Perú - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República del Perú

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Perú is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Alan García Pérez
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
PoblaciÓn : 28,8 millones
Esperanza de vida : 70,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 50/41 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 87,9 por ciento

Se dieron pasos importantes para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1980-2000). Ecologistas y dirigentes comunitarios contrarios a los planes mineros siguieron expuestos a agresiones y actos de acoso. Las mujeres de las comunidades marginadas pobres continuaron sufriendo discriminación en el acceso a los servicios de salud materna. 

Información general

Se declaró inconstitucional un proyecto de ley sobre cooperación internacional que habría permitido a las autoridades ejercer un mayor control sobre las ONG.

El Congreso rechazó en enero un proyecto de ley para modificar el uso de la pena capital en casos relacionados con actividades terroristas. Al finalizar el año seguían pendientes de aprobación en el Congreso otros dos proyectos de ley sobre la pena de muerte. 

A lo largo del año, docentes, profesionales de la salud y mineros llevaron a cabo varias huelgas para protestar contra la política económica y laboral del gobierno.

En agosto se promulgaron varios decretos legislativos para combatir la delincuencia organizada. Suscitó preocupación que pudieran utilizarse para declarar ilegales las legítimas manifestaciones de malestar social. 

Grupúsculos del grupo armado de oposición Sendero Luminoso continuaron operando en varias zonas. Se siguió acusando injustamente a campesinos del departamento de Ayacucho de delitos relacionados con actividades terroristas por su presunta participación en ataques perpetrados por dicho grupo.

Impunidad: justicia por violaciones cometidas en el pasado

En septiembre, Chile extraditó a Perú al ex presidente Alberto Fujimori. Éste se enfrentaba a varios cargos, entre ellos el homicidio de 15 personas en 1991 y la desaparición forzada y el homicidio de 9 estudiantes y un profesor en 1992. El juicio continuaba al finalizar el año.

Al concluir el año no se había puesto en marcha todavía un programa efectivo para proteger a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los 20 años de conflicto armado, así como a familiares, testigos y abogados. 

Los avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación siguieron siendo limitados. En agosto, la Defensoría del Pueblo puso de relieve que sólo se había incoado una nueva causa durante el primer semestre del año y que 28 de las 47 sometidas a la consideración del Ministerio Público seguían pendientes de resolución.

Empezó a funcionar el Consejo Nacional de Reparaciones, creado en 2006 para supervisar las reparaciones a las víctimas de abusos contra los derechos humanos documentados por la Comisión. Al finalizar el año, este Consejo había aprobado la inscripción de más de 800 comunidades (y centros poblados).

En noviembre, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la responsabilidad por el delito de desaparición forzada no recaía sólo en quienes perpetraban el homicidio y ocultaban el cadáver, sino también en los integrantes de la cadena de mando. En su resolución, la Corte Suprema confirmó las condenas impuestas a dos oficiales de las fuerzas armadas por la desaparición forzada en 1991 de cuatro personas en el departamento de Ayacucho.  

  • En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que el Estado era responsable de los homicidios de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz, perpetrados en febrero de 1989 por miembros de las fuerzas armadas.

Condiciones de reclusión

En octubre se abrió de nuevo la prisión de Challapalca, situada a 4.600 metros sobre el nivel del mar. De inmediato se trasladó allí a 24 presos. La cárcel se había cerrado en 2005 a raíz de las presiones ejercidas en este sentido a nivel nacional e internacional, como la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se clausurara porque su inaccesibilidad restringía gravemente el derecho de los reclusos a mantener contactos con personas del exterior, incluidos familiares, abogados y médicos.

Salud: la salud materna en las zonas rurales

En abril, el gobierno afirmó que estaba adoptando medidas para garantizar que se dejara de multar a las mujeres por no acudir a las consultas de atención prenatal y que se facilitaran los correspondientes certificados de nacimiento vivo, expedidos normalmente por los centros de salud, a las que daban a luz en su domicilio.

En un informe publicado en mayo por la Defensoría del Pueblo se subrayaban la persistencia de los obstáculos económicos y geográficos a los que se enfrentaban las mujeres de las zonas rurales para acceder a asistencia médica, la falta de información accesible sobre servicios de salud y la ausencia de cuidados médicos culturalmente adecuados.

En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a Perú que garantizara a todas las mujeres la expedición de documentos de identidad, incluidos certificados de nacimiento vivo, y que garantizara en particular a las mujeres de las comunidades rurales, indígenas y minoritarias pleno acceso a la justicia, la educación y los servicios de salud.

Defensores y defensoras de los derechos humanos: planes mineros

  • En marzo, el defensor de los derechos humanos Javier Rodolfo Jahncke Benavente recibió amenazas de muerte, al parecer, por su colaboración en la provincia de Piura con la red Muqui, que trabajaba para que se garantizara a las comunidades el acceso a información sobre los planes mineros y a un proceso de consultas justo y transparente antes de su puesta en práctica.
  • En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas de protección, incluidos diagnóstico y tratamiento médico, para 65 personas de La Oroya, localidad de la provincia de Yauli, en la región de Junín, expuestas durante decenios a los efectos de la minería.

Visita de Amnistía Internacional

  • Un delegado de Amnistía Internacional visitó Perú en noviembre para investigar asuntos relacionados con el juicio del ex presidente Alberto Fujimori.

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