Somalia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Somalia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Somalia is now live »

Jefe de Estado del Gobierno Federal de Transición
Sheij Sharif Sheij Ahmed
Jefe de gobierno del Gobierno Federal de Transición
Omar Abdirashid Ali Sharmarke
Jefe de la República de Somalilandia
Dahir Riyaale Kahin
Pena de muerte
retencionista
Población
9,1 millones
Esperanza de vida
49,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
186/174 por cada 1.000

A pesar de la retirada de las tropas etíopes en enero, continuaron los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del Gobierno Federal de Transición. Miles de civiles resultaron muertos, y centenares de miles, desplazados como consecuencia de acciones bélicas indiscriminadas, con lo que el número de personas desplazadas desde 2007 en el interior del país ascendió hasta a 1,55 millones. La crisis humanitaria se agravó por la situación de inseguridad y las amenazas contra organismos de ayuda humanitaria. Durante el desempeño de sus actividades, trabajadores de ayuda humanitaria, periodistas y activistas de derechos humanos corrían riesgos considerables, como ser víctimas de asesinato o secuestro. Siguieron impunes graves abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. El Gobierno Federal de Transición controlaba sólo una parte de la capital, Mogadiscio, y no existía un sistema judicial efectivo. Los grupos armados dominaban amplias zonas del sur y el centro de Somalia, donde fueron responsables de torturas y homicidios ilegítimos. En la región semiautónoma de Puntlandia se eligió un nuevo gobierno regional, y una oleada de homicidios de funcionarios y civiles amenazó la relativa estabilidad imperante en la zona.

Información general

Tras el acuerdo de paz alcanzado en Yibuti en 2008, se amplió el Parlamento Federal de Transición y el 30 de enero, Sheij Sharif Sheij Ahmed, ex jefe de la facción de la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia establecida en Yibuti, fue elegido presidente del Gobierno Federal de Transición.

Continuaron los ataques contra el Gobierno Federal de Transición, sobre todo por parte de las milicias de Al Shabab (“La Juventud”). A principios de enero, una facción de Al Shabab se apoderó de Baidoa, ciudad donde solía reunirse el Parlamento. El 7 de mayo, a pesar de la retirada de las tropas etíopes y de la adopción en abril de la ley islámica por el Parlamento, varios grupos armados lanzaron una nueva ofensiva contra el Gobierno Federal de Transición en Mogadiscio y sus alrededores. Entre dichos grupos figuraban diversas facciones de Al Shabab y la coalición Hizbul Islam, dirigida por Sheij Hassan Dahir Aweys, que en abril había regresado a Somalia desde Eritrea. El Gobierno Federal de Transición llegó en junio a un acuerdo con Ahlu Sunna Wal Jamaa, grupo armado que en enero se había enfrentado a Al Shabab en el centro de Somalia. A partir de septiembre se registraron en Kismayo y sus alrededores diversos enfrentamientos entre los grupos aliados Hizbul Islam y Al Shabab.

La Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), integrada por 5.200 soldados de Burundi y Uganda y dotada del mandato de proteger a las instituciones del Gobierno Federal de Transición, fue objeto cada vez con mayor frecuencia de ataques por parte de grupos armados. Las tropas de la AMISOM respondieron al parecer con disparos y bombardeos indiscriminados, lo que acarreó la muerte de civiles. Al Shabab reivindicó al menos tres ataques suicidas: uno efectuado el 22 de febrero en Mogadiscio, que se cobró la vida de 11 soldados de Burundi; otro perpetrado el 18 de junio contra un hotel de Beletweyne, en el que murieron el ministro de Seguridad y 20 personas más, incluido un trabajador de ayuda humanitaria; y un tercero, realizado el 17 de septiembre contra una base de la AMISOM próxima al aeropuerto de Mogadiscio, que ocasionó la muerte de 21 personas, entre ellas el subcomandante de las fuerzas de la Misión, en represalia por un ataque llevado a cabo, al parecer, por un helicóptero estadounidense el 14 de septiembre contra Saleh Ali Saleh Nabhan, presunto miembro de Al Qaeda, cerca de Barawe.

El 18 de septiembre, Mohamed Sueliman Barre e Ismail Mohamed Arale salieron del centro de detención de Guantánamo y regresaron a Somalilandia.

Pese al apoyo internacional, que incluía la transferencia de armas y municiones por parte de Estados Unidos y el suministro de formación militar a cargo de Estados como Francia, el Gobierno Federal de Transición tuvo dificultades para ampliar y unificar sus fuerzas de seguridad. El 23 de diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones –incluido un embargo de armas– a Eritrea, país al que se acusaba de apoyar a grupos armados somalíes vulnerando el embargo de armas impuesto a Somalia por la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU siguió pidiendo al secretario general de la organización que elaborara un plan para el traslado de las operaciones de la ONU a Somalia y la creación y el envío eventual de una fuerza de la organización.

