Arabia Saudí - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Arabia Saudí

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Arabia Saudí is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud
Pena de muerte
retencionista
Población
25,7 millones
Esperanza de vida
72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
26/17 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
85 por ciento

Las autoridades tomaron una amplia gama de medidas represivas contra la libertad de expresión y otras actividades legítimas. Se detuvo a centenares de personas sospechosas de terrorismo. Millares más detenidas en nombre de la seguridad en años anteriores continuaron encarceladas; entre ellas había presos de conciencia. Unas 330 personas detenidas por motivos de seguridad fueron sometidas a juicios injustos ante un tribunal especial recién establecido que se reunía a puerta cerrada. Una de ellas fue condenada a muerte, y 323, a prisión.

Las mujeres continuaron sufriendo grave discriminación en la ley y en la práctica, a pesar de algunos signos de reforma. El Estado apenas hacía nada para atajar la violencia generalizada de que eran objeto y que afectaba en particular a las trabajadoras domésticas. Se sometió a hostigamiento a musulmanes chiíes y a otras personas por practicar su religión. Se violaban los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. La administración de justicia, de carácter sumario, continuó envuelta en el secreto. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran una práctica sistemática y que se llevaba a cabo con impunidad. Se imponían de manera habitual condenas de flagelación. Se hizo amplio uso de la pena de muerte. Fueron ejecutadas al menos 69 personas, 2 de ellas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Información general

En febrero, durante la aplicación del mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, el gobierno prometió introducir varias reformas, reafirmando a la vez que la legislación del país estaba basada en conceptos religiosos. En mayo, Arabia Saudí fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En febrero se nombró por primera vez a una mujer viceministra, y el Tribunal Supremo comenzó a desempeñar la función de máxima instancia judicial, como disponía la Ley del Poder Judicial de 2007. Asimismo, los tribunales de casación fueron sustituidos por tribunales de apelación.

En julio, el gobierno introdujo la primera ley del país contra la trata de seres humanos, que representaba al parecer un problema grave. Las personas declaradas culpables de trata podían ser condenadas a hasta 15 años de cárcel y al pago de una multa.

Se tuvo noticia de ataques de miembros o partidarios de Al Qaeda. Según informes, en agosto, el viceministro del Interior resultó herido en un atentado suicida con explosivos con el que se pretendía asesinarlo. En octubre, el Ministerio del Interior anunció que habían muerto dos hombres en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y activistas armados ocurrido en la provincia de Yizan y que se había detenido a seis ciudadanos yemeníes.

En los últimos meses de 2009, el conflicto de la región yemení de Sada se extendió a Arabia Saudí y, según informes, los combatientes rebeldes de Yemen mataron a varios soldados saudíes. Aviones de combate saudíes atacaron a los rebeldes yemeníes; no quedó claro si las autoridades habían tomado las precauciones necesarias para proteger a la población civil de tales ataques. El gobierno intentó cerrar la frontera a las personas que huían del conflicto. Las que cruzaron desde Sada fueron devueltas a Yemen.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades tomaron en nombre de la lucha contra el terrorismo diversas medidas represivas, que menoscababan incipientes reformas jurídicas. Se utilizaron leyes antiterroristas redactadas de manera muy general e imprecisa para reprimir la libertad de expresión y otras actividades legítimas. Las fuerzas de seguridad no respetaban siquiera estas leyes, pues sabían que podían actuar con impunidad.

En 2009 se detuvo por razones de seguridad a centenares de personas, que se sumaron a los millares de detenidas en años anteriores. Todas estaban recluidas prácticamente en secreto. Muchas eran presuntas partidarias de grupos islamistas. Normalmente, estas personas permanecían recluidas sin cargos ni juicio durante meses o años, mientras se las sometía a investigación e interrogatorio, y no tenían ningún medio de impugnar la legalidad de su detención. La mayoría no tenían acceso a abogados, y algunas pasaban meses o años sin que se les permitiera ver a sus familias ni comunicarse con ellas. Se hallaban recluidas en prisiones donde la tortura y otros malos tratos eran una práctica muy extendida, utilizada para obtener “confesiones” autoincriminatorias. Si se presentaban cargos contra ellas, eran sometidas a juicios injustos, celebrados en secreto, sin abogados defensores y en los que un tribunal formado por tres personas les preguntaba brevemente por sus “confesiones”. Podían imponérseles desde la pena de muerte hasta condenas de flagelación o prisión. Algunas de estas personas se encontraban encarceladas pese a haber cumplido ya sus condenas, y otras estaban recluidas por tiempo indefinido para su “reeducación”.

