Filipinas
Jefe del Estado y del gobierno
Benigno S. Aquino III
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
94,9 millones
Esperanza de vida
68,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
33,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
95,4 por ciento

Benigno “Noynoy” Aquino III inició su segundo año como presidente en junio. Continuaban saliendo a la luz casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y seguían sin resolverse centenares de casos registrados en el pasado. En septiembre comenzó el primer proceso penal por tortura celebrado hasta la fecha. Hombres y mujeres continuaron sufriendo graves restricciones a su derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a métodos anticonceptivos. En agosto, Filipinas ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Conflicto armado interno

En febrero, el gobierno comenzó las conversaciones de paz con los dos principales grupos armados de oposición: el Frente Moro de Liberación Islámica y el Partido Comunista de Filipinas-Nuevo Ejército del Pueblo. Tras una disminución de las hostilidades, los enfrentamientos estallaron de nuevo meses después.

  • En octubre comenzaron las hostilidades entre las fuerzas armadas y el Frente Moro de Liberación Islámica en la isla meridional de Basilan, en lo que constituyó el peor enfrentamiento desde el conflicto de 2008-2009 en la isla de Mindanao. Se encomendó al comité conjunto para el cese de hostilidades la tarea de investigar la afirmación del ejército de que el Frente Moro de Liberación Islámica había capturado y ejecutado sumariamente a 6 de los 19 soldados muertos en el enfrentamiento. Una incursión militar para apresar a miembros del grupo armado Abu Sayyaf recurrió a bombardeos aéreos y ataques por tierra, lo que provocó el desplazamiento de hasta 30.000 civiles. Según los informes, al menos un civil perdió la vida.
  • En octubre, fuerzas del Nuevo Ejército del Pueblo atacaron explotaciones mineras privadas en la provincia de Surigao del Norte, en el norte de Mindanao, y mataron a tres guardas de seguridad. Como respuesta, el presidente Aquino aprobó la política del gobierno anterior de aumentar la seguridad en las explotaciones mineras privadas recurriendo a los servicios de milicias civiles. Estas milicias, que actuaban sin rendición de cuentas ni la necesaria disciplina militar, habían participado en casos de tortura, detención arbitraria y homicidios de líderes indígenas locales.
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Homicidios ilegítimos

Periodistas y activistas políticos continuaban siendo víctimas de homicidios por motivos políticos. En noviembre, Estados Unidos anunció que retiraría parte de su ayuda militar hasta que Filipinas avanzase en la resolución de las ejecuciones extrajudiciales.

  • En febrero, unos hombres que afirmaron pertenecer a la Agencia de Control de Drogas de Filipinas secuestraron a Rodel Estrellado, miembro del partido político de izquierdas Bayan Muna, cerca de su casa en la provincia de Albay. Tras dos días de búsqueda, su familia encontró su cadáver en un tanatorio; lo habían registrado con un nombre falso. Varias horas antes del secuestro, las fuerzas armadas habían hecho pública una declaración en la que afirmaban que una persona con ese mismo nombre había muerto en un enfrentamiento armado en otra provincia. En mayo, el ejército confirmó que nueve soldados, incluidos dos oficiales, habían sido acusados de su asesinato.
  • Al menos tres periodistas fueron víctimas de homicidio. Uno de ellos fue Gerardo Ortega, que murió en enero. Ortega trabajaba como locutor radiofónico en la isla de Palawan y se había opuesto a las operaciones mineras en la isla. La policía detuvo a un presunto pistolero y rastreó el arma hasta llegar a un ex empleado del gobernador provincial Joel Reyes, al que Ortega había criticado por corrupción. En junio, el Departamento de Justicia retiró los cargos de asesinato contra el gobernador.
  • Transcurridos dos años desde los hechos, continuaron los juicios de los presuntos autores de la matanza de Maguindanao, en la que un grupo armado mató a 57 personas que acompañaban a una caravana electoral en la isla de Mindanao. La policía había detenido al menos a 93 sospechosos, incluidos varios ex funcionarios locales, pero al final del año no se había condenado a nadie.
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Desapariciones forzadas

Seguían sin resolverse centenares de casos de desapariciones forzadas. Según cifras publicadas en agosto por la organización Familias de Víctimas de Desaparición Involuntaria, el promedio anual de desapariciones forzadas apenas había cambiado desde el derrocamiento de Ferdinand Marcos en 1986. El número de casos documentados durante sus 21 años de gobierno ascendía a 875, mientras que en los 25 años transcurridos desde entonces se habían registrado 945.

