Arabia Saudí
Jefe del Estado y del gobierno
rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud

Las autoridades restringían con severidad la libertad de expresión, asociación y reunión, y reprimían la disidencia. Se recluía sin juicio o se condenaba en juicios manifiestamente injustos a quienes criticaban al gobierno o llevaban a cabo labores de activismo político. Las mujeres estaban discriminadas en la ley y en la práctica, y carecían de protección adecuada contra la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia. Los trabajadores y trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Se impusieron y aplicaron condenas de flagelación. Al terminar el año había cientos de personas condenadas a muerte. Se llevaron a cabo al menos 79 ejecuciones.

Información general

En enero, el director de la policía religiosa comunicó su intención de publicar unas directrices en las que notificaría a sus fuerzas que no estaban facultadas para detener o interrogar a ciudadanos saudíes ni para asistir a juicios.

Tras la muerte de Naif bin Abdulaziz al Saud en junio, Salman bin Abdulaziz al Saud ocupó su lugar como príncipe heredero.

Ese mismo mes, la semioficial Sociedad Nacional para los Derechos Humanos publicó su tercer informe sobre derechos humanos e instó al gobierno a: poner fin a la discriminación, fortalecer las atribuciones reguladoras del Consejo Consultivo, y exigir a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y penitenciarias que se ajustaran al Código de Procedimiento Penal y pedir responsabilidades a las que no lo hicieran.

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Represión de la disidencia

Las autoridades siguieron reprimiendo a quienes pedían reformas políticas o de otra índole, así como a los activistas y defensores de los derechos humanos. Algunas de estas personas eran recluidas sin cargos ni juicio, mientras que otras se enfrentaban a procesos judiciales por cargos imprecisos, como “desobedecer al gobernante”.

  • Se presentaron cargos contra Abdullah bin Hamid bin Ali al Hamid y Mohammad bin Fahad bin Muflih al Qahtani, cofundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ONG no registrada), por amenazar la seguridad del Estado, incitar al desorden y socavar la unidad nacional, desobedecer al gobernante y quebrantar la lealtad a él, y cuestionar la integridad de las autoridades. Al parecer, estas acusaciones se derivaban de su participación en el establecimiento de la Asociación, sus llamamientos a la protesta y sus críticas al poder judicial por aceptar como prueba “confesiones” presuntamente obtenidas bajo tortura o coacción. Su juicio comenzó en junio, pero al terminar el año aún no había concluido.
  • Mohammed Saleh al Bajady, cofundador también de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue condenado en abril a cuatro años de prisión, con la prohibición por cinco años de viajar al extranjero. Había sido declarado culpable de comunicarse con organismos extranjeros para “socavar la seguridad” y de otros delitos, como perjudicar la imagen del Estado a través de los medios de comunicación, convocar protestas de familiares de detenidos y estar en posesión de libros prohibidos. Durante cinco semanas estuvo en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento.
  • Fadhel Maki al Manasif, activista de derechos humanos detenido desde octubre de 2011, compareció en juicio en abril, acusado de sedición, de “instigar a la opinión pública contra el Estado”, de “perturbar el orden, participando en manifestaciones” y de otros delitos, al parecer a causa de su labor como activista de derechos humanos. Al terminar el año su juicio estaba en curso.
  • Mikhlif bin Daham al Shammari, defensor de los derechos humanos y escritor, compareció en marzo en juicio ante el Tribunal Penal Especial. Lo acusaban de diversos delitos, como tratar de perjudicar la reputación de Arabia Saudí en los medios de comunicación internacionales, comunicarse con organizaciones sospechosas y acusar de corrupción a órganos estatales. Acababa de salir en libertad bajo fianza en febrero tras pasar un año y medio recluido por haber criticado públicamente los presuntos prejuicios de los ulemas suníes contra la minoría chií y sus creencias. En abril, las autoridades le prohibieron salir de Arabia Saudí durante 10 años. Al terminar el año su juicio continuaba en curso.
  • Khaled al Johani, única persona que el 11 de marzo de 2011 había llegado al lugar donde se había convocado la manifestación del “día de la ira” en Riad, quedó en libertad el 8 de agosto. Se creía que no iba a ser juzgado, aunque no estaba claro cuál era exactamente su situación legal. En julio le habían permitido salir de prisión para pasar dos días con su familia.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Según noticias, el Consejo Consultivo reformó un anteproyecto de ley antiterrorista, pero la ley no se había promulgado aún al concluir el año.

