Nepal - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Nepal

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nepal is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Girija Prasad Koirala
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 28,2 millones
Esperanza de vida : 62,6 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 71/75 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 48,6 por ciento

Tanto el gobierno como el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) incumplieron en gran medida los compromisos en materia de derechos humanos adquiridos con el Acuerdo General de Paz, firmado en noviembre de 2006. Las elecciones se aplazaron en dos ocasiones. Las medidas destinadas a abordar la impunidad de los autores de violaciones y abusos cometidos en el pasado eran claramente insuficientes. Sectores vulnerables, como las mujeres y las minorías, continuaban corriendo peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos.

Información general

Continuaba en el poder el gobierno de coalición formado por la Alianza de Siete Partidos, que tomó posesión tras la reinstauración, en abril de 2006, de la Cámara de Representantes por parte del rey Gyanendra. El 15 de enero, la Cámara de Representantes ratificó una Constitución Provisional que creaba un Parlamento transitorio y facilitaba la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente. La Constitución Provisional concentraba una importante cantidad de poder en el ejecutivo y no abordaba la impunidad ni la justicia transicional. En enero, el Consejo de Seguridad de la ONU creó la Misión de la ONU en Nepal (UNMIN) con el fin de proporcionar apoyo al proceso de paz y las elecciones.

El 31 de marzo, la Alianza de Siete Partidos y el Partido Comunista de Nepal (PCN-Maoísta) formaron un gobierno provisional. El PCN-Maoísta se retiró del gobierno en septiembre debido a las discrepancias sobre la declaración de Nepal como república y el sistema de votación que se utilizaría en las elecciones. Volvió a integrarse en el gobierno a finales de diciembre, después de llegar a un acuerdo de 23 puntos. Estaba previsto que las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebrasen a mediados de abril de 2008, tras haber sido programadas primero para junio y posteriormente para noviembre de 2007.

Algunos partidos que no formaban parte de la Alianza de Siete Partidos plantearon su preocupación ante la posibilidad de quedar excluidos del proceso político. Tras la proliferación de grupos armados y levantamientos violentos en la región meridional de Terai, especialmente por parte de miembros de la comunidad madeshi, el gobierno accedió a algunas peticiones de los madeshis y de otros grupos minoritarios. Sin embargo, pocos de esos compromisos se cumplieron.

Impunidad

Inacción por parte de la policía y la fiscalía

La fiscalía y la policía continuaban sin cumplir con su deber de investigar y procesar los casos de abusos contra los derechos humanos.

  • En el caso de Maina Sunuwar, una muchacha de 15 años que murió en 2004 tras ser torturada mientras se encontraba bajo custodia del Real Ejército de Nepal, el ejército no colaboró con la investigación policial. Según los informes, en marzo se recogió una muestra de ADN de un cadáver exhumado que se creía era el de Maina Sunuwar, pero hasta noviembre no se envió para someterla a nuevos análisis.

Mecanismos de rendición de cuentas

En junio concluyó el nombramiento de los integrantes del Consejo Constitucional, lo que permitió designar a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en agosto. Los puestos llevaban vacantes desde la dimisión, en julio de 2006, de los comisionados nombrados por el rey, lo que había afectado negativamente a la capacidad de la Comisión de vigilar e investigar las violaciones de derechos humanos.

En agosto se hizo finalmente público el informe de la comisión que investigó las atrocidades cometidas por el gobierno en abril de 2006. El informe recomendaba que se emprendiesen acciones contra más de 200 personas y se procesase a no menos de 20 miembros del ejército, la policía y la policía armada. Sin embargo, apenas se tomaron medidas para poner en práctica las recomendaciones.

Mecanismos de justicia transicional

El Acuerdo General de Paz establecía la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y en julio de 2007 el Ministerio de Paz y Reconstrucción propuso que se hiciesen observaciones sobre un anteproyecto de ley. La ONU, diversas ONG internacionales y ONG nacionales expresaron preocupación por las disposiciones que concedían una amnistía a responsables de graves violaciones de derechos humanos.

El 1 de junio, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que investigase todas las denuncias de desapariciones forzadas, promulgase una ley que las tipificase como delito y crease una Comisión de Investigación sobre ellas. Sin embargo, la Comisión de tres miembros creada el 26 de julio para investigar las desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado no cumplía los criterios establecidos en el fallo del Tribunal Supremo. El acuerdo de 23 puntos alcanzado a finales de diciembre incluía disposiciones para la promulgación de una nueva ley que crease una comisión de investigación de desapariciones y tipificase como delito las desapariciones forzadas. El Parlamento transitorio aprobó un proyecto de ley para modificar las disposiciones del Código Civil sobre secuestros.

Abusos cometidos por grupos armados

Según los informes, la rama de las juventudes del PCN-Maoísta, la Liga de Juventudes Comunistas, cometió una serie de abusos contra los derechos humanos, como secuestros y malos tratos a personas cautivas, agresiones e irrupción violenta en actividades políticas.

