Sudáfrica - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Sudafricana

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Sudáfrica is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Thabo Mbeki
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Se siguieron recibiendo informes de torturas a
personas detenidas y uso indebido de medios letales por parte de la
policía. Una comisión de investigación llegó a la conclusión de que la
corrupción y la mala administración eran problemas endémicos en las
cárceles de Sudáfrica y que en ellas abundaban los actos de violencia
sexual. Las personas solicitantes de asilo continuaron encontrando
dificultades para acceder a los procedimientos de determinación de
casos de asilo, y centenares de presuntos inmigrantes ilegales
estuvieron detenidos más tiempo del establecido legalmente. Las últimas
62 condenas de muerte se sustituyeron por penas alternativas. Aunque
aumentó el número de personas que recibían tratamiento antirretroviral
para el VIH/sida, menos de la mitad de las que lo necesitaban tenía
acceso a él. Siguió siendo muy elevado el número de violaciones
denunciadas, y se aplazaron de nuevo las reformas jurídicas relativas
al acceso a la justicia de las supervivientes.

Información general

Las
tensiones políticas en el seno del partido gobernante, el Congreso
Nacional Africano (African National Congress, ANC), y entre éste y sus
socios de coalición, fueron muy marcadas durante los procedimientos
judiciales relacionados con los cargos de corrupción y violación
presentados contra el ex vicepresidente Jacob Zuma. Los simpatizantes
del vicepresidente acusaron a la Dirección Nacional de la Fiscalía
General de seguir un plan político premeditado contra él.

En
las elecciones locales celebradas en marzo, el ANC ganó en la mayoría
de los ayuntamientos, aunque se siguió cuestionando el historial del
gobierno en la aplicación de medidas de transformación socioeconómica.

En
KwaZulu Natal, varios candidatos del ANC y del Partido de la Libertad
Inkatha murieron como consecuencia de actos de violencia política.

Representantes
de empresas, iglesias y otras instituciones hicieron un llamamiento al
presidente Mbeki para que adoptara medidas efectivas contra los
elevados índices de delincuencia violenta. El gobierno colocó el
departamento de investigación de la Dirección Nacional de la Fiscalía
General, conocido como «los Escorpiones», bajo el control político del
ministro de Seguridad.

El vicepresidente
y el viceministro de Salud iniciaron un diálogo con organizaciones de
la sociedad civil para conseguir soluciones más efectivas contra la
pandemia del VIH/sida.

Violaciones de derechos humanos por parte de la policía

En
un contexto caracterizado por los elevados índices de delincuencia
violenta y las muertes causadas por la acción de la policía, se
siguieron recibiendo informes de torturas y uso indebido de medios
letales contra presuntos delincuentes. En varios casos confirmados,
miembros de la Policía Sudafricana, en especial de la Unidad de Delitos
Graves y Violentos, torturaron a sospechosos con dispositivos de
asfixia y electrochoque y les propinaron patadas y palizas. Varios
detenidos murieron como consecuencia de estos actos. Las sesiones de
interrogatorio se desarrollaban a veces en lugares no oficiales. En un
registro realizado por orden judicial se encontraron instrumentos de
tortura en las dependencias de la Unidad de Delitos Graves y Violentos
en Vanderbijlpark.

En febrero, Musa Jan
Sibiya murió en la comisaría de Lydenburg después de ser agredido
presuntamente por la policía. Un funcionario médico señaló que había
muerto por causas naturales, pero una autopsia independiente reveló que
había fallecido por una rotura intestinal causada por una perforación
traumática.

También en febrero, Msizwe
Mkhuthukane murió en la comisaría de policía de East London después de
sufrir una agresión similar. No se le permitió recibir asistencia
médica de urgencia mientras estuvo bajo custodia. El 1 de noviembre,
cinco agentes de policía comparecieron ante un tribunal acusados de
asesinato.

Un guardia de seguridad, R.,
y su esposa presentaron una demanda por daños y perjuicios contra las
autoridades policiales después de ser torturados con descargas
eléctricas en la comisaría de policía de Randburg el 1 de mayo. Además,
a R. le propinaron patadas, bofetadas y puñetazos mientras estaba
esposado y con los tobillos atados, y lo torturaron asfixiándolo con
una lámina de plástico. Luego lo trasladaron a la comisaría de
Roodepoort y no le permitieron recibir asistencia médica hasta que,
junto con su esposa, lo pusieron en libertad sin cargos el 4 de mayo.
En respuesta a la querella que presentaron, el Estado negó toda
responsabilidad en los hechos.

