Somalia
Jefe de Estado del Gobierno Federal de Transición
Sheij Sharif Sheij Ahmed
Jefe del gobierno del Gobierno Federal de Transición
Abdiweli Mohamed Ali (sustituyó a Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo en junio)
Jefe de la República de Somalilandia
Ahmed Mohamed Mahamud Silanyo
Pena de muerte
retencionista
Población
9,6 millones
Esperanza de vida
51,2 años

Continuó el conflicto armado entre las fuerzas progubernamentales y el grupo islamista armado Al Shabaab en el sur y el centro de Somalia. Miles de civiles murieron o resultaron heridos como consecuencia de este conflicto y de la violencia generalizada, y cientos de miles se vieron desplazados. En julio y agosto, la ONU declaró la situación de hambruna en seis zonas del sur de Somalia. El acceso de los organismos de ayuda humanitaria a la población civil seguía sufriendo limitaciones debido a los combates, la inseguridad y las restricciones impuestas por las partes en conflicto. Persistía el riesgo de abusos contra personal de ayuda humanitaria, periodistas y activistas de derechos humanos. El Gobierno Federal de Transición y las milicias aliadas con él ampliaron su control sobre la capital, Mogadiscio, y algunas zonas del sur de Somalia. En octubre, las fuerzas armadas de Kenia intervinieron en Somalia contra Al Shabaab. Los grupos armados intensificaron los reclutamientos forzosos, incluso de niños y niñas, y siguieron perpetrando secuestros, tortura y homicidios ilegítimos contra la población de las zonas que estaban bajo su control. Continuaba la impunidad por graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. En la región semiautónoma de Puntlandia, la seguridad se deterioró, y hubo ataques contra funcionarios, jueces y periodistas, así como enfrentamientos locales en Galkayo. En Somalilandia, la hostilidad contra las personas refugiadas y migrantes iba en aumento.

Información general

En febrero, el Gobierno Federal de Transición y la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) lanzaron una ofensiva militar contra Al Shabaab en Mogadiscio. En agosto, Al Shabaab anunció su retirada de allí, por lo que al terminar el año el Gobierno Federal de Transición y la AMISOM tenían el control de la mayor parte de la capital, aunque continuaron los enfrentamientos en sus alrededores.

En el sur de Somalia, milicias alineadas con el Gobierno Federal de Transición y apoyadas por Kenia y Etiopía tomaron el control del territorio que antes estaba en poder de Al Shabaab, incluida la localidad de Dobley, en la frontera con Kenia. En octubre, tras cometerse secuestros en zonas fronterizas, Kenia intervino militarmente a favor del Gobierno Federal de Transición en el sur de Somalia, afirmando que sus acciones iban dirigidas contra Al Shabaab. En diciembre, Kenia decidió que sus tropas en Somalia se unieran a la AMISOM. El 31 de diciembre, fuerzas favorables al Gobierno Federal de Transición y fuerzas etíopes tomaron la localidad fronteriza de Beletweyne.

En junio, el Acuerdo de Kampala −suscrito con la mediación de Uganda y de la ONU para resolver las tensiones entre el presidente del Gobierno Federal de Transición y el presidente del Parlamento− desembocó en la renuncia del primer ministro Farmajo. Se adoptó una hoja de ruta para poner fin al periodo de transición en agosto de 2012. La hoja de ruta, acordada en septiembre por el Gobierno Federal de Transición, las autoridades regionales de Puntlandia y Galmudug y la milicia Alhu Sunna Waal Jama, concedía prioridad al restablecimiento de la seguridad, la adopción de una Constitución, la celebración de elecciones, el trabajo político y la buena gobernanza.

La AMISOM, que tenía el mandato de proteger las instituciones del Gobierno Federal de Transición con una fuerza autorizada de 12.000 soldados, aumentó el número de efectivos hasta unos 9.800 soldados de Uganda y Burundi, a los que se unieron 100 soldados de Yibuti en diciembre. La AMISOM abordó acusaciones de bombardeos y disparos indiscriminados por parte de sus tropas. En marzo, tres soldados ugandeses fueron declarados culpables de negligencia por un tribunal disciplinario en relación con dos incidentes en los que se había disparado contra civiles. La AMISOM respaldó también la aplicación de una “política de fuego indirecto” para controlar mejor el uso de morteros y artillería.

En julio, la ONU declaró que más de 750.000 personas corrían peligro de morir de hambre, sobre todo en el sur y el centro de Somalia. En noviembre, la ONU afirmó que tres de las seis zonas de estas regiones no estaban ya en situación de hambruna; sin embargo, 250.000 personas seguían corriendo el riesgo de morir de inanición, y 4 millones necesitaban ayuda.