  • En julio, el Tribunal Supremo ordenó a las fuerzas armadas que entregasen a Jonas Burgos, activista al que habían secuestrado en un centro comercial de Manila en 2007, en un automóvil del que previamente se había incautado el ejército. En su informe al tribunal, la Comisión de Derechos Humanos recomendó que se presentasen cargos penales contra un comandante al que un testigo había implicado en los hechos. En junio, al ver que el gobierno no había presentado cargos contra el comandante, la madre de Burgos interpuso una querella.
  • En julio, el Senado aprobó un proyecto de ley histórico para tipificar como delito las desapariciones forzadas. El proyecto, que se había presentado por primera vez en 1995, estaba pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes.
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Tortura y otros malos tratos

Por primera vez se procesó a miembros de las fuerzas de seguridad con arreglo a la legislación penal contra la tortura. Sin embargo, continuaron recibiéndose denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. El procesamiento de presuntos delincuentes seguía dependiendo en gran medida de testimonios individuales, incluidas confesiones obtenidas bajo coacción.

  • En septiembre, la fiscalía abrió la primera causa penal con arreglo a la Ley contra la Tortura de 2009. El Departamento de Justicia recomendó que se presentasen cargos penales contra un inspector superior de policía y seis agentes. En un vídeo grabado con un teléfono móvil en 2010 se veía al sospechoso de robo Darius Evangelista retorciéndose de dolor mientras el inspector de policía tiraba de un cordón atado al pene del detenido; el vídeo fue emitido en un programa informativo de televisión en agosto de ese año.
  • En agosto, cuatro soldados de una unidad especial del ejército fueron detenidos en relación con las presuntas torturas infligidas a Abdul Khan Ajid en julio. Fueron acusados de rociarlo con gasolina y prenderle fuego para obligarlo a confesar su pertenencia a Abu Sayyaf. Los cuatro soldados, incluido un oficial, fueron relevados de sus obligaciones en la provincia de Basilan, en espera de ser imputados.
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Detención y reclusión arbitrarias

Los activistas pacíficos corrían peligro de ser hostigados, detenidos y recluidos por las fuerzas armadas en zonas en donde se habían desplegado batallones.

  • En febrero, oficiales del ejército detuvieron al periodista Ericson Acosta en la provincia de Samar. Durante el interrogatorio al que lo sometieron en un campamento militar lo amenazaron de muerte si no confesaba ser dirigente del Partido Comunista de Filipinas, que ya no era ilegal. Posteriormente, los militares presentaron cargos contra Acosta por un delito que no admitía la posibilidad de fianza: posesión ilegal de explosivos. Aunque la Ley de Juicios Rápidos establecía un máximo de 180 días desde la vista incoatoria hasta la celebración del juicio, al terminar el año, cuando ya habían transcurrido 10 meses, el periodista continuaba encarcelado sin juicio.
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Derechos sexuales y reproductivos

Las políticas del gobierno sobre control de la natalidad discriminaban a las mujeres y vulneraban su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, al restringir su acceso a los métodos anticonceptivos y a la información sobre planificación familiar. El aborto siguió penalizado en todas las circunstancias, a menos que una junta médica certificase que el embarazo ponía en peligro la vida de la mujer. Continuó en el Congreso el debate acerca del proyecto de ley sobre salud reproductiva, que pretendía eliminar los obstáculos y las prohibiciones existentes en relación con los servicios y la información relativos a la salud reproductiva.

  • En enero, las autoridades de un distrito de Manila aprobaron una ordenanza que prohibía la educación sexual, los preservativos, las píldoras anticonceptivas y otros dispositivos anticonceptivos. La ordenanza exigía prescripción facultativa para la compra de preservativos, e imponía sanciones por anunciar métodos de control de la natalidad.
  • En marzo, el presidente Aquino reconoció en un discurso la magnitud de los abortos ilegales realizados en condiciones de riesgo en Filipinas y afirmó que cada año se practicaban 300.000 “abortos provocados”.
  • Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero continuaban siendo objeto de violencia y discriminación; según Philippine LGBT Hate Crime Watch, en la primera mitad de 2011 se cometieron 28 homicidios motivados por prejuicios contra este colectivo. El proyecto de ley contra la discriminación presentado en 1999 continuaba bloqueado en el Congreso.
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