Papúa Nueva Guinea - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Papúa Nueva Guinea

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Papúa Nueva Guinea is now live »

Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Paulias Matane
Jefe del gobierno: Michael Somare
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Hubo un alto índice de delitos violentos en todo el país. La policía
continuó beneficiándose de la impunidad que rodeaba las violaciones de
derechos humanos. La violencia contra mujeres y menores era endémica.

Orden público

Hubo un alto índice de delitos violentos en todo el país. Los conflictos sobre tierras, los disturbios y la violencia intercomunitaria eran habituales. Se pensaba que al menos 70 personas habían muerto en 2006 en la contienda que enfrentaba desde tiempo atrás a las tribus Ulga y Kulga de la región de Nebilyer, en las Tierras Altas Occidentales.

Al finalizar el año continuaba vigente el estado de excepción declarado en las Tierras Altas Meridionales en agosto.

En Bougainville, ex combatientes que se habían quedado al margen del proceso de paz se rearmaron, lo que contribuyó al elevado índice de delitos relacionados con armas de fuego en la isla.

Un año después de ser enviado al gobierno, aún no se había presentado ante el Parlamento un informe del Comité Nacional de Armas de Fuego en el que se recomendaba que se emprendiesen reformas para combatir la proliferación de armas de fuego ilegales.

Se produjeron importantes cambios en la jefatura de las fuerzas policiales. La confianza de la opinión pública en la capacidad de la policía para combatir la delincuencia era escasa. La policía se quejaba de que sus recursos eran limitados; sin embargo, a menudo parecía que evitaba deliberadamente actuar localmente en casos delicados por temor a represalias. Las deficiencias en la recopilación de información por parte de la policía, o los procesamientos ineficaces, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres, socavaban a menudo los intentos de hacer justicia, y los tribunales desestimaban muchos casos tras unas investigaciones demoradas o fallidas.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía

Se recibieron informes reiterados de brutalidad policial contra personas detenidas, que incluían violación y otras formas de tortura. Al no existir mecanismos claros y sistemáticos de rendición de cuentas, los agentes acusados de actos de violencia rara vez eran investigados o procesados.

No se tenía conocimiento de que el gobierno hubiera respondido a la petición de visitar el país realizada a comienzos de año por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura.

Aunque dos agentes de policía fueron acusados en enero de disparar contra colegiales desarmados en la provincia de Enga en octubre de 2005, al finalizar el año la policía no había remitido los casos al fiscal.

Al finalizar el año no había sido procesado ninguno de los agentes de policía acusados de participar, en marzo de 2004, en violaciones y otros malos tratos contra mujeres y niñas detenidas durante una redada en la casa de huéspedes conocida como Three Mile Guest House, en Port Moresby.

Violencia contra las mujeres

La violencia en el ámbito familiar y en la comunidad afectaba a la mayoría de las mujeres del país. La comunidad de activistas de los derechos humanos de las mujeres desempeñó una labor fundamental al ofrecer orientación, refugio y asesoramiento legal a las sobrevivientes de la violencia, con poco o ningún apoyo por parte del gobierno.

Se recibieron informes sobre un aumento de los delitos de índole sexual en al menos tres provincias. Los lugares más afectados eran Port Moresby, Lae y asentamientos en torno a otras ciudades.

En enero, un gobernador provincial fue condenado a 12 años de cárcel por violación en un caso que tuvo una gran resonancia. Sin embargo, se denunciaron o investigaron pocos casos de violencia contra las mujeres, y los responsables rara vez fueron procesados.

Las mujeres continuaban sufriendo abusos generalizados «relacionados con la brujería». Se pensaba que, sólo en la provincia de Chimbu, unas 150 mujeres morían de forma violenta cada año por presunta práctica de la brujería.

El gobierno comenzó a tomar algunas medidas para abordar la epidemia de VIH/sida. Sin embargo, la impunidad y las actitudes sociales en torno a la violencia contra las mujeres contribuían a la propagación de la enfermedad.

Pena de muerte

En abril, el nuevo ministro de Justicia descartó la reanudación de las ejecuciones y manifestó que trabajaría para llegar a la abolición de la pena de muerte.

Se conmutó por cadena perpetua la condena a muerte de tres hombres que llevaban desde 1997 en espera de ejecución, cuando el tribunal de apelación falló que el juez competente había asumido por error que la ley exigía la imposición de la pena capital.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Papua New Guinea: Violence against women - not inevitable, never acceptable! (Índice AI: ASA 34/002/2006)

• Papua New Guinea: Women human rights defenders in action (Índice AI: ASA 34/004/2006)

Visita

• Una delegación de Amnistía Internacional visitó Port Moresby en septiembre.

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