Singapur

Human Rights in República de Singapur

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Singapur is now live »

Jefe del Estado S. R. Nathan
Jefe del gobierno Lee Hsien Loong
Pena de muerte retencionista
Población 4,5 millones
Esperanza de vida 79,4 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 4/4 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 92,5 por ciento

La relajación de las restricciones a la libertad de reunión se vio ensombrecida por las medidas restrictivas y las elevadas multas impuestas a activistas de la oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Presuntos activistas islámicos continuaron recluidos sin cargos ni juicio en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, y preocupaba que algunos corrieran peligro de sufrir tortura y otros malos tratos durante el interrogatorio. Las personas extranjeras que trabajaban en el servicio doméstico continuaron excluidas de la legislación que protegía los derechos de los trabajadores procedentes de otros países. Singapur votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones. Al menos cinco presos se enfrentaban a una ejecución inminente, aunque se desconocía el número real de ejecuciones.

"Singapur no ofrecía protección básica a las personas extranjeras que trabajaban en el servicio doméstico..."

Represión de la disidencia

Continuaron las medidas restrictivas y las demandas civiles por difamación contra activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos, medios de comunicación extranjeros y objetores de conciencia. El clima de temor y autocensura disuadió a la población singapuresa de participar plenamente en los asuntos públicos.

  • En septiembre, el Tribunal Superior falló que la revista Far Eastern Economic Review había difamado al primer ministro Lee Hsien Loong y al ministro mentor Lee Kuan Yew en un artículo sobre el dirigente de la oposición Chee Soon Juan publicado en 2006. El editor de la revista fue condenado a pagar daños y perjuicios.
  • Se iniciaron acciones legales contra el diario Wall Street Journal Asia por denunciar que el poder judicial no era independiente.
  • En septiembre, Gopalan Nair, autor de un blog, fue condenado a tres meses de cárcel por criticar la forma en que un juez había instruido una causa relacionada con dirigentes de la oposición.
  • En octubre, Chee Soon Juan, que ya estaba en bancarrota, y el activista Chee Siok Chin fueron obligados a pagar 610.000 dólares de Singapur (414.000 dólares estadounidenses) a dirigentes del gobierno en concepto de daños y perjuicios. Posteriormente fueron condenados a la cárcel por desacato al tribunal, cuya actuación durante su juicio habían criticado. Al haberse declarado en bancarrota no podían optar a un escaño en el Parlamento ni salir del país sin autorización.

Libertad de expresión y reunión

El gobierno suavizó las restricciones a la libertad de reunión pública (en lugares designados para ello), pero continuó imponiendo restricciones a los medios de comunicación y a las manifestaciones pacíficas.

  • Se prohibió la película One Nation Under Lee, que mostraba cómo el ex primer ministro controlaba diversas instituciones gubernamentales.
  • Un total de 18 activistas fueron imputados por celebrar marchas de protesta no autorizadas contra el elevado coste de la vida.

Derechos de las personas migrantes

Singapur no ofrecía protección básica a las personas extranjeras que trabajaban en el servicio doméstico (jornada laboral oficial, salario mínimo y acceso a prestaciones laborales). La Ley de Empleo de Trabajadores Extranjeros continuaba excluyendo a las personas que trabajaban en el servicio doméstico.

Reclusión sin juicio

En torno a 23 presuntos activistas islámicos continuaban recluidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Seguía suscitando preocupación el peligro de sufrir tortura y otros malos tratos después de la detención. A cinco hombres que quedaron en libertad se les impusieron órdenes de restricción.

Pena de muerte

Al menos cinco hombres condenados por asesinato se enfrentaban a su ejecución inminente.

El gobierno no ofreció información detallada sobre la aplicación de la pena de muerte, como el número de ejecuciones llevadas a cabo y de condenas a muerte impuestas y la nacionalidad, edad y circunstancias personales de las personas ejecutadas.

En febrero de 2008, Singapur presentó y firmó una declaración de desvinculación donde expresaba su desacuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

En diciembre, el gobierno votó en contra de una segunda resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Libertad de religión

Un total de 26 hombres y mujeres testigos de Jehová continuaban encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. A lo largo del año fueron detenidas otras cinco personas que alegaron objeción de conciencia.

 

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