Nueva Zelanda - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Nueva Zelanda

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nueva Zelanda is now live »

Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Anand Satyanand (sustituyó a Silvia Cartwright en agosto)
Jefa del gobierno: Helen Clark
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Un refugiado liberado por el Tribunal Supremo tras casi dos años de
reclusión seguía bajo amenaza de expulsión sobre la base de una
evaluación de seguridad secreta. Un grupo especial sobre la violencia
contra las mujeres propuso reformas que también afectaban al sistema de
justicia penal.

La «guerra contra el terror»

La suerte del refugiado argelino Ahmed Zaoui siguió sin decidirse, en espera de la revisión de una evaluación de seguridad que sostenía que era un peligro para la seguridad de Nueva Zelanda. Ahmed Zaoui, miembro destacado del partido argelino Frente Islámico de Salvación (Front islamique du salut, FIS), solicitó asilo al llegar a Nueva Zelanda en diciembre de 2002, y en agosto de 2003 se reconoció su condición de refugiado. Con posterioridad estuvo recluido durante 23 meses -10 de ellos en régimen de aislamiento- en virtud de un certificado de riesgo para la seguridad emitido por el director de Seguridad sobre la base de información de los servicios de inteligencia a la que ni él ni su abogado tuvieron acceso. Al terminar 2006 no se había visto todavía su recurso, presentado en marzo de 2003, contra el certificado de riesgo para la seguridad.

Violencia contra las mujeres

En julio, un grupo de trabajo conjunto sobre la violencia contra las mujeres, integrado por representantes del gobierno, de organismos no gubernamentales y de la judicatura, presentó su primer informe. El grupo de trabajo señaló que las víctimas de violencia extrema en el ámbito familiar en Nueva Zelanda eran en su mayoría mujeres y menores, y lanzó un programa de acción cuyos objetivos incluían: una campaña de ámbito nacional para cambiar las actitudes respecto a la violencia; cambios en el ámbito judicial para satisfacer las necesidades de víctimas, infractores y familiares; y la revisión de las muertes derivadas de la violencia en el ámbito familiar para conocer mejor la manera de fortalecer los sistemas de prevención.

Otros motivos de preocupación

En septiembre la policía comenzó un periodo de prueba por un año de las armas paralizantes Taser, a pesar de los motivos preocupación expresados por Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos y por la Comisión de Salud Mental.

Al terminar 2006 el gobierno no había anunciado medidas para aplicar el Plan de Acción para los Derechos Humanos que encargó en 2002 y que se le entregó formalmente en marzo de 2005.

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