Sudán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Sudán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudán is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hassan Al Bashir
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Aunque el gobierno y una facción de los grupos armados de oposición de
Darfur firmaron en mayo el Acuerdo de Paz de Darfur, negociado en Abuja
(Nigeria), el conflicto se agudizó y los desplazamientos y los
homicidios aumentaron. El gobierno no desarmó a las milicias conocidas
como yanyawid, que siguieron atacando a civiles en Darfur y realizaron
incursiones transfronterizas en Chad. Durante el año, centenares de
civiles resultaron muertos en Darfur y en Chad, y alrededor de 300.000
se vieron obligados a desplazarse, muchos de ellos de forma reiterada.
Las personas desplazadas dentro de Darfur y las personas de Darfur
refugiadas en Chad no pudieron volver a sus pueblos debido a la falta
de seguridad. En agosto, las fuerzas del gobierno lanzaron una gran
ofensiva en Darfur Septentrional y Jebel Marra, acompañada de ataques
de los yanyawid contra los pueblos, y que continuaba al finalizar 2006.
Las fuerzas aéreas bombardearon con frecuencia a civiles. La Misión de
la Unión Africana en Sudán (AMIS) no pudo detener los saqueos ni los
homicidios, violaciones y desplazamientos de civiles. Los servicios de
seguridad del gobierno recluyeron a presuntos opositores de forma
arbitraria, en régimen de incomunicación y durante largos periodos. La
tortura era generalizada y en algunas zonas sistemática, como en el
caso de Darfur. Defensores de los derechos humanos y organizaciones
humanitarias extranjeras fueron objeto de acoso. Se restringió la
libertad de expresión. Las autoridades desalojaron por la fuerza a
personas desplazadas que se habían asentado en los barrios pobres de
Jartum y a personas de la zona de Hambad, donde se estaba construyendo
una presa. Los grupos armados de oposición perpetraron también abusos
contra los derechos humanos.

Información general

Siguió en vigor el Acuerdo General de Paz firmado en 2005 por el gobierno y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán, aunque en algunas zonas continuaron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y milicias tribales o respaldadas por el gobierno. Salva Kiir Mayardit, presidente del gobierno de Sudán del Sur, fue nombrado vicepresidente primero del Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por el jefe del Estado, el mariscal de campo Omar Al Bashir. Aunque miles de personas desplazadas y refugiadas regresaron a sus hogares en el sur del país, muchas permanecían todavía en campos de refugiados situados en países vecinos o desplazadas en Jartum. En el Acuerdo General de Paz se preveía la creación de comisiones conjuntas, pero algunas de ellas o bien no se habían puesto en marcha todavía al finalizar 2006, como la Comisión de Derechos Humanos, o no funcionaban de forma efectiva, como la Comisión Nacional del Petróleo.

Los miembros del Gobierno de Unidad Nacional procedentes del sur del país no fueron consultados sobre cuestiones importantes como la crisis de Darfur, y se quejaron de que la parte que recibía el sur de los ingresos provenientes del petróleo era insuficiente. El gobierno de Sudán siguió rechazando el informe emitido en julio de 2005 por la Comisión de Fronteras de Abyei y no adoptó ninguna medida para aplicar el Protocolo de Abyei, que preveía un gobierno compartido en la zona fronteriza de Abyei, rica en petróleo.

En junio, el gobierno sudanés y el Frente Oriental de Sudán, formado por el Congreso de Beja y el Movimiento de los Leones Libres en representación del grupo étnico rashaida, firmaron en Asmara (Eritrea) el Acuerdo de Paz de Sudán Oriental. Se levantó el estado de excepción en el este de Sudán.

Sudán se adhirió a los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra. En marzo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre Organización del Trabajo Humanitario y Voluntario, que imponía restricciones a las actividades de las ONG nacionales e internacionales.

Las comisiones oficiales de investigación creadas en años anteriores no informaron sobre sus conclusiones, como por ejemplo acerca de las muertes bajo custodia de miembros del Congreso Popular en septiembre de 2004 o de los homicidios de manifestantes en Port Sudán en enero de 2005.

Escrutinio internacional de la situación en Darfur

En marzo, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana pidió que el cometido de la fuerza de pacificación de la AMIS en Darfur se traspasara a una fuerza de la ONU. La falta de equipamiento y de fondos, los problemas organizativos internos y las restricciones impuestas a sus actividades por el gobierno mermaban la efectividad de la AMIS.