Continuó el apoyo internacional a las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición y sus milicias aliadas, pese a su falta de rendición de cuentas por los abusos graves y constantes contra los derechos humanos. El Grupo de Supervisión de la ONU puso de relieve continuas violaciones del embargo de armas impuesto a Somalia. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el régimen de sanciones para incluir a los responsables del reclutamiento y uso de niños y niñas soldados y de violaciones del derecho internacional. Sin embargo, no se asignaron recursos adicionales al Grupo de Supervisión de la ONU para llevar a cabo su mandato ampliado.

En la ONU, el secretario general y el experto independiente sobre Somalia mencionaron la situación de los derechos humanos, y también se hizo referencia a ella al someter el país al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, no se estableció ningún mecanismo para investigar los delitos de derecho internacional y abordar la arraigada impunidad.

El Consejo de Seguridad de la ONU siguió reforzando las medidas contra la piratería. Exhortó a los Estados a participar en la lucha contra ella y a investigar y enjuiciar a los presuntos piratas y reforzar la capacidad de las autoridades de Somalia para ponerlos a disposición de la justicia.

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Ataques indiscriminados

Miles de civiles perdieron la vida o resultaron heridos en los combates, que incluyeron ataques ilegítimos. Las partes en conflicto siguieron utilizando morteros y artillería en zonas densamente pobladas o frecuentadas por civiles en Mogadiscio, por lo que miles de personas murieron o resultaron heridas en ataques que en muchos casos fueron indiscriminados. También hubo muertos y heridos entre la población civil como consecuencia de tiroteos que se produjeron entre diferentes unidades del Gobierno Federal de Transición en Mogadiscio, así como a causa de la explosión, cada vez más frecuente a partir de agosto, de artefactos explosivos improvisados y granadas de Al Shabaab o sus simpatizantes. Al Shabaab reivindicó la autoría de ataques suicidas en los que cientos de personas murieron o resultaron heridas. También hubo muertos y heridos entre la población civil por combates librados entre aliados del Gobierno Federal de Transición y Al Shabaab en ciudades o en sus proximidades y por ataques aéreos, algunos realizados por Kenia, en el sur y el centro de Somalia.

  • En mayo, 1.590 personas recibieron tratamiento por lesiones relacionadas con armas de fuego en tres hospitales de Mogadiscio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellas, 735 eran niños y niñas menores de cinco años que habían sufrido quemaduras, heridas en el pecho y hemorragias internas causadas por ondas expansivas, metralla o balas. Los incidentes coincidieron con los intensos combates que se libraron –incluso con armas pesadas– entre la AMISOM y el Gobierno Federal de Transición y Al Shabaab en torno al mercado de Bakara, a pesar de la alta concentración de civiles en esa zona.
  • El 4 de octubre, la explosión de un camión en Km4, intersección de carreteras muy transitada, situada junto a un complejo del Gobierno Federal de Transición en Mogadiscio, causó la muerte de más de 70 personas e hirió a más de un centenar. Alrededor de 50 de las víctimas mortales eran estudiantes y familiares suyos que habían acudido al Ministerio de Educación para comprobar los resultados de solicitudes de becas para estudiar en el extranjero. Al Shabaab reivindicó la autoría del atentado.
  • El 30 de octubre, un ataque aéreo alcanzó un campo para personas internamente desplazadas en Jilib, Baja Juba, y causó la muerte de al menos 5 personas, 3 de ellas menores de edad. Al menos otras 52 resultaron heridas, de ellas 31 niños y niñas. El ejército keniano afirmó que, en un ataque aéreo efectuado ese día en la misma zona, había elegido como blanco un campamento militar de Al Shabaab, pero negó que hubiera matado a civiles. Al terminar el año no se disponía de resultados de una investigación del gobierno keniano.
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Personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes

Los combates, la inseguridad y la malnutrición aguda provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas. Al terminar el año había cerca de 1,36 millones de somalíes internamente desplazados, la mayoría en el sur y el centro de Somalia, según el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

En julio llegaron a Mogadiscio unas 35.000 personas que huían de la sequía en el sur del país. Las denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas en campos de desplazados internos de la capital aumentaron a partir de julio.

En octubre, unas 41.000 personas se vieron desplazadas en Mogadiscio y sus alrededores y en Baja Juba debido a los combates o al temor a ellos.

En agosto, las autoridades de Puntlandia devolvieron a algunos hombres internamente desplazados al sur y el centro de Somalia y recluyeron a otros.