Las autoridades siguieron recluyendo en régimen de incomunicación a presuntos miembros y simpatizantes de Al Qaeda y de grupos islamistas. Se creía que miles de personas detenidas en años anteriores como sospechosas de delitos relacionados con la seguridad seguían recluidas casi en secreto, sin forma de impugnar su reclusión continuada y sin acceso a abogados ni a médicos. A algunas no se les permitía ver a sus familias ni comunicarse con ellas. Las autoridades informaron de que eran cientos las personas detenidas por este tipo de delitos que habían sido juzgadas, pero no facilitaron más detalles, lo que hacía temer que los juicios hubieran sido secretos e injustos.

Hubo varias protestas de familiares de personas detenidas por delitos relacionados con la seguridad. El 23 de septiembre, decenas de personas, entre ellas mujeres y niños, se concentraron en el desierto, cerca de la prisión de Al Tarfiya, en la provincia de Qasim, para pedir la liberación de sus familiares detenidos. Las fuerzas de seguridad las rodearon y las tuvieron sin alimentos ni agua hasta el día siguiente, cuando golpearon y se llevaron detenidos a varios hombres.

En octubre, las autoridades anunciaron que toda persona que se manifestara sería “tratada con firmeza” por las fuerzas de seguridad y procesada. Pese a ello, familiares de personas detenidas por presuntos delitos relacionados con la seguridad celebraron una protesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí, en Riad. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y, al negarse los manifestantes a dispersarse, detuvieron al menos a 22 mujeres, 8 menores de edad y más de 20 hombres. Agentes de seguridad golpearon a un hombre y propinaron patadas a una mujer. La mayoría de los detenidos quedó en libertad tras haberse comprometido por escrito a no volver a participar en protestas, pero unos 15 hombres continuaron recluidos.

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Discriminación: minoría chií

Los miembros de la minoría chií, que denunciaban sufrir discriminación desde hacía tiempo a causa de sus creencias religiosas, organizaron protestas en la Provincia Oriental. Al parecer, las fuerzas de seguridad emplearon en ocasiones fuerza excesiva contra ellos. Según fuentes, unos 10 manifestantes murieron y un número indeterminado sufrió lesiones por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas o en el marco de ellas. Las autoridades afirmaron que las muertes y las lesiones se habían producido al atacar los manifestantes a las fuerzas de seguridad con armas de fuego o cócteles molotov, pero no se emprendieron investigaciones independientes sobre dichos incidentes. Se creía que, al concluir el año, había unos 155 hombres y 20 menores de edad recluidos sin cargos en relación con las protestas.

  • El 26 de septiembre, dos hombres murieron y un tercero resultó herido de muerte en circunstancias poco claras, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una casa en busca de un hombre que presuntamente había “provocado disturbios”. No se tenía constancia de que se hubiera emprendido ninguna investigación independiente al respecto.

Al parecer, varios hombres fueron condenados a flagelación por haber participado en las protestas de la Provincia Oriental, mientras que a otros se les prohibió viajar al extranjero. Los clérigos chiíes que propugnaban reformas o criticaban al gobierno en público eran detenidos y, en algunos casos, acusados de desobedecer al gobernante y de otros delitos.

  • Sheij Nimr Baqir al Nimr, que criticaba con frecuencia la discriminación de la minoría chií, fue detenido el 8 de julio en Al Awwamiya (Provincia Oriental), al parecer a causa de unos comentarios que presuntamente había formulado tras la muerte del ministro del Interior, el príncipe Naif bin Abdulaziz al Saud. En el momento de su detención resultó herido de bala en circunstancias controvertidas. Las autoridades lo calificaron de “instigador de la sedición” y aseguraron que había recibido el disparo en un puesto de control, cuando él y otras personas se resistieron a ser detenidos y trataron de escapar; sin embargo, su familia sostenía que estaba solo y desarmado cuando fue detenido. Al terminar el año continuaba recluido sin cargos ni juicio.
  • En agosto se presentaron cargos, por instigar a las autoridades, calumniar al Consejo de Ulemas y otros delitos, contra Sheij Tawfiq al Amer, clérigo chií que propugnaba reformas y llevaba recluido desde agosto de 2011. En diciembre fue condenado a tres años de prisión y a la prohibición de viajar durante cinco años y de dar prédicas y discursos.
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Tortura y otros malos tratos

Según informes, la tortura y los malos tratos de detenidos y presos condenados seguían siendo prácticas comunes y generalizadas, que habitualmente quedaban impunes. Entre los métodos denunciados se mencionaban palizas, suspensión por las extremidades y privación de sueño. Al parecer, entre las personas torturadas figuraban manifestantes detenidos, que permanecían recluidos en régimen de incomunicación durante días o semanas, sin cargos ni juicio.

