Rumania - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Rumania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Rumania is now live »

Jefe del Estado : Traian Băsescu
Jefe del gobierno : Călin Popescu-Tăriceanu
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 21,5 millones
Esperanza de vida : 71,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 23/17 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 97,3 por ciento

Rumania negó las acusaciones según las cuales había permitido la existencia de centros estadounidenses de detención secreta en su territorio y rechazó varias peticiones para que se reabriera una investigación sobre el asunto. La comunidad romaní seguía sufriendo intolerancia y discriminación, al igual que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron presuntamente responsables de homicidios ilegítimos. Persistió la preocupación por la asistencia y el tratamiento de pacientes en las  instituciones de salud mental.

Información general

La opinión mayoritaria atribuía la inestabilidad política durante el año a la rivalidad entre el primer ministro, Călin Popescu-Tăriceanu, y el presidente, Traian Băsescu. El Parlamento suspendió de su cargo a Băsescu en abril, pero en un referéndum revocatorio celebrado en mayo, la mayoría del electorado votó a favor de su permanencia en el cargo.

El 1 de enero, Rumania se convirtió en Estado miembro de la Unión Europea. En su informe de actualización de junio, la Comisión Europea instó a Rumania a adoptar un proceso judicial más transparente y eficaz, y advirtió al país que debía adoptar medidas más contundentes para combatir la corrupción.

«Guerra contra el terror»

La presunta implicación de Rumania en el programa estadounidense de detenciones secretas y vuelos para entregas extraordinarias siguió siendo motivo de preocupación.

En febrero, el Parlamento Europeo concluyó que Rumania y Polonia no habían investigado debidamente las denuncias según las cuales Estados Unidos gestionaba centros de detención secreta en sus territorios. La Comisión calificó de superficial la investigación realizada por Rumania sobre el asunto y expresó su preocupación por la falta de control de las autoridades sobre las actividades estadounidenses en las bases militares rumanas.

En junio, Dick Marty, relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre las detenciones secretas, hizo público un segundo informe en el que revelaba nuevas pruebas sobre la reclusión de detenidos «de alto valor» bajo custodia estadounidense en centros clandestinos instalados en Polonia y Rumania durante el periodo 2002-2005. Un acuerdo secreto firmado en 2001 entre los miembros de la OTAN proporcionó la base para estas y otras actividades ilegales de la CIA en Europa, según el informe del relator.

También en junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa comentó que se había podido establecer ya, con un elevado índice de probabilidad, que durante algunos años habían existido en Polonia y Rumania centros de detención secreta gestionados por la CIA como parte de su programa de detenidos «de alto valor». La Asamblea Parlamentaria hizo un llamamiento a la vigilancia democrática de los servicios de inteligencia extranjeros que actuaban en ambos países y además solicitó investigaciones transparentes e indemnizaciones para las víctimas de detención y traslado ilegales. Rumania negó toda relación con los centros de detención secreta y posteriormente la delegación rumana anunció su retirada de la Asamblea Parlamentaria.

En respuesta a esta negativa, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, escribió en julio al gobierno para recordarle que, en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tenía la obligación de esclarecer si las denuncias eran ciertas. En 2005, el comisario había advertido a los Estados miembros que podían ser sancionados –incluso con la suspensión del derecho de voto en la Unión Europea– si se demostraba que habían participado en el sistema de detención secreta de la CIA. En noviembre, Rumania respondió negando las acusaciones según las cuales la CIA había gestionado prisiones clandestinas en su territorio y reiteró que el comité de investigación constituido por el gobierno ya había concluido que las denuncias eran infundadas.

En septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes denunció el uso de la detención secreta y las entregas extraordinarias en la lucha contra el terrorismo.

Discriminación contra la comunidad romaní

Las minorías, y en particular la romaní, seguían siendo objeto de discriminación grave en el acceso al empleo, la vivienda, la salud y la educación, entre otros ámbitos.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) informó en marzo de que hasta el 70 por ciento de las unidades familiares romaníes no tenían suministro directo de agua, y de que seguía siendo motivo de preocupación la segregación de los niños y niñas romaníes en escuelas de menor calidad y en clases exclusivas para romaníes.