Continuaron
las protestas contra las malas condiciones socioeconómicas y los
desalojos forzosos. Al parecer, la policía hizo uso excesivo de la
fuerza en algunos casos, como por ejemplo en junio contra miembros de
la comunidad de Maandagshoek, en Limpopo, que protestaban contra la
utilización de sus tierras para actividades mineras por la empresa
Anglo-Platinum, y en septiembre contra miembros de la Asociación de
Moradores de Chozas (Abahlali baseMjondolo), organización radicada en
Durban.

En julio, el Tribunal Regional
de Harrismith absolvió a tres agentes de policía de todos los cargos
relacionados con la muerte de Teboho Mkhonza, de 17 años, y con las
lesiones causadas a decenas de personas más cuando la policía disolvió
una manifestación pacífica en agosto de 2004. El tribunal aceptó las
pruebas presentadas por la defensa, según las cuales el muchacho había
muerto por negligencia del personal hospitalario. La policía había
disparado sin advertencia previa utilizando munición real ilegal. En
octubre se absolvió a 13 activistas de la comunidad de Harrismith de
cargos de violencia pública relacionados con la misma manifestación.

El
26 de julio, el director de la Fiscalía General retiró los cargos
presentados contra 51 miembros del Movimiento de los Sin Tierra que
estaban siendo juzgados desde 2004 por delitos previstos en la Ley
Electoral.

Abusos contra personas encarceladas

En
noviembre se hizo público el informe de 3.500 páginas de la Comisión de
Investigación Jali, nombrada por el presidente Mbeki en 2001 para
examinar la corrupción y la violencia en las prisiones. Algunas de sus
conclusiones eran que la corrupción y la mala administración eran
endémicas y que en la prisión de súper máxima seguridad C-Max se
recurría habitualmente a la tortura y la reclusión en régimen de
aislamiento. En el informe se revelaba que abundaban los actos de
violencia sexual, sobre todo contra presos jóvenes, gays y
transexuales, y que los guardias estaban implicados en numerosas
agresiones sexuales y en la venta de favores sexuales a presos adultos
por parte de reclusos jóvenes.

El hecho
de que la administración penitenciaria no entablara procedimientos
judiciales ni acciones complementarias sobre cargos penales fomentaba
la impunidad de los abusos. Además, el personal penitenciario
manipulaba las investigaciones policiales. Un ejemplo fue el hecho de
que no se adoptaran medidas disciplinarias contra los guardias
implicados en una agresión colectiva a presos de la cárcel de Ncome en
enero de 2003. A pesar de que exámenes médicos independientes habían
confirmado las denuncias según las cuales los presos habían sido
golpeados, el Departamento de Servicios Penitenciarios permitió que la
investigación oficial prescribiera. La Comisión Jali recomendó que se
presentaran cargos contra miembros concretos del Departamento en
relación con este incidente y algunos otros.

El
23 abril, el Tribunal Superior de Port Elizabeth ordenó que las
personas encarceladas en la prisión de St. Alban pudieran consultar con
sus abogados en privado para preparar un demanda por agresión contra el
Departamento de Servicios Penitenciarios. A estas personas se les había
negado el acceso a sus abogados después de que el personal
penitenciario llevara a cabo una agresión en masa contra presos como
represalia por el homicidio de un colega.

Persistieron
las condiciones inhumanas de reclusión debido a la gran masificación de
los centros; dos tercios de las cárceles superaban el máximo de su
capacidad.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El
Departamento del Interior inició nuevos procedimientos en las Oficinas
de Recepción de Refugiados de Pretoria y Johannesburgo, en un intento
de mejorar la tramitación de las más de 1.000 nuevas solicitudes de
asilo presentadas cada semana. Sin embargo, en un caso relacionado con
siete zimbabuenses, el Tribunal Superior de Pretoria resolvió en
diciembre que los procedimientos eran inconstitucionales e ilegales,
como el de entregar a los solicitantes meros «justificantes de cita»,
práctica que los privaba de protección legal contra la detención
arbitraria, la reclusión y la expulsión. La política de «preselección»
había comportado el rechazo ilegal de solicitudes. El Tribunal ordenó
al Departamento del Interior que recogiera y tramitara las solicitudes
de asilo de un modo justo y no discriminatorio. El Tribunal Superior de
Ciudad del Cabo dictó en junio una resolución similar.

