Continuaron sin resolverse más de 200 casos de desapariciones forzadas registradas
en el anterior decenio, y al menos 305 casos de ejecuciones extrajudiciales (que algunos
cálculos elevaban a 1.200). No se procesó a casi ningún autor de estos crímenes. Continuaron
actuando en todo el país grupos armados privados, a pesar del compromiso del gobierno
de desmantelarlos y desarmarlos. El anterior ejecutivo no había conseguido “aplastar”
la insurgencia comunista, a pesar de que se había impuesto 2010 como fecha límite,
y el nuevo gobierno de Aquino anunció en agosto que se ampliarían las operaciones
de contrainsurgencia. Según informes, dos años después de finalizado el conflicto
armado interno, decenas de miles de personas continuaban desplazadas en Mindanao,
aunque se desconocía la cifra real.
En mayo se celebraron elecciones nacionales, y en octubre, elecciones locales. Ambos
comicios se vieron empañados por homicidios cometidos por motivos políticos. En mayo,
Benigno Aquino III, hijo de la ex presidenta Corazón Aquino y del senador asesinado
Benigno Aquino Jr., fue elegido presidente.
Continuó aplazándose la reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno
y el Frente Moro de Liberación Islámica. Sin embargo, el gobierno designó en julio
a su grupo de negociadores. En septiembre, el Frente Moro de Liberación Islámica afirmó
estar dispuesto a comenzar las conversaciones de paz y designó a sus negociadores
para este fin.
Continuaron las dificultades para reanudar las conversaciones de paz entre el gobierno
y el comunista Nuevo Ejército del Pueblo.
El número de homicidios políticos aumentó durante las elecciones de mayo y octubre.
Los seguidores de partidos políticos sufrieron intimidación y actos de violencia,
incluidos ataques con granadas.
Continuaron sin resolverse centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones
forzadas registrados durante el decenio anterior, y los responsables no fueron procesados.
Prácticamente ninguna de las familias de las víctimas recibió reparación. A lo largo
del año se denunciaron al menos 38 presuntos homicidios políticos.
Según informes, al menos seis periodistas fueron víctimas de homicidio en 2010. Sólo
durante una semana de junio murieron abatidos por disparos los periodistas radiofónicos
Desiderio Camangyan (en la ciudad de Mati, sur de Filipinas) y Joselito Agustín (en
la ciudad de Laoag, norte de Filipinas), y el periodista de prensa escrita Nestor
Bedolido (en la ciudad de Digos, sur de Filipinas).
En septiembre, después de considerables aplazamientos, comenzó el juicio contra presuntos
responsables de la matanza de la provincia de Maguindanao, perpetrada en 2009, durante
el periodo previo a las elecciones nacionales, y en la que murieron 57 personas, 32
de ellas periodistas. Se detuvo y acusó formalmente a un mínimo de 83 sospechosos,
entre los que había al menos 16 policías y miembros del poderoso clan político Ampatuan.
Un total de 113 personas sospechosas de haber perpetrado la matanza seguían en libertad.
Suwaid Upham, que al parecer fue uno de los hombres armados que participó en la matanza,
se presentó en marzo dispuesto a declarar como posible testigo ante el tribunal. Sin
embargo, en junio murió abatido por disparos. Según los informes, a pesar de intentarlo,
no había conseguido entrar en el Programa de Protección de Testigos. Se detuvo a dos
personas en relación con su asesinato.
En febrero, la Policía Nacional de Filipinas informó de que había 117 grupos armados
privados. En mayo, la Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados denunció
que en el país había al menos 72 grupos armados privados en activo, y que la policía
y las fuerzas armadas ya habían desmantelado a otros 35.
Muchos integrantes de “multiplicadores de fuerza” armados creados por el gobierno,
como las Organizaciones Civiles Voluntarias, las unidades policiales auxiliares y
las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas, pertenecían también a
grupos armados privados. Un ex general de las fuerzas armadas y miembro de la Comisión
Independiente contra los Ejércitos Privados declaró a los medios de comunicación
que las autoridades locales a menudo utilizaban a estos grupos de voluntarios y unidades
auxiliares como ejércitos privados.
En noviembre, el presidente se comprometió a desmantelar y desarmar a los grupos armados
privados identificados como tales, pero se negó a suprimir las Organizaciones Civiles
Voluntarias, las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas y las unidades
policiales auxiliares, y afirmó que, por el contrario, había que profesionalizarlas.