Continuó la apología del odio y la intolerancia por parte de los medios de comunicación y algunas autoridades públicas. En mayo, según informes, el presidente Traian Băsescu llamó «sucio gitano» a un periodista, aunque posteriormente se disculpó. El Consejo Nacional para Combatir la Discriminación (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării) pidió explicaciones al presidente.

Hubo tensiones con Italia en relación con la intención declarada de este país de expulsar a personas romaníes de nacionalidad rumana. En noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, AdrianCioroianu, manifestó en un debate televisado que había considerado la posibilidad de «comprar un terreno en el desierto egipcio y enviar allí a todas las personas que empañaban la imagen del país». Más tarde, Adrian Cioroianu ofreció sus disculpas en público aunque se negó a dimitir. El primer ministro «deploró» los comentarios del ministro de su gabinete pero no adoptó más medidas. Varias organizaciones de derechos humanos emitieron cartas abiertas para exigir la dimisión de Adrian Cioroianu, y una ONG romaní, Romani-CRISS, elevó una queja ante el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación.

Discriminación por la orientación sexual

La comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero seguía siendo objeto de discriminación y hostilidad generalizadas.

En junio, en el desfile «GayFest» de Bucarest, unos 500 activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero marcharon por la capital para manifestarse contra la discriminación y reivindicar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Iglesia ortodoxa y algunos políticos se opusieron a la marcha. La policía antidisturbios rumana detuvo a decenas de contramanifestantes que intentaban disolver la marcha y disparó botes de gas lacrimógeno para mantener a raya a los contramanifestantes después de que algunos de ellos lanzaron piedras y trataron de romper los cordones de seguridad.

Actuación de las fuerzas policiales y de seguridad

En julio, la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo (UNMIK) informó de que no podía identificar a los miembros de la Unidad de Policía Constituida rumana destinada en Kosovo que habían sido responsables de la muerte de dos hombres durante una manifestación en febrero en Pristina (véase el apartado sobre Serbia, Kosovo) porque, entre otras razones, habían sido repatriados a Rumania. Las autoridades rumanas no reconocieron que los agentes tuvieran personalmente alguna responsabilidad, pero un fiscal militar abrió una investigación criminal en Bucarest.

  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en la causa de Belmondo Cobzazu, un hombre romaní al que habían golpeado varios agentes de policía cuando estuvo detenido en Mangalia en 1997. El tribunal resolvió que Rumania había quebrantado la prohibición de trato inhumano y degradante, el derecho a un recurso efectivo y la prohibición de discriminación.

Atención a la salud mental

Persistió la preocupación por las personas ingresadas en instituciones psiquiátricas, en particular los menores. En abril, la ONG Centro de Recursos Jurídicos (Centrul de Resurse Juridice, CRJ) y UNICEF publicaron un informe en el que citaban casos de presuntas violaciones de los derechos humanos de niños y niñas y jóvenes con discapacidad mental, como desnutrición, falta de ropa, medicación y tratamiento adecuados, falta de personal preparado, aplicación abusiva de las medidas de inmovilización a pacientes y aislamiento del resto de la comunidad.

El informe también ponía de relieve casos de menores que, según las denuncias, eran recluidos en hospitales psiquiátricos sin tratamiento o diagnóstico específico, y acusaba a las autoridades locales de ingresar a huérfanos en instituciones psiquiátricas ante la falta de asistencia alternativa.

Tras efectuar una visita al Centro de Rehabilitación y Recuperación deBolintinul din Vale, el Centro de Recursos Jurídicos informó en junio de que las condiciones apenas habían cambiado desde su visita anterior en 2003. La práctica totalidad de los 107 residentes no llevaban suficiente ropa o carecían de ella por completo, estaban desnutridos y no disponían de actividades de rehabilitación. Las condiciones de vida eran precarias, los pacientes no tenían intimidad y las medidas de higiene eran tan escasas que los parásitos y las infecciones se habían propagado entre los pacientes.

En octubre, el Centro de Recursos Jurídicos presentó una queja ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra su decisión de cerrar la investigación sobre las muertes ocurridas en el hospital psiquiátrico de Poiana Mare, en el que en 2004 habían muerto 17 pacientes por desnutrición e hipotermia.

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