Eslovaquia
Jefe del Estado
Ivan Gašparovič
Jefa del gobierno
Iveta Radičová (sustituyó a Robert Fico en julio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
5,4 millones
Esperanza de vida
75,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
9/8 por cada 1.000

Se asumieron compromisos para eliminar de la educación la segregación por motivos de origen étnico, pero la comunidad romaní continuó sufriendo discriminación en la educación, la vivienda y la atención de la salud. Eslovaquia hizo caso omiso de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y devolvió a un solicitante de asilo a Argelia.

Información general

En julio accedió al poder un nuevo gobierno de coalición de centroderecha. El programa de gobierno aprobado en agosto incluía el compromiso de aplicar medidas para eliminar de la educación la segregación por motivos de origen étnico.

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Discriminación: comunidad romaní

La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación en distintos ámbitos. Según informes, el Ministerio del Interior anunció que había puesto en marcha la creación de un sistema de recopilación de datos sobre delitos cometidos por personas que vivían en asentamientos romaníes. En septiembre, el ministro manifestó: “Los municipios próximos a asentamientos segregados se encuentran en zonas con mayor índice de criminalidad”.

En octubre, el Tribunal Regional de Košice falló que se discriminaba a los romaníes por su origen étnico al no permitírseles la entrada en uno de los cafés de la localidad de Michalovce. Se trató de una de las primeras sentencias de esta índole. No obstante, el Tribunal se negó a conceder indemnización alguna a las víctimas.

Derecho a la educación

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó en marzo sus observaciones finales sobre Eslovaquia, en las que reiteró su preocupación por la segregación de facto del alumnado romaní en la enseñanza. El Comité instó a Eslovaquia a poner fin a tal discriminación y a prevenirla, así como a tener en cuenta su estrecha relación con la discriminación en los ámbitos de la vivienda y el empleo.

En agosto, el nuevo gobierno reconoció que la existencia de segregación étnica en la enseñanza era un problema sistémico. Sin embargo, en septiembre el Ministerio de Educación negó que la segregación del alumnado romaní fuera un problema grave, y afirmó que se habían presentado pocas denuncias en contra de esta forma de discriminación.

  • En noviembre, la ONG Centro de Derechos Civiles y Humanos interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional en relación con una orden dictada por las autoridades municipales de Prešov en 2008, que al parecer incumplía la Ley contra la Discriminación. La orden establecía la zona a la que correspondía cada una de las siete escuelas de educación primaria de la localidad. La ONG denunciaba que las autoridades municipales asignaban las calles, y en ocasiones hasta la numeración de los edificios, de tal manera que a las calles habitadas únicamente o casi en su totalidad por personas de etnia romaní les correspondía una escuela concreta, que a consecuencia de este sistema se convertía paulatinamente en una escuela sólo para romaníes.

Derecho a la vivienda

Diversos municipios adoptaron la decisión de construir muros o comenzaron a construirlos a fin de separar las zonas donde vivía la minoría romaní de las zonas donde residía la población no romaní.

  • Tras la construcción en 2009 en Ostrovany de un muro para separar un asentamiento romaní del resto del pueblo, el Centro Nacional Eslovaco de Derechos Humanos declaró que, aunque la construcción no constituía un acto discriminatorio, las autoridades municipales no habían cumplido suficientemente con su obligación de prevenir la discriminación. El Centro puso de relieve asimismo que la construcción de muros significaba separación social.
  • En agosto, las autoridades municipales de la localidad de Michalovce acabaron de construir un muro para separar el asentamiento romaní de una zona de viviendas no romaní del pueblo. Los habitantes romaníes del asentamiento se referían a él como “el muro de Berlín” y manifestaron su descontento por la separación. En septiembre, el Defensor del Pueblo declaró que la construcción del muro no violaba derechos ni libertades fundamentales.
  • En septiembre, las autoridades municipales de Prešov levantaron un muro que separaba del pueblo una zona de viviendas habitada principalmente por romaníes. Al parecer, el alcalde afirmó que se trataba de la respuesta de las autoridades a las denuncias de vandalismo. El Centro Nacional Eslovaco de Derechos Humanos afirmó que la construcción constituía una muestra de desigualdad.
  • Casi 90 familias romaníes de Plavecký Štvrtok, pueblo situado a unos 20 km al norte de Bratislava, corrían el riesgo de ser desalojadas por la fuerza de sus viviendas. Desde enero, las autoridades municipales habían notificado a 18 familias que debían demoler sus casas ellas mismas, alegando que estas familias no habían facilitado documentos que demostraran que las viviendas habían sido construidas de acuerdo con la ley.

