Perú
Jefe del Estado y del gobierno
Ollanta Humala Tasso (sustituyó a Alan García Pérez en julio)
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
29,4 millones
Esperanza de vida
74 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
21,3 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,6 por ciento

La histórica Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, la primera de este tipo en Latinoamérica, hizo obligatoria la consulta previa a la implementación de proyectos de desarrollo en tierras tradicionales indígenas. Hubo pocos avances en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Información general

Al tomar posesión de su cargo, el presidente Ollanta Humala declaró que su gobierno daría prioridad al alivio de la pobreza y de la exclusión social.

Las concesiones a empresas del sector extractivo suscitaron protestas de los pueblos indígenas. Seis indígenas murieron violentamente y decenas resultaron heridos durante las protestas de mayo y junio en la región de Puno contra las actividades mineras y la construcción de una represa hidroeléctrica.

En noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió paralizar la construcción del proyecto de riego Majes Siguas II hasta que se hubiera realizado un estudio de evaluación del impacto hidrológico. La comunidad de Espinar, en la región del Cuzco, había alegado que la construcción de la represa y de la central hidroeléctrica de Angostura afectaría al suministro de agua de su comunidad y, por tanto, a sus medios de subsistencia.

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Derechos de los pueblos indígenas

En septiembre entró en vigor la tan esperada Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que hizo que la consulta y los acuerdos con los pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrollo en tierras tradicionales fueran obligatorios. En los casos en que no se llegase a un acuerdo, los organismos estatales tendrían que adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que se garantizaban los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Sin embargo, suscitaba preocupación la posibilidad de que la ausencia de consulta sobre proyectos de desarrollo ya aprobados desembocara en nuevos conflictos.

En noviembre, comunidades indígenas de la provincia de Cajamarca protestaron cuando fracasaron las negociaciones –auspiciadas por el gobierno– entre las comunidades locales y la empresa minera Yanacocha. Las comunidades se oponían al proyecto porque creían que amenazaba los recursos hídricos de la zona. El gobierno regional suspendió el proyecto a la espera de que concluyese una nueva evaluación del impacto ambiental.

Bagua

En junio, el Congreso aprobó un informe que concluía que ningún ministro del gobierno había sido responsable de los sucesos ocurridos en Bagua en junio de 2009, en los que murieron 33 personas, 23 policías entre ellas, y al menos otras 205 resultaron heridas tras la intervención de la policía para poner fin a las protestas de los indígenas.

También en junio, un tribunal retiró los cargos formulados contra el dirigente indígena Segundo Alberto Pizango Chota, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y otras cuatro personas en relación con los enfrentamientos de Bagua.

Un Tribunal Policial Militar declaró culpables a dos generales de la Policía Nacional del Perú y a un alto mando del ejército en relación con las muertes y heridas de Bagua. Al finalizar el año proseguían las actuaciones judiciales contra cinco policías.

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Impunidad

Las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado siguieron avanzando a un ritmo lento.

  • En mayo comenzó la vista oral del caso contra el general retirado Carlos Briceño Zevallos y otros seis altos mandos del ejército en relación con las torturas y las desapariciones forzadas cometidas en el cuartel de Los Cabitos, en la provincia de Huamanga, en 1983. El juicio proseguía al finalizar el año.
  • En julio, Estados Unidos extraditó al ex oficial del ejército Telmo Hurtado para que fuera juzgado en relación con la masacre de 69 personas perpetrada en Accomarca en 1985. El juicio contra 29 hombres, entre los que figuraban miembros de las patrullas implicadas en el crimen y quienes impartieron las órdenes, continuaba al finalizar el año.

En junio, el ejecutivo promulgó un decreto que establecía el importe de las reparaciones destinadas a las víctimas individuales del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas y declaró que el proceso de determinación de los beneficiarios terminaría al finalizar diciembre. Las organizaciones que representaban a las víctimas rechazaron la resolución por varios motivos.

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Uso excesivo de la fuerza

En abril, tres manifestantes murieron violentamente y decenas más resultaron heridos en enfrentamientos con la policía durante las protestas contra el proyecto de la mina de cobre “Tía María”, en la provincia de Islay. Poco después, las autoridades cancelaron el proyecto, que según la comunidad iba a contaminar el agua que usaban para la agricultura.

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Sindicalistas

Los dirigentes sindicales Pedro Condori Laurente y Antonio Quispe Tamayo fueron puestos en libertad en marzo, después de dos meses y medio en prisión por cargos infundados en relación con un accidente minero ocurrido en julio de 2010. Al finalizar el año seguían pendientes los cargos presentados contra ellos.

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Rendición de cuentas de las empresas

En agosto, la empresa Monterrico Metals, con sede en Reino Unido, alcanzó un acuerdo extrajudicial con 33 campesinos que habían denunciado que los guardias de seguridad contratados por la empresa habían sido cómplices de las violaciones de derechos humanos sufridas por los campesinos en 2005 durante las protestas contra el proyecto minero de Río Blanco.

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Derechos sexuales y reproductivos

En octubre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer resolvió que Perú debía modificar su legislación para permitir el aborto en los casos de violación; también debía establecer un mecanismo para garantizar la disponibilidad de dichos servicios de aborto, y debía garantizar el acceso a servicios de aborto cuando la vida o la salud de la mujer corrieran peligro. El caso, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos y su organización asociada en Perú –Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)–, se refería a una adolescente de 13 años que había sido violada repetidamente desde los 11 años y que había quedado embarazada como consecuencia de ello en 2007. La adolescente quedó gravemente incapacitada después de sufrir una fractura de columna en un intento de suicidio y de que los médicos se negaran a intervenirla alegando que el procedimiento podría causar daños al feto.

Las mujeres afrontaron nuevos obstáculos para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos cuando, en mayo, el Tribunal Constitucional, en una aclaración a una sentencia anterior, prohibió al Estado la venta o el suministro gratuito de anticonceptivos de emergencia.

En octubre, las autoridades anunciaron que la Fiscalía de la Nación había reabierto una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres realizada durante la presidencia de Alberto Fujimori, en la década de 1990.

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