Panamá
Jefe del Estado y del gobierno
Ricardo Martinelli

Varias personas murieron o resultaron heridas durante manifestaciones registradas a lo largo del año. Las autoridades no garantizaron investigaciones efectivas ni la rendición de cuentas de los responsables de las muertes de manifestantes. Se registraron limitados avances en la creación de mecanismos para localizar e identificar a víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en el pasado.

Uso excesivo de la fuerza

Continuó preocupando el posible uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

  • Dos indígenas murieron y 40 personas, entre ellas policías, resultaron heridas en enero y febrero, durante protestas de los indígenas ngöbe-buglé desencadenadas por unas propuestas de ley que facilitaban a las empresas construir proyectos hidroeléctricos en sus tierras. Según los informes recibidos, la policía utilizó gas lacrimógeno cerca de centros médicos y se negó a las personas detenidas el acceso a asistencia letrada. En febrero, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas instó al gobierno a entablar un diálogo con los ngöbe-buglé afectados, investigar las circunstancias de las muertes y garantizar la rendición de cuentas de los responsables.
  • Según informes, tres personas, entre ellas un niño de nueve años, murieron durante protestas registradas en octubre en la ciudad de Colón en contra de la propuesta de vender terrenos públicos de su zona franca. La policía informó de que varios agentes habían resultado heridos por los disparos y proyectiles que lanzaron algunos manifestantes.
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Impunidad

Avanzaron lentamente las iniciativas destinadas a garantizar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares (1968-1989). En enero se estableció la Comisión Nacional Especial, encargada de ayudar a localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada. La Comisión de la Verdad, que había presentado su informe en 2002, había calculado que 207 personas habían sido víctimas de desaparición forzada y homicidio durante los gobiernos militares.

Manuel Noriega, jefe de Estado de 1983 a 1989, extraditado desde Francia en 2011, continuó bajo custodia todo el año pendiente de juicio. Estaba acusado de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales.

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