Información general

En febrero, el ministro de Justicia indicó que Arabia Saudí tenía la intención de desarrollar un sistema de justicia que incorporara lo mejor de los sistemas judiciales de otros Estados, como un marco legal efectivo contra el terrorismo y la posibilidad de que mujeres abogadas intervinieran ante los tribunales que conocían de las causas por disputas domésticas. Al finalizar 2010, sin embargo, el sistema de justicia seguía careciendo en gran medida de transparencia. El 12 de abril de 2010, el Consejo Superior de Ulemas dictó la Fetua 239, que tipificaba como delito la “financiación del terrorismo”. El edicto concedía a los jueces la potestad de imponer cualquier condena, incluida la pena de muerte.

En mayo, el rey ordenó la formación de un comité encargado de racionalizar los procedimientos basados en la ley islámica (sharia) y restringir los castigos corporales. Se esperaba que se limitaran las flagelaciones a 100 latigazos, lo que acabaría con la discrecionalidad de los jueces, que en algunos casos había dado lugar a penas de decenas de miles de latigazos. Al finalizar 2010, todavía no se había puesto en marcha la reforma.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Se detuvo a más de un centenar de personas por presuntos delitos relacionados con la seguridad, y seguía sin conocerse con claridad ni revelarse oficialmente la condición jurídica de miles más detenidas en años anteriores.

• En marzo, las autoridades indicaron que en los últimos meses habían detenido por estos motivos a 113 personas: 58 saudíes, 52 yemeníes, un somalí, un bangladeshí y un eritreo. Entre los 58 saudíes figuraba una mujer, Haylah al Qassir, detenida al parecer en febrero en Burayda. Las autoridades señalaron que las 113 personas detenidas formaban parte de tres células armadas y planeaban llevar a cabo atentados. Explicaron que las habían descubierto después de que, en octubre de 2009, las fuerzas de seguridad mataran a dos presuntos miembros de Al Qaeda en la provincia de Yizan. No se facilitaron más datos.
• El Dr. Ahmad Abbas Ahmad Muhammad, de nacionalidad egipcia, siguió recluido en la Prisión de Al Hair, en Riad. No se conocía con seguridad su situación jurídica. Había sido detenido poco después de que un atentado suicida con bomba perpetrado en Riad en mayo de 2003 se cobrara la vida de 35 personas. Según los informes, se había desplazado de Egipto a Arabia Saudí para trabajar en un centro de salud.

En julio, al parecer después de que las autoridades decidieran que ya no suponían una amenaza tras haber sido sometidos a un “programa de rehabilitación”, fueron puestos en libertad al menos 12 sospechosos detenidos en años anteriores. A otros 10 –todos, según los informes, ex detenidos de Guantánamo devueltos a Arabia Saudí por las autoridades estadounidenses– se les impusieron en marzo condenas condicionales de entre 3 y 13 años de cárcel y se les prohibió salir de Arabia Saudí durante cinco años. No se conocían detalles del juicio ni de los cargos. Unos 15 saudíes más seguían en Guantánamo bajo custodia estadounidense.

En junio, el viceministro del Interior declaró al periódico Okaz que se estaba juzgando a un gran número de detenidos y que todos ellos recibirían “ el castigo merecido”, pero no facilitó más detalles. Noticias de prensa aparecidas en septiembre daban a entender que se estaban creando tribunales de tres magistrados para juzgar a personas acusadas de delitos punibles con la pena capital, mientras que a las acusadas de otros delitos las juzgarían tribunales integrados por un solo juez. Sugerían también que los tribunales empezarían a funcionar en breve en Yidda y que luego se mudarían a Riad. En octubre se inició el primer juicio en una prisión de Yidda. Entre los 16 acusados figuraban 7 personas que abogaban por una reforma política pacífica y que se encontraban recluidas desde febrero de 2007. El juicio se celebró a puerta cerrada, y las autoridades no dieron a conocer los cargos con precisión. A los acusados no se les permitió el acceso a abogados.

• Entre las 16 personas a las que se empezó a juzgar en octubre figuraba Sulaiman al Rashudi, ex juez de más de 70 años, detenido el 2 de febrero de 2007 en Yidda junto con otros defensores de la reforma. En agosto de 2009, activistas de derechos humanos habían pedido a un tribunal administrativo, el Tribunal de Reclamaciones, que ordenara al Ministerio del Interior que lo pusiera en libertad. El Ministerio señaló que el Tribunal no era competente, pues Sulaiman al Rashudi ya había sido acusado formalmente, y su causa se había remitido al Tribunal Penal Especial.

