Pakistán

Human Rights in República Islámica de Pakistán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Pakistán is now live »

Jefe del Estado Asif Ali Zardari
(sustituyó a Pervez Musharraf en septiembre)

Jefe del gobierno Yusuf Raza Gilani (sustituyó al primer ministro provisional Mohamadmian Sumro en marzo)
Pena de muerte retencionista
Población 167 millones
Esperanza de vida 64,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 89/99 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 49,9 por ciento

En febrero fue elegido un gobierno de carácter civil, que excarceló a presos detenidos durante el estado de excepción de noviembre de 2007 pero incumplió muchas de sus promesas de garantizar la protección de los derechos humanos. Continuaba habiendo casos de tortura, muertes bajo custodia, ataques contra minorías, desapariciones forzadas, homicidios por motivos de «honor» y violencia en el ámbito familiar. Al menos 16 personas fueron ejecutadas tras anunciar el nuevo gobierno que conmutaría las condenas a muerte por cadena perpetua; a lo largo del año se ejecutó al menos a 36 personas. La violencia en las zonas tribales limítrofes con Afganistán se extendió a otras zonas de Pakistán, con la toma de rehenes por parte de talibanes paquistaníes que atacaron y mataron a civiles y cometieron actos de violencia contra mujeres y niñas.

Información general

El 31 de marzo asumió el poder un nuevo gobierno de carácter civil, tras las elecciones celebradas el 18 de febrero. Sin embargo, la coalición gobernante comenzó a dividirse al no llegar los partidos a un acuerdo sobre cómo reincorporar en sus puestos a los jueces destituidos ilegítimamente durante el estado de excepción de noviembre de 2007. Ante la amenaza de ser separado de su cargo en un juicio político por violación de la Constitución y conducta indebida, el presidente Musharraf presentó su dimisión en agosto. Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhutto y dirigente del Partido Popular de Pakistán, fue elegido presidente el 6 de septiembre.

La mayoría de los jueces destituidos volvieron a asumir sus cargos tras prestar un nuevo juramento. El movimiento de abogados mostró su oposición afirmando que el nuevo juramento y posterior nombramiento equivalían a refrendar la imposición ilegal del estado de emergencia y la destitución de jueces en noviembre de 2007.

"En torno a 20.000 paquistaníes cruzaron la frontera para buscar refugio en Afganistán."

Ante el aumento de los ataques armados, entre los que hubo ataques suicidas con bomba, el nuevo gobierno vaciló entre llevar a cabo operaciones militares y dar cabida a los grupos armados tribales y los talibanes paquistaníes. El 22 de octubre, las dos cámaras parlamentarias aprobaron por unanimidad una resolución que instaba al gobierno a sustituir las operaciones militares por la legislación civil en las zonas limítrofes con Afganistán y a iniciar el diálogo con los talibanes que se mostrasen dispuestos a renunciar a la violencia. El 9 de diciembre, el presidente Zardari afirmó que durante los últimos cinco años habían muerto en las zonas fronterizas 1.400 civiles, 600 miembros del personal de seguridad y 600 extremistas.

Los gobiernos afgano y estadounidense hicieron reiterados llamamientos a Pakistán para que destruyesen las bases utilizadas por los talibanes para lanzar ataques contra Afganistán. A pesar de las firmes protestas paquistaníes, fuerzas estadounidenses que actuaban en Afganistán lanzaron cada vez más misiles hacia Pakistán.

Las relaciones entre India y Pakistán empeoraron tras afirmar las autoridades indias que los atentados perpetrados en Mumbai (Bombay) en noviembre habían sido obra de individuos o grupos con base en Pakistán.

Novedades jurídicas y constitucionales

Aunque hubo algunas iniciativas positivas, el nuevo gobierno civil de Pakistán incumplió muchas de sus promesas de proteger los derechos humanos. En marzo, el gobierno excarceló a decenas de activistas políticos detenidos durante el estado de emergencia y dejó en libertad a jueces que se encontraban bajo arresto domiciliario ilegal. En abril, Pakistán ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU contra la Tortura. En mayo, el gobierno anunció que firmaría la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero al finalizar el año aún no lo había hecho.

En noviembre se creó un Ministerio de Derechos Humanos independiente. El 15 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para la creación de una comisión nacional de derechos humanos, pero al finalizar el año aún no había sido aprobado por el Parlamento.

Detención y reclusión arbitrarias

La policía continuó recluyendo a personas durante largos periodos sin que comparecieran ante un juez, en contra de lo establecido en la ley.

Tras los atentados de noviembre contra objetivos civiles en Mumbai (Bombay), India, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a la organización Jamaat-ud-Dawa y a sus dirigentes, lo que llevó a la detención en diciembre de decenas de sus trabajadores en aplicación de la legislación sobre detención preventiva.

Tortura y otros malos tratos

Los organismos de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley utilizaban habitualmente la tortura y otros malos tratos, como palizas, obligación de permanecer de pie durante periodos prolongados, suspensión por los tobillos y violación. Se recibieron informes de varias muertes bajo custodia.