La Misión de la ONU en Sudán (UNMIS), una gran fuerza multidimensional de pacificación de la ONU creada en virtud del Acuerdo General de Paz, contaba con más de 10.000 efectivos en el sur y en Abyei, los montes Nuba y Nilo Azul en el norte. En agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1706 para enviar una fuerza de la ONU con el fin de proteger a la población civil de Darfur, pero el gobierno la rechazó. Sí aceptó un acuerdo adoptado en diciembre por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para ampliar el mandato de la AMIS en seis meses, hasta junio de 2007, y desplegar después una fuerza mixta reforzada de la Unión Africana y la ONU en Darfur.

Un grupo de expertos, creado en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad para vigilar el embargo de armas impuesto en 2005, señaló en varias ocasiones que todas las partes lo estaban infringiendo. En una resolución aprobada en mayo por el Consejo de Seguridad se ordenaba que se prohibiera viajar a cuatro personas citadas por el grupo de expertos y se congelaran sus activos financieros.

El secretario general de la ONU, la sección de derechos humanos de la UNMIS y el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Sudán presentaron informes de forma periódica al Consejo de Seguridad. En septiembre, el gobierno ordenó la expulsión de Jan Prok, representante del secretario general de la ONU para Sudán, después de que éste describiera en su blog personal las derrotas de las fuerzas del gobierno en Darfur Septentrional e hiciera comentarios sobre la baja moral del ejército.

En una sesión especial sobre Darfur celebrada en diciembre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se decidió enviar una delegación de alto nivel, compuesta por cinco miembros, para evaluar la situación de los derechos humanos en esa región.

El fiscal de la Corte Penal Internacional visitó Jartum en febrero y en junio, pero no se desplazó a Darfur ni dictó actas de acusación formal en 2006. Presentó informes semestrales al Consejo de Seguridad de la ONU. En diciembre dijo que su oficina estaba tratando de ultimar los informes que se presentarían a los jueces en febrero de 2007.

Sudán del Sur

Continuaron los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y las milicias respaldadas por el gobierno, así como entre grupos étnicos rivales.

En abril y mayo, decenas de civiles resultaron muertos como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados y de ataques directos a pueblos en el estado de Jonglei. Unos 30 civiles murieron en Malakal durante los intensos combates registrados en noviembre entre el Ejército de Liberación Popular de Sudán y milicias del sur integradas en las fuerzas armadas sudanesas.

Las detenciones arbitrarias fueron un fenómeno generalizado.

Charles Locker, director ejecutivo de la ONG Manna Sudan, fue detenido en julio por las autoridades locales en Ikotos y estuvo recluido sin cargos ni juicio en Torit hasta septiembre. Al parecer lo detuvieron por criticar la intervención del gobernador del estado de Ecuatoria Oriental y de otras autoridades del gobierno local en los enfrentamientos tribales.

Darfur

En mayo, el gobierno y una facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Minni Minawi firmaron el Acuerdo de Paz de Darfur. Otros grupos armados de oposición, como el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad, se negaron a suscribirlo. La mayoría de las personas desplazadas se oponían al acuerdo, pues consideraban que carecía de garantías de indemnización y retorno seguro. En muchos campos de desplazados tuvieron lugar manifestaciones que desembocaron en disturbios y en las que hubo muertos, incluidos agentes de policía, y se practicaron numerosas detenciones. Algunas personas y grupos firmaron después el acuerdo de paz. En virtud de este acuerdo se nombraba a Minni Minawi asistente superior del presidente. Sin embargo, al igual que había sucedido tras numerosos acuerdos anteriores, el gobierno incumplió su promesa de desarmar a los yanyawid, y al finalizar 2006 no funcionaba ninguna de las comisiones acordadas, como la Comisión de Indemnizaciones. Algunos yanyawid se integraron en las fuerzas armadas o permanecieron encuadrados en unidades paramilitares, y siguieron recibiendo ayuda económica y material del gobierno.

El gobierno no adoptó ninguna medida para detener las incursiones transfronterizas de los yanyawid contra determinados grupos étnicos de Chad, que acarrearon la muerte de centenares de civiles y el desplazamiento de decenas de miles de personas durante la primera mitad del año. Estas incursiones se reanudaron en octubre, y en ellas unas 500 personas fueron objeto de homicidios ilegítimos, muchas más fueron violadas, miles se vieron expulsadas de sus casas y algunos pueblos resultaron destruidos (véase el apartado sobre Chad). La cifra total de personas desplazadas en Chad como consecuencia de estos ataques ascendió a 100.000.

