Perú

Human Rights in República del Perú

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Perú is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Alan García Pérez
Pena de muerte abolicionista para los delitos comunes
Población 28,2 millones
Esperanza de vida 70,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 30/26 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 87,9 por ciento

Se registraron algunos avances en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, algunos abogados y otras personas siguieron recibiendo amenazas, y miembros del Congreso propusieron leyes de amnistía para el personal militar y policial implicado en violaciones de derechos humanos. Aumentó la protesta social, sobre todo por el hecho de que el constante aumento de la riqueza no se traducía en beneficios para los sectores más desfavorecidos del país.

Información general

El gobierno mostró una intolerancia cada vez mayor con las personas que criticaban sus políticas sociales, económicas y medioambientales. A lo largo del año tuvieron lugar en todo el país manifestaciones de protesta contra determinadas políticas, y en algunos casos se declararon estados de emergencia en las provincias afectadas. La prisión de Challapalca, situada a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar, siguió abierta a pesar de que el ministro de Justicia había declarado que se cerraría. El grupo armado de oposición Sendero Luminoso siguió operando en algunas zonas del país, y se recibieron informes de enfrentamientos con el ejército.

"...la puesta a disposición judicial de los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado siguió siendo lenta."

Derecho a la salud: mortalidad materna

Se pusieron en marcha algunas iniciativas para intentar abordar la flagrante desigualdad existente en el acceso a los servicios de salud materna. Sin embargo, Perú seguía teniendo uno de los índices de mortalidad materna más altos de la región y carecía de un plan de acción para tratar el problema. En un informe publicado en diciembre, la Defensoría del Pueblo recomendó que el Estado coordinara y evaluara las medidas ya existentes para reducir la mortalidad materna, actualizara la estrategia nacional sobre salud sexual y reproductiva e intensificara el seguimiento de la mortalidad materna.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas

Las autoridades gubernamentales intentaron desacreditar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. La disidencia se topó con una intolerancia oficial cada vez mayor ante el aumento de las protestas sociales, y se amenazó y hostigó –y en algunos casos se agredió– a defensores de los derechos humanos y periodistas.

  • El presidente Alan García acusó públicamente a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de «traición a la patria» después de que esta organización declarara ante el Parlamento Europeo que, en su opinión, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo armado de oposición, había dejado de actuar. Poco después, el Parlamento Europeo eliminó al MRTA de su lista de organizaciones terroristas. El gobierno peruano reaccionó de inmediato dictando un decreto por el que se retiraba a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la que forma parte APRODEH, la condición de observador en el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
  • En marzo, 35 personas que trabajaban para que se informara y consultara de la manera adecuada a ciertas comunidades de la provincia de Piura sobre diversos proyectos mineros fueron acusadas de delitos tales como actos de terrorismo, incitación a la violencia, delitos contra el orden público, asociación ilícita, conspiración para delinquir, tortura, agresión, secuestro y daños criminales. Entre los acusados figuraban miembros de ONG de derechos humanos, dirigentes comunitarios y funcionarios locales. En octubre se retiraron algunas de las acusaciones más graves por falta de pruebas. Sin embargo, la fiscalía presentó un recurso de apelación y al finalizar el año continuaban las actuaciones judiciales respecto al resto de los cargos.

Impunidad

A pesar de algunos progresos, la puesta a disposición judicial de los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado siguió siendo lenta. En agosto, cinco años después de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el ex presidente de la propia Comisión criticó al gobierno por no haber aplicado ninguna de las reformas recomendadas. En noviembre se presentaron en el Congreso dos proyectos de ley en los que se proponían sendas amnistías para miembros de la policía y de las fuerzas armadas implicados en violaciones de derechos humanos.

  • Se exhumaron los restos de 60 personas muertas en una masacre perpetrada por el ejército en diciembre de 1984 en Putis, departamento de Ayacucho.
  • En agosto, un tribunal de Lima archivó la causa por la masacre de unas 100 personas en la isla penal de El Frontón, ocurrida en 1986, alegando que eran aplicables las normas sobre prescripción de delitos. Se esperaba que el Tribunal Constitucional revisara la decisión, pero éste no admitió a trámite finalmente el recurso de apelación que había presentado una organización de derechos humanos a este efecto.
  • A lo largo de 2008 prosiguió el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, y se esperaba que a principios de 2009 concluyera en primera instancia.
  • En abril, un tribunal declaró a tres agentes y al ex director del Servicio de Inteligencia Nacional, el general retirado Julio Salazar Monroe, culpables del homicidio y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, en 1992. El general Salazar fue condenado a 35 años de cárcel, y los tres agentes, a sendas penas de 15 años de prisión.
  • En agosto, Estados Unidos extraditó a Perú a un ex oficial del ejército buscado por su implicación en la masacre de 69 campesinos ocurrida en Accomarca en agosto de 1985. Otro oficial, condenado en Estados Unidos por este hecho, seguía encarcelado en dicho país a la espera de los resultados de una solicitud de extradición.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Perú en julio. A lo largo del año, representantes de la organización asistieron en diversas ocasiones al juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori.

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