Perú
Jefe del Estado y del gobierno
Ollanta Humala Tasso

Varias protestas relacionadas con la minería derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad: algunos manifestantes murieron y hubo detenciones arbitrarias y malos tratos contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Los progresos sobre casos de violaciones de derechos humanos que se remontaban al conflicto armado interno (1980-2000) fueron lentos. Seguía preocupando la ausencia de consultas adecuadas con los pueblos indígenas.

Información general

A lo largo del año tuvieron lugar manifestaciones masivas para reclamar derechos laborales y oponerse a proyectos de la industria extractiva.

Al menos 30 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y decenas resultaron heridos en enfrentamientos con elementos remanentes del grupo armado de oposición Sendero Luminoso. Florindo Eleuterio Flores Hala (conocido como “Camarada Artemio”), líder de Sendero Luminoso, fue detenido en febrero.

En septiembre, Perú ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, al concluir el año no había reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar comunicaciones individuales.

En noviembre, Perú se sometió al examen periódico universal de la ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas, incluidas las que instaban a Perú a prevenir la tortura y otros malos tratos a personas detenidas y recluidas, garantizar justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, adoptar un protocolo nacional sobre el aborto y revisar la despenalización del aborto en casos de violación, y garantizar un proceso de consulta con los pueblos indígenas sobre medidas que pudieran afectar a sus derechos y medios de vida.

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Policía y fuerzas de seguridad

Se denunciaron detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y torturas y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad durante protestas contra proyectos del sector extractivo.

  • Seis hombres, uno de ellos de 17 años, murieron por disparos presuntamente realizados por las fuerzas de seguridad durante enfrentamientos en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y en Celendín, departamento de Cajamarca, en mayo y julio respectivamente.
  • En septiembre, Nemesio Poma Ascate murió por arma de fuego y decenas de personas resultaron heridas durante una manifestación en Huaraz, departamento de Áncash. Nemesio Poma Ascate y otros miembros de la comunidad Mareniyoc protestaban contra una empresa minera que había incumplido su compromiso de proporcionar agua potable a la comunidad.
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Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y las defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas, detención arbitraria y malos tratos.

  • En mayo, Jaime César Borda Pari y Romualdo Tito Pinto, miembros de la organización de derechos humanos Vicaría de Solidaridad de Sicuani, y el líder comunitario Sergio Huamani fueron detenidos en el exterior de un campamento minero y acusados de llevar municiones en el automóvil. Según afirmaron, la policía registró el auto sin que ellos estuvieran presentes y colocó allí las balas para inculparlos. Los tres hombres y un fiscal local habían estado analizando la situación de las personas detenidas tras los violentos enfrentamientos registrados durante las protestas organizadas en la zona. Dos días después, los tres quedaron en libertad bajo fianza, pero al concluir el año seguían sometidos a investigación.
  • En junio, unos policías del departamento de Cajamarca golpearon, presuntamente, a la defensora de los derechos humanos Amparo Abanto, abogada de la ONG local Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y de la agrupación de organizaciones nacionales de derechos humanos Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; también golpearon a Genoveva Gómez, empleada de la Defensoría del Pueblo peruana. Ambas habían intentado ponerse en contacto con personas detenidas durante las protestas contra un proyecto minero. Las comunidades temían que el proyecto afectase a su derecho al agua. Al concluir el año aún estaba pendiente la investigación sobre las denuncias de malos tratos.
  • En julio, unos agentes de policía detuvieron y sometieron a malos tratos a Marco Arana, también miembro del GRUFIDES, cuando protestaba contra el mismo proyecto minero. Marco Arana quedó en libertad condicional al día siguiente y presentó denuncias por tortura y malos tratos. Al concluir el año seguía pendiente de resolución el recurso que había presentado contra la decisión de archivar su denuncia. Al finalizar 2012 Marco Arana estaba en espera de juicio por los cargos de “perturbación del orden público, disturbios, violencia y resistencia a la autoridad” y la investigación sobre sus denuncias de abuso de autoridad seguía abierta.
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Derechos de los pueblos indígenas

En abril, el Ministerio de Cultura publicó el Reglamento de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios. La legislación suscitaba preocupación porque, entre otras razones, el proceso de consulta con los pueblos indígenas para redactar la ley había sido insuficiente.

En agosto, el gobierno anunció el primer proceso de consulta con arreglo al nuevo reglamento, con el que se pretendía consultar a los indígenas achuar, quechua y kichwa sobre un proyecto de extracción petrolífera en Loreto (norte de Perú) en 2013.

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Impunidad

El proceso para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado seguía siendo lento y sufriendo contratiempos. El hecho de que el Ministerio de Defensa no colaborase plenamente para ofrecer información relevante seguía suscitando preocupación.

En mayo, el Congreso aprobó legislación que concedía acceso a una reparación para todas las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, esta legislación aún no había entrado en vigor al concluir el año, por lo que se seguía negando la reparación a las víctimas que habían sufrido violencia sexual, aparte de la violación, durante el conflicto armado interno.

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Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres y las niñas se encontraban con impedimentos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. En los servicios de salud estatales no se podía acceder a anticonceptivos de emergencia, y las autoridades seguían sin establecer las tan necesarias directrices nacionales para regular el acceso al aborto terapéutico.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura planteó su preocupación por la penalización del aborto en casos de violación y por el fallo dictado por el Tribunal Constitucional en 2009, que prohibía al Estado distribuir anticonceptivos de emergencia.

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