Sudáfrica - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Sudafricana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudáfrica is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Thabo Mbeki
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 47,7 millones
Esperanza de vida : 50,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 77/70 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 82,4 por ciento

En un contexto de pobreza y desempleo generalizados, la policía respondió a una serie de protestas públicas haciendo un uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones arbitrarias. Continuaron recibiéndose informes sobre condiciones penitenciarias deficientes y torturas a presuntos delincuentes que se encontraban bajo custodia policial. La ONU criticó el hecho de que las autoridades no respetaran el principio de no devolución (non-refoulement). La violación y otras formas de violencia contra las mujeres eran habituales, y continuaron existiendo dificultades para lograr protección y justicia. Se aprobó un nuevo plan estratégico sobre VIH/sida, pero menos de la mitad de las personas que necesitaban tratamiento con antirretrovirales podía acceder a él.

Información general

Las crecientes críticas en el seno del partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (African National Congress, ANC), con respecto a las políticas económicas del gobierno y al estilo de liderazgo del presidente Mbeki culminaron en diciembre con la elección de Jacob Zuma como presidente del ANC. Sus partidarios consiguieron todos los puestos dirigentes del partido. Días después, las tensiones políticas aumentaron cuando el Tribunal Superior de Pietermaritzburg procesó a Jacob Zuma por 16 cargos de fraude y otros delitos. Estaba previsto que el juicio comenzase en 2008.

En septiembre, el presidente Mbeki suspendió de su cargo al director nacional de la Fiscalía General, Vusi Pikoli, que estaba investigando las posibles actividades corruptas por parte del director general nacional de la Policía Sudafricana, Jackie Selebi. La suspensión, que se decretó poco después de que el director nacional de la Fiscalía General hubiera conseguido una orden judicial para detener a Jackie Selebi, recibió numerosas críticas, como las del Colegio de Abogados de Sudáfrica, entre otros. Al concluir el año, el director general de la Policía continuaba siendo investigado.

Más del 43 por ciento de la población sudafricana vivía por debajo del umbral de la pobreza, establecido en 3.000 rands (unos 440 dólares estadounidenses) al año, y el desempleo era como mínimo del 25 por ciento. Más de 11 millones de personas recibían subsidios de asistencia social ofrecidos por el Estado. Aunque mejoró la provisión de servicios básicos a las comunidades, el acceso a una vivienda adecuada continuaba constituyendo un grave problema y una causa de conflicto social, al igual que los litigios sobre derechos humanos entablados en los tribunales.

Los elevados índices de delitos violentos continuaban causando preocupación generalizada entre la opinión pública, con el consiguiente aumento de la presión sobre el gobierno y la policía para que actuasen de modo efectivo. Organismos del gobierno y de la sociedad civil avanzaron en la creación de una carta de servicios para las víctimas de la delincuencia.

En julio, un comité parlamentario recomendó la creación de un organismo de derechos humanos que incluyese a la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y a otras organizaciones, como la Comisión sobre la Igualdad de Género, a fin de mejorar su eficacia, reducir costes y promover el carácter indivisible de los derechos humanos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Continuaban los abusos contra los derechos de los extranjeros recluidos bajo custodia policial o en centros de detención de inmigrantes, y las personas que solicitaban asilo se encontraban con dificultades para acceder a los procedimientos de determinación de los casos de asilo.

El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresó preocupación por la detención administrativa de inmigrantes durante 30 días o más sin revisión judicial obligatoria, y por el hecho de que las autoridades no respetasen el principio de no devolución (non-refoulement).

En febrero, el Tribunal Superior de Pretoria desestimó una solicitud para declarar ilegal la entrega a Pakistán de un ciudadano de ese país, Khalid Mehmood Rashid, que se había llevado a cabo en noviembre de 2005 sin las salvaguardas adecuadas. El Tribunal también se negó a ordenar al gobierno que investigase su posterior desaparición durante 18 meses. En octubre de 2007, el Tribunal denegó un segundo recurso presentado contra el fallo que había emitido en febrero. Se iniciaron los trámites para presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo de Apelaciones.

