Eslovenia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Eslovenia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eslovenia is now live »

Jefe del Estado
Danilo Türk
Jefe del gobierno
Borut Pahor
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
2 millones
Esperanza de vida
78,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
5/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Las autoridades no restituyeron sus derechos a los miles de personas –los “borrados”– cuya condición de residentes permanentes les había sido revocada ilegalmente en 1992. Aunque el gobierno adoptó algunas medidas, la comunidad romaní seguía siendo objeto de discriminación, especialmente en el acceso a la vivienda y la educación.

Discriminación

Los “borrados”

Las autoridades continuaron sin garantizar los derechos del grupo de residentes permanentes de Eslovenia que provenían de otras ex repúblicas yugoslavas, a quienes se les había revocado ilegalmente la condición jurídica en 1992, con las consiguientes violaciones de sus derechos económicos y sociales. Algunos de estos “borrados”, además, fueron expulsados del país.

En noviembre, el gobierno presentó un anteproyecto de ley al Parlamento para restituir con carácter retroactivo la condición jurídica a los “borrados”. Al terminar el año no se había aprobado la ley.

Las autoridades no presentaron ningún plan de medidas adicionales para garantizar una reparación a los “borrados” por las violaciones de derechos humanos sufridas en el pasado, como la restitución de sus derechos económicos, sociales y culturales, una indemnización o una disculpa oficial.

Las declaraciones xenófobas emitidas por varios parlamentarios a lo largo del año malograron el debate parlamentario y público sobre “los borrados”.

Comunidad romaní

Persistió la discriminación a pesar de que el gobierno adoptó algunas medidas para mejorar la situación de la comunidad romaní.

El índice de escolarización de niños y niñas romaníes en centros de enseñanza preescolar era muy bajo, por lo que éstos estaban en desventaja con respecto a sus compañeros al ingresar en la educación primaria. En diciembre, el gobierno anunció una iniciativa para promover la asistencia de romaníes a los programas de educación preescolar. Hubo algunos avances en lo referente a abordar las consecuencias de la segregación del alumnado romaní en el pasado. Tras varios años de campaña de organizaciones romaníes y de derechos humanos, en septiembre las autoridades pusieron en marcha una evaluación externa e independiente sobre la educación de la comunidad romaní. Pero esa evaluación no incluía el llamado “modelo Bršljin”, cuya aplicación había dado lugar a la segregación de facto de los alumnos y alumnas romaníes.

Muchos romaníes soportaban condiciones de alojamiento inadecuadas, como inseguridad de tenencia y falta de acceso a suministros de agua y electricidad y a instalaciones higiénicas. Los asentamientos romaníes estaban aislados y segregados con excesiva frecuencia. En algunos casos no se informó ni consultó debidamente sobre los desalojos previstos a la comunidad afectada.

En noviembre se presentó a la opinión pública y para consultas con ONG el borrador de un programa nacional para los romaníes. En él se esbozaban medidas destinadas a mejorar la situación de la comunidad romaní para el periodo 2010-2015. El programa abarcaba varios ámbitos de la sociedad en los que los romaníes sufrían discriminación, como la vivienda, la educación, el empleo y la asistencia médica.

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