Esterilización forzada de mujeres romaníes

En marzo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a las autoridades a establecer directrices claras a fin de garantizar que las pacientes estaban plenamente informadas antes de dar su consentimiento para la esterilización, así como a garantizar que tanto el personal médico como las mujeres romaníes conocían bien estas directrices. Seguían pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cinco causas relacionadas con denuncias de esterilización forzada de mujeres romaníes. En dos de éstas, el Tribunal declaró admisibles las denuncias.

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Tortura y otros malos tratos

  • En noviembre, el Tribunal de Distrito de Košice celebró la primera vista de la causa por malos tratos de la policía a seis niños romaníes en abril de 2009. El fiscal general acusó a 10 agentes de policía de abuso de poder con motivación racial. Cuatro de los agentes fueron acusados de falta de diligencia debida, pues al parecer habían presenciado los abusos sin intervenir. Según los informes, todos los agentes se declararon no culpables y se negaron a testificar durante la vista. Tres de ellos continuaron en la policía.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades devolvieron a un hombre a un país en el que podía correr peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

  • En abril, el Ministerio del Interior devolvió a Argelia al solicitante de asilo Mustafa Labsi, a pesar de una resolución dictada en junio de 2008 por el Tribunal Constitucional que había paralizado un intento de extradición por razones de derechos humanos, especialmente debido al peligro de que Mustafa Labsi fuera víctima de tortura en Argelia. En agosto de 2008, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dictado medidas provisionales por las que solicitaba a las autoridades que no llevasen a cabo la extradición hasta que hubiese concluido el proceso de apelación sobre su solicitud de asilo. Argelia había solicitado en 2007 la extradición de Mustafa Labsi, tras condenarlo in absentia en 2005 por delitos de terrorismo e imponerle una pena de cadena perpetua en 2008. Mustafa Labsi estuvo detenido desde 2007 hasta su extradición en abril de 2010. En octubre, el Tribunal Constitucional determinó que la reclusión había conculcado su derecho a la libertad y la seguridad. Al finalizar el año, Mustafa Labsi estaba recluido en la prisión de El Harrach en Argelia a la espera de ser juzgado por pertenecer a “un grupo terrorista extranjero”.
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Personas refugiadas y solicitantes de asilo: detenidos de Guantánamo

El gobierno accedió a aceptar a tres hombres que habían estado bajo custodia estadounidense en Guantánamo. Tras su llegada a Eslovaquia el 5 de enero, fueron recluidos en el centro Medved’ov para migrantes ilegales. En junio y julio se declararon en huelga de hambre para protestar contra su detención y sus malas condiciones de vida. En julio, el gobierno concedió a los tres hombres un permiso de residencia válido por un periodo de cinco años.

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Derecho a la salud: derechos reproductivos

Según la Asociación de Planificación Familiar eslovaca, los equipos directivos de los hospitales solían abusar del derecho a la objeción de conciencia con relación al aborto. La consecuencia era que, al parecer, sólo uno de los cincos hospitales públicos de Bratislava practicaba abortos, debido a las decisiones adoptadas por el equipo directivo del hospital. Pese a las recomendaciones formuladas en 2008 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, las autoridades no habían regulado el recurso a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud para negarse a realizar ciertas prácticas médicas.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Los organizadores del Día del Orgullo en Bratislava tuvieron que modificar la ruta de la primera Marcha del Orgullo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, celebrada el 22 de mayo, tras anunciar la policía que no podría proteger a los participantes de las agresiones de los contramanifestantes. Según la información recibida, la marcha estuvo marcada por la violencia y la intimidación debido a que las autoridades no garantizaron de forma adecuada la seguridad. Según los organizadores, al menos dos hombres que portaban la bandera del arco iris resultaron heridos por contramanifestantes antes de que comenzase la marcha.

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