Pakistán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República Islámica de Pakistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Pakistán is now live »

Jefe del Estado
Asif Ali Zardari
Jefe del gobierno
Yousuf Raza Gilani
Pena de muerte
retencionista
Población
180,8 millones
Esperanza de vida
66,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
85/94 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
54,2 por ciento

Millones de paquistaníes sufrieron abusos a consecuencia de una brusca escalada del conflicto entre el gobierno y los grupos armados. Talibanes paquistaníes y otros grupos contrarios al gobierno atacaron deliberadamente a la población civil en todo el país, y las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza y llevaron a cabo presuntas ejecuciones extrajudiciales. En zonas controladas por los talibanes paquistaníes y grupos armados aliados, la población civil fue víctima de graves abusos, como detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos, ausencia casi absoluta de procesos judiciales con las garantías debidas, severas restricciones a la libertad de expresión y reunión, discriminación étnica y religiosa, y violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Aumentó la violencia contra las minorías, y el gobierno no impidió los ataques ni castigó a los responsables. No se llevaron a cabo ejecuciones, aunque 276 personas fueron condenadas a muerte.

Información general

Tras las protestas organizadas por profesionales de la abogacía paquistaníes en todo el país, Iftikhar Chaudhry fue rehabilitado como presidente del Tribunal Supremo el 16 de marzo. Chaudhry había sido destituido en noviembre de 2007 por el entonces presidente Pervez Musharraf. El 31 de julio, el Tribunal Supremo falló que el presidente Musharraf había violado la Constitución al declarar el estado de excepción el 3 de noviembre de 2007. En agosto se presentó una causa penal contra él por la detención ilegal de jueces de las altas instancias judiciales en 2007. El 16 de noviembre, el Tribunal Supremo reanudó las vistas de los casos de desapariciones forzadas, que se habían interrumpido a causa del estado de excepción de 2007.

En enero se intensificó la violencia en Baluchistán al suspender los grupos armados baluchis el alto el fuego iniciado a mediados de 2008. Agentes estatales respondieron con violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, a la toma de rehenes y los homicidios ilegítimos cometidos por grupos armados.

Talibanes paquistaníes y grupos insurgentes afines consolidaron su control de la Zona Tribal bajo Administración Federal y ampliaron su alcance a zonas de la provincia de la Frontera Noroeste, especialmente al valle de Swat, densamente poblado. El ejército continuó con sus operaciones contra los insurgentes: en abril se centró especialmente en Swat; a partir de septiembre, en la agencia Khyber de la Zona Tribal bajo Administración Federal, y a partir de octubre, en Waziristán Meridional. Los insurgentes mataron a centenares de civiles e hirieron a miles de personas más en ataques perpetrados en todo el país contra objetivos como mezquitas y escuelas.

El 13 de abril, los talibanes paquistaníes de Swat obligaron al presidente Zardari a firmar el Reglamento Nizam-e-Adl (Sistema de Justicia), que creaba oficialmente los tribunales que aplicarían en la división de Malakand la estricta interpretación talibán de la ley islámica. El acuerdo de paz se rompió a mediados de abril, cuando los talibanes paquistaníes continuaron con las incursiones armadas en el vecino distrito de Buner. La actuación de los talibanes y las consiguientes operaciones del ejército a partir del 26 de abril dieron lugar al desplazamiento de más de 2 millones de personas, que se unieron al aproximadamente medio millón de paquistaníes que ya habían huido de sus hogares a causa del conflicto entre los talibanes paquistaníes y las fuerzas de seguridad del gobierno. La operación en Waziristán Meridional provocó la huida de más de dos tercios de las 450.000 personas que vivían en la región.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El 2 de octubre se amplió de 30 a 90 días el periodo de detención sin cargos de personas sospechosas detenidas con arreglo a la Ley Antiterrorista para ser interrogadas.

El 19 de agosto, el Ministerio de Derechos Humanos comunicó al Parlamento que, de los 11.000 casos de violaciones de derechos humanos que había registrado en todo el país durante los últimos tres años –la mayoría en la provincia de Sind–, más de 8.000 habían sido sobreseídos o no habían sido investigados por la policía.