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Libertad de religión

Se detuvo a decenas de musulmanes y cristianos debido a sus creencias religiosas o por manifestarlas. Se persiguió a miembros de la comunidad chií por organizar reuniones de oración, celebrar fiestas religiosas chiíes e infringir presuntamente las restricciones sobre la construcción de mezquitas y escuelas religiosas chiíes.

• En enero se detuvo a Turki Haydar Muhammad al Ali y a cinco personas más, en su mayoría estudiantes, después de que, en diciembre de 2009, aparecieran carteles de una Al Hussainiya (centro religioso chií) con ocasión de la Ashura, día santo del chiismo. Se los recluyó sin cargos ni juicio en la prisión de Al Isha, donde seguían, al parecer, al finalizar el año.
• Makhlaf Daham al Shammari, musulmán suní y activista de derechos humanos, fue detenido el 15 de junio tras publicar un artículo en el que acusaba a los ulemas suníes de tener prejuicios hacia los miembros de la comunidad chií y sus creencias. Al finalizar 2010 seguía recluido en la Prisión General de Dammam, y el Tribunal de Reclamaciones no se había pronunciado todavía sobre un recurso contra su detención arbitraria.
• En octubre, la policía religiosa detuvo en Riad a 12 filipinos y a un sacerdote católico tras irrumpir en un oficio religioso que se estaba celebrando en secreto. Se los acusaba, al parecer, de proselitismo. Al día siguiente quedaron en libertad bajo fianza.

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Tortura y otros malos tratos

Las autoridades mantenían un gran hermetismo en lo tocante a las personas recluidas y al trato y a las condiciones en los centros de reclusión, pero se conocieron informes según los cuales hubo al menos dos muertes bajo custodia, posiblemente como consecuencia de torturas u otros malos tratos.

• El Dr. Muhammad Amin al Namrat, ciudadano jordano, murió en enero en la prisión de los servicios de Inteligencia General en la provincia de Asir. Según los informes, este profesor de árabe había sido condenado en 2007 a dos años de cárcel por incitar a sus estudiantes a tomar las armas contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Irak. Al parecer, había permanecido recluido tras cumplir la pena que se le había impuesto. Según los informes, no se llevó a cabo ninguna investigación oficial sobre su muerte.
• Mohammed Farhan murió en septiembre, cuando se encontraba detenido en una comisaría de Yubail. En un informe médico se indicaba, al parecer, que el cadáver presentaba marcas de estrangulamiento en el cuello. Al finalizar el año, según los informes, no se había efectuado todavía una investigación sobre su muerte.

Un hombre que había estado recluido en 2007 y 2008 en la prisión de Ulaysha, en Riad, por presuntos delitos contra la seguridad contó a Amnistía Internacional que, tras su detención, lo habían tenido durante 27 días esposado y con grilletes antes de que le quitaran las esposas y le permitieran ducharse por primera vez. Señaló también que lo habían interrogado por la noche durante más de un mes y que éste era un procedimiento habitual con los sospechosos de delitos relacionados con la seguridad.

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Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se imponían y ejecutaban de manera habitual, como condena principal o suplementaria, penas consistentes en castigos corporales, en especial de flagelación.

• En enero, un tribunal de Yubail condenó a una niña de 13 años a recibir 90 azotes delante de sus compañeras de clase, tras declararla culpable de agredir a una maestra. Le impuso también dos meses de cárcel. No se revelaron más detalles sobre el caso y no estaba claro si le habían dado los azotes.
• En noviembre, según los informes, un tribunal de Yidda condenó a un hombre a recibir 500 latigazos y a cinco años de prisión por homosexualidad, entre otros cargos.

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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica y siendo víctimas de violencia intrafamiliar y de otros tipos. La ley no reconocía a las mujeres la misma condición que a los hombres, y las normas sobre la tutela masculina comportaban que la mujer dependiera del hombre en lo referente al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la libertad de circulación. Por esta razón, las mujeres eran vulnerables a la violencia dentro del hogar, que los hombres podían perpetrar con impunidad.

