Nigeria
Jefe del Estado y del gobierno
Goodluck Jonathan

Se intensificó la situación de violencia e inseguridad para la población de Nigeria; al menos un millar de personas murieron en ataques del grupo armado islamista Boko Haram en el centro y el norte del país. La policía y los militares perpetraron con impunidad homicidios ilegítimos y ejecuciones sumarias. Miles de personas fueron desalojadas por la fuerza de sus viviendas en diferentes zonas del país. La reclusión ilegítima y la detención arbitraria eran prácticas habituales.

Información general

En enero, el Congreso Sindical Nigeriano y otros sindicatos, así como diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles, convocaron una huelga en todo el país para protestar contra la propuesta de eliminar las subvenciones al combustible. Las protestas, en su mayoría pacíficas, comenzaron el 2 de enero, y en ellas participaron decenas de miles de personas en muchos estados. En varios casos, la policía disparó contra los manifestantes, y al menos tres personas murieron y 25 resultaron heridas en los estados de Kaduna, Kano y Lagos. En enero, un agente de policía quedó detenido en relación con el uso de la fuerza, según los informes, pero al terminar el año no se tenía constancia de que se hubieran tomado otras medidas en su contra.

El 20 de enero, al menos 186 personas murieron en la ciudad de Kano cuando miembros de Boko Haram atentaron con explosivos contra las fuerzas de seguridad en ocho lugares distintos. Tras los atentados se produjo un tiroteo entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad que se prolongó durante varias horas. Entre quienes perdieron la vida había agentes de policía, familiares suyos y personas que residían en las proximidades. Un periodista de la emisora de noticias Channels, Enenche Akogwu, también murió por disparos.

Ese mismo mes, el presidente Jonathan declaró el estado de excepción en 15 áreas de gobierno local de cuatro estados; la medida estuvo en vigor seis meses.

Resurgieron las tensiones en el delta del Níger cuando algunos ex miembros del grupo armado Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger afirmaron no estar recibiendo sus estipendios mensuales de “amnistía”, que formaban parte de un acuerdo con el gobierno. El grupo afirmó también que estaba descontento con el funcionamiento de los programas instituidos para reintegrar a sus activistas en la sociedad.

Entre agosto y octubre, las peores inundaciones ocurridas en decenios causaron la muerte de más de 300 personas y el desplazamiento de un millón más en 15 estados.

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Boko Haram

Ataques de Boko Haram

Más de un millar de personas murieron en ataques del grupo armado islamista Boko Haram, que reivindicó la autoría de atentados con explosivos y ataques con armas de fuego perpetrados en todo el norte y el centro de Nigeria. El grupo atacó comisarías de policía, cuarteles militares, iglesias, edificios escolares y oficinas de periódicos, y mató a clérigos y fieles musulmanes y cristianos, a políticos y periodistas y a policías y soldados. En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que existía una base razonable para creer que Boko Haram llevaba cometiendo crímenes de lesa humanidad desde julio de 2009.

  • En abril, al menos 20 personas murieron en la ciudad de Kaduna el domingo de Pascua como consecuencia de un atentado suicida perpetrado con un coche bomba cerca de dos iglesias.
  • El 26 de abril, Boko Haram colocó una bomba en las oficinas del periódico nigeriano Thisday en Abuja y en un edificio que albergaba las oficinas de tres periódicos en Kaduna. Al menos siete personas perdieron la vida. El 1 de mayo, Boko Haram hizo una advertencia a 11 medios de comunicación nacionales e internacionales.
  • El 17 de junio, Boko Haram perpetró atentados con explosivos contra tres servicios religiosos en Kaduna; murieron al menos 21 personas. Los ataques de represalia entre cristianos y musulmanes causaron la muerte de al menos otras 70 personas.

Respuesta de la policía y de las fuerzas de seguridad

En su respuesta a Boko Haram, las fuerzas de seguridad de Nigeria perpetraron graves violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, incendios de casas y detenciones ilegítimas.

Decenas de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de la policía o de la Fuerza Especial Conjunta, cuerpo formado por miembros del ejército, la policía y otras fuerzas de seguridad para hacer frente a la violencia; otras fueron sometidas a desaparición forzada cuando estaban bajo custodia de la policía o de la Fuerza Especial Conjunta.

