Polonia
Jefe del Estado
Bronislaw Komorowski
Jefe del gobierno
Donald Tusk

Avanzó con lentitud la investigación sobre la participación de Polonia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por Estados Unidos. Se siguió negando el acceso público a la información sobre el caso de Al Nashiri, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estaba examinando. Prosiguieron los debates relativos a reformas legislativas sobre el aborto, y el Tribunal Europeo resolvió que Polonia había negado a una adolescente su derecho a un aborto legal.

Seguridad y medidas antiterroristas

La investigación criminal iniciada en 2008 sobre el papel de Polonia en los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA se trasladó en febrero de la fiscalía de Varsovia a Cracovia, lo que hizo temer nuevos retrasos y cambios de personal. La fiscalía de Varsovia había reconocido la condición de víctimas de Abd al Rahim al Nashiri y Zayn al Abidin Muhammad Husayn (también llamado Abu Zubaydah), recluidos en Guantánamo. Ambos denunciaban que, entre 2002 y 2003, habían sido objeto de traslado ilegal a Polonia, desaparición forzada, reclusión en un centro de detención secreta de la CIA y tortura y otros malos tratos.

Medios de comunicación polacos publicaron en marzo que Zbigniew Siemiątkowski, ex jefe del Servicio de Inteligencia polaco, y su adjunto habían sido acusados de delitos relacionados con la detención y los malos tratos infligidos a personas recluidas en secreto por la CIA en territorio polaco. La fiscalía polaca rehusó confirmar o desmentir que se hubieran presentado tales cargos. La investigación continuó en secreto, y las víctimas expresaron preocupación por el acceso a la información y su plena participación en las diligencias.

El Parlamento Europeo aprobó en septiembre un informe sobre el presunto uso de países europeos por la CIA para el traslado y la reclusión ilegal de detenidos. En él se pedía a todos los Estados miembros de la Unión Europea que presuntamente habían albergado centros de detención secreta de la CIA que acataran su obligación jurídica de realizar investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y efectivas sobre su implicación en los programas de la agencia estadounidense. La ponente del informe visitó Polonia en mayo para hablar con las autoridades sobre la complicidad del país en los programas.

  • En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó a las autoridades polacas la causa de Al Nashiri v. Poland. Se negó el acceso público a la información sobre ella, ya que el gobierno presentó confidencialmente sus observaciones al Tribunal en septiembre y éste a su vez dio instrucciones al equipo jurídico de Al Nashiri para que respondiera de manera confidencial.
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Derechos sexuales y reproductivos

En junio, Polonia se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Tras él se instó a Polonia a mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto legal. En octubre, el Parlamento rechazó una propuesta en la que se le pedía ampliar el acceso legal al aborto, introducir una educación sexual integral y subvencionar métodos anticonceptivos.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en octubre, en la causa P. and S. v. Poland, que Polonia había negado el derecho al aborto legal a una niña de 14 años presuntamente violada. Aunque la legislación garantizaba su derecho a interrumpir el embarazo, se le impidió acceder a tiempo a los servicios de aborto. Personal de tres hospitales, la policía y particulares obstaculizaron el acceso de la niña a una asistencia médica legítima y la sometieron a intimidación, acoso y humillación, llegando incluso a recluirla en un centro de menores. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que ese trato vulneraba la prohibición del trato inhumano o degradante, así como el derecho a la vida privada y a la libertad.
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Libertad de expresión

La difamación seguía siendo delito.

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en abril, en la causa Kaperzyński v. Poland, que las autoridades polacas habían interferido en el derecho a la libertad de expresión de un periodista que no había publicado la contestación de una autoridad local a un artículo suyo donde la acusaba de mala gestión medioambiental. Le habían impuesto una condena condicional de cuatro meses de servicios comunitarios y le habían prohibido ejercer su profesión durante dos años. El Tribunal Europeo sostuvo que imponer una pena por no publicar una contestación era una medida desproporcionada y que reprimía el libre debate de asuntos de interés público.
  • El director del sitio web Antykomor.pl fue condenado a 10 meses de servicios comunitarios en septiembre por publicar material satírico sobre el presidente de Polonia.
  • También en septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó, en la causa Lewandowska-Malec v. Poland, que Polonia había violado el derecho a la libertad de expresión de una concejala de la localidad de Świątniki Górne. La concejala había expresado públicamente la opinión de que el alcalde estaba ejerciendo presiones indebidas sobre la fiscalía en una causa relacionada con un presunto fraude de las autoridades municipales. A raíz de una denuncia presentada por el alcalde, había sido declarada culpable de difamación en 2006. El Tribunal Europeo sostuvo que imponer una pena –en este caso, una multa de 1.900 euros– era una medida desproporcionada.
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Personas refugiadas y migrantes

Polonia anunció en octubre su plan de introducir la prohibición de detener a migrantes menores de 13 años no acompañados. No obstante, las estadísticas disponibles indicaban que en Polonia la mayoría de los niños y niñas no acompañados tenían más de 13 años. En septiembre, Polonia se negó a aplicar plenamente la recomendación de prohibir en todos los casos el internamiento de migrantes menores de edad en lugares de detención, formulada tras el examen periódico universal.

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