En diversos informes del secretario general de la ONU, el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia y el representante del secretario general de la ONU sobre las personas internamente desplazadas se denunciaron abusos contra los derechos humanos como la incorporación de niños y niñas a las fuerzas armadas. Los llamamientos de organizaciones internacionales y locales para que se pusiera fin a la impunidad de delitos tipificados en el derecho internacional no se tradujeron en medidas concretas de la comunidad internacional y el Gobierno Federal de Transición para la creación de una comisión encargada de investigar dichos delitos.

A pesar de la presencia de patrullas navales internacionales y la promesa reiterada por las autoridades de Puntlandia de juzgar a los responsables, aumentaron los secuestros de barcos y tripulaciones por parte de piratas y éstos extendieron su radio de acción más allá del golfo de Adén. Las autoridades de Puntlandia se enfrentaban a una creciente situación de inseguridad, provocada, entre otras cosas, por el homicidio de funcionarios y civiles. Entre estos homicidios figuraba el de cinco clérigos musulmanes paquistaníes, perpetrado en agosto en Galkayo.

Ataques indiscriminados

Todas las partes implicadas en el conflicto utilizaron morteros y armas pesadas en zonas habitadas o frecuentadas por civiles. La población civil de Mogadiscio se vio especialmente afectada al disparar de forma indiscriminada fuerzas de la AMISOM y el Gobierno Federal de Transición en respuesta a ataques efectuados por grupos armados desde zonas residenciales. Numerosos civiles resultaron muertos o heridos como consecuencia de estos enfrentamientos.

  • El 2 de febrero murieron al menos 10 civiles y unos 12 resultaron heridos cuando, al parecer, unos soldados de la AMISOM abrieron fuego tras un atentado con explosivos dirigido contra su vehículo. Al finalizar el año no se habían dado a conocer todavía los resultados de una investigación sobre el incidente abierta por la AMISOM.
  • El 17 de junio, al anochecer, una mezquita del barrio de Karan, en el norte de Mogadiscio, resultó alcanzada por un mortero tras un día de enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de la AMISOM y el Gobierno Federal de Transición. Murieron 13 personas que salían del templo después de rezar sus oraciones.
  • El 11 de septiembre, durante un ataque de grupos armados contra el puerto de Mogadiscio, resultaron alcanzados por disparos de mortero una prisión y el hospital Martini, dedicado al cuidado de veteranos de guerra con discapacidad. En el hospital murieron al menos 11 personas, incluidos 3 menores de edad. En la cárcel fallecieron 4 guardias y resultaron heridas alrededor de 12 personas. Los grupos armados negaron cualquier responsabilidad en el bombardeo.

Personas desplazadas

Los combates y la inseguridad fueron una de las principales causas de desplazamientos de población. Entre 50.000 y 80.000 personas resultaron desplazadas en enero como consecuencia de los enfrentamientos registrados entre los grupos Al Shabab y Ahlu Sunna Wal Jamaan en Dhusamareb y Guri El, en el centro de Somalia.

La ONU calculaba que la ofensiva desencadenada en mayo en Mogadiscio por grupos armados contra el Gobierno Federal de Transición había provocado la huida de la capital de más de 255.000 personas, incluidas las 65.000 que habían vuelto a partir de enero con la esperanza de que hubiera mejorado la situación de inseguridad. Muchas de estas personas se unieron a otros desplazados internos ya establecidos a lo largo del corredor de Afgoye, vía de salida de Mogadiscio donde al finalizar el año vivían unas 366.000 personas en asentamientos miserables.

La población civil huyó también a países vecinos. Más de 50.000 personas atravesaron la frontera con Kenia para alcanzar los campos de refugiados de Dadaab. Otras se aventuraron a cruzar el golfo de Adén para llegar a Yemen. Según la ONU, casi 32.000 somalíes llegaron a este país en 2009. Durante la travesía murieron un total de 309 personas, incluidos ciudadanos somalíes y de otros países, en algunos casos ahogados.

Restricciones a la ayuda humanitaria

Hasta 3,7 millones de personas necesitaron asistencia humanitaria durante el año a causa del conflicto armado, los desplazamientos, la sequía y las inundaciones, pero las operaciones humanitarias siguieron adoleciendo de escasez de recursos. Los combates, la inseguridad, los homicidios y secuestros de trabajadores de ayuda humanitaria y las amenazas y restricciones que pesaban sobre los organismos de asistencia humanitaria obstaculizaban también dichas operaciones, aunque se levantaron numerosos bloqueos de carretera en zonas bajo el control de grupos armados. Al menos 10 trabajadores de ayuda humanitaria murieron de forma violenta y 7 fueron secuestrados. Seguían cautivos 10 trabajadores de ayuda humanitaria secuestrados en 2008. Los enfrentamientos registrados en mayo y junio en Mogadiscio provocaron la huida del personal de ayuda humanitaria y el cese de las operaciones de apoyo.