La Fuerza Especial Conjunta quemó casas en al menos cinco comunidades de Maiduguri, a menudo después de llevar a cabo redadas y detenciones en la zona y, al parecer, en algunos casos como medida punitiva.

Cientos de personas acusadas de vinculación con Boko Haram fueron detenidas arbitrariamente por la Fuerza Especial Conjunta. Muchas estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sin cargos ni juicio, sin comparecer ante ninguna autoridad judicial y sin acceso a abogados. Cientos de personas estuvieron recluidas sin cargos ni juicio en el cuartel militar de Giwa, de la 21 Brigada Acorazada, en Maiduguri, soportando duras condiciones que podían constituir trato inhumano y degradante.

Apenas se llevaron a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y cuando se investigaron, no se hicieron públicas las conclusiones.

  • El 9 de marzo, Ali Mohammed Sadiq, Ahmed Yunusa, Auwalu Mohammed y otras dos personas –todos ellos empleados o clientes de una gasolinera de Rijiyar Zaki, estado de Kano– murieron por disparos al abrir fuego la Fuerza Especial Conjunta tras un ataque contra una comisaría de policía cercana. Ali Mohammed Sadiq recibió cinco disparos, uno de ellos en la cabeza. No se llevó a cabo investigación alguna y no se tuvo noticia de que se hubieran exigido responsabilidades a algún agente por los homicidios. El jefe de la Fuerza Especial Conjunta en Borno hizo pública una disculpa a las familias de las víctimas a través de la radio.
  • La Fuerza Especial Conjunta hizo caso omiso de una orden judicial dictada el 4 de enero en la que se exigía que se presentara a Goni Ali, a quien no se había vuelto a ver desde que fuera detenido por miembros de la Fuerza Especial Conjunta en su casa, en Maiduguri, el 16 de octubre de 2011 y trasladado al cuartel de Giwa. Al terminar el año la familia de Goni Ali seguía sin tener información sobre su paradero.
  • El 1 de mayo, tras un homicidio cometido por un presunto miembro de Boko Haram en Kawar Maila, unos soldados de la Fuerza Especial Conjunta obligaron a mujeres y niños que vivían en las proximidades a salir de sus hogares y después prendieron fuego a unas 33 casas. La Fuerza Especial Conjunta también incendió una escuela islámica a la que asistían niños de la localidad. El edificio estaba desocupado en ese momento.
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Homicidios ilegítimos

La policía cometió homicidios ilegítimos en todo el país. En marzo de 2012, el presidente del consejo de gobierno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que, según cálculos, la policía ejecutaba sumariamente a unos 2.500 detenidos cada año.

  • El 8 de abril, Blessing Monday, niño de 16 años que vivía en la calle en los alrededores de los puentes de Abali Park, en Port Harcourt, murió por disparos de unos policías de la comisaría de Mile 1 que sospechaban que había robado un bolso. La policía descubrió después que el muchacho no había cometido el robo.
  • El 24 de mayo, unos agentes de la Unidad Especial Antirrobos mataron a Goodluck Agbaribote, ex residente del demolido asentamiento de Abonnema Wharf de Port Harcourt, mientras se bañaba en un pozo comunitario. La policía afirmó que había cometido un robo a mano armada.
  • En noviembre, la Fuerza de Policía de Nigeria reveló finalmente al Tribunal Superior de Port Harcourt que Chika Ibeku, “desaparecido” en 2009 tras ser detenido y recluido por la policía, había muerto en realidad en un “tiroteo” con la policía. La familia, a través de una ONG local, interpuso una demanda en la que solicitó el informe de la autopsia.
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Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad contra detenidos y presuntos delincuentes seguían siendo práctica generalizada.