Aumentó el flujo de civiles a países vecinos. Durante 2011 huyeron a Kenia 164.375 somalíes y a Etiopía 101.333. Algunos países, como Arabia Saudí, devolvieron a somalíes al sur y el centro de Somalia a pesar de los riesgos que corrían en esas regiones.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la histórica causa Sufi and Elmi v. the United Kingdom, que el traslado forzoso al sur y el centro de Somalia sólo era legítimo en circunstancias excepcionales, habida cuenta de la situación humanitaria y de derechos humanos existente en esas zonas (véanse el apartado sobre Reino Unido y la perspectiva regional de Europa y Asia Central).

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Restricciones a la ayuda humanitaria

Unos 4 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria al término de 2011 debido al conflicto armado y la sequía. La asistencia internacional aumentó tras declararse la situación de hambruna en julio. Los combates, la inseguridad, las restricciones al acceso y la intimidación del personal de ayuda humanitaria seguían obstaculizando las operaciones humanitarias. Hubo secuestros de cooperantes, y al menos seis perdieron la vida. Continuaba la preocupación por la desviación de la ayuda humanitaria.

  • El 20 de octubre, Médicos Sin Fronteras se vio obligada a suspender una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a 35.000 niños y niñas en Daynile, a las afueras de Mogadiscio, tras estallar los combates de la AMISOM y el Gobierno Federal de Transición contra Al Shabaab.
  • En julio, un portavoz de Al Shabaab afirmó que las organizaciones de ayuda humanitaria podían ayudar a las personas afectadas por la sequía en el sur de Somalia, pero después aclaró que no se permitiría el regreso de los organismos prohibidos por el grupo en enero de 2010. El 28 de noviembre, Al Shabaab prohibió a 6 organismos de la ONU y a 10 organizaciones de ayuda humanitaria operar en zonas bajo su control. Grupos de Al Shabaab cerraron los recintos de algunos de estos organismos y se llevaron material de ayuda humanitaria.
  • La asistencia humanitaria en los campos de desplazados internos de Mogadiscio se vio obstaculizada por tiroteos entre unidades del Gobierno Federal de Transición y personas que robaban la ayuda alimentaria. El 5 de agosto, al menos cinco personas murieron en el campo de Badhabo, según informes, cuando milicias del Gobierno Federal de Transición saquearon camiones que transportaban ayuda alimentaria. El Gobierno Federal de Transición advirtió de que los saqueadores serían castigados. Sin embargo, en noviembre fue indultado, al parecer, el comisionado del distrito de Karan, que había sido condenado a 15 años de cárcel por un tribunal militar por robar ayuda humanitaria.
  • El 25 de octubre, tres trabajadores del Consejo Danés para los Refugiados fueron secuestrados en Galkayo Meridional. Al terminar el año, dos de ellos continuaban privados de libertad.
  • El 18 de noviembre, Ahmed Jama Mohamed, trabajador del Consejo Noruego para los Refugiados, murió por disparos efectuados por unos desconocidos en Galkayo.
  • El 23 de diciembre, Muhyedin Yarrow y Mohamed Salad, trabajadores del Programa Mundial de Alimentos, y Abdulahi Ali, trabajador de una ONG somalí, perdieron la vida en la ciudad de Mataban, provincia de Hiran.
  • El 30 de diciembre, Philippe Havet y Andrias Karel Keiluhu, trabajadores de Médicos Sin Fronteras, murieron por disparos en Mogadiscio.
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Niños y niñas soldados

Al Shabaab seguía reclutando por la fuerza a niños, algunos de tan sólo ocho años, antes de las operaciones militares y en el curso de ellas. Muchos eran enviados a primera línea. También reclutaba a niñas para que cocinaran y limpiaran o para obligarlas a casarse con integrantes de sus fuerzas.

El Gobierno Federal de Transición reafirmó su compromiso de impedir el uso de niños y niñas soldados. Sin embargo, al menos 46 reclutas suyos menores de 18 años fueron seleccionados para recibir adiestramiento militar en el extranjero. El Gobierno Federal de Transición recluyó a excombatientes infantiles junto con adultos en condiciones deficientes y no les proporcionó oportunidades de reintegración efectiva tras su liberación.

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Abusos cometidos por grupos armados

Continuaban la tortura y los homicidios ilegítimos cometidos por facciones de Al Shabaab contra personas a las que acusaban de espiar o de no ajustarse a su interpretación de la ley islámica. Estos grupos mataban a la gente en público, incluso mediante lapidación, y llevaban a cabo amputaciones y flagelaciones. También imponían códigos de vestimenta restrictivos a mujeres y hombres.

