Sudán - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Sudán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Omar Hasán al Bashir
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 37,8 millones
Esperanza de vida : 57,4 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 113/100 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 60,9 por ciento

El Movimiento de Liberación Popular de Sudán se retiró del gobierno desde octubre hasta el 27 de diciembre, alegando que no se había aplicado el Acuerdo General de Paz de 2005 que había puesto fin al conflicto que durante decenios había enfrentado al norte y el sur de Sudán.

Persistieron el conflicto y la inseguridad en Darfur, al seguir proliferando las armas y los grupos armados. Unas 280.000 personas se convirtieron en desplazadas a lo largo del año. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el envío a Darfur de un contingente de fuerzas de mantenimiento de la paz formado por 26.000 efectivos. El 31 de diciembre, la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS), que no había podido poner fin a los continuos homicidios y violaciones en Darfur, cedió el mando a estas fuerzas. Al finalizar el año, las conversaciones de paz entre el gobierno y grupos armados se habían estancado.

Los servicios de seguridad utilizaron medios letales contra personas que se manifestaban pacíficamente, como por ejemplo las que protestaban contra la construcción de la presa de Kajbar, en el norte de Sudán, y continuaron recluyendo a presuntos opositores en régimen de incomunicación y durante periodos prolongados. La tortura y los malos tratos infligidos a habitantes de Darfur y a otros grupos marginados fueron sistemáticos. Al menos 23 personas fueron condenadas a muerte, y siete, ejecutadas. Se restringió la libertad de expresión y hubo detenciones de periodistas, que fueron considerados presos de conciencia. Continuaron las detenciones arbitrarias en Sudán del Sur.

Los grupos armados también cometieron abusos contra los derechos humanos, como homicidios deliberados de personas cautivas y otros homicidios ilegítimos, detención ilegítima de opositores y toma de rehenes.

Información general

En octubre, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán se retiró del Gobierno de Unidad Nacional encabezado por el presidente Omar Hasán al Bashir, alegando que los ministros del Congreso Nacional –partido en el poder– no habían puesto en práctica las disposiciones del Acuerdo General de Paz y que se había marginado al vicepresidente primero, Salva Kiir Mayardit. En una declaración oficial del Movimiento de Liberación Popular de Sudán se citaron cuestiones como la obstrucción a la transformación democrática, las demoras en el proceso de reconciliación nacional, el hecho de que no se tomasen medidas para la aplicación del Protocolo de Abyei (una zona rica en petróleo a la que el Acuerdo General de Paz concedió un estatus especial), los retrasos en la delimitación de las fronteras entre el norte y el sur, y la falta de transparencia en la distribución de los ingresos procedentes del petróleo. Los ministros del Movimiento de Liberación Popular de Sudán se integraron de nuevo en el Gobierno de Unidad Nacional el 27 de diciembre, pero al concluir el año aún no se habían resuelto las discrepancias con respecto al Protocolo de Abyei.

Continuó vigente el Acuerdo de Paz firmado en 2006 con grupos armados de Sudán oriental, y dirigentes de la oposición del este entraron en el Gobierno de Unidad Nacional. Algunas figuras destacadas afirmaron que a los políticos procedentes del este y cercanos al Congreso Nacional se les había asignado un número desproporcionado de cargos en el gobierno.

La armonización de la legislación nacional con las disposiciones del Acuerdo General de Paz sufrió numerosas demoras. Entre los proyectos de ley que no se aprobaron en 2007 estaban la Ley sobre el Servicio de Seguridad Nacional, la Ley sobre Policía Nacional, la Ley de las Fuerzas Armadas y la Ley Electoral. Además, no se presentaron anteproyectos de ley sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Electoral ni la Comisión de Tierras.

