Omán
Jefe del Estado y del gobierno
sultán Qabús bin Said al Said

Más de 30 personas, entre activistas de derechos humanos y detractores del gobierno, se convirtieron en presos de conciencia tras haber sido detenidas, acusadas de utilizar las redes sociales para insultar al sultán o cometer otros delitos contra la seguridad y condenadas a penas de hasta 18 meses de prisión.

Información general

Se produjeron conflictos laborales esporádicos. El personal de la industria petrolera y los trabajadores empleados en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Mascate protagonizaron breves huelgas. Participaron en ellas tanto trabajadores omaníes como extranjeros.

Con el fin de favorecer la independencia judicial, las autoridades propusieron retirar del Consejo Judicial Supremo al ministro de Justicia, pero su presidencia siguió ocupada por el sultán.

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Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades restringieron la libertad de expresión y emprendieron acciones contra más de 35 personas críticas con el gobierno, entre ellas activistas de derechos humanos y blogueros, a quienes acusaron de diversos delitos, como insultar al sultán en las redes sociales.

  • El 31 de mayo, la policía detuvo al abogado Yaqoub al Kharousi y a dos miembros del recién constituido Grupo Omaní de Derechos Humanos –Habeeba al Hinai e Ismail al Muqbali– en el campo petrolífero de Fohoud, cuyos trabajadores se habían declarado en huelga varios días antes. Los tres detenidos permanecieron cinco días recluidos en régimen de incomunicación, tras habérseles confiscado los teléfonos móviles. Yaqoub al Kharousi y Habeeba al Hinai quedaron en libertad bajo fianza, mientras que Ismail al Muqbali continuó detenido. El 9 de septiembre lo condenaron a 18 meses de prisión y al pago de una multa.
  • Entre el 2 y el 8 de junio fueron detenidas cuatro personas, incluidos el escritor Hamoud al Rashidi y el poeta Hamad al Kharous. Días después, el 11 de junio, en una protesta pacífica para pedir su liberación, detuvieron a otras 22 personas, entre ellas la destacada abogada Basma al Kiyumi, detenida previamente durante protestas organizadas en mayo de 2011. Tras estas detenciones, la fiscalía expresó su intención de tomar medidas drásticas contra quienes –según sus palabras– perjudicaban “la seguridad nacional y el interés público”, utilizando Internet para “difamar, propagar rumores y provocar sentadas y huelgas”.

Según la información recibida, uno de los detenidos, Saeed al Hashimi, necesitó tratamiento hospitalario tras haberse declarado en huelga de hambre en protesta por su detención.

Fueron procesadas al menos 32 de las personas detenidas. Entre el 9 de julio y el 9 de septiembre, les impusieron multas y penas de hasta 18 meses de prisión, tras haberlas declarado culpables de cargos como insultar al sultán, publicar información difamatoria en Internet, socavar el Estado, incitar a actos de protesta o participar en ellos y obstruir el tráfico. Varias de ellas quedaron en libertad bajo fianza tras interponer recursos de apelación.

  • El 5 y el 12 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Mascate confirmó las condenas de entre seis meses y un año de prisión de 28 activistas, incluido Nabhan al Hanashi, por los cargos de insultar al sultán, publicar información difamatoria en Internet y participar o incitar a la participación en protestas.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres y las niñas seguían gravemente discriminadas en la ley y en la práctica, sobre todo en lo relativo a su condición jurídica, al empleo y a su subordinación a la tutela masculina.

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Pena de muerte

No se publicó información sobre la imposición de condenas a muerte ni se tuvo noticia de ninguna ejecución. En diciembre, Omán votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria sobre la pena de muerte. En votaciones de años anteriores se había abstenido.

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