En septiembre, en el caso del solicitante de asilo libio Ibrahim Ali Abubakar Tantoush, el Tribunal Superior de Pretoria declaró ilegales las decisiones de los organismos encargados de determinar los casos de asilo, que le habían negado la condición de refugiado, y lo declaró refugiado con derecho a obtener asilo.

Uso excesivo de la fuerza por parte de la policía

La policía respondió a una serie de manifestaciones públicas de protesta por la situación socioeconómica haciendo un uso excesivo de la fuerza y practicando detenciones arbitrarias.

  • En septiembre, manifestantes desarmados protestaron en la zona de Durban por la carencia de viviendas adecuadas. Los organizadores de la manifestación, Shackdwellers Association, habían cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Reuniones. Los participantes esperaban pacíficamente para presentar una petición cuando la policía los dispersó sin previo aviso, recurriendo a cañones de agua a presión, granadas paralizantes, porras y balas de goma. Persiguieron a los manifestantes que huían y los golpearon indiscriminadamente. Un total de 14 activistas fueron detenidos, incluido uno de los organizadores, Mnikelo Ndabankulu, que había ido a la comisaría a comprobar cómo se encontraban los demás. Fueron acusados de violencia pública. En noviembre, los procedimientos judiciales se aplazaron hasta 2008. Algunas de las personas detenidas sufrieron lesiones a causa de los golpes y de las balas de goma, como fue el caso de Mariet Nkikine, que recibió cinco disparos a quemarropa en la espalda.

En la provincia de Limpopo, los vecinos a quienes se negaba el acceso a sus tierras, afectadas por explosiones para la extracción de mineral, y que iban a ser objeto de reasentamiento a gran escala, protestaron contra Anglo-Platinum y otras empresas mineras.

  • En enero, unos agentes de policía dieron patadas, puñetazos y empujones a 15 manifestantes, en su mayoría mujeres de la localidad de Ga-Puka, que intentaban impedir que la empresa minera separase sus campos con una valla. Una mujer que tenía una discapacidad física afirmó que la policía la había golpeado y le había rociado los ojos de cerca con un pulverizador de pimienta, cuando ya estaba bajo su custodia. Todos los manifestantes quedaron posteriormente en libertad sin cargos.
  • En mayo, la policía detuvo en Maandagshoek a 18 personas, incluidas una mujer embarazada y otra con un bebé lactante, y las mantuvo recluidas de forma ilegítima durante 12 días. Quedaron en libertad bajo fianza tras ser acusadas de violencia pública. Anteriormente, en marzo, el tribunal regional de primera instancia había desestimado los cargos contra otros habitantes de Maandagshoek que en junio de 2006 habían celebrado una manifestación, dispersada por la policía haciendo un uso excesivo de la fuerza.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron recibiéndose informes de tortura y malos tratos por parte de la policía durante las investigaciones criminales. Entre los casos confirmados figuraba la utilización de perros policía para atacar a sospechosos que llevaban grilletes, torturas mediante asfixia, golpes con culatas de armas, y patadas y golpes a los sospechosos por todo el cuerpo. Las agresiones se producían en diversos lugares, como en las casas de los sospechosos o cerca de ellas. En algunos casos, a los detenidos heridos se les negaba la atención médica urgente que necesitaban.

  • En septiembre, Z.S. fue atacado por perros policía mientras unos agentes lo mantenían esposado y tendido boca abajo en el suelo. Sus heridas se infectaron antes de recibir tratamiento médico mientras estaba detenido en una comisaría de la zona de Durban.

El organismo de supervisión de la policía, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía, informó de que entre abril de 2006 y marzo de 2007 recibió 23 denuncias de tortura y 530 quejas por agresión con intención de causar lesiones graves. Durante ese mismo periodo de 12 meses, recibió 279 nuevos informes de muertes bajo custodia, además de informes sobre 419 muertes causadas por la actuación policial, que incluían 141 casos de sospechosos que habían muerto a causa de disparos efectuados durante la aprehensión. Casi el 50 por ciento de estas 698 muertes se produjo en las provincias de Gauteng y KwaZulu Natal.