  • En julio, el gobierno anunció que 330 personas habían sido juzgadas ante un tribunal penal especial recién constituido. Se había absuelto a 3 de ellas y se habían impuesto penas de hasta 30 años de prisión a 323. Una había sido condenada a muerte, y a 3 se les había prohibido viajar al extranjero. Al parecer, a algunos de los 323 condenados a prisión les habían impuesto además multas o penas de residencia forzosa; otros serían puestos en libertad únicamente tras “arrepentirse”. No se ofreció ninguna información sobre los cargos formulados contra los acusados ni sobre las pruebas utilizadas para declararlos culpables. Tampoco se explicó nada sobre centenares de personas más que estaba previsto juzgar ante el mismo tribunal.

Presos de conciencia

Las autoridades continuaron privando de libertad a personas que habían expresado pacíficamente críticas contra el gobierno o que eran activistas de los derechos humanos, detenidas en algunos casos en años anteriores. Estas personas eran presos de conciencia.

  • Continuaron recluidos sin juicio a lo largo de 2009 siete hombres que habían sido detenidos en febrero de 2007 en relación con una petición en la que se solicitaba la libertad de las personas recluidas si no eran sometidas a un juicio justo y se propugnaba el establecimiento de una organización de derechos humanos. Se hallaban sometidos a régimen de aislamiento en la prisión de Dhahban. El Ministerio del Interior acusaba a los siete –Al-Sharif Saif al Ghalib, Saud al Hashimi, Abdel Rahman Khan, Musa al Qirni, Fahd al Qirshi, Sulieman al Rushudi y Abdel Rahman al Shumayri– de recaudar fondos para financiar actividades terroristas, pero ellos lo negaban categóricamente. En octubre, el Tribunal de Quejas vio una apelación contra la reclusión de Abdel Rahman al Shumayri. En diciembre, el Ministerio del Interior afirmó que se disponía a llevarlo a juicio, pero al terminar el año no se había emprendido ningún trámite.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran comunes y se cometían con impunidad. Se aplicaban métodos como someter a la víctima a brutales palizas, aplicarle descargas eléctricas, impedirle dormir, mantenerla colgada e insultarla.

  • Según informes, Saud al Hashimi, preso de conciencia recluido en régimen de aislamiento desde su detención, en febrero de 2007, fue torturado y sometido a otros malos tratos durante varios días tras declararse en huelga de hambre en junio para protestar por su prolongada detención. Al parecer, lo dejaron en ropa interior, lo encadenaron y lo llevaron a rastras a una celda donde hacía un frío extremo, en la que lo tuvieron durante cinco horas.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres continuaron sufriendo grave discriminación en la ley y en la práctica. Necesitaban un tutor varón para salir de casa, casarse o acceder a muchos servicios públicos. Seguían teniendo prohibido conducir. En julio, funcionarios saudíes dijeron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno iba a tomar medidas para reducir la discriminación contra las mujeres, pero al final del año no se había producido ningún cambio significativo.

En abril, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer publicó un informe sobre su visita de 2008 a Arabia Saudí. Señalaba en él pequeñas reformas, pero llegaba a la conclusión de que el alto grado de discriminación de que eran objeto las mujeres menoscababa sus derechos y su dignidad. En el informe se determinaba también que había varios factores –como la falta de autonomía y de independencia económica de las mujeres, las prácticas existentes en torno al divorcio y la custodia de los hijos e hijas, la ausencia de una ley que tipificara como delito la violencia contra las mujeres y las incoherencias de la ejecución de la ley y la administración de justicia– que impedían a muchas mujeres escapar de ámbitos donde sufrían abusos. La relatora señalaba también que la violencia contra las trabajadoras domésticas no estaba lo suficientemente reconocida por el Estado.

Los medios de comunicación pusieron de relieve varios casos de violencia contra las mujeres.

  • En febrero, una mujer soltera de 23 años, que había sido violada por cinco hombres tras acceder a que la llevaran en automóvil al lugar al que se dirigía, fue condenada por el tribunal de distrito de Yidda a un año de prisión y a recibir 100 latigazos por fornicación fuera del matrimonio e intento de aborto del feto consecuencia de la violación. No se sabía bien qué medidas se habían tomado contra sus presuntos violadores.
  • En julio, un hombre mató a tiros a sus dos hermanas porque la policía religiosa las había detenido por relacionarse con hombres no emparentados con ellas. Las mató delante de su padre, y éste lo “perdonó” porque había defendido el honor de la familia. No estaba claro que el hombre hubiera sido puesto a disposición judicial, pues había información contradictoria al respecto.

Tras hacerse publicidad sobre las consecuencias negativas del matrimonio a temprana edad para las mujeres, surgieron iniciativas de organismos oficiales para abordar la cuestión.

