Eslovaquia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Eslovaca

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Eslovaquia is now live »

Jefe del Estado : Ivan Gašparovič
Jefe del gobierno : Robert Fico
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 5,4 millones
Esperanza de vida : 74,2 por ciento
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 9/9 por cada 1.000

La minoría romaní se enfrentó a prejuicios y hostilidad persistentes y sufrió discriminación en el acceso a educación, vivienda, asistencia médica y otros servicios. Las autoridades no dieron una respuesta adecuada a los ataques contra personas de nacionalidad extranjera y miembros de minorías. Se ofreció protección adicional contra la devolución a las personas cuya solicitud de asilo había sido rechazada, pero la aceptación de «garantías diplomáticas» contra la tortura y otros malos tratos seguía siendo motivo de preocupación.

Discriminación de la comunidad romaní

Muchos romaníes seguían atrapados en un círculo vicioso de marginación y pobreza. En noviembre, la Comisión Europea pidió a Eslovaquia que adoptara medidas concretas sobre el terreno para «salvar la barrera de la segregación» y poner fin a la discriminación contra los niños y niñas romaníes en la educación. Varios miembros eslovacos del Parlamento Europeo instaron además a su gobierno a abordar la segregación de la población romaní en materia de escolarización y acceso a vivienda, calificando el problema de «bomba de relojería».

Educación

Se siguió escolarizando sin motivo a un gran número de niños y niñas romaníes en centros y clases especiales para menores con discapacidad mental y dificultades de aprendizaje, en los que se impartía un programa de estudios reducido que ofrecía escasas posibilidades para reincorporarse a las escuelas normales o pasar a la educación secundaria. A otros se los segregaba en escuelas exclusivas para romaníes repartidas por todo el país. Las precarias condiciones de alojamiento, el aislamiento físico y cultural, la pobreza y la falta de transporte seguían mermando la capacidad de los menores romaníes para asistir a la escuela.

La segregación persistente de los niños y niñas romaníes en el sistema educativo constituía una violación de su derecho a recibir educación sin sufrir discriminación, y el gobierno, al no proporcionarles una educación adecuada, malograba sus perspectivas de empleo en el futuro.

Vivienda y desalojos forzosos

Muchos romaníes vivían en condiciones muy precarias al carecer de acceso a instalaciones sanitarias, conducciones y suministro de agua, gas y electricidad. Sus asentamientos solían estar separados físicamente del pueblo o la ciudad principal, los servicios de transporte público eran escasos y, cuando existían, el precio del billete de autobús no era asequible para muchas familias romaníes.

Continuaron los desalojos forzosos de comunidades romaníes. En enero, la ONG Milan Šimečka Foundation y el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos, en colaboración con el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, publicaron un informe acerca de lo que definieron como campaña de desalojos forzosos contra la población romaní en Eslovaquia.

  • Según informes, en Nové Zámky, más de 200 romaníes fueron desalojados a la fuerza de sus viviendas en septiembre, obligados a mudarse a pueblos de alrededor y reasentados en viviendas inadecuadas. La representante del gobierno eslovaco para las comunidades romaníes, Anina Botošová, criticó la aplicación creciente de una política de desalojos por parte de varios municipios, y manifestó que tales actos eran «ilegales».

Esterilización forzada de mujeres

En enero, el Tribunal Constitucional exigió la reapertura de una investigación sobre la esterilización forzada de tres mujeres romaníes. En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional pidió al Tribunal Regional de Košice que indemnizara a las tres mujeres que habían sido objeto de esterilización forzada entre 1999 y 2002; las tres deberían recibir 50.000 coronas eslovacas (unos 1.420 euros) en concepto de daños y perjuicios. Con anterioridad, las autoridades se habían negado a admitir la práctica de esterilizaciones forzadas en los hospitales del país y sólo habían reconocido que existían «defectos de procedimiento».

Ataques a minorías y personas de nacionalidad extranjera

Continuaron los ataques racistas contra minorías y personas de nacionalidad extranjera. Las ONG expresaron el temor de que tales ataques fueran en aumento.

