Portugal - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Portuguesa

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Portugal is now live »

Jefe del Estado
Aníbal António Cavaco Silva
Jefe del gobierno
José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
10,7 millones
Esperanza de vida
78,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
94,9 por ciento

En mayo se cerró por falta de pruebas la investigación judicial sobre la presunta complicidad de las autoridades portuguesas en el traslado ilegal de detenidos a la base militar estadounidense de Guantánamo. Dos ex detenidos de Guantánamo establecieron su residencia en Portugal. La violencia en el ámbito familiar produjo numerosas muertes. Las investigaciones sobre denuncias de tortura a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley avanzaron despacio y hubo indicios de impunidad.

Seguridad y medidas antiterroristas

Al finalizar el mes de mayo, la Procuraduría General de la República cerró por falta de pruebas la investigación judicial sobre presuntos vuelos para entregas de la CIA y otros traslados ilegales de detenidos a la base de Guantánamo en los que presuntamente se había atravesado el territorio portugués. En julio, Ana Gomes, miembro del Parlamento Europeo, presentó un recurso en el que pedía la continuación de la investigación, alegando que había sido inadecuada. Citaba numerosas deficiencias, entre ellas que no se hubiera tomado declaración a destacados funcionarios de los servicios de inteligencia, a los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, ex primeros ministros, funcionarios de la embajada estadounidense o a directores del Instituto Nacional de Aviación Civil y autoridades de navegación aérea de Portugal. También criticó que el procurador general no hubiera pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que aclarase si los permisos excepcionales concedidos al gobierno de Estados Unidos para “el transporte de personas y de materiales objeto de controversia” incluían el traslado de presos a centros de detención secreta. El procurador general desestimó el recurso en septiembre y afirmó que las diligencias investigadoras adicionales que se solicitaban “no eran pertinentes”.

El 28 de agosto, dos detenidos de nacionalidad siria fueron liberados de Guantánamo y trasladados a Portugal. El riesgo de sufrir tortura y otras violaciones graves de derechos humanos les impidió volver a Siria. El gobierno portugués les concedió sendos permisos de residencia por razones humanitarias y confirmó que no se los procesaría judicialmente.

Violencia contra mujeres y niñas

La Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas registró 15.904 denuncias de violencia intrafamiliar en 2009, entre ellas 16 asesinatos.

Tortura y otros malos tratos

En 2009 continuaron las investigaciones criminales sobre denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

  • El 22 de mayo, el Tribunal Penal de Faro dictó sentencia en el caso de la tortura de Leonor Cipriano. El tribunal reconoció que Leonor Cipriano había sido torturada bajo custodia policial en 2004, pero absolvió a los tres agentes de policía implicados, manifestando que era imposible identificar con exactitud al responsable. Un cuarto agente fue declarado culpable de un delito de falso testimonio, y un quinto, de falsificación de documentos. Al finalizar el año estaba pendiente la decisión sobre el recurso presentado por Leonor Cipriano.
  • Al finalizar el año no se había fijado la fecha para el juicio de tres agentes de la policía judicial acusados de torturar a Virgolino Borges en marzo de 2000. El caso debía haber sido juzgado en noviembre de 2008, pero se aplazó hasta que se realizaran unos nuevos reconocimientos médicos solicitados por la defensa. Virgolino Borges afirmó que varios agentes de policía lo habían torturado bajo custodia, propinándole puñetazos y golpes en las plantas de los pies con un palo de madera. El procurador general había cerrado la investigación en 2005, afirmando que las lesiones de Virgolino Borges podrían haber sido autoinfligidas. Virgolino Borges recurrió esta decisión ante dos tribunales regionales de Lisboa: primero ante el Tribunal de Instrucción (Tribunal de Instrução) y después ante el Tribunal de Apelación (Tribunal da Relação), que en noviembre de 2005 ordenó la celebración de un juicio sobre el caso.

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