Libertad de religión

Se sometió a hostigamiento por sus creencias a musulmanes chiíes y al menos a un cristiano. Quedaron en libertad 18 chiíes ismailíes, 17 de los cuales estaban cumpliendo condenas de 10 años de prisión desde 2000. La mayoría eran presos de conciencia.

  • En enero fue detenido Hamoud Saleh al Amri tras haber anunciado en su blog que había abjurado del islam y se había convertido al cristianismo. Quedó en libertad a finales de marzo con la condición de que no viajara al extranjero ni apareciera en los medios de comunicación.
  • Al menos 10 musulmanes chiíes, entre ellos 6 niños de entre 14 y 16 años, fueron detenidos en marzo en la Provincia Oriental y recluidos en régimen de incomunicación en relación con una manifestación convocada el 27 de febrero para protestar contra unas detenciones de chiíes que habían ido a visitar la tumba del profeta Mahoma en Medina. Algunos de los niños quedaron en libertad al cabo de unas semanas, pero no se sabía bien qué les había ocurrido a los demás.
  • En marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron, según informes, a varios musulmanes chiíes en la ciudad de Al Awamiya por protestar contra el hecho de que se hubiera dictado una orden de detención contra un destacado clérigo e imán chií por criticar unas agresiones sufridas por peregrinos chiíes y denunciar la presunta discriminación de la comunidad chií.

Derechos de las personas migrantes

Los empleadores y los funcionarios del Estado cometían con impunidad abusos contra los derechos de los trabajadores migrantes. A las personas empleadas en el servicio doméstico, especialmente a las mujeres, se les hacía trabajar hasta 18 horas al día, y en algunos casos sufrían abusos sexuales y otros malos tratos.

Unos 500 trabajadores migrantes y otras personas recluidas en el centro de expulsión de Al Shumaisi, en Riad, se declararon en huelga de hambre en septiembre para protestar contra su prolongada detención y las condiciones de hacinamiento y suciedad que soportaban. Algunos tenían pasaportes válidos y billetes de avión para salir de Arabia Saudí, pero no se les permitía impugnar la legalidad de su detención, sino que tenían que pasar hasta siete meses recluidos antes de ser expulsados. Según informes, algunos murieron bajo custodia.

  • Mohammed Saquib, ciudadano indio que había huido de su empleador, murió el 30 de agosto en el centro de expulsión de Al Shumaisi, aparentemente de tuberculosis y por falta de la debida atención médica.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades continuaron negando la entrada a algunos refugiados y solicitantes de asilo. A partir de agosto cerraron la frontera sur con Yemen para impedir la entrada de personas que huían del conflicto en la región yemení de Sada.

  • En un campo próximo a la ciudad de Yizan seguían recluidos 28 eritreos; se creía que estaban allí desde 2005.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Se siguieron imponiendo y ejecutando penas de flagelación. Algunas personas declaradas culpables de robo fueron condenadas a la amputación de las manos.

  • El 25 de marzo, un tribunal de La Meca condenó a un hombre a 15 años de cárcel y a recibir 40.000 latigazos por tentativa de violación y homicidio sin premeditación de una joven; ésta había muerto atropellada por un camión al entrar precipitadamente en una carretera huyendo del hombre.
  • El 24 de julio se amputó la mano derecha a Hasan bin Ayyash Ahmed Sagheer, yemení declarado culpable de robo.
  • El 28 de septiembre fueron azotados en público en Jobar y Dammam alrededor de 20 adolescentes, cada uno de los cuales recibió al menos 30 latigazos, por unos disturbios ocurridos en Jobar la semana anterior.

Pena de muerte

Continuó haciéndose amplio uso de la pena de muerte. A diferencia de años anteriores, no se tuvo noticia de la ejecución de ninguna persona únicamente por delitos de drogas. Las personas acusadas de delitos penados con la muerte eran sometidas a juicios manifiestamente injustos, donde se les negaba asistencia letrada y eran declaradas culpables sin más pruebas que “confesiones” obtenidas presuntamente con tortura.

Se ejecutó al menos a 69 personas. Había 141 condenados a muerte, aunque se creía que la verdadera cifra era mucho mayor. Entre las personas ejecutadas había 2 mujeres, 2 hombres que eran menores de edad en el momento del delito y 19 ciudadanos extranjeros.

  • El 10 de mayo fueron decapitados en Medina, tras juicios manifiestamente injustos, cinco hombres, dos de los cuales, Sultan bin Sulayman bin Muslim al Muwallad, ciudadano saudí, e Issa bin Muhammad Umar Muhammad, chadiano, habían sido declarados culpables de delitos cometidos presuntamente cuando tenían 17 años. Entre tales delitos figuraba el secuestro y violación de menores.

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