Desapariciones forzadas

En abril, el ministro de Justicia Farooq Naik prometió que el gobierno localizaría a todas las víctimas de desaparición forzada. Según cifras del propio gobierno, sólo en la provincia de Baluchistán habían desaparecido 1.102 personas. En mayo, el gobierno creó dos comités encargados de localizar a las personas desaparecidas; en junio anunció que 43 personas desaparecidas habían sido halladas en Baluchistán, y que habían quedado en libertad o estaban recluidas en un centro de detención oficial. Continuaban pendientes ante el Tribunal Supremo peticiones relativas a cientos de casos de desapariciones.

El 21 de noviembre, el ministro de Derechos Humanos, Mumtaz Alam Gilani, anunció que se estaba redactando una nueva ley para facilitar la recuperación de personas desaparecidas y afirmó que su ministerio contabilizaba 567 casos documentados de desaparición forzada. Según informes, la Comisión Permanente del Senado sobre Interior reconoció el 25 de noviembre que los servicios de inteligencia mantenían «innumerables celdas ocultas de tortura» en todo el país. A pesar de estas iniciativas, se recibieron informes de nuevos casos de desapariciones forzadas.

  • Según informes, Aafia Siddiqui, neurocientífica, y sus tres hijos de corta edad fueron detenidos en Karachi por los servicios de inteligencia paquistaníes en marzo de 2003. Sin embargo, según fuentes estadounidenses, la detención no se produjo hasta el 17 de julio de 2008, fecha en que la policía afgana la aprehendió junto con su hijo Mohammed Ahmed, de 11 años, en Ghazni, Afganistán. Según el gobierno de Estados Unidos, funcionarios estadounidenses dispararon contra ella, al parecer en legítima defensa, cuando los funcionarios afganos la dejaron bajo su custodia el 18 de julio. Aafia Siddiqui fue trasladada a un centro de detención de Nueva York, y en septiembre fue acusada de intento de asesinato de empleados y funcionarios estadounidenses, cargos que no guardaban relación con la anterior aseveración de que había colaborado presuntamente con Al Qaeda. Su hijo fue devuelto a su familia en Pakistán. Las autoridades estadounidenses afirmaron reiteradamente que los otros dos hijos no estaban bajo su custodia. Continuaba sin conocerse cuál había sido la suerte y el paradero de Aafia Siddiqui desde 2003 hasta julio de 2008, así como el de sus dos hijos pequeños. En diciembre, un tribunal federal estadounidense ordenó que se le practicase un nuevo reconocimiento psiquiátrico a fin de saber si estaba capacitada para ser sometida a juicio, y aplazó la vista hasta el 23 de febrero de 2009.
  • El 22 de septiembre, el doctor Abdur Razaq fue detenido en Rawalpindi cuando regresaba del hospital. Su esposa presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Islamabad. El 7 de noviembre, representantes del gobierno negaron tener conocimiento de su paradero. Según informes, el presidente del tribunal, Sardar Mohammad Aslam, afirmó el 17 de diciembre que «todo el mundo sabe dónde están las personas desaparecidas» y ordenó la comparecencia inmediata del médico ante el tribunal. Al finalizar el año continuaba sin conocerse su paradero. Su abogado manifestó que el médico podía haber sido víctima de desaparición por tratar a «terroristas».

Violaciones de derechos humanos durante operaciones de contrainsurgencia

Fuerzas de seguridad paquistaníes desplegadas en las zonas tribales de la frontera de Pakistán y en las zonas limítrofes con la provincia de la Frontera Noroeste (Swat) mataron e hirieron a civiles durante operaciones contra grupos tribales armados y talibanes paquistaníes.

  • El 19 de octubre, aviones de combate bombardearon una localidad de Swat durante una operación contra combatientes paquistaníes y extranjeros. Habitantes de la zona informaron de que habían muerto 47 personas, entre las que había numerosos civiles.

Las operaciones del gobierno provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas. El gobierno continuaba sin ofrecer asistencia humanitaria ni la protección adecuada a un gran número de personas internamente desplazadas. En torno a 20.000 paquistaníes cruzaron la frontera para buscar refugio en Afganistán.

Abusos de grupos armados

Grupos armados, muchos de ellos explícitamente pro talibanes, cometieron graves abusos contra los derechos humanos, como ataques directos contra civiles, ataques indiscriminados, secuestros, toma de rehenes, tortura y otros malos tratos y homicidio de personas cautivas.

  • En octubre, un atacante suicida talibán mató con una bomba a más de 80 civiles desarmados y causó heridas a casi un centenar más en un consejo de ancianos que se celebraba en la agencia tribal de Orakzai y en el que se estaba diseñando una estrategia para la disminución de la violencia en la zona.