  • Según noticias, algunas personas recluidas en la prisión de Al Hair comunicaron a sus familias en agosto que habían sido agredidas por guardias penitenciarios, y temían por su vida.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de género.

Por primera vez se permitió a dos mujeres saudíes participar en los Juegos Olímpicos, aunque con condiciones relativas al código indumentario islámico y a la presencia de tutela masculina.

La ley seguía exigiendo a las mujeres la autorización de un tutor varón para casarse, viajar, aceptar trabajo remunerado o matricularse en centros de educación superior. A diferencia de los varones, las mujeres saudíes casadas con extranjeros no podían transmitir la nacionalidad a sus hijos. Continuaba la prohibición de conducir para las mujeres, aunque la campaña “Mujeres al volante”, llevada a cabo por activistas locales, la desafiaba. Al parecer, algunas mujeres se veían atrapadas en relaciones violentas y de maltrato a causa de normas discriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio.

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Derechos de la población trabajadora migrante

La legislación laboral no protegía adecuadamente a los trabajadores migrantes –que representaban alrededor de un tercio de la población– y los dejaba expuestos a sufrir explotación y abusos a manos de sus empleadores. Las empleadas domésticas corrían especial riesgo de violencia sexual y otros abusos.

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Penas crueles, inhumanas o degradantes

Los tribunales continuaban imponiendo penas de flagelación, ya fuera como pena principal o suplementaria, por numerosos delitos. Al menos cinco personas fueron condenadas a recibir entre 1.000 y 2.500 latigazos. Las penas de flagelación se ejecutaban en las prisiones.

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Pena de muerte

Los tribunales continuaron imponiendo condenas de muerte por diversos delitos relacionados con drogas y de otra índole. Se creía que había cientos de personas condenadas a muerte, algunas desde hacía muchos años. Al menos 79 presos fueron ejecutados, en su mayoría en público. De ellos, unos 52 eran saudíes, y 27, extranjeros, y entre ellos había como mínimo una mujer. En algunos casos se ejecutó a personas por delitos no violentos.

  • Rizana Nafeek, trabajadora doméstica de Sri Lanka, continuaba en espera de ejecución. Había sido declarada culpable en 2007 del asesinato del bebé de su empleadora cuando tenía 17 años. En el juicio no tuvo abogado defensor. Confesó durante el interrogatorio policial, posiblemente bajo coacción, y más adelante se retractó de la confesión.
  • Suliamon Olyfemi, de nacionalidad nigeriana, continuaba en espera de ejecución tras haber sido condenado a muerte en un juicio injusto en 2004.
  • Qassem bin Rida bin Salman al Mahdi, Khaled bin Muhammad bin Issa al Qudaihi y Ali Hassan Issa al Buri, todos ellos de nacionalidad saudí, corrían al parecer peligro de ser ejecutados tras haber agotado todas las vías de recurso contra sus sentencias condenatorias por cargos relacionados con drogas. Según la información recibida, no habían tenido acceso a asistencia letrada mientras se encontraban en prisión preventiva tras su detención en julio de 2004, y al menos uno de ellos había confesado “bajo coacción”. Inicialmente, Ali Hassan Issa al Buri había sido condenado a 20 años de prisión y a recibir 4.000 latigazos. Sin embargo, más tarde, pese a que el Tribunal de Casación había fallado que se debían conmutar las condenas a muerte de los otros dos presos, el Tribunal General de Qurayyat desoyó dicha sentencia y Ali Hassan Issa al Buri fue condenado también a muerte. Finalmente, las tres condenas de muerte fueron confirmadas por el Consejo Judicial Supremo en 2007.
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Amnistía Internacional en las redes sociales

Visitas

  • En la práctica se siguió prohibiendo a Amnistía Internacional visitar Arabia Saudí para investigar sobre la situación de derechos humanos.