Condiciones penitenciarias

En septiembre, según se afirmó, unos presos desarmados de la Sección B de la prisión de Durban que se negaron a abandonar sus celdas fueron agredidos por guardas y agentes de seguridad que utilizaron perros guardianes, escudos paralizantes de electrochoque y porras. Cuatro semanas después, observadores de los derechos humanos informaron de que algunos presos aún tenían lesiones visibles. A los presos se les negó la asistencia de un médico independiente.

Los procedimientos penales contra funcionarios penitenciarios de la prisión de Ncome, en KwaZulu Natal, se aplazaron para realizar nuevas investigaciones sobre la agresión sufrida por unos 50 presos en 2003. En 2006, la Comisión de Investigación Jali había recomendado que se presentaran cargos contra los funcionarios y había criticado la inacción de las autoridades penitenciarias.

El Servicio de Inspección Judicial de Prisiones, órgano de supervisión de la administración penitenciaria, realizó una inspección en 235 prisiones de todo el país y concluyó que el hacinamiento, la ausencia de programas de rehabilitación y los recortes de personal eran problemas «sistémicos», y que los servicios de atención a la salud se encontraban en una situación de «crisis».

Impunidad

En julio, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en la época del apartheid, el Grupo de Apoyo Khulumani y otras dos ONG iniciaron actuaciones ante el Tribunal Superior de Pretoria para que se declarasen no válidas las modificaciones introducidas en 2005 en la Política Nacional sobre Procesamientos que permitirían gozar de impunidad a los perpetradores que no habían colaborado con la Comisión de la Verdad y Reconciliación o a quienes la Comisión había denegado la amnistía. Las actuaciones continuaban al finalizar 2007.

En agosto, el Tribunal Superior de Pretoria impuso condenas condicionales a Adriaan Vlok, ex ministro de Orden Público de la época del apartheid, y a otras cuatro personas tras aceptar un acuerdo de sentencia entre la fiscalía y la defensa. Los acusados habían expresado «remordimiento» por el intento de asesinato de un dirigente del movimiento contra el apartheid, Frank Chikane, en 1989 y habían aceptado colaborar en otras investigaciones. Los cinco se habían declarado culpables de los cargos de intento de asesinato.

En octubre, el Ministerio de Justicia y Desarrollo Constitucional hizo pública una declaración en la que reiteraba la oposición del gobierno a un pleito interpuesto en Estados Unidos por víctimas de violaciones de derechos humanos. El grupo intentaba conseguir una indemnización por los daños y perjuicios causados por 50 empresas estadounidenses, europeas y canadienses debido a su presunta complicidad en abusos cometidos durante la época del apartheid. La declaración respondía a la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York de revocar la resolución, dictada por un tribunal inferior, de desestimar la demanda. El ministro afirmó que la responsabilidad de ofrecer rehabilitación y resarcimiento correspondía al gobierno de Sudáfrica y no a los tribunales extranjeros.

Violencia contra las mujeres

Continuaron recibiéndose informes de índices elevados de violencia sexual y de otros tipos contra las mujeres.

Según estadísticas de la policía, los casos de violación denunciados habían disminuido en un 4,2 por ciento a lo largo de los seis últimos años. Sin embargo, entre abril de 2006 y marzo de 2007 se denunciaron 52.617 violaciones. También se denunciaron 9.327 casos de «abusos deshonestos», como violación anal y otros tipos de agresión sexual que en esa época no entraban en la definición de violación. En diciembre se dieron a conocer nuevas estadísticas sobre delincuencia durante el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2007, en las que se incluían 22.887 denuncias de violación.