Centenares
de presuntos inmigrantes ilegales internados en el Centro de
Repatriación de Lindela estuvieron detenidos ilegalmente durante un
periodo superior al permitido por la Ley de Inmigración (30 días o 120
días con una orden judicial). En agosto, el Tribunal Superior de
Johannesburgo ordenó al Departamento del Interior que pusiera en
libertad a 57 ciudadanos congoleños que corrían el riesgo de ser
expulsados de manera inmediata. En el grupo figuraban al menos un
refugiado reconocido como tal, 18 que tenían permiso de solicitante de
asilo y 9 que contaban con «justificantes de cita» del Departamento del
Interior. Cuarenta y cuatro habían permanecido detenidos entre 35 días
y 16 meses. También en agosto, al menos 10 personas con permiso de
solicitante de asilo fueron expulsadas a Burundi.

En
el Centro de Repatriación de Lindela, guardias privados de seguridad
hicieron al parecer uso excesivo de la fuerza para atajar las protestas
de los detenidos en julio y noviembre.

Traslado ilegal

Funcionarios
de policía y del Departamento del Interior entregaron al ciudadano
paquistaní Khalid Mehmood Rashid a agentes del gobierno de Pakistán en
noviembre de 2005. Lo sacaron de Sudáfrica por vía aérea en un vuelo
sin número. Doce meses después no había comparecido todavía ante el
Tribunal Superior de Pakistán en respuesta a una petición de hábeas
corpus. Al finalizar el año, el Tribunal Superior de Pretoria no había
dictado aún una resolución sobre si el método que se había utilizado
para sacar a Khakid Mehmood Rashid de Sudáfrica había sido ilegal y
contrario a las obligaciones internacionales contraídas por este país
en materia de derechos humanos.

Pena de muerte

En
julio, las autoridades judiciales completaron el proceso de sustitución
de las últimas 62 condenas de muerte por penas alternativas. El 30 de
noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió que el gobierno había
cumplido ya plenamente las órdenes formuladas en una sentencia que
había dictado en 1995 y en la que se establecía la inconstitucionalidad
de la pena de muerte.

Personas con VIH/sida

En
diciembre, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
informó de que la epidemia del VIH continuaba creciendo en Sudáfrica y
que la prevalencia del virus entre las mujeres que acudían a clínicas
públicas prenatales había sido en 2005 un 35 por ciento más alta que en
1999. Alrededor de 5,4 millones de personas, incluido un cuarto de
millón de niños y niñas menores de 15 años, vivían con el VIH. En
noviembre, el Departamento de Salud informó de que 273 centros
homologados facilitaban tratamiento antirretroviral a 213.828 personas,
aunque otras 300.000 aproximadamente seguían sin tener acceso a él.
Continuaba siendo también limitado el acceso de los menores a
tratamiento antirretroviral pediátrico. El 1 de diciembre, el
vicepresidente anunció el proyecto de plan estratégico para el periodo
comprendido entre 2007 y 2011.

En junio,
el Tribunal Superior de Durban concedió la solicitud presentada por 15
presos seropositivos de Durban Westville y por la Campaña de Acceso a
Tratamientos para que los reclusos tuvieran acceso a terapia
antirretroviral. El Estado apeló esta resolución y no cumplió la orden
provisional urgente. En agosto, el Tribunal llegó a la conclusión de
que el Estado había incurrido en desacato y ordenó que se aplicara la
resolución original, así como otras medidas para facilitar a los
reclusos el acceso a terapia antirretroviral. Al finalizar noviembre se
había autorizado a cuatro prisiones más a proporcionar terapia
antirretroviral.

Violencia contra mujeres y menores

Las
estadísticas de la policía correspondientes al periodo comprendido
entre abril de 2005 y marzo de 2006 registraban 54.926 violaciones
denunciadas, es decir, un 0,3 por ciento menos que el año anterior. Un
42,7 por ciento de las víctimas eran menores de 18 años.

En
junio, el Parlamento reanudó el debate en torno al Proyecto de Ley
sobre Delitos Sexuales, estancado en el Departamento de Justicia desde
2004. A las organizaciones de ayuda a supervivientes de actos de
violencia sexual y de abusos sexuales contra menores les seguía
preocupando que la ley no protegiera de manera adecuada a las personas
que denunciaban, sobre todo si eran menores, en las fases de
investigación y juicio. Sin embargo, el proyecto de ley contenía una
tipificación más amplia del delito de violación, aplicable a todas las
formas de «penetración sexual» sin consentimiento, y definía formas de
coacción que indicarían falta de consentimiento. El Estado estaría
obligado a facilitar profilaxis posterior al contacto a las víctimas
expuestas al riesgo de haber contraído el VIH, así como a elaborar un
marco normativo nacional para mejorar la aplicación de la futura ley.
Al finalizar el año, el proyecto de ley no se había aprobado todavía.