Escrutinio internacional de la situación en Darfur

El secretario general de la ONU presentó al Consejo de Seguridad un informe mensual sobre la situación en Darfur. La relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán también hizo públicos informes periódicos. La Misión de la ONU en Sudán (UNMIS), creada en virtud del Acuerdo General de Paz, contaba con más de 10.000 efectivos en el sur y en Abyei, Nilo Azul y los montes Nuba; además, disponía de 70 observadores de derechos humanos por todo el país, 33 de ellos en Darfur. La UNMIS publicó informes periódicos sobre casos concretos de derechos humanos, pero dejó de dar a conocer actualizaciones regulares sobre este tema.

Se denegó el visado de entrada en Sudán a la misión de alto nivel integrada por cinco miembros y creada en el periodo extraordinario de sesiones sobre Darfur que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró en diciembre de 2006. La misión visitó Chad y otras zonas, y en marzo presentó un informe al Consejo.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos reunió a un grupo de expertos para dar seguimiento a las recomendaciones sobre Darfur formuladas previamente por organismos de derechos humanos. El Consejo Asesor de Derechos Humanos designado por el gobierno sudanés respondió a estas recomendaciones, pero, según el informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en noviembre, sólo se pusieron en práctica unas pocas. El Consejo de Derechos Humanos votó a favor de poner fin al mandato del grupo de expertos, pero mantuvo el de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán.

En diciembre, el Consejo instó a Sudán a que pusiese en práctica todas las recomendaciones pendientes señaladas por el grupo de expertos sobre Darfur, amplió por un año el mandato de la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Sudán y le pidió a ésta que siguiese intentando conseguir la aplicación de dichas recomendaciones.

Un grupo de expertos, creado en 2005 en virtud de la Resolución 1591 del Consejo de Seguridad para vigilar el embargo de armas, informó de que todas las partes lo estaban infringiendo e identificó a nuevas personas como culpables de ello.

En julio, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1769, que establecía la creación de la Operación Híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur (UNAMID), una fuerza conjunta de mantenimiento de la paz integrada por más de 26.000 efectivos, incluidos 6.000 agentes de policía de la ONU. El gobierno de Sudán puso obstáculos al despliegue rápido de las fuerzas al no aprobar la lista de países contribuyentes, entre los que había algunos no africanos. A su vez, los Estados miembros de la ONU no contribuyeron con el envío de material fundamental, como helicópteros. La AMIS cedió el mando a la UNAMID el 31 de diciembre, pero ésta sólo desplegó unos 9.000 efectivos, entre ellos 6.880 soldados y 1.540 agentes de policía.

En febrero, el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte pruebas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur, de los que acusó a Ahmad Muhammad Harun, ex ministro de Estado del Interior y entonces ministro de Estado de Asuntos Humanitarios, y al dirigente de la milicia yanyawid Ali Mohammad Ali Abdel Rahman (también conocido como Ali Kushayb). En abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte dictó órdenes de detención contra los dos hombres. El gobierno de Sudán dijo que se negaba a entregarlos. En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU no llegó a un acuerdo para hacer una declaración de la Presidencia en apoyo de la condena expresada por el fiscal de la Corte ante la ausencia de colaboración por parte de Sudán.

Darfur

Todas las partes importantes del conflicto cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, ataques contra personal y material humanitario, tortura, malos tratos y toma de rehenes.

Continuaron proliferando los grupos armados, en su mayor parte facciones escindidas del Ejército de Liberación de Sudán y del Movimiento Justicia e Igualdad. Al concluir 2007 se decía que había más de 30 grupos armados, incluidos los que representaban a la población árabe. Los grupos armados estaban cada vez más divididos en función de la etnia.

Las milicias yanyawid atacaron a civiles con el apoyo, incluido el aéreo, de las Fuerzas Armadas de Sudán; sin embargo, según informes, algunas milicias se habían convertido en opositoras al gobierno. La Fuerza Aérea de Sudán lanzó bombas contra objetivos civiles y no militares utilizando bombarderos y helicópteros Antonov; algunos de sus aviones estaban pintados de blanco para simular que eran aviones de la ONU. Los grupos armados lucharon contra el gobierno y entre sí. La proliferación de armas hizo que enfrentamientos menores se intensificasen hasta convertirse en conflictos importantes, que se producían a menudo entre grupos étnicos, como los diversos grupos árabes incluidos en fuerzas paramilitares del gobierno. Los ataques y conflictos de tipo étnico por parte de grupos armados se extendieron al vecino estado de Kordofan.