Varios grupos armados que se oponían al Acuerdo General de Paz se reagruparon en el Frente de Redención Nacional en junio. Tras concentrar en agosto un gran número de efectivos en Darfur, el gobierno lanzó una ofensiva contra las zonas controladas por estos grupos en Darfur Septentrional y en Jebel Marra. Aeronaves del gobierno bombardearon a la población civil de forma directa o indiscriminada. También las fuerzas de la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Minawi atacaron a civiles. En noviembre aumentaron las muertes y los desplazamientos forzados de civiles causados por los yanyawid en los pueblos próximos a las zonas controladas por los grupos armados de oposición. Miembros de grupos armados de oposición atacaron convoyes humanitarios, secuestraron a trabajadores de ayuda humanitaria y, según los informes, mataron y torturaron a civiles.

En julio, más de 72 personas, entre ellas 11 alumnos de enseñanza primaria, resultaron muertas durante los ataques perpetrados por la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Minawi -por aquel entonces aliada con el gobierno- contra pueblos de Darfur Septentrional controlados, al parecer, por el Ejército de Liberación de Sudán. Se acusó a la AMIS de no responder a las peticiones de ayuda.

En la región de Gereida persistió la inseguridad a lo largo de 2006, y decenas de pueblos resultaron destruidos como consecuencia de los ataques de los yanyawid o de otros grupos armados. Unas 80.000 personas huyeron del campo de desplazados internos de Gereida tras los combates registrados en octubre entre la facción del Ejército de Liberación de Sudán encabezada por Minawi y el Movimiento Justicia e Igualdad.

En noviembre resultaron muertos al menos 50 civiles, incluidos 21 niños menores de 10 años, cuando los yanyawid atacaron ocho pueblos y un campo de desplazados en Jebel Moon (Darfur Occidental). Las tropas de la AMIS llegaron el día después del ataque. El gobernador de Darfur Occidental prometió realizar una investigación, pero al finalizar 2006 no se habían hecho públicas todavía las conclusiones.

Violencia contra las mujeres

Siguieron siendo sistemáticas las violaciones de mujeres por parte de las milicias yanyawid en Darfur. La mayoría tenían lugar cuando las mujeres se aventuraban a salir de los campos de desplazados para recoger leña.

Otras mujeres eran violadas tras los ataques de los yanyawid a los pueblos. Los responsables gozaban de una impunidad casi total. Las autoridades no adoptaban nunca medidas efectivas para investigar las denuncias de violación formuladas por las mujeres. En algunos casos se llegaba incluso a detener a las mujeres violadas, acusándolas de adulterio.

En mayo, unos agentes de la policía militar que viajan en tren a Nyala violaron a seis mujeres cerca del campo de desplazados internos de Belail. Los dirigentes comunitarios denunciaron estas violaciones a la policía, que inmediatamente detuvo a los tres hombres. Al día siguiente, los tres habían sido puestos en libertad.

Los yanyawid que apoyaban la ofensiva lanzada en septiembre por las fuerzas armadas en Darfur Septentrional capturaron a cinco niñas y mujeres con edades comprendidas entre 13 y 23 años en la localidad de Tarmakera, al sur de Kulkul. Según los informes, las violaron y las golpearon brutalmente antes de dejarlas en libertad al día siguiente.

Violencia contra manifestantes

Se hizo uso excesivo de la fuerza en muchas manifestaciones contra la política del gobierno.

La policía sofocó, con porras y gas lacrimógeno, las manifestaciones pacíficas celebradas el 30 de agosto en Jartum en protesta por el alza de los precios del petróleo y del azúcar. Se impusieron penas hasta de dos meses de cárcel a 80 personas por delitos de orden público.

Libertad de expresión

Había restricciones a la libertad de expresión y de asociación. Se detuvo con frecuencia a periodistas y se censuraron y secuestraron periódicos.

Agentes del Departamento de Seguridad Nacional irrumpieron en una reunión de ONG nacionales e internacionales -previa a la cumbre que iba a celebrar en enero la Unión Africana en Jartum- a la que asistía una delegación de Amnistía Internacional. Tres de los participantes fueron detenidos durante un breve periodo.

En febrero, cinco miembros de la ONG Organización para el Desarrollo Social de Sudán estuvieron detenidos durante varias horas después de impartir una sesión de formación sobre observación de los derechos humanos en la Universidad de Al Da'ein, en Darfur Meridional.

En octubre, Abdallah Abu Obeida, corresponsal del periódico Al-Ra'y al-?Amm, estuvo recluido durante dos semanas en régimen de incomunicación. Fue interrogado sobre Darfur antes de quedar en libertad sin cargos.

Se acosó y, en ocasiones, se detuvo a defensores de los derechos humanos.