  • El 9 de enero, Alexander Nworgu fue detenido en Owerri, estado de Imo, y llevado a la unidad antisecuestros de la policía del estado de Rivers. Según afirmó, mientras estuvo bajo custodia lo golpearon regularmente con un machete y lo colgaron del techo por los pies en días alternos. Después de pasar más de un mes bajo custodia policial, se decretó su ingreso en prisión el 15 de febrero, y finalmente quedó en libertad bajo fianza el 6 de julio. Mientras estuvo bajo custodia policial, los cargos en su contra se modificaron y pasó a ser acusado de robo.
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Sistema de justicia

La corrupción generalizada y el menosprecio del debido proceso y el Estado de derecho continuaron asolando el sistema de justicia penal de Nigeria. Muchas personas fueron detenidas arbitrariamente y permanecieron recluidas durante meses sin cargos. La policía seguía pidiendo dinero a los detenidos a cambio de dejarlos en libertad. Muchos eran recluidos en prisión preventiva durante periodos prolongados y en duras condiciones. Los procesos judiciales seguían siendo lentos y en general suscitaban desconfianza. Según el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más del 70 por ciento de las personas recluidas estaban en espera de juicio o de condena. La policía y las fuerzas de seguridad a menudo hacían caso omiso de las órdenes judiciales.

  • Patrick Okoroafor quedó en libertad el 30 de abril después de pasar 17 años en prisión. Había sido condenado injustamente a muerte por robo, a la edad de 14 años, después de un juicio sin garantías.
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Derechos de la infancia

En 12 estados no se había promulgado la Ley de Derechos de la Infancia, de ámbito federal. Los centros tutelares de menores del país seguían adoleciendo de hacinamiento y falta de recursos. La policía seguía recluyendo a menores de edad en calabozos policiales junto con adultos.

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Violencia entre comunidades

En la región de Middle Belt continuó la violencia entre comunidades, que se cobró la vida de más de un centenar de personas.

  • En marzo, la reanudación de los enfrentamientos entre grupos étnicos por conflictos de tierras en el estado de Benue causó el desplazamiento de hasta 15.000 personas.
  • Según los informes, entre el 6 y el 7 de julio murieron más de 60 personas en enfrentamientos entre ganaderos fulani y habitantes de Riyom, Barkin Ladi y otras áreas de gobierno local en el estado de Plateau. El 8 de julio, los asistentes al funeral de algunas de las víctimas, entre los que se encontraban el senador Gyang Dantong y el líder de la mayoría de la Asamblea Legislativa de Plateau, Gyang Fulani, fueron atacados por hombres armados no identificados. El 10 de julio continuaron los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en nueve comunidades del estado de Plateau, con el resultado de unos 50 muertos.
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Pena de muerte

En septiembre, el Tribunal Superior del estado de Lagos declaró inconstitucional la imposición preceptiva de la pena de muerte, en una demanda entablada en 2008 por el Consorcio de Recursos Jurídicos con la asistencia de la ONG nigeriana Proyecto de Defensa y Asistencia Jurídica.

Sin embargo, la pena de muerte seguía siendo preceptiva en la legislación penal de Nigeria para una amplia variedad de delitos. Al terminar 2012 había aproximadamente 1.002 reclusos en espera de ejecución, entre ellos algunos que eran menores de edad cuando se cometió el delito. Muchos habían sido condenados en juicios manifiestamente injustos o después de pasar más de 10 años en la cárcel. El gobierno federal afirmó en 2012 que la moratoria de la pena de muerte que había entrado en vigor el año anterior era “voluntaria”. Los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte.

  • En octubre, el gobernador del estado de Edo firmó la orden de ejecución de dos condenados a muerte de la prisión central de la ciudad de Benin, estado de Edo, pese a haber un recurso pendiente de resolución. Al terminar el año aún no se habían llevado a cabo las ejecuciones.
  • El 13 de julio, Olatunji Olaide fue liberado de la prisión de Kirikiri, en Lagos, después de pasar 23 años en espera de ejecución por robo de automóviles. El Tribunal de Apelación lo había declarado inocente el 5 de junio y lo había absuelto.
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Desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos y las demoliciones ilegales en todo el país. En 2012 se demolieron las viviendas de decenas de miles de personas en cuatro comunidades de Port Harcourt, Lagos y Abuja. Cientos de miles de personas seguían en situación de riesgo, ya que los gobiernos estatales continuaban amenazando con demoliciones masivas.