Las fuerzas armadas manifestaron que era preciso aumentar el número de Unidades Geográficas
de las Fuerzas Armadas Ciudadanas. Tras la matanza de Maguindanao, la policía afirmó
que había suspendido el reclutamiento de miembros para las unidades policiales auxiliares.
En febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas anunció que desde 2001 había
registrado 777 casos de ejecución extrajudicial y 251 de desaparición forzada. En
septiembre, el grupo de derechos humanos Karapatan había registrado 1.206 homicidios
extrajudiciales y 206 víctimas de desaparición forzada durante ese mismo periodo.
Según un informe publicado en septiembre, encargado por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y la ONG Fundación Asia, entre 2001 y 2010
hubo 305 casos de ejecuciones extrajudiciales con 390 víctimas. En el informe se afirmaba
que sólo el 1 por ciento de los casos denunciados había acabado en condena, y que
en el 20 por ciento de los casos había miembros de las fuerzas armadas implicados.
El plan de contrainsurgencia de las fuerzas armadas no hacía distinción entre la población
civil y los miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, por lo que continuaron los homicidios
de civiles. En algunos casos, la policía o las fuerzas armadas afirmaron que las muertes
se habían producido durante “enfrentamientos legítimos”.
En noviembre, el botánico Leonardo Co y otros dos miembros de su equipo murieron abatidos
por disparos en la provincia de Leyte, en el centro de Filipinas, mientras recogían
especies de árboles autóctonos. Oficiales de las fuerzas armadas afirmaron que los
hombres habían quedado atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y el Nuevo
Ejército del Pueblo; sin embargo, un superviviente del equipo del botánico lo negó.
En agosto, los medios de comunicación filipinos emitieron un vídeo en el que un policía
vestido de civil torturaba a Darius Evangelista, que al parecer estaba detenido como
sospechoso de hurto, en una comisaría de Manila y ante la mirada de agentes uniformados.
En las imágenes se veía cómo tiraban de un cordón atado a los genitales del detenido,
que estaba desnudo, y lo golpeaban con una cuerda. A raíz del vídeo, las autoridades
suspendieron a los 11 agentes de policía implicados. Darius Evangelista había sido
detenido por la policía en marzo y no volvió a ser visto desde entonces. En los archivos
policiales no quedó constancia de su detención. Su esposa presentó
una querella contra nueve agentes de policía, afirmando que su caso constituía una
violación de la Ley contra la Tortura de 2009.
Según informes, Ambrosio Derejeno, de 40 años, desapareció en enero. Fue visto por
última vez por un familiar, bajo la custodia de miembros de las Unidades Geográficas
de las Fuerzas Armadas Ciudadanas en la provincia de Samar, atado y rodeado por hombres
con uniforme de camuflaje que le apuntaban con sus pistolas. Según la Ley contra la
Tortura de 2009, el hecho de utilizar armas de fuego para amenazar a una persona
inmovilizada constituía tortura.
En diciembre, el presidente firmó el reglamento de aplicación de la Ley contra la
Tortura.
En junio, según informes, soldados de las fuerzas armadas sacaron de sus casas a miembros
de la comunidad indígena dumagat de la provincia de Rizal, en el norte de Filipinas.
Un miembro de la comunidad afirmó que los soldados ataron a los hombres y secuestraron
al menos a uno de ellos. En julio, personas no identificadas mataron a tres integrantes
de la comunidad que, según informes, pertenecían a un partido indígena de izquierdas.
Según información aparecida en un medio de comunicación, las fuerzas armadas reactivaron
en septiembre al grupo paramilitar Alsa Lumad (Arriba, pueblos indígenas) en su campaña
contra el Nuevo Ejército del Pueblo. En esta fuente también se afirmaba que el gobierno
había decidido proporcionar armas a los indígenas como parte de sus operaciones de
contrainsurgencia contra el Nuevo Ejército del Pueblo.
En septiembre, el presidente afirmó: “El gobierno tiene la obligación de informar
a todas las personas de cuáles son sus responsabilidades y sus opciones”, y anunció
que las autoridades ofrecerían anticonceptivos a las parejas sin recursos que los
solicitasen. La influyente Iglesia católica expresó su firme oposición a la medida.
En agosto, el Centro de Derechos Reproductivos publicó un informe según el cual cada
año se producían más de 560.000 interrupciones de embarazo y en torno a 1.000 mujeres
morían a consecuencia de abortos ilegales clandestinos.
