Perú - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República del Perú

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Perú is now live »

Jefe del Estado y del gobierno
Alan García Pérez
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
29,2 millones
Esperanza de vida
73 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
38/27 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
89,6 por ciento

Al disolver la policía una concentración organizada por miembros de comunidades indígenas que obstaculizaba el paso de una carretera, 33 personas perdieron la vida, incluidos 23 agentes de policía, y al menos 200 manifestantes resultaron heridos. Se intimidó y hostigó a dirigentes indígenas. Siguió amenazándose a defensores y defensoras de los derechos humanos. Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres continuaron siendo un motivo de preocupación.

Información general

A lo largo del año fue creciendo el descontento y el malestar social por las políticas del gobierno, sobre todo en relación con los proyectos de extracción y la legislación sobre el uso de la tierra y los recursos naturales. Esta situación provocó huelgas y movilizaciones a escala nacional que paralizaron el país durante semanas.

El grupo armado de oposición Sendero Luminoso siguió operando en algunas zonas de la región andina, y se recibieron informes de enfrentamientos armados con el ejército y la policía.

Derechos de los pueblos indígenas

Miles de manifestantes indígenas bloquearon una carretera durante más de 50 días en la región amazónica para protestar contra una serie de decretos leyes que, en su opinión, afectaban a su derecho fundamental a la tierra y a los recursos naturales y, por tanto, a sus medios de subsistencia.

Uso excesivo de la fuerza y malos tratos

El 5 de junio, 33 personas, incluidos 23 agentes de policía, perdieron la vida y al menos 200 manifestantes resultaron heridos al intervenir la policía con el fin de despejar la carretera. La policía hizo uso excesivo de la fuerza para dispersar a la multitud, y en su actuación hirió y mató a personas no relacionadas con la manifestación. Los manifestantes mataron a 11 agentes de policía a los que mantenían como rehenes, y a otros 12 durante la operación policial. Al finalizar el año seguía sin conocerse el paradero de uno de los policías que habían participado en la operación. Decenas de personas detenidas denunciaron posteriormente malos tratos policiales.

Sistema de justicia

Se formularon cargos al menos contra 18 personas por los disturbios registrados durante la protesta y por matar y herir a agentes de policía, pero se produjeron muy pocos avances en el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes. Además, seis dirigentes indígenas fueron acusados formalmente de rebelión, sedición y conspiración para la rebelión, cargos que, al parecer, no estaban fundamentados en pruebas fiables.

Novedades jurídicas e institucionales

Se formaron cuatro mesas de diálogo, entre cuyos componentes se incluían representantes de los pueblos indígenas, para investigar los actos de violencia ocurridos el 5 de junio, revisar los decretos leyes que habían desencadenado las protestas, formular recomendaciones sobre un mecanismo de consulta con los pueblos indígenas y proponer un Plan Nacional de Desarrollo de la Amazonía. En diciembre, la comisión establecida por el grupo de trabajo para investigar los enfrentamientos del 5 de junio presentó su informe al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, dos miembros de la comisión, uno de ellos su presidente, se negaron a dar su aprobación al informe, alegando que la comisión había carecido del tiempo y los recursos necesarios para realizar investigaciones exhaustivas, y que el informe carecía de imparcialidad.

Rendición de cuentas de las empresas

En enero se publicaron unas fotografías relacionadas con los malos tratos sufridos por 29 personas y el homicidio de un hombre bajo custodia ocurridos en 2005, tras unas manifestaciones de protesta contra un proyecto minero de una empresa británica en el noroeste del país. Los manifestantes afirmaron haber sido torturados por agentes de policía y guardias de seguridad de la empresa. En marzo de 2009, el Ministerio Público acusó formalmente a los policías de tortura, pero decidió no actuar contra la empresa minera o sus guardias de seguridad. Sin embargo, las víctimas entablaron acciones judiciales contra la empresa en Reino Unido y, en octubre, un tribunal superior británico dictó un mandamiento judicial contra Monterrico Metals. Al finalizar el año, el tribunal no había dictado todavía una resolución sobre la responsabilidad de la empresa.

En diciembre, la policía mató a tiros a dos hombres e hirió a otros ocho en el poblado de Cajas-Canchaque, distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba. Según los informes, los policías abrieron fuego durante una operación para detener a un sospechoso de participar en un incendio provocado el 1 de noviembre en un campamento de la empresa Rio Blanco Copper, en el que murieron tres empleados de la mina.

Mortalidad materna

Se adoptaron algunas medidas para reducir la mortalidad materna, que seguía siendo elevada en las zonas rurales y entre los pueblos indígenas. En marzo se presentó un Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna en el que se recogían medidas encaminadas a facilitar el acceso a los servicios de salud –incluida la asistencia tocológica de urgencia– y mejorar la participación social. Sin embargo, suscitaba preocupación el modo como se integraría dicho plan en las políticas ya existentes.

Derechos sexuales y reproductivos

Se adoptaron algunas medidas para despenalizar el aborto en determinadas circunstancias, como cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación.

En noviembre, sin embargo, el Tribunal Constitucional resolvió que el Estado no podía distribuir ni vender anticonceptivos de emergencia administrables por vía oral. El fallo perjudicaba a las mujeres con bajos ingresos que no podían permitirse acceder a este tipo de anticonceptivos, que por lo demás seguían disponibles en las farmacias.

Los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Lesbianas, gays y personas transgénero siguieron sufriendo discriminación y malos tratos.

  • En enero, miembros de una junta vecinal de la localidad de Tarapoto, en la provincia de San Martín, secuestraron y torturaron a una mujer transgénero llamada Techi. El juicio contra tres personas acusadas de este ataque continuaba al terminar el año.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se amenazó y hostigó a personas que defendían los derechos humanos. Las autoridades no transmitieron de manera inequívoca que tales actos no se tolerarían, ni garantizaron investigaciones efectivas sobre las amenazas. En septiembre, un comunicante anónimo amenazó con envenenar a Salomón Lerner Febres, defensor de los derechos humanos y ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese mismo mes ya habían envenenado a sus dos perros guardianes.

  • En septiembre, al parecer en un intento de intimidarla por su constante apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se acusó en un periódico nacional a Gisela Ortiz Perea de ser una miembro destacada de Sendero Luminoso.

Impunidad

En abril, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, la impunidad seguía siendo motivo de preocupación. Continuaban sin investigarse decenas de casos de presuntos homicidios a manos de la policía, entre una profunda preocupación de que se estuviera utilizando un decreto ley de 2007 para impedir las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales. El decreto ley en cuestión reformaba el Código Penal y otorgaba inmunidad de procesamiento a los policías que hirieran o mataran a sospechosos estando de servicio.

No se registraron avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación puesta en marcha en 2001 para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

Se produjeron pocos avances en el millar de casos presentados desde 2003 ante la Fiscalía de la Nación en relación con violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. El Ministerio de Defensa siguió negándose a facilitar información sobre los casos en los que estaban implicados miembros de las fuerzas armadas.

El Consejo de Reparaciones –organismo creado en 2006 con la misión de elaborar un registro de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante los veinte años de duración del conflicto armado interno, para que las víctimas pudieran solicitar reparaciones– tuvo que suspender en noviembre sus actividades por falta de recursos.

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