Según la UNMIN, casi 3.000 personas menores de 18 años continuaban en los acantonamientos del PCN-Maoísta (zonas militares en las que el PCN-Maoísta había accedido a acuartelarse en virtud del Acuerdo General de Paz). Según los informes, activistas del PCN-Maoísta coaccionaban a los menores que abandonaban los acantonamientos para que regresaran.

Miembros del PCN-Maoísta también fueron acusados de secuestros, tortura y homicidios, como el del periodista Birendra Sah tras su secuestro el 5 de octubre en el distrito de Bara, y de apropiación de tierras y propiedades y extorsión.

Algunos grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos. Facciones de Janatantrik Terai Mukti Morcha, un grupo armado madeshi escindido del PCN-Maoísta en 2004, fueron presuntamente responsables de homicidios ilegítimos, secuestros y atentados con bombas. Grupos armados perpetraron ataques con bombas, como la colocación en marzo de dispositivos explosivos en las casas de dos activistas de derechos humanos, y en septiembre provocaron una serie de explosiones de bombas en Katmandú en las que murieron tres personas. El 16 de septiembre, el homicidio de Mohit Khan, ex miembro de un grupo armado, desencadenó actos violentos entre diferentes grupos de los distritos de Kapilbastu y Dang, causando, según informes, la muerte de 14 personas y el desplazamiento de miles.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad

Se recibieron algunos informes de torturas y violaciones por parte de agentes de policía y de miembros de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales se encontraban fuera de servicio en el momento de los hechos. Entre las personas violadas había mujeres con enfermedades mentales y niñas.

La mayoría de las víctimas de tortura no recibieron una indemnización. La legislación nacional relativa a la tortura no cumplía las normas internacionales, y su aplicación era inadecuada.

Según los informes, al menos 29 civiles murieron a manos de fuerzas policiales o de la policía armada, muchos de ellos a consecuencia del uso excesivo de la fuerza.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Miembros del colectivo de defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el país informaron de amenazas y ataques por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, del PCN-Maoísta y de otras personas. Según los informes, al menos 17 personas sufrieron amenazas de muerte, violación, secuestro y palizas si no dejaban de trabajar para WOREC, una ONG nacional de defensa de los derechos de las mujeres.

Grupos minoritarios

El 7 de agosto, tras la presión ejercida por la Federación de Nacionalidades Indígenas de Nepal, el gobierno firmó un acuerdo de 20 puntos que incluía disposiciones para la representación proporcional de todos los grupos indígenas y castas. Sin embargo, su aplicación era lenta.

El Madheshi Janadhikar Forum (también conocido como Foro por los Derechos del Pueblo Madheshi), que aglutinaba a varios grupos políticos, organizó protestas periódicas para pedir la autonomía del pueblo madheshi de Terai. Algunas de las manifestaciones se volvieron violentas. El 21 de marzo, 27 personas, en su mayoría vinculadas al PCN-Maoísta, murieron en Gaur en enfrentamientos con miembros del Foro por los Derechos del Pueblo Madheshi. El gobierno creó comisiones de alto nivel para verificar estos hechos y otros durante los disturbios en Terai, pero, según la información de que disponía Amnistía Internacional, al concluir el año la comisión no había finalizado sus investigaciones y nadie había rendido cuentas por estos homicidios.

Libertad de expresión

Entre mayo de 2006 y el 7 de noviembre de 2007, según la Federación de Periodistas Nepalíes, 619 periodistas y organizaciones de medios de comunicación fueron objeto de intimidación por parte del gobierno, el PCN-Maoísta y otros grupos. Al menos dos periodistas fueron víctimas de homicidio en 2007, y muchos otros fueron objeto de ataques, secuestros y amenazas de muerte.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Según los informes, decenas de miles de personas continuaban desplazadas internamente a consecuencia del conflicto que finalizó en 2006 y de la continua violencia reinante en el sur. Existía preocupación por la seguridad de las personas retornadas y por la restitución de propiedades de personas desplazadas internamente, sobre todo debido a las amenazas y los ataques de activistas del PCN-Maoísta.

Aproximadamente 106.000 refugiados butaneses continuaban viviendo en campos de Nepal tras haber sido expulsados por la fuerza de Bután a comienzos de la década de 1990. Según los informes, había división entre los refugiados con respecto a las opciones para el reasentamiento voluntario en terceros países, cuyo comienzo estaba previsto para 2008, ya que algunas personas temían que aceptar el reasentamiento pusiera fin a todas las esperanzas de repatriación a Bután. Según informes, en los campos reinaba un creciente sentimiento de frustración, provocado por las preocupaciones con respecto a la seguridad y por la incertidumbre ante la posibilidad de encontrar soluciones duraderas en Nepal. En mayo, las Fuerzas de Seguridad de Fronteras indias mataron a un refugiado e hirieron a varios en la frontera con Nepal, cuando miles de personas refugiadas intentaron entrar en India para regresar a Bután.

Informes de Amnistía Internacional

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