Tortura y otros malos tratos

En febrero se difundió por Internet un vídeo de septiembre de 2010 en el que se veía a guardias de prisiones usando lanzadardos paralizantes contra un recluso en la cárcel de Paços de Ferreira, al parecer para obligarlo a limpiar su celda. El hombre no parecía oponer resistencia. En abril, el ministro de Justicia emitió un decreto por el que se prohibía el uso de armas paralizantes en tales circunstancias. Al final del año seguía pendiente una investigación del Servicio de Auditoría e Inspección de la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

En marzo, el tribunal de apelación de Évora confirmó una resolución anterior según la cual Leonor Cipriano había sufrido torturas bajo custodia policial en 2004 pero los responsables no podían ser identificados. Leonor Cipriano aún no había sido indemnizada por el Estado. Gonçalo de Sousa Amaral y António Fernandes Nuno Cardoso, inspectores de la policía judicial, habían sido condenados a 18 y 27 meses de cárcel, respectivamente, por alegar falsamente que Leonor Cipriano se había caído por las escaleras. Sin embargo, ambas condenas habían sido condicionales debido a que los funcionarios no tenían condenas anteriores.

Las vistas del juicio contra tres agentes de policía acusados de torturar a Virgolino Borges cuando estuvo bajo custodia policial en marzo de 2000 se celebraron en noviembre y diciembre. Se pidió a Virgolino Borges que volviera a declarar porque al parecer se había perdido la grabación debido a problemas técnicos.

Derecho a la vivienda

Se siguió negando a la comunidad romaní el derecho a una vivienda adecuada. En noviembre, el Comité Europeo de Derechos Sociales decidió, en el caso European Roma Rights Centre v. Portugal, que las condiciones de alojamiento de la comunidad romaní en Portugal vulneraban el derecho a la vivienda y el derecho a no sufrir discriminación. El Comité consideró que muchos romaníes vivían en precarias condiciones de alojamiento, segregados del resto de la población, y que el gobierno no les había proporcionado una vivienda adecuada.

• El desalojo de un asentamiento en el Bairro da Torre, en Loures, cerca de Lisboa, estaba previsto para el 18 de octubre pero fue suspendido por las autoridades municipales. El asentamiento albergaba a 86 familias romaníes y migrantes del África subsahariana. En marzo se había enviado notificación del desalojo pero no se había ofrecido alojamiento alternativo. Se puso en marcha un proceso para conceder viviendas a algunas familias, incluidas personas con discapacidad. La orden de desalojo seguía pendiente al terminar el año.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia en el ámbito familiar siguió siendo motivo de profunda preocupación. En mayo, el gobierno firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Según el informe de seguimiento sobre violencia doméstica hecho público por la Dirección General de Administración Interna, en agosto se habían presentado ante la policía y la gendarmería 14.508 denuncias de violencia intrafamiliar en el año. A fecha de 11 de noviembre, la ONG Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) había documentado 23 muertes y 39 intentos de homicidio como consecuencia de la violencia intrafamiliar desde principios de año.