Autoridades policiales informaron al Parlamento de que entre julio de 2006 y junio de 2007 la policía había registrado 88.784 casos de «violencia doméstica» según los términos establecidos en la Ley sobre Violencia Doméstica de 1998. El Departamento de Justicia informó de que los tribunales habían dictado más de 63.000 órdenes de protección entre abril de 2006 y marzo de 2007. Sin embargo, la Dirección Independiente de Denuncias contra la Policía informó en noviembre de que, de las 254 comisarías de policía auditadas en 2006, sólo el 23 por ciento cumplían con sus obligaciones en virtud de la Ley sobre Violencia Doméstica, en un espectro que iba desde las que incumplían totalmente dichas obligaciones, como las de las provincias de Mpumalanga y Limpopo, hasta las que las respetaban plenamente, como ocurría con todas las auditadas en El Cabo Occidental.

Mujeres que habían sufrido actos de violencia y organizaciones de prestación de servicios manifestaron a Amnistía Internacional que, aunque algunos cuerpos de policía facilitaban el acceso de las mujeres a las órdenes de protección, otros volvían a enviarlas con sus familias, o no se incautaban de armas peligrosas o se negaban a tomar ningún tipo de medida a menos que la denunciante presentase antes cargos penales.

Según los informes, la eficacia de la respuesta policial a los casos de violencia de género disminuyó a consecuencia de la disolución de las unidades especializadas en violencia en el ámbito familiar, protección a menores y delitos sexuales, y del traslado de sus integrantes a comisarías locales. El Departamento de Justicia suspendió la creación de nuevos tribunales especializados en delitos sexuales, a pesar de que el índice de declaraciones de culpabilidad en los casos de violación era más elevado.

En diciembre entró en vigor, tras firmarla el presidente Mbeki, la Ley de Enmienda de la Legislación Penal (Delitos Sexuales y Cuestiones Afines), que ponía fin a un proceso de reforma legislativa que había durado casi 10 años. La Ley definía la violación en términos neutrales con respecto al género, aplicables a todas las formas de «penetración sexual» sin consentimiento, y obligaba a las autoridades a establecer, en el ámbito nacional, un marco político e instrucciones para garantizar la formación y la coordinación en la aplicación de sus disposiciones. Sin embargo, los servicios y las medidas de protección que ofrece la Ley a denunciantes y testigos resultaron más limitados de lo que las organizaciones de defensa pretendían en un principio. Las disposiciones que permitían la realización obligatoria de la prueba del VIH a los sospechosos detenidos fueron criticadas en lo que respecta a los intereses de la persona denunciante y a los derechos del acusado.

Salud: personas con VIH

Se calculaba que en torno a 5,5 millones de personas vivían con el VIH. En mayo, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Estratégico Nacional sobre VIH/sida para el periodo comprendido entre 2007 y 2011, tras seis meses de consultas con departamentos del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y servicios de atención a la salud. El Plan Estratégico Nacional pretendía ampliar al 80 por ciento de la población con VIH el acceso a tratamiento, cuidados y apoyo, así como abordar las dificultades sistémicas que existían para la prevención, el tratamiento y la atención. Nozizwe Madlala-Routledge, viceministra de Salud que había desempeñado un papel clave en el desarrollo del Plan, fue destituida en agosto por el presidente Mbeki, lo que hizo temer que el gobierno no estuviera plenamente comprometido con dicho Plan.

Según cifras que el gobierno dio a conocer en mayo, en el sector de la salud pública había un total de 303.788 pacientes incluidos en programas de tratamiento con antirretrovirales. Sin embargo, organizaciones de vigilancia de los derechos relativos a la salud expresaron su preocupación por el hecho de que esta cifra fuera inferior a la mitad del número real de personas que necesitaban este tratamiento. En las zonas rurales, el acceso a los servicios de salud y la posibilidad de que las mujeres recibieran tratamiento se veían obstaculizados por las dificultades que tenían los servicios de salud para llegar a esas zonas, los costes del transporte, la carencia de personal de salud, los retrasos en la «acreditación» de las instalaciones que iban a ofrecer el tratamiento, la falta de acceso diario a una alimentación adecuada y las desigualdades socioeconómicas.

En mayo, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos celebró sesiones públicas sobre el derecho de acceso a servicios de atención a la salud, tras haber recibido denuncias y observado el deficiente servicio que se ofrecía en muchas provincias. Al concluir el año, aún no había dado a conocer sus conclusiones.

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