Nueva Zelanda - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in Nueva Zelanda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nueva Zelanda is now live »

Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Anand Satyanand
Jefe del gobierno
John Key
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
4,3 millones
Esperanza de vida
80,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/5 por cada 1.000

El gobierno se mostró dispuesto a apoyar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las personas solicitantes de asilo corrían peligro de sufrir persecución a causa del proceso de inspección de pasajeros previsto en la nueva Ley de Inmigración.

El número de personas maoríes detenidas, procesadas por el sistema de justicia penal y encarceladas era desproporcionadamente elevado.

Derechos de los pueblos indígenas

En julio, en su examen periódico universal, el gobierno afirmó que “desearía pasar a apoyar” la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siempre y cuando no interfiriese en el marco nacional creado para resolver las cuestiones relacionadas con los derechos de los indígenas.

Suscitó preocupación la discriminación sufrida por los maoríes a causa de la Ley de la Zona Costera Bañada por la Marea y de los Fondos Marinos, aprobada en 2004 para resolver los derechos de propiedad reivindicados por los maoríes con respecto a estas zonas marinas y costeras. Esta preocupación dio lugar a la creación de un Grupo Ministerial de Estudio independiente que recomendó la derogación de la ley y la redacción de nueva legislación. Los derechos de los maoríes reconocidos en el Tratado de Waitangi exigían la promulgación de nueva legislación.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En noviembre entró en vigor la Ley de Inmigración, que incluía el sistema de inspección de pasajeros. La ley otorgaba al director del Departamento de Inmigración competencias para denegar la autorización de embarque en un avión a una persona que viajase a Nueva Zelanda sin justificación, lo que perjudicaría a los solicitantes de asilo que corriesen peligro de sufrir persecución en sus propios países. La ley también negaba a la persona solicitante el acceso a una revisión judicial en caso de que su petición fuese rechazada.

Condiciones de reclusión

En septiembre, el Departamento de Prisiones anunció que en 2010 empezarían a utilizarse permanentemente literas en las celdas, a pesar de que el 21 por ciento de las camas ya estaban en celdas compartidas, lo que infringía las normas internacionales para el tratamiento de los reclusos. En julio, el Departamento de Prisiones anunció que, para hacer frente al aumento de personas encarceladas, a partir de marzo de 2010 se incluirían en el sistema penitenciario celdas construidas en contenedores de mercancías habilitados para este fin.

La Ley de Reforma de las Condenas (Gestión de la Contratación de Servicios Penitenciarios) de 2009 permitía la privatización de las prisiones. Suscitó preocupación la posibilidad de que la rendición de cuentas disminuyera en prisiones de gestión privada.

El número de personas maoríes detenidas, procesadas por el sistema de justicia penal y encarceladas era desproporcionadamente elevado.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

Durante su examen periódico universal, el gobierno señaló que Nueva Zelanda ratificaría el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y que se convertiría en Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Ley de la Carta de 1990 no tenía condición jurídica protegida, lo que permitía la posible promulgación de legislación contraria a sus disposiciones. En la Ley tampoco estaban incluidos todos los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

    Cómo puedes ayudar