El 4 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre Violencia en el Ámbito Familiar (Prevención y Protección), que quedó paralizado al no aprobarlo el Senado ni establecer el gobierno una comisión de mediación para resolver las diferencias.

En agosto, el presidente Zardari anunció un conjunto de reformas para la Zona Tribal bajo Administración Federal, entre las que se incluían el levantamiento de la prohibición de las actividades de los partidos políticos y reformas limitadas del Reglamento sobre Delitos Fronterizos de la época colonial, que privaba a los residentes en la zona de la mayoría de los derechos reconocidos en el derecho internacional y en la Constitución paquistaní. La aplicación de estas reformas continuaba pendiente.

El 24 de noviembre, el primer ministro Gilani presentó propuestas integrales para reducir la presencia militar en Baluchistán, dejar en libertad a las personas que estaban “desaparecidas” y a las personas de etnia baluchi detenidas por motivos políticos, salvo las implicadas en actos de “terrorismo”, e iniciar programas de reactivación económica. Según los informes, 20 personas que estaban desaparecidas quedaron en libertad a finales de noviembre y en diciembre. Se archivaron 89 causas penales abiertas contra activistas políticos. El 10 de diciembre, según informes, el primer ministro afirmó que ya habían quedado en libertad 262 de los 992 baluchis sometidos a desaparición forzada, y que el resto sería liberado en breve.

Insurgencia en la Zona Tribal bajo Administración Federal, la provincia de la Frontera Noroeste y Baluchistán

Los insurgentes hicieron víctimas de secuestros y homicidios ilegítimos a miles de personas, incluidos patriarcas de tribus, profesores, periodistas, otros profesionales y personas desplazadas internamente que regresaban a sus hogares. Un total de 87 atentados suicidas causaron la muerte de 1.299 personas y heridas a 3.633, la mayoría civiles. Durante los dos años anteriores, los talibanes habían destruido más de 200 escuelas en Swat, de las cuales más de 100 eran escuelas para niñas. Según funcionarios locales, estos ataques afectaron a los estudios de más de 50.000 alumnos y alumnas de niveles comprendidos entre la enseñanza primaria y la universitaria.

Grupos talibanes crearon “tribunales” islámicos informales en zonas bajo su control y “juzgaron” y castigaron a decenas de personas, especialmente mujeres, acusadas de infringir su severa interpretación de la ley islámica. Las penas incluían flagelaciones públicas y ejecuciones.

En ocasiones, el ejército paquistaní hizo un uso excesivo o indiscriminado de la fuerza en ataques contra presuntos escondites talibanes, provocando una gran cantidad de víctimas civiles. Las fuerzas de seguridad detuvieron a familiares de presuntos insurgentes, incluidos niños y niñas, para obligarlos a entregarse.

Las lashkars (milicias) tribales detuvieron y, en algunos casos, mataron a presuntos talibanes. Integradas por patriarcas de tribus de la provincia de la Frontera Noroeste y de zonas clasificadas como tribales, estas milicias no estaban reguladas, pero contaban con el apoyo del gobierno y su finalidad era luchar contra los talibanes y proteger las localidades tribales.

Periodistas que informaban sobre la insurgencia en el noroeste y Baluchistán estuvieron en el punto de mira del gobierno y de los grupos armados, lo que hizo que no se informase de todos los abusos. Al menos 10 periodistas perdieron la vida mientras realizaban su trabajo.

  • El periodista afgano Janullah Hashimzada murió el 24 de agosto en Jamrud, en la agencia Khyber; sus compañeros creían que lo habían matado los talibanes. Ese mismo mes cerró el diario Asaap, con sede en Quetta, tras recibir la visita de miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia enviados a su redacción para censurar su trabajo.
  • El 7 de julio, insurgentes de Buner incendiaron la casa de Behroz Khan, periodista de Geo TV.