• El caso de una niña de 12 años a la que su padre había obligado a casarse con un hombre de 80 años por dinero tuvo una gran repercusión en Arabia Saudí y el extranjero. Gracias a las acciones judiciales emprendidas por activistas locales de derechos humanos, el caso alcanzó un gran relieve y la niña obtuvo el divorcio en febrero.
• En febrero, el Consejo Judicial Supremo anuló la resolución adoptada en 2006 por un tribunal inferior, en la que se exigía a la pareja formada por Fatima al Azzaz y Mansur al Taimani que se divorciaran en contra de su voluntad. La causa inicial se había abierto a instancias del hermano de Fatima al Azzaz, que alegaba que el esposo de ésta pertenecía a una tribu de condición social inferior y, por lo tanto, no cumplía la regla de la paridad de posición, que estipulaba que los cónyuges debían ser de la misma posición social para que el matrimonio fuera válido.

En noviembre se eligió a Arabia Saudí miembro del consejo de un nuevo organismo de la ONU creado para promover los derechos de las mujeres.

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Derechos de las personas migrantes

Debido al sistema de patrocinio que regulaba el empleo de ciudadanos extranjeros, éstos seguían expuestos a sufrir explotación y abusos a manos de empleadores privados y públicos, y sus posibilidades de obtener reparaciones eran escasas o nulas. Largas jornadas de trabajo, impago de salarios, denegación del permiso para volver al país de origen tras la finalización del contrato y actos de violencia, en especial contra las trabajadoras domésticas, eran algunos de los abusos más comunes.

• En mayo se permitió volver a Sudán a Yahya Mokhtar, médico sudanés que desde 2008 había tenido que permanecer en Arabia Saudí con su familia, porque su ex empleador se negaba a que lo dejaran salir del país.
• Cuando L.P. Ariyawathie, empleada domeśtica de Sri Lanka, regresó a su país en agosto, le encontraron 24 clavos y una aguja clavados en las manos, en una pierna y en la frente. La mujer afirmó que las lesiones se las había hecho la persona para la que trabajaba al quejarse ella de que tenía mucho trabajo. No se sabía con seguridad si las autoridades saudíes estaban investigando el asunto.
• Una trabajadora doméstica indonesia, Sumiati Binti Salan Mustapa, fue hospitalizada en Medina después de denunciarse que las personas para las que trabajaba la habían golpeado, quemado con una plancha y hecho cortes en la cara con unas tijeras. En Abha se encontró en un contenedor el cadáver mutilado de otra trabajadora doméstica indonesia, Kikim Komalasari. Según los informes, las autoridades saudíes e indonesias estaban investigando ambos casos.

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Ataques aéreos y homicidios de civiles en el norte de Yemen

En noviembre de 2009, fuerzas saudíes se vieron implicadas en el conflicto que enfrentaba al gobierno yemení y a los rebeldes partidarios del clérigo Al Huthi en la región yemení de Sada (véase el apartado sobre Yemen). Se registraron enfrentamientos entre partidarios armados del clérigo y las fuerzas saudíes, y éstas llevaron a cabo ataques aéreos contra ciudades y pueblos de Sada. Al parecer, algunos de estos ataques fueron indiscriminados o desproporcionados y causaron muertos y heridos entre la población civil, por lo que habrían vulnerado el derecho internacional humanitario. Los ataques cesaron en febrero de 2010, cuando el gobierno yemení y los rebeldes de Al Huthi acordaron un alto el fuego.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En junio y julio, las autoridades devolvieron a Somalia a 2.000 ciudadanos somalíes, a pesar de la continuación del conflicto armado en este país y de los llamamientos formulados por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Las personas devueltas eran en su mayoría mujeres.

• Veintiocho eritreos seguían confinados en un campo próximo a la localidad de Yizan. Al parecer se encontraban allí desde 2005.

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Pena de muerte

El número de ejecuciones registradas descendió por segundo año consecutivo. Se ejecutó al menos a 27 personas, disminución notable frente a las 69 ejecuciones registradas en 2009 y las 102 registradas en 2008. Entre las personas ejecutadas había 6 ciudadanos extranjeros.

Al menos 140 personas se encontraban condenadas a muerte, en algunos casos por delitos no violentos, como apostasía y brujería.

• Entre los condenados a muerte figuraban el libanés Ali Hussain Sibat y el sudanés Abdul Hamid bin Hussain bin Mustafa al Fakki, que habían sido declarados culpables de “brujería” en causas separadas. En ambos casos, los juicios fueron injustos, pues se llevaron a cabo en secreto y los acusados no dispusieron de abogados defensores.

Arabia Saudí fue uno de los pocos Estados que votaron en diciembre en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

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