  • Durante el año, tres trabajadores del Programa Mundial de Alimentos murieron a manos de hombres armados. El 6 de enero mataron a tiros al ciudadano somalí Ibrahim Hussein Duales cuando supervisaba una entrega de alimentos en una escuela de Yubsan, localidad situada a 6 kilómetros de Garbahara, en la región de Gedo. El 8 de enero abatieron a tiros al ciudadano somalí Mohamud Omar Moallim cuando supervisaba una entrega de alimentos en un campo de personas desplazadas internamente ubicado al noroeste de Mogadiscio. El 22 de diciembre, en Beletweyne, mataron a tiros al jefe de seguridad de la delegación del Programa Mundial de Alimentos en dicha localidad.
  • El 28 de abril liberaron a dos miembros extranjeros de Médicos sin Fronteras que habían sido secuestrados el 19 de ese mismo mes en la región de Bakool. Debido a la falta de seguridad, la organización suspendió sus actividades en dicha región, entre ellas la administración de un centro de salud que atendía a unas 250.000 personas y del que dependían otros cuatro centros de asistencia médica.
  • El 17 de mayo, tras conquistar la ciudad de Jowhar, miembros de Al Shabab asaltaron la delegación de UNICEF en dicha localidad. Destruyeron o saquearon suministros de ayuda humanitaria, entre ellos vacunas y productos de nutrición infantil, lo que afectó a más de 100.000 niños y niñas. Al finalizar el año, la delegación de UNICEF seguía ocupada todavía por Al Shabab.
  • En junio, la facción de Al Shabab en Kismayo acusó a las organizaciones humanitarias de estar detrás del conflicto de Somalia. El 25 de octubre, Al Shabab cerró las oficinas de ASEP, organismo somalí de ayuda humanitaria que trabajaba en Beled Hawo, ciudad de la región de Gedo fronteriza con Kenia, al que imputaba espiar para gobiernos occidentales.

Amenazas contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil

Siguió disminuyendo la libertad para expresarse e informar de manera independiente sobre la situación en Somalia. Los grupos armados intensificaron la intimidación contra periodistas y organizaciones de la sociedad civil somalí, por ejemplo, con amenazas de muerte, cierre de cadenas de radio y ocupación de oficinas de ONG. Durante el año, 9 periodistas murieron de forma violenta, incluidos al menos 3 como consecuencia de homicidios selectivos. El peligro obligó a muchos activistas somalíes a huir del país. La inseguridad y el riesgo de secuestro obstaculizaron las visitas de observadores extranjeros. Se denunciaron también actos de hostigamiento contra periodistas en Puntlandia.

  • El 7 de junio, unos hombres armados sin identificar mataron a tiros a Mukhtar Mohamed Hirabe, director de Radio Shabelle, en el mercado de Bakara. Un compañero suyo, Ahmed Omar Hashi, resultó herido. Mukhtar Mohamed Hirabe era el tercer periodista de dicha emisora muerto en circunstancias violentas y el segundo director de una cadena de radio asesinado en 2009.
  • El 1 de octubre, tras entrar en las oficinas de Radio Warsan y ordenar la interrupción de las emisiones, miembros de la facción de Al Shabab en Baidoa aprehendieron a dos periodistas, por emitir al parecer música contraria al islam, y los tuvieron detenidos durante dos días. El 21 de octubre, dicha facción cerró Radio Warsan y Radio Jubba.
  • El 2 de junio, unos hombres con la cara tapada secuestraron en el distrito de Afgoye a Ibrahim Mohamed Hussein, director de Somali Universal Satellite TV. Fue liberado dos días después. Dos periodistas extranjeros –la reportera canadiense Amanda Lindhout y el fotógrafo australiano Nigel Brennan– fueron liberados el 25 de noviembre tras haber sido secuestrados en Afgoye el 23 de agosto de 2008. El 15 de enero habían sido liberados dos somalíes secuestrados con ellos.
  • Entre el 19 y el 21 de agosto, unos grupos armados saquearon las oficinas de una organización de la sociedad civil en Mogadiscio.
  • El 2 de noviembre, Al Shabab cerró al parecer tres organizaciones de mujeres en Beled Hawo, región de Gedo, con el pretexto de que el islam prohibía trabajar a las mujeres.
  • El 3 de diciembre, un atacante suicida hizo detonar unos explosivos durante una ceremonia de graduación de médicos celebrada en Mogadiscio. En el atentado murieron al menos 23 personas, incluidos estudiantes de medicina, miembros del personal de la universidad, 3 periodistas y 3 ministros del Gobierno Federal de Transición, y como mínimo resultaron heridas otras 56 personas. Ninguna organización reivindicó el atentado.

