Nicaragua

Human Rights in República de Nicaragua

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nicaragua is now live »

Jefe del Estado y del gobierno Daniel Ortega Saavedra
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 5,7 millones
Esperanza de vida 71,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 28/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 76,7 por ciento

Se intimidó y acosó a defensoras de los derechos humanos por sus actividades en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Entró en vigor una ley que penalizaba el aborto en todos los casos, incluso cuando corriera peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación. Las denuncias de fraude electoral y control excesivo sobre las organizaciones de la sociedad civil suscitaron la preocupación de que se estuviera restringiendo la libertad de expresión y asociación. El gobierno reconoció formalmente el derecho de la comunidad Awas Tingni a sus tierras ancestrales.

Información general

En junio de 2008, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció que dos partidos de la oposición, el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador, ya no estaban registrados legalmente y que por tanto no podían presentar candidatos a las elecciones. En octubre, el gobierno se negó también a que observadores nacionales o internacionales vigilaran el desarrollo de las elecciones municipales de noviembre.

"En las semanas que siguieron a las elecciones municipales, se agredió al menos a 20 periodistas..."

El Partido Liberal Constitucionalista rechazó el anuncio de la victoria electoral del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), alegando fraude y falta de transparencia. En las semanas que siguieron a las elecciones se produjeron en Managua violentos enfrentamientos entre simpatizantes del FSLN y de la oposición. Numerosas personas resultaron heridas, pero no se facilitaron cifras oficiales al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el estallido de violencia y pidió permiso a las autoridades nicaragüenses para enviar a un relator con el fin de investigar lo sucedido. Al finalizar el año, el gobierno no había respondido todavía a la solicitud de la Comisión.

Derechos sexuales y reproductivos

Persistía el peligro de que se procesara a nueve defensoras de los derechos humanos. Se las acusaba, entre otras cosas, de instigación y encubrimiento de actos delictivos, al parecer por su trabajo en defensa de los derechos humanos y sus actividades sobre el derecho de las mujeres a disfrutar de servicios de salud sexual y reproductiva seguros y efectivos. Al finalizar el año, el fiscal general no había decidido todavía si retiraría la denuncia, presentada en noviembre de 2007, ni si formalizaría las acusaciones.

  • En un artículo aparecido en septiembre en una publicación gubernamental se acusaba a varias periodistas, defensoras de los derechos humanos y activistas políticas de una serie de hechos, entre ellos practicar «magia negra». Se las criticaba también por defender los derechos sexuales y reproductivos. Entre las personas mencionadas figuraba Patricia Orozco, periodista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Tras la publicación del artículo, Patricia Orozco recibió por teléfono y SMS amenazas de muerte y de violencia sexual.

En julio entró en vigor el nuevo Código Penal revisado, en el que se penalizaba el aborto y se preveían largas penas de cárcel para las mujeres y los profesionales de la salud declarados culpables de practicar abortos o de facilitarlos, incluso cuando la continuación del embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer o el embarazo fuera consecuencia de una violación. Durante 2008 no se procesó a nadie en virtud de la nueva legislación.

En octubre y noviembre, respectivamente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomendaron al gobierno nicaragüense que reformase la legislación sobre el aborto.

Violencia contra mujeres y niñas

En los primeros tres meses del año, alrededor del 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la policía se debieron a actos de violencia sexual. Según datos de la policía, la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual tenían 18 años o eran menores de edad, aunque en muchos casos los abusos habían permanecido ocultos durante varios años.

  • Una adolescente entrevistada por Amnistía Internacional dijo que un tío suyo la había violado cuando tenía nueve años. Se lo contó a su madre, quien le aconsejó que no dijera nada porque la familia dependía económicamente de este familiar. La muchacha, al sentirse insegura en su casa, abandonó el hogar y, a los 14 años, tras dejar la escuela, se dedicó a la prostitución para sobrevivir. El rechazo de la comunidad y las actitudes imperantes en la sociedad, que culpabilizaban más a la víctima que al violador, le impidieron en gran medida asimilar su experiencia y llevar ante la justicia al maltratador. A su tío no se lo procesó nunca por este delito.

Libertad de expresión y asociación

En las semanas que siguieron a las elecciones municipales, se agredió al menos a 20 periodistas y muchos otros sufrieron palizas. La mayoría de las agresiones las llevaron a cabo simpatizantes del FSLN. Se destrozaron también los locales de al menos cinco medios de comunicación independientes.

La policía confiscó los documentos de varias organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a asuntos de desarrollo, gobernanza y transparencia, al parecer en espera de que se efectuara una investigación sobre su gestión económica. Al finalizar el año, no se había comunicado todavía a las organizaciones la naturaleza de la investigación ni cuándo se les devolvería la documentación incautada.

  • En octubre, la policía registró los locales del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), organización que llevaba más de 10 años promoviendo los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. Se incautaron documentos y equipos informáticos. Al finalizar el año no se había informado todavía a la organización sobre los motivos legales de la investigación ni se le habían devuelto los documentos incautados, lo que obstaculizaba gravemente su trabajo.

Derechos de los pueblos indígenas

En 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno nicaragüense que reconociera legalmente el derecho a la tierra de la comunidad indígena Awas Tingni. En diciembre de 2008, en una medida que fue bien recibida, se reconoció legalmente, con arreglo a esta resolución de la Corte, el derecho a la tierra de dicha comunidad.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el país en junio y noviembre.

Informes de Amnistía Internacional

Defender el derecho de las mujeres a la vida y a la salud. Defensoras de los derechos humanos en Nicaragua (9 octubre 2008)
Nicaragua: Submission to the United Nations Committee on Economic Social and Cultural Rights 41st Session, 3-21 November 2008 (en inglés, 1 octubre 2008)

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