La AMIS tenía escasez de personal, medios de transporte y armas pesadas.

No se respetó el calendario del Acuerdo de Paz de Darfur firmado en 2006 por el gobierno y la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Minni Minawi, rechazado por la mayor parte de los grupos armados de Darfur.

En agosto, la ONU y la UA organizaron una conferencia en Arusha, Tanzania, y, entre octubre y diciembre, el Movimiento de Liberación Popular de Sudán organizó otra en Juba, en Sudán del Sur; en ambos casos se pretendía unificar a los grupos y alcanzar una posición común de cara a la negociación. Algunos grupos se unificaron. Agentes regionales, la ONU y la UA emprendieron una serie de iniciativas para reactivar el proceso de paz. En octubre se celebró en Sirte, Libia, una nueva conferencia de paz auspiciada por la ONU y la UA, pero los grupos armados más importantes se negaron a asistir.

A consecuencia de los ataques, especialmente los del gobierno y grupos paramilitares, alrededor de 280.000 personas se vieron obligadas a desplazarse, lo que hizo que el número de desplazados internos de Darfur ascendiese a más de 2.387.000.

Grandes zonas de Darfur eran inseguras para viajar. Todas las partes implicadas en el conflicto, incluidas las fuerzas paramilitares del gobierno, establecieron controles donde extorsionaban a los viajeros o los detenían.

  • En abril, helicópteros y aviones Antonov del gobierno bombardearon la localidad de Umm Rai, en Darfur Septentrional, en un ataque indiscriminado en el que alcanzaron una escuela y mataron a dos personas.
  • Entre enero y agosto, hombres de la etnia rizeigat del norte, que en su mayor parte llevaban uniformes de la Guardia de Inteligencia de Fronteras o de las Fuerzas Populares de Defensa, atacaron a miembros del grupo étnico tarjum, muchos de los cuales eran también integrantes de fuerzas paramilitares del gobierno. En total murieron en torno a 500 personas en varios ataques.
  • En agosto, más de 50 yanyawid secuestraron a 17 hombres que viajaban desde la ciudad de Nyala hacia campos para personas desplazadas internamente. Mantuvieron a los cautivos atados a árboles, y más de 70 días después los dejaron en libertad tras recibir de ellos 110 millones de libras sudanesas (55.000 dólares estadounidenses).
  • En septiembre, dos grupos armados de oposición, que, según informes, eran ramas escindidas del Movimiento Justicia e Igualdad y del Ejército de Liberación de Sudán/Unidad, atacaron y saquearon la base de la AMIS en Haskanita, en Darfur Septentrional. Mataron a 10 integrantes de la AMIS y robaron armas. Posteriormente, el ejército sudanés ocupó la ciudad y la redujo a cenizas.

Violencia contra las mujeres

Las violaciones siguieron siendo generalizadas, especialmente las de mujeres y niñas desplazadas que recogían leña en el exterior de los campos. En ocasiones, las mujeres eran golpeadas o atacadas pero conseguían escapar. Raras veces denunciaban ante la policía lo que les había ocurrido. Los hombres continuaban dejando que las mujeres se encargasen de recoger leña porque temían que los matasen si se aventuraban a salir de los campos.

  • Durante el segundo semestre de 2007, varias mujeres desplazadas, entre las que había adolescentes, fueron violadas cuando salieron de los campos para personas desplazadas internamente de Zalingei con el fin de recoger leña. En agosto, una mujer embarazada de ocho meses fue violada.

En el norte de Sudán continuó la práctica sistemática de la mutilación genital femenina.

Detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos

Las fuerzas del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia, de los servicios militares de inteligencia y de la policía continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos y uso excesivo de la fuerza. Fueron habituales la tortura y los malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos, presuntos delincuentes, habitantes de Darfur y de zonas marginadas y estudiantes de Jartum. Continuó imponiéndose la pena de flagelación por diversos delitos de orden público, como mantener relaciones sexuales ilegítimas y comerciar con bebidas alcohólicas. Las manifestaciones se reprimieron a menudo haciendo un uso excesivo de la fuerza.

  • Al menos 30 hombres fueron detenidos en junio y julio en relación con las protestas contra la presa de Kajbar. Durante una marcha pacífica organizada en junio, la policía mató a cuatro manifestantes e hirió a otros 11. Entre las personas detenidas había un grupo que había ido a investigar los homicidios, del que formaban parte Mohammed Jalal Ahmad Hashim, profesor de la Universidad de Jartum, miembros del comité contra la presa de Kajbar, como su portavoz, Osman Ibrahim, y periodistas. Los detenidos, incluidos los periodistas, permanecieron recluidos en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 10 semanas y se vieron obligados a firmar una declaración en la que se comprometían a no hablar sobre la presa en el futuro.
  • En julio, Mubarak al Fadel al Mahdi, presidente del Partido de la Comunidad Islámica para la Reforma y la Renovación, fue detenido junto con al menos 40 hombres más, entre los que había numerosos ex militares, y acusado de contrabando de armas y planificación de un golpe de Estado. Poco después se dictó una orden que prohibía hablar sobre el caso en la prensa. El 1 de agosto fue detenido Ali Mahmoud Hassanain, de 73 años, abogado de derechos humanos y vicepresidente del Partido Unionista Democrático. Muchos de los integrantes de este grupo de detenidos fueron torturados mientras permanecían recluidos en régimen de incomunicación durante un periodo de hasta seis semanas, al parecer para obligarlos a confesar una presunta conspiración. Según los informes, para torturar a los detenidos se recurrió a métodos como golpearlos, obligarlos a permanecer sentados o de pie durante largos periodos y colgarlos por una atadura que unía las muñecas y los tobillos a la espalda (método de tortura conocido como tayyara o el avión). En noviembre, Mubarak al Fadel al Mahdi y Ali Mahmoud Hassanain, que era diabético, iniciaron una huelga de hambre para protestar por las ilegalidades y demoras durante el proceso de detención preventiva. El 4 de diciembre, el Estado dejó en libertad sin cargos a Mubarak al Fadel al Mahdi, y el 31 de diciembre todos los demás detenidos recibieron el indulto presidencial.
  • En agosto, tras el presunto homicidio de dos policías, agentes de policía y miembros del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia rodearon el campo de Kalma, cerca de Nyala, en Darfur, y detuvieron a unos 35 desplazados internos. La mayor parte de los detenidos fueron golpeados durante la detención y posteriormente en la comisaría de Nyala Wasat, en donde permanecieron recluidos en régimen de incomunicación prolongada. En octubre quedaron en libertad sin haber sido acusados ni juzgados.
  • En septiembre, más de un centenar de hombres y mujeres, entre los que había estudiantes, participaron en una manifestación con ocasión del Día Mundial por Darfur. Ocho estudiantes fueron detenidos tras las manifestaciones y permanecieron recluidos durante dos días. Según los informes, miembros del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia les vendaron los ojos y los torturaron. El tercer día quedaron bajo custodia policial y las torturas cesaron.

Juicios injustos y pena de muerte

Se sabía que al menos 23 hombres y mujeres fueron condenados a muerte y que siete personas fueron ejecutadas en la horca en 2007, pero se creía que las cifras reales eran mucho mayores. Las penas de muerte continuaban imponiéndose a menudo tras juicios injustos en los que se utilizaban como prueba confesiones extraídas mediante tortura. En varias ocasiones, las personas acusadas fueron condenadas a muerte en juicios en los que no contaron con abogado defensor.