  • En marzo fue agredido un hombre de Nigeria en Bratislava. Según la ONG Ciudadanos contra el Racismo, los agresores al parecer le gritaron: «¡Tú qué haces aquí, negro! ¡Esto no es áfrica!», y lo tiraron al suelo. De acuerdo con la ONG, cuando llegó la policía y el hombre señaló a sus agresores, los agentes le dijeron: «¡Cállate, que no estás en áfrica!».
  • En mayo, Hedviga Malinová presentó una denuncia ante el Tribunal Constitucional cuando la policía paralizó las actuaciones penales abiertas en relación con una agresión presuntamente por motivos étnicos que la mujer había sufrido en agosto de 2006 a manos de dos hombres en Nitra.

Una investigación policial realizada en octubre de 2006 concluyó que Hedviga Malinová se había inventado los hechos y en mayo se emprendieron acciones penales contra ella por un presunto delito de perjurio. En julio, el jefe de policía Ján Packa admitió que Hedviga Malinová había sido agredida aunque «no como ella decía». En septiembre, el fiscal general, Dobroslav Trnka, reconoció que algunas pruebas de la investigación se habían perdido como consecuencia de «errores de procedimiento cometidos por la policía y la fiscalía».

Hedviga Malinová presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en noviembre, alegando que las autoridades eslovacas la habían sometido a trato inhumano y humillante.

  • En noviembre, según informes, tres hombres atacaron a una menor medio cubana, de 16 años, le gritaron consignas nazis y le dijeron que se marchara de Eslovaquia. La muchacha sufrió lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Dos de los agresores fueron detenidos y acusados de causar lesiones y hacer apología del odio.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En enero se aumentó la protección de los solicitantes de asilo rechazados contra su devolución (refoulement) a países donde podrían ser víctimas de violaciones graves de derechos humanos. No obstante, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) siguió expresando su preocupación por el reducido número de solicitudes de asilo que prosperaban en Eslovaquia. La Oficina de Migración eslovaca informó de que, entre enero y septiembre de 2007, sólo se había reconocido la condición de refugiadas a 8 de las 2.259 personas que la habían solicitado.

«Guerra contra el terror»

El gobierno no rechazó el uso de «garantías diplomáticas» por las cuales los Estados se comprometían a no torturar a las personas que eran objeto de extradición.

  • En noviembre, el Tribunal Regional de Bratislava resolvió que era admisible la extradición de Mustapha Labsi, ciudadano argelino. Acusado de actividad terrorista en Francia y Reino Unido, Mustapha Labsi permanecía bajo custodia en Eslovaquia desde mayo debido a una solicitud de extradición cursada por Argelia. La Fiscalía General de Eslovaquia explicó al tribunal y a los medios de comunicación que las autoridades argelinas le habían ofrecido garantías de que Mustapha Labsi no sería torturado ni condenado a muerte. En septiembre, la Oficina de Migración rechazó la solicitud de asilo y de protección subsidiaria presentada por Mustapha Labsi.

Amnistía Internacional pidió a las autoridades en varias ocasiones que no extraditaran a Mustapha Labsi ya que corría peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como reclusión en régimen de incomunicación en un lugar secreto y tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional pidió al ministro de Justicia que no aceptara garantías diplomáticas de Argelia. Al terminar el año no se había recibido ninguna respuesta sustantiva de las autoridades eslovacas.

Denuncias de malos tratos policiales

  • En noviembre, la periodista Balli Marzec, ciudadana polaca de origen kazajo, fue detenida por protestar ante el Palacio Presidencial durante la visita del presidente de Kazajistán. Aunque los informes recibidos indicaban que su manifestación era legítima, un agente de policía le pidió que dejara de alterar «la paz pública». Ella se negó y dos agentes la llevaron hasta un vehículo policial. Según contó Balli Marzec a Amnistía Internacional, uno de los agentes le dio un puñetazo en el estómago y la golpeó en la cabeza. En el examen médico que le practicaron bajo custodia, sobre cuyos resultados no había sido informada, constaban lesiones leves. Acompañada del cónsul de Polonia, Balli Marzec quedó libre de la custodia policial poco antes de medianoche. Ya en Polonia se le practicó un examen médico y fue sometida a una operación para detener la grave hemorragia interna presuntamente causada por las agresiones. En diciembre, el ministro del Interior, Robert Kaliňák, anunció que el jefe superior de la policía de Bratislava, implicado en los hechos, sería destituido.

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