Eslovenia
Jefe del Estado
Borut Pahor (sustituyó a Danilo Türk en diciembre)
Jefe del gobierno
Janez Janša (sustituyó a Borut Pahor en febrero)

Las autoridades no restituyeron sus derechos a las personas cuya condición de residentes permanentes había sido revocada ilegalmente en 1992. Persistió la discriminación de la comunidad romaní.

Discriminación

Los “borrados”

Se siguió negando la restitución de sus derechos a los “borrados”, grupo de personas procedentes de otras ex repúblicas yugoslavas que habían dejado de ser residentes permanentes en Eslovenia al revocárseles ilegalmente esa condición jurídica en 1992. Las iniciativas legislativas adoptadas en el pasado no les garantizaban una reparación por las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales sufridas por ese motivo, ni tampoco la posibilidad de ejercer tales derechos en el futuro. Además, las autoridades no presentaron más medidas para restituirles íntegramente sus derechos.

  • El 26 de junio, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en un caso pionero, la causa de Kuric v. Slovenia, que el “borrado” y sus consecuencias constituían una violación del derecho de los demandantes a la vida privada y familiar, así como a un recurso judicial efectivo. La Gran Sala concluyó además que los demandantes habían sufrido discriminación en relación con estos derechos y dispuso el plazo de un año para la creación de un plan nacional de indemnizaciones para las víctimas. Al final del año no había ninguna señal de que las autoridades hubieran hecho esfuerzos por elaborar dicho plan.

Romaníes

El gobierno siguió sin poner en funcionamiento mecanismos adecuados para vigilar las prácticas discriminatorias contra los romaníes y sin establecer un marco jurídico e institucional que garantizara recursos efectivos a las víctimas de discriminación.

La mayoría de los romaníes que vivían, segregados y aislados, en asentamientos informales en zonas rurales continuaron privados de acceso a una vivienda adecuada, seguridad de tenencia y protección frente a los desalojos forzosos. Muchos seguían sin tener tampoco acceso a servicios públicos como el suministro de agua para sus necesidades diarias, que a menudo debían tomar de arroyos contaminados y de grifos para uso público de gasolineras y cementerios.

  • En julio, el defensor nacional del Pueblo publicó un informe especial sobre la situación de los romaníes en el sureste del país. En él instaba a las autoridades a garantizar de inmediato el acceso de la comunidad romaní a agua y saneamiento reformando la legislación pertinente. En el proceso de aprobación formal de las recomendaciones, el Parlamento reformuló y suavizó de manera considerable algunas de ellas.
  • En septiembre, la Comisión Gubernamental para la Protección de la Comunidad Romaní concluyó que era necesario reformar la Ley sobre la Comunidad Romaní. Los primeros debates se centraron en la necesidad de incluir medidas para proporcionar acceso a servicios públicos básicos.
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