Nueva Zelanda

Human Rights in Nueva Zelanda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nueva Zelanda is now live »

Jefa del Estado reina Isabel II, representada por Anand Satyanand
Jefe del gobierno John Key (sustituyó a Helen Clark en noviembre)
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 4,2 millones
Esperanza de vida 79,8 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 6/6 por cada 1.000

En agosto, la policía aprobó el uso de pistolas paralizantes Taser, a pesar de la creciente oposición a su utilización. El gobierno intentó introducir legislación sobre inmigración que podría poner en peligro a las personas solicitantes de asilo y que suscitó preocupación por que se produjeran detenciones prolongadas y arbitrarias. El fiscal general no autorizó el procesamiento de sospechosos de terrorismo en el ámbito nacional aplicando la nueva legislación antiterrorista, y se les imputaron delitos tipificados en el Código Penal.

Pistolas Taser

En agosto, el director general de la policía aprobó la utilización de pistolas paralizantes Taser por parte de la policía en situaciones en que existiera temor de daños físicos a los agentes o a otras personas. La aprobación se dio sin que se hubiera llevado a cabo una investigación independiente e imparcial y a pesar de la preocupación expresada por organizaciones de la sociedad civil y de las objeciones al uso de pistolas Taser planteadas por el Comité de la ONU contra la Tortura. En agosto, la Fundación Neozelandesa para la Salud Mental afirmó que el uso de Taser «aumentaría la posibilidad de que las personas en crisis de salud mental sufrieran traumas adicionales». Según el análisis sobre el uso de Taser realizado por la Fundación desde septiembre de 2006 hasta agosto de 2007, en el 50 por ciento de los casos estas armas se dispararon en situaciones de emergencia relacionadas con la salud mental, mientras que sólo el 11 por ciento de los casos estaban relacionados con actuaciones delictivas.

"...el 19 por ciento de las mujeres y el 5 por ciento de los hombres denunciaron haber sufrido violencia sexual." 

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En julio, el gobierno pospuso el proyecto de Ley de Inmigración, que contenía disposiciones para la inspección de pasajeros en los puntos de salida hacia Nueva Zelanda. El proyecto de ley permitía que no se revelasen las razones para negar la entrada y negaba a la persona solicitante el acceso a una revisión judicial.

Se expresó preocupación por el hecho de que el proceso de inspección indicado en el proyecto de ley pondría en peligro a las personas solicitantes de asilo que sufrían persecución en sus propios países, incluido el riesgo de tortura y muerte, si no se les concedía permiso para embarcar en un avión. El proyecto de ley también contenía disposiciones que suscitaban preocupación por la posibilidad de detención prolongada y arbitraria.

Seguridad y medidas antiterroristas

En octubre, el fiscal general, responsable de autorizar los procesamientos en virtud de la Ley de Supresión del Terrorismo, decidió que no había pruebas suficientes para procesar a 12 sospechosos de terrorismo en el ámbito nacional. Los 12 hombres, más otros 6 sospechosos de actos afines, fueron acusados de delitos relacionados con armas de fuego en aplicación del Código Penal. En noviembre, 5 de ellos fueron también acusados de formar parte de una banda de delincuentes.

Novedades jurídicas

En agosto, el gobierno inició la revisión de la legislación sobre violencia sexual para mejorar la respuesta de la justicia penal a los delitos de índole sexual. Desde 1997 hasta 2005, el 19 por ciento de las mujeres y el 5 por ciento de los hombres denunciaron haber sufrido violencia sexual. Las mujeres maoríes corrían mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual que el resto de las mujeres.

 

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