Singapur - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Singapur

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Singapur is now live »

Jefe del Estado: S.R. Nathan
Jefe del gobierno: Lee Hsien Loong
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

La libertad de expresión y de reunión fue objeto de controles cada vez
más estrictos. Hombres detenidos en años anteriores continuaban
recluidos sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Seguridad
Interna, y se temía que estuvieran expuestos a sufrir malos tratos. Se
dictaron condenas a muerte y al menos cinco personas fueron ejecutadas.
Algunas personas delincuentes fueron condenadas a recibir golpes con
vara.

Información general

El Partido de Acción Popular, que dominaba la vida política y social desde hacía casi medio siglo, fue reelegido en mayo para un mandato de cinco años. El compromiso expresado por el partido de construir una sociedad más abierta no se hizo realidad.

Restricciones a la libertad de expresión y de reunión

Se presentaron o se amenazó con presentar cargos penales y demandas civiles por difamación contra personas críticas con el gobierno, activistas de derechos humanos, seguidores de Falun Gong y medios de comunicación extranjeros. En agosto se anunció la imposición de restricciones más estrictas a diversas publicaciones extranjeras importantes, lo que permitía a las autoridades tomar medidas punitivas con mayor facilidad.

En febrero, el doctor Chee Soon Juan, dirigente del Partido Democrático de Singapur, de la oposición, fue declarado en bancarrota; no había podido pagar la indemnización de 500.000 dólares de Singapur (aproximadamente 306.000 dólares estadounidenses) a dos dirigentes del Partido de Acción Popular, tras resolverse la demanda que ambos habían presentado en 2001 por difamación. Al estar en quiebra se le prohibía presentarse a las elecciones. En marzo permaneció encarcelado durante ocho días por desacato al tribunal tras manifestar públicamente que el poder judicial carecía de independencia. En noviembre fue condenado a cinco semanas de cárcel por hablar en público sin permiso. Tras quedar en libertad se presentaron contra él nuevos cargos penales por hablar en público sin permiso e intentar abandonar el país sin autorización. En agosto, el director y el editor de Far Eastern Economic Review fueron demandados por difamación en relación con la publicación de un artículo favorable a Chee Soon Juan.

J. B. Jeyaretnam, ex dirigente del Partido de los Trabajadores, de la oposición, presentó sin éxito un recurso contra la decisión adoptada en 2001 de declararlo en bancarrota tras una serie de demandas por difamación presentadas por motivos políticos. Continuó sin poder presentarse como candidato a las elecciones.

El periódico Today, de propiedad estatal, suspendió la colaboración del escritor Lee Kin Mun tras la publicación de un artículo en el que éste criticaba el coste de la vida en Singapur.

Dos seguidores de Falun Gong fueron declarados culpables de organizar una protesta ilegal ante la embajada de China. En noviembre fueron condenados a 15 y 10 días de prisión respectivamente. Nueve seguidores de este movimiento religioso fueron acusados de reunirse ilegalmente para distribuir folletos. A Jaya Gibson, periodista británico y seguidor de Falun Gong, se le negó la entrada en Singapur.

El gobierno restringió las iniciativas de activistas nacionales y extranjeros relacionadas con una reunión celebrada en septiembre en Singapur entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que provocó críticas en todo el mundo a las que se sumaron ambas instituciones.

Detenciones sin cargos ni juicio

Al menos 34 hombres permanecían recluidos sin cargos ni juicio en virtud de la Ley de Seguridad Interna. Las autoridades afirmaron que los hombres habían participado en grupos islamistas radicales y que representaban una amenaza para la seguridad de Singapur. Según los informes, siete detenidos fueron puestos en libertad tras colaborar con las autoridades y responder positivamente a la «rehabilitación». Según informes, el viceprimer ministro Wong Kan Seng manifestó en febrero que a estos detenidos no se los trataba como a «invitados a tomar el té», pero negó que hubieran sido torturados.

Objeción de conciencia

Al menos ocho objetores de conciencia al servicio militar fueron encarcelados y otros 12 continuaban cumpliendo condena en 2006. Todos ellos eran miembros del grupo religioso de los Testigos de Jehová, que estaba prohibido. No se tomaron medidas para ofrecer una alternativa al servicio militar.

Pena de muerte y castigo corporal

Al menos cinco personas fueron ejecutadas: dos en junio tras ser declaradas culpables de tráfico de drogas y las otras en noviembre tras ser condenadas por asesinato. Se impusieron condenas a muerte a no menos de cinco personas.

La presencia de presos extranjeros en espera de ejecución hizo que el elevado índice de ejecuciones en Singapur adquiriese mayor relieve en el ámbito internacional. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó preocupación por las ejecuciones en Singapur, y pidió que se pusiese fin a las condenas a muerte por delitos relacionados con las drogas, alegando que la condena a muerte preceptiva suponía una violación de las normas internacionales. En enero, el Colegio de Abogados de Singapur manifestó que pretendía realizar «una revisión sin prejuicios de las cuestiones jurídicas» relativas a la pena de muerte.

Durante todo el año se siguió condenando a personas a recibir golpes con vara; entre ellas se encontraba un muchacho de 16 años condenado por robo, al que no se consideró apto para enviarlo a un reformatorio.

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