Personas internamente desplazadas

Más de 2 millones de personas huyeron de los combates que comenzaron en Swat en abril (véase el apartado sobre Afganistán), sumándose a las aproximadamente 500.000 personas ya desplazadas de la Zona Tribal bajo Administración Federal a causa del conflicto. El gobierno no garantizó los derechos de las personas desplazadas –más de la mitad niños y niñas– a la seguridad, la salud, la alimentación, el alojamiento y la educación. En octubre, las fuerzas de seguridad hostigaron a los miembros de la tribu Mehsud que huían de los enfrentamientos en Waziristán Meridional y detuvieron a decenas de ellos con arreglo a la disposición sobre responsabilidad colectiva del Reglamento sobre Delitos Fronterizos.

Tortura y otros malos tratos

Decenas de personas detenidas fueron víctimas de homicidio o tortura con resultado de muerte, y se recibieron informes de otras ejecuciones extrajudiciales en un clima de impunidad generalizada por esas violaciones de derechos humanos.

  • Fanish Masih, de 19 años y perteneciente a la minoría cristiana, fue hallado muerto el 15 de septiembre en la prisión de Sialkot, donde había permanecido recluido en régimen de aislamiento. Las autoridades penitenciarias afirmaron que se había suicidado, pero, según informes, sus familiares observaron contusiones indicativas de tortura en la frente, los brazos y las piernas. Tres funcionarios penitenciarios fueron suspendidos por negligencia, pero no se presentaron cargos penales contra ellos.
  • Según informes, después de mediados de julio se hallaron en Swat más de 250 cadáveres de presuntos extremistas armados, algunos de ellos colgando de postes, como advertencia a los talibanes de que podían correr la misma suerte.

Desapariciones forzadas

Se recibieron informes de nuevos casos de desapariciones forzadas. A pesar de que en noviembre se reanudaron en el Tribunal Supremo las vistas de casos de desapariciones forzadas, seguía sin conocerse el paradero y la suerte que habían corrido centenares de personas desaparecidas.

  • En octubre, un tribunal de distrito de Abbottabad declaró al ex presidente Musharraf sospechoso en el caso del presunto secuestro de Atiq ur Rehman, científico de la Comisión de Energía Atómica de Pakistán desaparecido el 25 de junio de 2004.
  • El 18 de agosto, el ejército afirmó que 900 presos a los que mantenía recluidos en Swat serían entregados a los organismos pertinentes. Continuaba sin conocerse su identidad, paradero y la suerte que habían corrido.
  • El 3 de abril, Ghulam Mohammad Baloch, Lala Muni y Sher Mohammad Baloch, activistas baluchis, fueron secuestrados en la oficina de su abogado por unos hombres vestidos de civil que, según informes, se los llevaron en vehículos del Cuerpo de Fronteras. Ese mismo día, el Tribunal Antiterrorista los había absuelto de los cargos de provocar disturbios. Cinco días después, el 8 de abril, se hallaron sus cadáveres. Ghulam Mohammad Baloch era miembro de un comité que pretendía averiguar la identidad de unas 800 personas sometidas a desaparición forzada. En abril, el Tribunal Superior de Baluchistán inició una investigación judicial, y en septiembre pidió a los servicios de inteligencia que ayudasen en la investigación de los asesinatos tras las quejas de la policía por su falta de colaboración.

Según los familiares de Zakir Majeed Baloch, trabajador social y vicepresidente de la Organización de Estudiantes Baluchis, miembros de los servicios de inteligencia se lo llevaron el 8 de junio cuando se encontraba cerca de Mastung, Baluchistán. La policía se negó a tramitar la denuncia de la familia. Se desconocía el paradero y la suerte que había corrido Zakir Majeed Baloch.

Discriminación: minorías religiosas

Los miembros de minorías religiosas sufrían cada vez más abusos, como secuestro, asesinato, intimidación y hostigamiento, al no contar con la protección de las autoridades estatales, que tampoco procesaban adecuadamente a los responsables. Los talibanes impusieron la jizia (impuesto para no musulmanes bajo el gobierno musulmán) a sijs, hindúes y cristianos, o en algunos casos los expulsaron directamente. La violencia sectaria entre la comunidad sunní y la sij aumentó en la agencia Kurram, controlada por talibanes sunníes.

