdo con el que se pretendía resolver la crisis de Abyei.

Detención y reclusión arbitrarias

El ataque del Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán el 10 de mayo, que fue repelido por las fuerzas gubernamentales, causó más de 220 muertes, según las autoridades. Tras el ataque, las fuerzas del gobierno rastrearon Omdurmán, deteniendo a todas las personas –hombres, mujeres, niños o niñas– con aspecto de ser originarias de Darfur, a personas sospechosas de apoyar a los grupos de oposición y, especialmente, a personas de etnia zaghawa. Cientos de civiles fueron detenidos y se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales, así como de tortura y otras formas de malos tratos. Muchas personas fueron recluidas en régimen de incomunicación en lugares de detención no oficiales. La víctima más joven de ese tipo de detención fue un niño de nueve meses que permaneció recluido con su madre en un centro de detención subterráneo durante dos meses. Al menos un hombre falleció a consecuencia de los malos tratos que le infligieron bajo custodia en las dos semanas posteriores a las detenciones.

Tras el ataque, el gobierno anunció en una emisora de televisión nacional que más de 80 niños que habían sido detenidos durante la operación de seguridad en Omdurmán permanecían internados en un centro de rehabilitación social. El gobierno afirmó que los niños –algunos de tan sólo 11 años de edad– vestían uniformes militares y portaban armas cuando fueron aprehendidos. Según los informes, los niños sufrieron malos tratos durante los primeros días de reclusión, aunque se les permitió recibir visitas y posteriormente quedaron en libertad.

Aunque muchas personas detenidas fueron puestas en libertad, de otras no se tuvo noticia, ignorándose su paradero y la suerte que corrieron.

Juicios injustos y pena de muerte

Los tribunales continuaron imponiendo condenas de muerte a hombres, mujeres y personas menores de 18 años.

El comité de reforma legal revisó la Ley del Menor de 2004 y la trasladó al gabinete de ministros para ser objeto de una revisión ulterior. La Ley enmendada redefinía al menor de edad como una persona que no había cumplido los 18 años y elevaba la edad de responsabilidad penal hasta los 18 años. Sin embargo, en espera de su promulgación, la Ley del Menor de 2004 siguió vigente, exponiendo a las personas menores de 18 años al riesgo de sufrir penas inhumanas y degradantes, como la pena de muerte, si habían mostrado «signos de madurez» física en el momento de cometer un delito.

Tras el ataque armado lanzado por el Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán, el presidente del Tribunal Supremo estableció cinco tribunales especiales antiterroristas, en lo que supuso la primera aplicación de la Ley Antiterrorista promulgada en 2001. En un principio los tribunales especiales asumieron la competencia en las causas contra 37 hombres designados individualmente. Durante junio, julio y agosto más de 50 acusados comparecieron ante estos tribunales. Finalmente, un total de 109 personas se enfrentaban a procesos judiciales ante estos tribunales.

Al concluir agosto, 50 hombres habían sido condenados a muerte por los tribunales especiales antiterroristas en juicios carentes de garantías. Los procesos incumplieron las normas internacionales de justicia procesal de formas diversas. A algunos acusados sólo se les permitió reunirse con sus abogados por vez primera durante el juicio y a otros se los declaró culpables sobre la base de confesiones extraídas mediante tortura.

Varios abogados, principalmente miembros del Colegio de Abogados de Darfur, se organizaron en un comité de defensa y se ofrecieron voluntariamente a defender a muchas de las personas juzgadas ante los tribunales especiales. Además, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional cuestionando la constitucionalidad de los tribunales antiterroristas. El recurso fue desestimado.

Tras dictarse las condenas de muerte, los abogados recurrieron las sentencias y las penas. Al concluir el año el Tribunal Especial de Apelaciones no se había pronunciado sobre los recursos.

  • El 22 de mayo, Al Tayeb Ali Ahmed Abdel Rahman fue ejecutado por orden del Tribunal Constitucional, sólo tres horas después de que su familia y sus abogados fuesen informados de que iba a tener lugar la ejecución. Al Tayeb había sido condenado a muerte por un Tribunal Especial en El Fasher el 27 de enero de 2004, tras un juicio carente de garantías en el que no contó con representación letrada. Pese a ello, el Tribunal Constitucional confirmó su condena de muerte. Ex miembro de la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Mini Minawi, había sido declarado culpable de participar en varios ataques perpetrados por el grupo, incluido uno contra el aeropuerto de El Fasher en 2003. El Tribunal Constitucional rechazó un recurso presentado horas antes de su ejecución. Mini Minawi, que había accedido al cargo de asesor presidencial, había pedido que Al Tayeb se beneficiase de la amnistía otorgada en virtud del Acuerdo de Paz de Darfur, pero su demanda no fue atendida.

En diciembre, Sudán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Libertad de expresión: periodistas

Las restricciones impuestas por los servicios de seguridad a la prensa y a los periodistas fueron las más severas desde 2005, cuando se aprobó la Constitución Nacional Provisional como parte de la implementación del Acuerdo General de Paz, que incluía disposiciones para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

En febrero comenzó la reintroducción de medidas de censura contra periódicos de titularidad privada. Entonces, muchos periódicos locales habían informado sobre los vínculos entre el gobierno sudanés y los grupos de oposición chadianos que atacaron la capital de Chad, Yamena. En respuesta, representantes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad reanudaron la inspección diaria de las oficinas de los periódicos y de los lugares donde se imprimían. El ataque lanzado por el Movimiento Justicia e Igualdad contra Omdurmán en mayo provocó un nuevo endurecimiento de las restricciones a la prensa. El Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad ejerció una presión generalizada sobre los periodistas. Mientras algunos fueron objeto de hostigamiento e intimidación, otros fueron detenidos y recluidos, especialmente después del ataque.

Las medidas de censura que se restablecieron en febrero continuaban en vigor al concluir 2008. El 4 de noviembre, más de 100 periodistas ayunaron durante un día para protestar contra la represión de que era objeto la prensa y la violación continuada por parte del gobierno de la libertad de expresión. Tres periódicos no salieron a la calle durante tres días en solidaridad. En respuesta a la protesta, las autoridades los censuraron durante un día.

  • Amnistía Internacional documentó la detención de un periodista que había sido arrestado por agentes del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad tras el ataque de mayo contra Omdurmán. Permaneció más de dos meses recluido en régimen de incomunicación y durante ese tiempo fue torturado continuamente. No se le permitió el acceso a un abogado ni a su familia y ésta ni siquiera fue informada de su paradero. Durante todo el tiempo que duró su detención no se lo acusó formalmente de ningún delito.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 24 de noviembre, miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad detuvieron en Jartum a tres destacados defensores de los derechos humanos. Amir Suleiman, Abdel Monim Elgak y Osman Humeida fueron recluidos y sometidos a torturas antes de quedar en libertad. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia detenidos exclusivamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y asociación.

Informes de Amnistía Internacional

Sudán: La población desplazada de Darfur. Una generación marcada por la ira (en inglés, 1 enero 2008)

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