Papúa Nueva Guinea - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Papúa Nueva Guinea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Papúa Nueva Guinea is now live »

Jefa del Estado: : reina Isabel II, representada por Paulias Matane
Jefe del gobierno: : Michael Somare
Pena de muerte: : abolicionista en la práctica
Población: : 6,1 millones
Esperanza de vida: : 56,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m): : 82/93 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: : 57,3 por ciento

El alto índice de delitos violentos afectó a todo el país. La confianza de la opinión pública en los organismos encargados de hacer cumplir la ley no aumentó. La violencia contra mujeres y menores de edad continuó siendo endémica. La respuesta de la sociedad civil a estos problemas fue cada vez más importante.

Información general

Las elecciones parlamentarias quedaron empañadas por ataques contra fuerzas policiales y agentes electorales y por enfrentamientos mortales entre partidarios de candidatos rivales. El Partido de la Alianza Nacional volvió a conseguir el mayor número de escaños y formó un gobierno de coalición con otros 12 partidos políticos y parlamentarios independientes.

Conflictos tribales iniciados tiempo atrás empeoraron en muchas partes del país, especialmente en Enga y las Tierras Altas Occidentales, que fueron las zonas más afectadas.

Aunque en agosto se levantó el estado de excepción decretado un año antes en las Tierras Altas Meridionales, continuó existiendo honda preocupación por la seguridad en Bougainville, y la destrucción de las armas entregadas en el curso del proceso de paz constituía para el Gobierno Autónomo un problema de urgente resolución.

Proliferación de armas pequeñas ilegales

El alto nivel de delitos violentos, generado por la libre proliferación de armas de fuego ilegales, no daba muestras de disminuir y hacía que aumentase la sensación de temor e inseguridad entre la población.

Se creó la Coalición para Poner Fin a la Violencia Armada, una organización de defensa integrada por una amplia red de organizaciones de la sociedad civil, en respuesta a la inacción del gobierno a la hora de poner en práctica las recomendaciones realizadas en 2005 por el Comité Nacional de Armas de Fuego para combatir la proliferación y el uso de armas de fuego ilegales.

Fuerzas policiales y de seguridad

La policía parecía no tener ni capacidad ni voluntad para garantizar la seguridad. Las investigaciones de los delitos no eran habituales, y las detenciones de los responsables de violaciones de derechos humanos eran escasas. Muchas víctimas de delitos no recibían justicia, al no progresar las causas porque la policía no recogía información sobre ellas o por procesamientos deficientes.

En junio, las fuerzas policiales y la Comisión del Defensor del Pueblo firmaron un acuerdo para la creación de una Defensoría del Pueblo de Denuncias contra la Policía, en un intento de aumentar la confianza de la opinión pública en la policía. La Fuerza de Defensa y los Servicios Penitenciarios tenían intención de crear mecanismos similares de rendición de cuentas.

Violencia contra las mujeres

La violencia de género, incluida la violencia sexual, era endémica en el ámbito familiar y en la comunidad. En el contexto de las elecciones se intercambiaban mujeres por armas y, según los informes, en las tribus enfrentadas se cometieron violaciones en grupo de mujeres del bando enemigo.

A pesar de que en la prensa aparecían casi a diario declaraciones de condena de los abusos contra las mujeres, como la sucesión de vehementes afirmaciones por parte de destacados dirigentes del gobierno y de autoridades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se investigaron pocos de los casos de que se tuvo noticia. Los presuntos responsables, entre los que había policías y otras personas que ocupaban cargos de poder, eludían la justicia, y apenas se emprendieron acciones concretas para combatir la impunidad.

En agosto, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por un parlamentario reelegido que había sido condenado a 12 años de cárcel por violación. La Comisión Electoral había sido criticada anteriormente por pasar por alto la violación al aceptar la designación del parlamentario condenado.

Las mujeres defensoras de los derechos humanos eran cada vez más activas y estaban mejor organizadas en sus actividades de defensa. En una acción de protesta silenciosa que se celebró el 9 de octubre y tuvo gran repercusión, más de 100 activistas vestidas de negro y con cintas blancas, acompañadas por Carol Kidu, ministra de Desarrollo Comunitario y la única mujer parlamentaria, presentaron una petición al Parlamento para que hiciese frente a la violencia contra las mujeres.

Se consideraba que la violencia contra las mujeres era una de las causas fundamentales de la epidemia de VIH/sida, que, a su vez, generaba más abusos contra las mujeres, ya que en ocasiones se creía que las muertes causadas por el virus eran obra de brujería. Las presuntas brujas eran torturadas y morían a manos de muchedumbres que las consideraban responsables de las muertes.

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