  • Al menos 14 miembros de la comunidad ahmadi, incluidos niños y niñas, fueron detenidos por cargos de blasfemia que conllevaban la pena de muerte preceptiva. Al menos 11 ahmadis y nueve cristianos fueron víctimas de homicidio a causa de su fe en distintos sucesos.
  • El 29 de enero, cinco ahmadis, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por cargos falsos de blasfemia en el distrito de Layyah, en la provincia de Punyab, sin que hubiera indicios ni testigos que respaldasen los cargos presentados contra ellos. Quedaron en libertad bajo fianza.
  • En Gojra, Punyab, más de un millar de personas atacaron el barrio cristiano el 1 de agosto y quemaron vivas a seis personas, incluido un niño de siete años. Otras 17 personas resultaron heridas, y una de ellas murió posteriormente. El ataque fue la reacción a los rumores de que los cristianos habían arrancado páginas del Corán en la vecina localidad de Korian. A primeros de septiembre, una investigación judicial ordenada por el ministro principal de Punyab presentó sus conclusiones a las autoridades punyabíes, pero no se hicieron públicas. De los 42 hombres detenidos por cargos relacionados con el ataque de Gojra, 35 quedaron en libertad bajo fianza.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres continuaron siendo víctimas de homicidios en nombre del “honor”, de los que se denunciaron 960 casos. En septiembre, el ministro de Justicia de Punyab anunció que los delitos cometidos contra mujeres se juzgarían con arreglo a la Ley Antiterrorista.

  • En la provincia de la Frontera Noroeste y en las zonas tribales, grupos talibanes cerraron o incendiaron escuelas para niñas, obligaron a las mujeres a usar velo y les prohibieron que saliesen de casa si no iban acompañadas de un hombre de su familia. Varias mujeres fueron castigadas, mutiladas o murieron abatidas por disparos por presuntas actividades “inmorales”.

Continuaba siendo difícil obtener un resarcimiento legal por los abusos cometidos contra los derechos de las mujeres.

  • El 27 de abril, Ayman Udas, cantante pastún de Peshawar, murió abatida por disparos realizados, según informes, por sus dos hermanos, que consideraban que su divorcio, nuevo matrimonio y carrera artística ponían en entredicho el honor de la familia. No se practicó ninguna detención.

Derechos de la infancia

Continuó habiendo casos de trabajo infantil, violencia intrafamiliar, abusos sexuales y niñas obligadas a contraer matrimonio para resolver disputas. El gobierno rara vez tomó medidas para impedir estos abusos y garantizar que se castigara a los responsables. En octubre, la Asamblea de Sind tuvo conocimiento de que, de mayo de 2008 a abril de 2009, sólo en esa provincia se había rescatado a 4.367 víctimas del trabajo infantil, que habían sido entregadas a una ONG para su rehabilitación.

En varias ocasiones, el ejército presentó ante los medios de comunicación a menores de edad que, según afirmaron, habían sido hallados en campamentos talibanes, donde presuntamente habían recibido adiestramiento para llevar a cabo misiones suicidas.

  • En agosto, 11 niños, tres de los cuales parecían tener menos de 10 años, comparecieron “visiblemente traumatizados” ante periodistas en Mingora. Afirmaron que habían estado retenidos en campamentos talibanes junto con centenares de niños.

La aplicación de la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores de 2000 continuaba siendo deficiente, y seguía sin cumplirse la disposición que establecía que los menores de edad y los adultos detenidos debían estar recluidos por separado.

Pena de muerte

La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán registró 276 nuevas condenas a muerte y 7.700 personas continuaban condenadas a la pena capital. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Seguía sin cumplirse el compromiso adquirido en 2008 de conmutar todas las condenas a muerte por cadena perpetua. En septiembre, el presidente Zardari pidió a los gobiernos provinciales que presentasen recomendaciones sobre la conmutación de la pena de muerte por periodos de entre 24 y 30 años de cárcel. El 31 de agosto, el Tribunal Supremo suspendió una orden dictada en abril por el Tribunal Superior de Lahore que establecía que no se impondrían condenas a muerte a mujeres ni a menores de edad en casos de drogas.

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