Siguió condenándose a muerte a mujeres por adulterio, pero no se tuvieron noticias de ejecuciones por este motivo. En Darfur, Tribunales Especiales y Tribunales Penales Especiales continuaron llevando a cabo juicios sin las debidas garantías. El Tribunal Penal Especial sobre los Sucesos de Darfur no vio ninguna causa durante el año.

En Sudán del Sur se condenó a muerte a muchas personas que habían sido juzgadas sin contar con asistencia letrada. Sin embargo, no se tuvieron noticias de ejecuciones judiciales durante 2007.

  • El Tribunal Penal de la provincia de Managil, en el estado de Gazira, condenó a Sadia Idriss Fadul en febrero y a Amouna Abdallah Daldoum en marzo a ser lapidadas por adulterio. Ambas mujeres procedían de Darfur. Se creía que la condena había sido conmutada.
  • En noviembre, el Tribunal Penal de Jartum condenó a muerte a 10 hombres procedentes de Darfur, entre los que se encontraban Al Tayeb Abdel Aziz, de 16 años, e Idris Mohammed al Sanousi, de 71, por el asesinato del director de un periódico, Mohammed Taha. Los 10 se retractaron de sus confesiones, que afirmaron haber realizado bajo tortura. El tribunal denegó las peticiones de los abogados defensores para que se ordenasen reconocimientos médicos.
  • En mayo, dos miembros de los servicios militares de inteligencia, Bakhit Mohammed Bakhit y Abdel Malik Abdallah, fueron ejecutados en la horca en la prisión de Shalla, en Al Fasher, Darfur. Habían sido juzgados en agosto de 2005 ante el Tribunal Penal Especial sobre los Sucesos de Darfur y condenados a muerte por asesinato tras la muerte de Adam Idris Mohammed a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia. El jefe de los servicios militares de inteligencia fue absuelto.

Libertad de expresión

Continuaron las restricciones a la libertad de expresión y asociación. Se utilizaron disposiciones de la Ley de Prensa de 2004 para censurar periódicos y limitar la libertad de expresión. El gobierno dictó órdenes que restringían la difusión de información en los medios de comunicación, como prohibiciones arbitrarias de informar sobre casos penales relativos al conflicto de Darfur, sobre investigaciones de los homicidios de civiles en manifestaciones contra la presa de Kajbar, y sobre el caso de Mubarak al Fadel al Mahdi.

  • En noviembre, dos periodistas del diario Al Sudani estuvieron recluidos durante 12 días tras negarse a pagar una multa de 10.000 libras sudanesas (5.000 dólares estadounidenses). Habían sido declarados culpables de difamación por escribir un artículo en el que criticaban al Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia por la detención de otros cuatro periodistas. Se los consideró presos de conciencia.

Sudán del Sur

En Sudán del Sur, región autónoma en virtud del Acuerdo General de Paz, un decreto presidencial creó varias Comisiones del Acuerdo, como la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur. En noviembre, la Asamblea Legislativa de Sudán del Sur aprobó un proyecto de Ley del Ejército. Estaba previsto que se presentasen anteproyectos de ley sobre Funcionariado, Población y Censo, y Desarme, Desmovilización y Reintegración.

Continuaron los enfrentamientos entre diferentes milicias –en los que a menudo se producían homicidios de civiles o secuestros– y las detenciones arbitrarias de personas, que a veces se convertían en rehenes de otros familiares. Muchas personas fueron declaradas culpables sin contar con abogados defensores, en parte debido a la escasez de abogados. Se dictaron algunas condenas a muerte, pero no se tuvieron noticias de ejecuciones judiciales.

  • En octubre, Mapet Daniel Dut fue condenado a muerte por el Tribunal de Justicia de Rumbek. Según los informes, no contó con abogado defensor. Posteriormente escapó de la prisión y la policía detuvo a su hermano y su padre en su lugar. También fueron detenidas dos hermanas que les llevaban comida, pero quedaron en libertad unos días después. Al concluir el año, Mapet Daniel Dut no había sido capturado de nuevo, y su padre continuaba recluido.

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