  • En julio, entre 10.000 y 20.000 personas fueron desalojadas por la fuerza de sus viviendas en Abonnema Wharf, Port Harcourt, al ser demolido el asentamiento sin aviso ni consulta adecuados. No se les ofreció indemnización ni vivienda alternativa. Tuvieron que dormir en automóviles, en casas de amigos o al borde de la carretera. Centenares de ellas se convirtieron en personas sin hogar.
  • El 16 de julio, decenas de casas y otras construcciones fueron demolidas en el asentamiento de Makoko, en Lagos, y más de 2.000 personas se vieron desplazadas sin alojamiento alternativo ni indemnización adecuada, según la ONG nigeriana Centro de Acción por los Derechos Económicos y Sociales. Una persona murió al abrir fuego un policía durante una protesta pacífica contra las demoliciones. Según los informes, el agente en cuestión fue detenido.
  • El 16 de agosto se demolió parcialmente el asentamiento de Mpape, en Abuja, sin aviso previo ni consulta adecuada, pese a estar pendiente de resolución ante el Tribunal Superior una demanda interpuesta para impedir las demoliciones. Mpape figuraba entre un total de 19 comunidades cuya demolición estaba prevista en el marco del “Plan General de Abuja”. Las ONG calculaban que un millón de personas podían quedarse sin hogar si el plan seguía adelante.
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Libertad de expresión

Continuaron la intimidación y los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

  • El 26 de enero, el Tribunal Superior del estado de Enugu concedió la libertad bajo fianza al defensor de los derechos humanos y líder sindical Osmond Ugwu. Había sido detenido el 24 de octubre de 2011 por un grupo de soldados, agentes de policía y miembros del Departamento de Seguridad del Estado fuertemente armados durante una sesión pacífica de oración organizada por los sindicatos en Enugu tras hacer campaña por la aplicación de la Ley del Salario Mínimo. Más tarde fue acusado formalmente de conspiración para cometer asesinato.
  • El 6 de septiembre, un periodista del diario Leadership fue golpeado por soldados, que también confiscaron su equipo, por cubrir una operación de demolición en el estado de Anambra.
  • El 24 de diciembre, Musa Mohamed Awwal y Aliyu Saleh, periodistas que trabajaban para el periódico en lengua hausa Al Mizan, fueron detenidos por agentes del Departamento de Seguridad del Estado en el estado de Kaduna y estuvieron recluidos durante una semana.
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Derechos de las mujeres

Nigeria seguía presentando una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 14 por ciento de las muertes maternas del mundo tenían lugar en este país.

La violencia contra las mujeres y niñas, incluidas la violación, la agresión sexual y los abusos en el ámbito familiar, seguía siendo un problema grave.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Continuaron los abusos contra los derechos humanos de personas sospechosas de mantener relaciones con personas del mismo sexo o de tener una identidad de género no convencional. El proyecto de ley sobre Prohibición del Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, aprobado por el Senado en diciembre de 2011, pasó su segundo debate en la Cámara de Representantes el 13 de noviembre. El proyecto de ley imponía una pena de 14 años de cárcel a toda persona que “[suscribiera] un contrato de matrimonio o una unión civil con una persona del mismo sexo”. En caso de convertirse en ley, el proyecto penalizaría la libertad de expresión, asociación y reunión.

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Contaminación por petróleo en el delta del Níger

La contaminación por petróleo y los daños ambientales seguían causando estragos en la vida y los medios de sustento de la población del delta del Níger. Las leyes y normas medioambientales apenas se cumplían. Al terminar 2012 no se habían aplicado las recomendaciones sobre la limpieza de la región de Ogoniland, en el delta del Níger, formuladas por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) en un importante estudio publicado en 2011.

  • En torno al 21 de junio se descubrió un vertido de petróleo en la comunidad de Bodo, en el delta del Níger. La fuga no se detuvo hasta el 30 de junio. El oleoducto era responsabilidad de la empresa Shell. La investigación sobre la causa del vertido se demoró, y al terminar el año no había concluido, ni tampoco se había limpiado el vertido.

El 11 de octubre comenzó en La Haya (Países Bajos) la vista de una demanda judicial interpuesta contra la compañía petrolera Shell por un grupo de agricultores del delta del Níger.

El 14 de diciembre, una histórica sentencia del tribunal de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) concluyó que el gobierno de Nigeria no había impedido que las actividades de la compañía petrolera menoscabasen los derechos humanos, y exigió al gobierno la aplicación de una normativa adecuada para regular las actividades petroleras.

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