Sistema de justicia

En el sur y el centro de Somalia no existía un sistema de justicia centralizado ni efectivo. El Programa de la ONU para el Desarrollo siguió facilitando ayuda para la mejora de los centros de detención, los tribunales y la policía. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal de Transición para proporcionar asistencia técnica en materia de derechos humanos y potenciar la lucha contra la impunidad.

Aunque Puntlandia contaba con un sistema judicial efectivo, se recibieron informes sobre detenciones arbitrarias y juicios carentes de garantías.

Abusos cometidos por grupos armados

Las facciones de Al Shabab castigaron y mataron de manera ilegítima a personas a las que acusaban de espionaje o de no ajustarse a su propia interpretación de la ley islámica. En las zonas bajo su control se registró un aumento alarmante de las amputaciones, las flagelaciones y los homicidios públicos, como las lapidaciones con resultado de muerte. Dichas facciones también profanaron tumbas de dirigentes religiosos sufíes e impusieron restricciones al atuendo de las mujeres y a la libertad de circulación.

  • El 25 de junio, miembros de Al Shabab cortaron la mano derecha y el pie izquierdo a Ali Mohamudi Geedi, Osmail Kalif Abdule, Jeylani Mohamed Had y Abdulkadir Adow Hirale ante una multitud congregada en Suqahola, un barrio de Mogadiscio. Los acusaban de ser autores de un robo.
  • El 28 de septiembre, un pelotón de fusilamiento de Al Shabab ejecutó en público a Mohamed Ali Salad y Hassan Moallim Abdullahi, a los que acusaban de espiar para la AMISOM y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
  • El 16 de octubre, según los informes, fuerzas de Al Shabab flagelaron en el norte de Mogadiscio a varias mujeres por llevar sujetador, pues en su opinión esta práctica era contraria al islam.
  • El 7 de noviembre, Abas Hussein Abdirahman murió lapidado ante una multitud congregada en Merka. Se le imputaba, al parecer, un delito sexual.
  • El 13 de diciembre, en Afgoye, miembros de Hizbul Islam mataron a Mohamed Abukar por lapidación. Se lo acusaba de mantener relaciones extramatrimoniales con una mujer a la que se castigó también con 100 latigazos.

Somalilandia

La República de Somalilandia, que declaró su independencia en 1991, siguió tratando de conseguir el reconocimiento internacional, a pesar de que la atención política de la gente se centraba sobre todo en los reiterados retrasos de las elecciones generales. A finales de septiembre, el presidente Dahir Riyaale Kahin y dos dirigentes de la oposición suscribieron un acuerdo, auspiciado por mediadores etíopes, para establecer una nueva comisión electoral, corregir un registro de votantes plagado de errores y fijar las elecciones para 2010.

Durante el periodo previo a la firma del acuerdo, las autoridades solían arrestar a periodistas independientes y los mantenían detenidos brevemente. El gobierno mantuvo también los comités de seguridad, que llevaban a cabo detenciones arbitrarias. En 2009 detuvieron a más de 200 personas. Los defensores de los derechos humanos se vieron obligados a acallar sus denuncias por miedo a que los detuvieron o cerraran sus organizaciones.

Tres manifestantes murieron y seis resultaron heridos durante una manifestación celebrada el 12 de septiembre. La policía disparó y lanzó gas lacrimógeno para dispersar a una multitud reunida ante el edificio del Parlamento, que llevaba cerrado varios días después de que alguien sacara un arma de fuego durante una sesión parlamentaria.

Continuaron las agudas tensiones en torno a las zonas fronterizas reclamadas como propias por la región somalí semiautónoma de Puntlandia. Puntlandia siguió acogiendo a desplazados somalíes sin contar con la suficiente ayuda internacional.

Pena de muerte

En octubre, según los informes, el Gobierno Federal de Transición estableció un tribunal militar en Mogadiscio para juzgar a militares acusados de delitos comunes. Al parecer, el tribunal condenó a muerte a seis militares declarados culpables de asesinato, incluidos tres in absentia.

En Putlandia, al menos seis personas fueron condenadas a muerte por asesinato, incluidas dos in absentia.

No se tuvo conocimiento de que se llevara a cabo ninguna ejecución.

  • El 27 de abril, el Tribunal de Primera Instancia de Bossaso, en Puntlandia, condenó a muerte a Ifraah Ali Aden en un juicio sumario tras declararla culpable del asesinato de otra mujer. La sentencia se pronunció el día después del asesinato.

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