Nicaragua - Informe 2008 Amnistia Internacional

Derechos humanos en República de Nicaragua

Jefe del Estado y del gobierno : Daniel Ortega (sustituyó a Enrique Bolaños en enero)
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 5,7 millones
Esperanza de vida : 71,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 39/31 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 76,7 por ciento

Las organizaciones locales siguieron pidiendo que se mejorara la implementación de las normas sobre salud y seguridad en el trabajo y que se protegiera la libertad de asociación. Las organizaciones de mujeres siguieron presentando recursos contra la ley de 2006 que prohibía el aborto en todas las circunstancias. Se despenalizaron las relaciones de gays y lesbianas.

Información general

Nicaragua firmó en marzo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU.Según los informes, en un discurso pronunciado en octubre ante la Asamblea Nacional de la República, el presidente Ortega manifestó que Nicaragua no firmaría el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.La Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código Penal que ya no contenía el artículo del anterior código que penalizaba las relaciones de gays y lesbianas.

Salud: derechos reproductivos

Al finalizar el año había ante la Corte Suprema de Justicia aproximadamente 50 recursos de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía el aborto terapéutico (cuando, de seguir adelante el embarazo, se pone en peligro la vida o la integridad física o psicológica de la mujer). La Asamblea Nacional incorporó esa ley al nuevo Código Penal a pesar de no haberse resuelto los recursos.En 2006, la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había señalado que el aborto terapéutico era un servicio necesario para las mujeres y que su prohibición pondría la vida y la salud de las mujeres en peligro, además de plantear dificultades al personal médico.

  • Una mujer de 24 años murió en abril a causa de las complicaciones derivadas de un embarazo ectópico. Una organización dedicada a cuestiones de salud de las mujeres que investigó el caso concluyó que uno de los factores que contribuyeron a que se produjera la muerte fue la demora del personal médico en aplicarle el tratamiento que le hubiera salvado la vida (y que exigen explícitamente las normas del Ministerio de Salud) a causa de su preocupación por la posibilidad de ser procesados si realizaban un aborto.

Derechos laborales

Las organizaciones locales denunciaron que seguía siendo escasa la implementación de los derechos laborales. Los trabajadores presentaron ante autoridades y organizaciones de derechos humanos demandas relacionadas con las condiciones de trabajo, y en las que se abordaban, entre otras cosas, la libertad de asociación y los efectos nocivos sobre la salud.