Los abogados de derechos humanos Mossaad Mohammed Ali y Adam Mohammed Sharif fueron detenidos brevemente en mayo. Trabajaban en el Centro Amal, ONG que proporcionaba asesoramiento jurídico y rehabilitación a víctimas de tortura. Adam Mohammed Sharif quedó en libertad al día siguiente, pero Mossaad Mohammed Ali permaneció detenido durante cinco días antes de ser puesto en libertad como consecuencia de las protestas que se registraron en todo el mundo. No se presentaron cargos contra ellos ni se dio ningún motivo para su detención.

Privación de libertad

Las fuerzas de seguridad, en especial el Departamento de Seguridad Nacional, recluyeron a personas de forma arbitraria, en régimen de incomunicación y sin cargos ni juicio.

En marzo, tras ser detenidos en Kassala, Ali Hussein Mohammed Omar y otros dos miembros del Congreso del Beja fueron sometidos a malos tratos y recluidos durante 10 semanas en lugares secretos, sin cargos ni acceso a familiares o abogados.

En septiembre se detuvo en Jartum a decenas de personas de Darfur y otros lugares, al parecer en relación con el asesinato de Mohammed Taha, redactor jefe del periódico Al-Wifaq, y se las recluyó en régimen de incomunicación sin formular contra ellas cargos formales. El homicidio de Mohammed Taha, cometido en septiembre, había tenido al parecer motivaciones políticas. Entre los detenidos se encontraba Abulgasim Ahmed Abulgasim, expulsado de forma sumaria de Arabia Saudí (véase el apartado de Arabia Saudí). En mayo, durante las manifestaciones y protestas violentas contra el Acuerdo de Paz de Darfur que se organizaron en numerosos campos de desplazados situados en Darfur, se detuvo a decenas de personas desplazadas.

En mayo, Mohammed Osman Mohammed y dos hombres más fueron detenidos después de que la policía utilizara fuego real contra manifestantes en el campo de desplazados de Otash. El mismo día la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra decenas de manifestantes, entre los que había mujeres, cuando llevaban a la oficina de la ONU en Nyala un memorando en el que se recogían sus motivos de preocupación sobre el Acuerdo de Paz de Darfur. Se detuvo a decenas de personas y 25 permanecían recluidas en espera de juicio al finalizar 2006.

Tortura y castigos crueles, inhumanos o degradantes

Se imponían castigos crueles, inhumanos o degradantes, como la flagelación, por delitos como el adulterio o la elaboración de bebidas alcohólicas. La tortura siguió utilizándose de forma sistemática contra ciertos grupos, como estudiantes y personas detenidas en Darfur.

En febrero, la policía armada y los servicios de seguridad golpearon con porras a decenas de estudiantes de la Universidad de Juba, en Jartum, que se habían concentrado para pedir que la universidad se trasladara de nuevo a Juba. Se detuvo a unas 51 personas y, según los informes, se las condujo a centros de detención secretos conocidos como «casas fantasma», donde se las golpeó, se las privó de comida y no se les permitió el acceso a asesoramiento jurídico ni a sus familiares.

Según los informes, Ibrahim Birzi murió como consecuencia de torturas y, al parecer, fue enterrado en un lugar secreto. Era uno de los 13 desplazados internos de Foro Baranga, localidad de Darfur situada al sur de Al Yeneina, que habían sido detenidos en septiembre y sometidos a tratos como golpearlos brutalmente con cadenas de bicicleta y látigos de cuero y sumergirles la cabeza bajo el agua. Según los informes, eran presuntos simpatizantes del Movimiento y el Ejército de Liberación de Sudán.

Juicios y condenas a muerte

Los tribunales de apelación y los tribunales penales de Jartum absolvieron en juicio a algunos detenidos políticos. Sin embargo, en la mayoría de los procesos judiciales se restringía o negaba el derecho de defensa y se aceptaban como prueba testimonios obtenidos bajo coacción. Se impusieron decenas de condenas a muerte, generalmente en juicios injustos en los que no se había respetado el derecho de defensa, incluido el derecho a disponer de asistencia letrada.

En abril, los últimos 10 acusados en un juicio contra miembros del Congreso Popular fueron absueltos después de que el Tribunal Especial de Jartum Norte aceptara que sus confesiones se habían obtenido bajo tortura. Habían sido detenidos en septiembre de 2004 y acusados de intento de golpe de Estado.