La
definición de violación recogida en el derecho consuetudinario seguía
restringiendo la acción de investigadores, fiscales y tribunales en los
casos de violencia sexual. En julio, el Tribunal Superior de Pretoria
confirmó una condena por violación dictada en un tribunal de primera
instancia contra una persona acusada de haber penetrado analmente a un
menor de nueve años, alegando que la definición de violación del
derecho consuetudinario, limitada a la penetración del pene en la
vagina sin consentimiento, no se ajustaba a las disposiciones del
derecho constitucional. No obstante, el fallo del Tribunal Superior
estaba pendiente de un recurso de apelación al finalizar el año.

Existía
el temor de que la disolución de las unidades de detectives
especializadas, incluida la encargada de investigar la violencia en el
ámbito familiar y los abusos sexuales contra menores, socavara la
efectividad de las investigaciones policiales. Organizaciones
comunitarias presentaron pruebas de que la policía había perdido
sumarios de investigaciones sobre casos de violación por corrupción o
incompetencia.

La muerte de numerosos
niños que habían acudido a escuelas de circuncisión tradicionales -más
de un centenar en los últimos 10 años- dio lugar a la celebración de
sesiones públicas nacionales de la Comisión Sudafricana de Derechos
Humanos y de otros dos órganos oficiales. Las sesiones, celebradas en
octubre, se llevaron a cabo en cuatro provincias. En septiembre, la
Comisión Sudafricana de Derechos Humanos celebró también sesiones sobre
la violencia en las escuelas.

Impunidad

Existía
preocupación en torno a la legalidad de las directrices sobre
enjuiciamiento aprobadas por el gobierno en 2005 y presentadas al
Parlamento en enero de 2006. Dichas directrices otorgarían libertad de
criterio a la Dirección Nacional de la Fiscalía General para permitir
la inmunidad procesal por delitos «emanados de los conflictos del
pasado» para las personas que no habían solicitado la amnistía al
Comité de Amnistía de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o
cuya solicitud éste había rechazado. Aunque el solicitante tendría que
revelar todas las circunstancias del presunto delito y la Dirección
Nacional de la Fiscalía General tendría que obtener la opinión de todas
las víctimas antes de adoptar una decisión, no existía ninguna
obligación de tener en cuenta la opinión de las víctimas ni ninguna
disposición sobre la evaluación judicial de la veracidad del
testimonio. Las directrices no excluían de forma explícita la
posibilidad de considerar la inmunidad por delitos como la tortura, los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

A
fecha de 30 de septiembre, el gobierno había pagado 30.000 rands (unos
4.200 dólares estadounidenses) en concepto de reparación a 15.520
personas a quienes la Comisión de la Verdad y la Reconciliación había
reconocido el derecho a cobrar una indemnización por abusos contra los
derechos humanos sufridos antes de mayo de 1994.

Libertad de expresión

En
octubre, una comisión de investigación que examinaba las denuncias de
injerencia política en la programación de SABC, la emisora pública,
llegó a la conclusión de que algunas personas eran excluidas de
entrevistas realizadas en programas informativos por motivos
inadecuados. Los miembros de la comisión llegaron también a la
conclusión de que el director de la sección de noticias y actualidad,
doctor Snuki Zikalala, había ordenado al personal que no entrevistara a
determinadas personas porque daban su opinión sobre asuntos
controvertidos, y había amenazado con adoptar medidas disciplinarias
contra algunos miembros de la plantilla si no seguían estas órdenes. La
junta directiva de SABC, que había nombrado a Zikalala, no hizo público
el informe. La junta fracasó en su intento de conseguir una orden del
Tribunal Superior que obligara al periódico Mail & Guardian a
retirar de su sitio web una copia filtrada del informe.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Sudáfrica:
El gobierno debe investigar las circunstancias de la «desaparición» del
ciudadano paquistaní trasladado (Índice AI: AFR 53/001/2006)

• South Africa: Briefing for the Committee against Torture (Índice AI: AFR 53/002/2006)

Visitas

• En
octubre y noviembre, una delegación de Amnistía Internacional visitó el
país para llevar a cabo investigaciones y mantuvo reuniones con
organizaciones de la sociedad civil y con el Departamento de Asuntos
Exteriores. En noviembre, representantes de Amnistía Internacional
asistieron a la sesión sobre Sudáfrica del Comité de la ONU contra la
Tortura.

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