  • El 4 de enero se amputó una mano y un pie a un hombre llamado Nur Mohamed Nur, de unos 19 años, en Baidoa, después de que Al Shabaab lo acusara de robo. Según los informes, Al Shabaab obligó a los vecinos de la localidad a presenciar la amputación.
  • El 6 de marzo, dos hombres, llamados Abdullahi Hajji Mohammed y Abdinasir Hussein Ali, fueron abatidos a tiros en público por miembros de Al Shabaab en el campamento militar de Maslah, en Mogadiscio. El primero, según los informes, estaba acusado de espiar para el Gobierno Federal de Transición, y el segundo, de matar a miembros de Al Shabaab.
  • El 16 de junio, Shamarke Abdullahi Mohamoud, joven de 18 años, según los informes, acusado de violar a una niña, fue lapidado por miembros de Al Shabaab en la región de Hiran.
  • A finales de agosto se encontraron en el norte de Mogadiscio los cuerpos decapitados de dos jóvenes. Por las mismas fechas, cuando Al Shabaab advirtió, según informes, de que cortaría la cabeza a quienes cooperasen con el Gobierno Federal de Transición y la AMISOM, aparecieron varios cadáveres decapitados más.
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Libertad de expresión

Las partes en el conflicto seguían intimidando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil somalíes. Al menos tres trabajadores de medios de comunicación perdieron la vida. En Puntlandia, las autoridades detuvieron arbitrariamente a periodistas y restringieron la libertad de los medios.

  • El 4 de agosto, Farah Hassan Sahal, trabajador de Radio Simba, recibió un disparo en el mercado de Bakara, Mogadiscio, durante una ofensiva del Gobierno Federal de Transición y la AMISOM contra Al Shabaab, y murió más tarde.
  • El 2 de septiembre, Noramfaizul Mohd, camarógrafo malaisio de Bernama TV, murió por disparos, y su colega Aji Saregar resultó herido mientras informaban sobre una misión de ayuda humanitaria en Mogadiscio. El 26 de septiembre, la AMISOM anunció que cuatro soldados burundeses eran los responsables y debían ser juzgados en su país.
  • El 18 de diciembre, Abdisalan Sheikh Hassan, periodista de Horn Cable TV y Radio Hamar, recibió un disparo en la cabeza, efectuado por un hombre vestido con uniforme militar, mientras se desplazaba en automóvil por Mogadiscio, según testigos. Murió poco después. El Gobierno Federal de Transición prometió investigar lo ocurrido.
  • El 2 de julio, Faysal Mohamed Hassan, periodista de Hiiraan Online, fue condenado a un año de prisión por un tribunal de Puntlandia por “publicar noticias falsas”. Fue indultado el 31 de julio.

En noviembre, las autoridades de Puntlandia prohibieron las emisoras Universal TV y Somali Channel TV, a las que acusaron de trabajar contra la paz y la seguridad. La prohibición de Universal TV se levantó el 3 de diciembre.

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Pena de muerte

En Mogadiscio se registraron al menos 32 condenas a muerte y 6 ejecuciones después de juicios ante el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición que no cumplieron las garantías procesales básicas. En agosto, un decreto presidencial concedió al tribunal militar del Gobierno Federal de Transición jurisdicción sobre los civiles en algunas zonas de Mogadiscio abandonadas por Al Shabaab. El Gobierno Federal de Transición garantizó después que los civiles juzgados por el tribunal militar no serían ejecutados, y que en el futuro los civiles serían juzgados por tribunales ordinarios.

Milicias aliadas con el Gobierno Federal de Transición en el sur de Somalia ejecutaron, según los informes, al menos a dos soldados. En Puntlandia, un mínimo de cuatro hombres fueron condenados a muerte y tres fueron ejecutados. Las autoridades de Galmudug ejecutaron a un hombre por asesinato en la localidad de Galkayo.

  • El 22 de agosto, dos hombres fueron fusilados en Mogadiscio tras ser declarados culpables de asesinato por el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición.
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Somalilandia

Miles de personas se vieron desplazadas, según los informes, por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Somalilandia y un grupo armado en las regiones en disputa de Sool y Sanag. En junio, una pacifista resultó herida por disparos en la región de Sool.

Según los informes, las autoridades de Somalilandia hostigaron a periodistas.

En mayo se aprobó una nueva ley con el objetivo de regular las organizaciones de la sociedad civil. Se temía que con ella aumentara el control del gobierno sobre las organizaciones internacionales y nacionales en Somalilandia y se impusieran restricciones a su trabajo.

Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes hacían frente a una creciente hostilidad. En septiembre, las autoridades concedieron a todos los “inmigrantes ilegales” un plazo de un mes para salir del país. Unas 80.000 personas, en su mayoría de nacionalidad etíope, se vieron afectadas por esta decisión.

  • En junio, Abdusalam Haji Mukhtar, refugiado etíope, fue devuelto a Etiopía, donde corría el riesgo de sufrir tortura.
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