En un juicio ante el Tribunal Penal de Jartum contra 137 residentes de Soba Arabia, asentamiento situado en Jartum Norte en el que vivían sobre todo personas desplazadas, 62 detenidos fueron absueltos en junio y agosto por falta de pruebas. Se habían formulado cargos contra ellos en relación con unos enfrentamientos registrados en mayo de 2005, como consecuencia de la pretensión de trasladar el asentamiento, y en los que habían muerto 14 agentes de policía y 30 personas desplazadas. En noviembre se condenó a muerte a siete acusados.

Los juicios celebrados en Darfur ante los tribunales penales especiales, creados en 2003 para juzgar delitos como el bandidaje, no cumplieron las normas internacionales sobre justicia procesal. En algunos casos, los tribunales admitieron como prueba confesiones realizadas, según los informes, bajo coacción y de las que sus autores se habían retractado después ante el tribunal.

Los juicios celebrados ante el Tribunal Penal Especial sobre los Sucesos de Darfur se centraron sobre todo en delitos ordinarios no relacionados con los crímenes tipificados por el derecho internacional cometidos en Darfur. La puesta en marcha del Tribunal en julio de 2005 coincidió con el inicio de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados en Darfur.

En mayo, en la única causa sobre ataques a civiles de la que se tuvo noticia que se hubiera presentado ante el Tribunal Penal Especial sobre los Sucesos de Darfur, tres hombres, entre ellos dos guardias de fronteras, fueron condenados a penas hasta de tres años de cárcel por haber robado mercancías en la localidad de Tama en octubre de 2005. No se acusó a nadie en relación con el homicidio de 28 civiles durante el ataque.

Desalojos forzosos

Se produjeron desplazamientos forzados en muchas zonas, como Darfur, áreas del sur y la zona de la presa de Meroe. Las autoridades municipales de Jartum siguieron desalojando por la fuerza a personas desplazadas internamente que se habían asentado en la zona de Jartum, a pesar de un acuerdo alcanzado entre el gobernador del Estado de Jartum y el Comité Consultivo sobre Labores de Replanificación Relacionadas con Personas Desplazadas, integrado por representantes de la ONU, otros gobiernos y donantes. El gobernador había prometido un aplazamiento de todos los traslados hasta que estuvieran mejor planificados y los nuevos emplazamientos cumplieran ciertas normas mínimas.

El 16 de agosto, sin previo aviso, las excavadoras empezaron a derribar las viviendas de Dar Al Salam, asentamiento situado 43 kilómetros al sur de Jartum que albergaba a unas 12.000 personas desplazadas. Muchas de ellas habían huido de las sequías y hambrunas que asolaron Darfur en los años ochenta. Policía armada y fuerzas especiales hicieron uso de la violencia y de gas lacrimógeno contra los residentes y llevaron a cabo detenciones. Cuatro personas murieron, entre ellas un menor, y muchas resultaron heridas.

La construcción de la presa de Meroe en el río Nilo comportará el traslado de unas 50.000 personas. En agosto se dio un plazo de seis días a 2.723 familias de Amri para que evacuaran sus casas y, según los informes, no se les facilitó alojamiento, comida ni asistencia médica. Los periodistas que intentaron visitar a las personas desplazadas fueron detenidos brevemente y devueltos a Jartum.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Chad/Sudán: El fruto de las semillas de Darfur. Ataques étnicos en Chad de las milicias yanyawid de Sudán (Índice AI: AFR 20/006/2006)

• Sudán: La protección de la población civil en Darfur. Documento sobre un mantenimiento de la paz eficaz (Índice AI: AFR 54/024/2006)

• Darfur: Korma. No cesan los ataques contra civiles (Índice AI: AFR 54/026/2006)

• Sudán: Darfur. Amenazas a la ayuda humanitaria (Índice AI: AFR 54/031/2006)

• Sudán: Darfur clama por la seguridad (Índice AI: AFR 54/055/2006)

• Sudán/China: Llamamiento de Amnistía Internacional al gobierno chino con ocasión de la Cumbre Chino-Africana para el Desarrollo y la Cooperación (Índice AI: AFR 54/072/2006)

• Sudán: La solución del gobierno sudanés: dar rienda suelta a los yanyawid en Darfur (Índice AI: AFR 54/078/2006)

• Sudán/Chad: «Sin que nadie las socorriera». La violación sexual se extiende de Darfur al este de Chad (Índice AI: AFR 54/087/2006)

Visitas

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Jartum para asistir a una reunión de ONG durante la celebración de la cumbre de la Unidad Africana en enero. A Amnistía Internacional no se le concedieron más visados para visitar Sudán.

• Representantes de Amnistía Internacional visitaron Chad en mayo, julio y noviembre para llevar a cabo investigaciones sobre Sudán y sobre las incursiones en Chad desde este país.

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