Los talibanes paquistaníes tomaron decenas de rehenes, entre los que se encontraban un diplomático afgano y otro iraní, un periodista canadiense y otro paquistaní y un ingeniero polaco. Posteriormente dejaron en libertad al diplomático afgano, pero continuaba sin conocerse el paradero de los demás.

En septiembre, la sección de Tehrik-e-Taliban Pakistan (organización que aglutinaba a los talibanes paquistaníes) en Swat tomó varios rehenes extranjeros para forzar la liberación de 136 miembros suyos encarcelados.

Talibanes locales asumieron ilegítimamente funciones judiciales y «juzgaron» y «condenaron» a personas a las que acusaron de infringir la ley islámica o espiar para el gobierno. Decenas de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo tras la celebración de esos «juicios».

  • El 27 de junio, miles de espectadores presenciaron en la agencia tribal de Bajaur el homicidio ilegítimo de dos afganos, a los que un consejo había declarado culpables de «espiar» para las fuerzas estadounidenses.

Violencia contra mujeres y niñas

Mujeres y niñas sufrieron violaciones de derechos humanos por parte del Estado. También, y ante la ausencia de medidas adecuadas por parte del gobierno, sufrieron abusos en la comunidad, como homicidios en nombre del «honor», matrimonios forzados, violación y violencia en el ámbito familiar. Continuaban pendientes el proyecto de Ley sobre Protección Frente al Acoso en el Trabajo, aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre, y el proyecto de Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar (Protección y Prevención), enviado al Ministerio para el Desarrollo de la Mujer en agosto.

  • Según informes, una muchacha de 16 años y dos mujeres, de 18 y 20 años, fueron secuestradas el 13 de julio y llevadas en un automóvil con matrícula del gobierno a Babakot, distrito de Jaffarabad, en la provincia de Baluchistán, en donde fueron víctimas de homicidio al parecer por pretender casarse con hombres de su elección. La autopsia reveló que dos de las jóvenes habían muerto a causa de lesiones en la cabeza producidas con un arma contundente. No se encontró el tercer cadáver. Un senador baluchi defendió el homicidio por considerarlo una «costumbre tribal»; según informes, influyentes personalidades locales dificultaron la investigación policial.

También se entregó a niñas en matrimonio para resolver disputas.

En octubre, una jirga (consejo tribal informal) obligó a tres niñas de entre 12 y 14 años a casarse en Drighpur, distrito de Shikarpur, provincia de Sind, para dirimir una disputa relativa a un homicidio por motivos de «honor» que se había cometido dos meses antes. No se practicó ninguna detención.

Las amenazas de talibanes paquistaníes impidieron que miles de mujeres pudieran votar en las elecciones de febrero.

Discriminación de minorías religiosas

El gobierno no protegió adecuadamente a las minorías frente a la discriminación generalizada, el hostigamiento y la violencia selectiva.

  • En septiembre, dos ahmadis, Abdul Manan Siddiqui, médico de Mirpurkhas, Sind, y el comerciante de 75 años Sheij Mohammad Yousaf, de Nawabshah, Sind, murieron abatidos por disparos de personas desconocidas. Unos días antes, un canal privado de televisión había emitido un llamamiento de un colaborador según el cual matar a apóstatas y blasfemos era un deber religioso. No se tenía constancia de que se hubiera iniciado una investigación.

Un total de 76 personas fueron acusadas de blasfemia en 25 casos registrados, entre ellas 17 personas acusadas en virtud del artículo 295C del Código Penal de Pakistán, que disponía la pena de muerte por insultar el nombre del profeta Mahoma.

  • En junio, 16 ahmadis fueron acusados de blasfemia en Nankana Sadar, Punyab, al parecer por retirar un cartel que daba una imagen negativa de su dirigente religioso.

Derechos de la infancia

Continuaron el reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados, la trata de menores de edad y la violencia contra la infancia en el ámbito familiar, especialmente contra las niñas. Según la ONG Sahil, desde enero hasta junio sufrieron abusos sexuales 992 menores, de los que 304 eran niños, y 688, niñas.

En julio, autoridades de Swat descubrieron que los talibanes paquistaníes habían reclutado a 26 muchachos de entre 13 y 18 años para su adiestramiento.

Pena de muerte

Según informes, al menos 236 personas fueron condenadas a muerte, la mayoría por asesinato. La cifra total de presos condenados a muerte era de al menos 7.000.

El 21 de junio, el primer ministro Yusuf Raza Gilani anunció la conmutación de las condenas a muerte por cadena perpetua. Sin embargo, el presidente Zardari promulgó en noviembre una ordenanza que ampliaba la pena de muerte a los delitos informáticos que causasen la muerte.

A lo largo del año fueron ejecutadas al menos 36 personas, 16 de ellas tras el anuncio de la conmutación.

En diciembre, Pakistán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Informes de Amnistía Internacional

Pakistan: Repairing the damage – ensuring robust human rights safeguards (en inglés, 1 marzo 2008)
Pakistán: Negar lo innegable. Desapariciones forzadas en Pakistán (23 junio 2008)

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